Hundimiento económico y el laberinto de Colombia en tiempos de Duque

Pero hoy la pandemia sorpresiva del Covid 19 ha trastocado toda la actividad social y ha desnudado como nunca la vacuidad de este supuesto progreso económico. No es sólo que la expansión se convirtiera de la noche a la mañana en una profunda recesión y las perspectivas sean ahora de crecimiento negativo del PIB, como en la mayoría de los países.

Por Arturo Cancino

Economista, profesor universitario

Hace poco más de un mes, el gobierno de Duque y su ministro Carrasquilla ponderaban con satisfacción los resultados del crecimiento de 3,3% del PIB de Colombia en 2019 y sus relativamente favorables proyecciones para este año y el 2021 de acuerdo con el FMI. Desestimaban como irrelevantes las críticas a la desfinanciación que le acarrea al Estado colombiano su generosidad gratuita con las grandes empresas en la última reforma tributaria, aprobada a pupitrazo en diciembre pasado bajo el eufemismo de Ley de Crecimiento.

Tampoco parecía inquietarles la paradoja de que estas cifras positivas del PIB coincidieran con la destrucción de 400 mil puestos de trabajo y el alza imparable del desempleo (alcanzando niveles que no se veían desde la recesión de 2009) al tiempo con el aumento del trabajo informal, la desigualdad y la pobreza. Mucho menos suscitaba alguna reflexión en las autoridades económicas y sus amigos del Consejo Gremial que la causa del aumento del PIB no fuera un incremento de la inversión productiva y de la oferta, según predicen los neoliberales para justificar los privilegios otorgados a los grandes capitales en sus obligaciones fiscales. Por el contrario, el modesto crecimiento alcanzado en 2019 se explica principalmente por la fortaleza de la demanda de los hogares estimulada por el aumento de las remesas enviadas a sus familias por los trabajadores colombianos en Estados Unidos y Europa, así como el impulso extra al consumo proveniente de la inmigración de casi 2 millones de venezolanos.

La calamidad inesperada y la reacción del gobierno central

Pero hoy la pandemia sorpresiva del Covid 19 ha trastocado toda la actividad social y ha desnudado como nunca la vacuidad de este supuesto progreso económico. No es sólo que la expansión se convirtiera de la noche a la mañana en una profunda recesión y las perspectivas sean ahora de crecimiento negativo del PIB, como en la mayoría de los países. Sino que 60% de las familias que viven en el país de trabajar en la informalidad se quedaron sin ninguna protección ni recurso material del cual echar mano, expuestas a la quiebra y al hambre, en medio de la parálisis casi total de la vida económica que la devastadora amenaza sanitaria ha hecho obligatoria en todo el mundo.

La respuesta del gobierno de Duque a esta tragedia social ha sido, como era previsible, acudir a los conocidos mecanismos del asistencialismo, residuo neoliberal de la política social, como “Familias en acción”, “Colombia mayor”, etcétera, y complementarlos con otros pequeños subsidios del mismo tipo que ni siquiera ha podido hacer llegar bien a todos sus destinatarios. Ya en épocas normales estos programas se han mostrado absolutamente limitados en su cobertura e insuficientes como ayuda económica para afrontar la pobreza. Mucho más en el contexto de esta crisis cuando los 14 millones de pobres reconocidos están en camino a duplicarse, en cosa de días, por el desplome de la economía informal.

Pero tampoco los trabajadores del sector formal están a salvo: desde el inicio de la cuarentena se han multiplicado los despidos laborales, sin importar los decretos que lo prohíben. El desempleo puede estar sobrepasando el 20%. La explicación es que los pequeños y medianos empresarios, que generan el 80% del empleo, no han recibido la prometida y muy promocionada ayuda financiera de contingencia para poder pagar sus nóminas de trabajadores en receso, a pesar de los cerca de 19 billones de pesos que Carrasquilla y el Banco de la República prodigaron al sistema financiero con la supuesta finalidad de apoyar a las Mipymes. Esa generosa liquidez, o se ha quedado en las arcas de los bancos, o se ha canalizado hacia las grandes empresas, como lo indican los informes de los organismos de control.

La actuación en el sector salud

Capítulo aparte merecen las medidas del Gobierno en el frente de la atención en salud. Después de haber creado mediante el Decreto 444 de 2020 un fondo especial en cabeza del ministro de Hacienda para afrontar la pandemia, el Fome –al que dotó inicialmente de cerca de $15 billones– le asignaron al crítico sector de la salud apenas $4,5 billones, que incluye la compra de kit de pruebas y respiradores que le hacen falta al país.

Esta suma resulta irrisoria si se tiene en cuenta que las deudas actuales del sistema de salud con hospitales y clínicas ascienden a más de $11 billones. La mayoría de tales instituciones (IPS) presentan atrasos de varios meses en el pago de salarios al personal de la salud, no cumplen con la entrega de las dotaciones de seguridad necesarias ni ofrecen estabilidad y seguridad social al personal sanitario al que contratan preferentemente por el sistema de prestación de servicios y con remuneraciones precarias. Tampoco las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) cumplen con la entrega de las dotaciones requeridas, no obstante que por decreto el Gobierno trató de obligarlas a llenar el vacío, sin resultado visible.

Durante los 27 años que tiene la Ley 100 de 1993, las EPS y ARL privadas, simples administradoras o aseguradoras, se han quedado con una parte substancial de los recursos que les transfieren los trabajadores, las empresas y el gobierno y han amasado enormes ganancias. La privatización de la salud, que el dogma neoliberal impuso en países como Colombia, nos ha dejado con un sistema de salud que en teoría le da acceso a casi toda la población, pero que en la práctica supedita la prestación del servicio a un criterio de ganancia privada, inequitativo socialmente y plagado de carencias en atención oportuna, con consultas tardías y procedimientos aplazados que a veces solo se cumplen obligados mediante tutela, inconsistente en la calidad del servicio médico prestado y deficiente en la entrega de medicamentos obligatorios.

Pero es ante un desastre epidemiológico como el actual cuando más nítidamente queda en evidencia la negligencia y falta de inversión de los operadores privados en la salud. El sistema que creó la Ley 100 no sólo ha propiciado la mediocridad del servicio y la explotación inescrupulosa a los profesionales de la salud, sino que como resultado de la política de usura financiera que practican las EPS para maximizar sus rendimientos, las instituciones que prestan directamente los servicios de salud, IPS, permanecen desfinanciadas y trabajan con notoria carencia de elementos y de infraestructura indispensable (desde elementos de protección personal hasta camas y equipos médicos). Como algunos analistas han observado, en el momento de afrontar esta pandemia Colombia sólo cuenta por cada 10 mil habitantes con el 0,45% de las unidades de cuidados intensivos (UCI) que posee un país como Alemania, 1% de las de Estados Unidos y 3% de las de México. No sobra recordar que, con excepción de Alemania, los otros países mencionados y algunos como Italia, España, Francia y el Reino Unido -con mayor disponibilidad de UCI que Colombia- están dejando morir a muchos pacientes por la escasez de esas unidades.

Aplausos para los médicos y beneficios para los bancos

Aunque el Gobierno anunció que ha logrado asegurar el suministro de 700 mil test rápidos, todavía sin aplicación masiva, no es muy probable en cambio que logre ampliar rápidamente la capacidad técnica para analizar las pruebas moleculares (que son indispensables) ni equipar oportunamente todas las UCI que la emergencia demanda. Se ha preocupado muy tarde por estas fallas protuberantes del sistema hospitalario y por la limitada disponibilidad de laboratorios idóneos. Los avances en esta materia van en cámara lenta. La esperanza es que se terminen obteniendo a escala regional y por fabricación local equipos médicos como respiradores de diseño económico así como mascarillas y otros elementos para la prevención del contagio.

Sin embargo, lo que sí ha dejado claro el gobierno nacional, por medio de su decreto 538 de 2020, es su pretensión de tener a su disposición con carácter de servicio obligatorio un ejército de trabajadores de la salud dispuestos a sacrificarse en la primera línea de la batalla contra el Covid 19, pero sin dar soluciones reales y efectivas a los graves problemas planteados por las asociaciones médicas y agremiaciones de los profesionales de la salud. Por ahora, el Minsalud sólo ha ofrecido un seguro de vida al personal médico y ha obligado a las ARL a reconocer el contagio del coronavirus como riesgo profesional, lo cual es obvio. Pero la verdad es que ni siquiera los elementos reglamentarios de bioseguridad para el personal sanitario están garantizados.

Así mismo ha quedado claro que la holgura del Gobierno para contribuir a la cancelación de la deuda billonaria del sistema de salud con las IPS se limita a la compra de $700 mil millones de la cartera vencida de las EPS con éstas, como fue establecido por el Ministerio de Salud en uno de los últimos decretos-ley de la emergencia económica. Suma muy distante de la inyección financiera que requieren las IPS, mientras el grueso de los recursos para afrontar la emergencia se represa en las EPS.

Por otra parte, entre los más de 70 decretos expedidos a la sombra de la Emergencia Económica y Social, se incluyeron muchos que no guardan relación alguna con la naturaleza del problema, razón por la cual es de esperar que no pasen en la revisión que hará la Corte Constitucional. Un ejemplo claro es el salvavidas que a última hora pretende obsequiarle el Gobierno a los Fondos Privados de Pensiones (otro engendro de la Ley 100) con el traslado a Colpensiones de 20.000 pensionados para que sea esta última institución estatal la que se haga cargo de sus pensiones, a cambio de una transferencia de fondos muy inferior a los costos pensionales. Otro posible caso de falta de pertinencia son las disposiciones con la que se otorgaron a los bancos privados –sin estipular obligaciones en materia de desembolsos o tasas bajas para los prestatarios– abundantes recursos a bajas tasas de interés por parte del emisor, líneas de créditos subsidiados de Bancoldex y la cobertura casi total para los riesgos de los eventuales préstamos a los empresarios por cuenta del Fondo Nacional de Garantías. Es decir, múltiples beneficios y exoneración de riesgos con base solamente en la expectativa de que los bancos privados, por voluntad propia, terminen prestándole a las empresas en dificultades (en contravía de su lógica habitual).

Lecciones que dejan los fracasos de las respuestas del Gobierno en la emergencia

Los empresarios aseguran que la ayuda anunciada por el Gobierno no les llega y tendrán que despedir trabajadores o se quiebran. El motivo de esta situación paradójica donde, pese a que el Gobierno dispone de los recursos no puede entregarlos oportunamente a quienes lo requieren, es la carencia de canales directos del Estado para la irrigación del crédito al sector productivo. El país está cosechando el resultado de la liquidación o traslado al sector privado de la banca pública “de primer piso” (el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento surgió de ahí), como parte del recetario del Consenso de Washington y de las condiciones impuestas en los acuerdos con el FMI. AL Estado colombiano sólo se le permitió conservar el Banco Agrario, pero lo ha orientado a ofrecerle crédito a las grandes empresas agroindustriales en lugar de los agricultores medianos y pequeños, como se ha visto durante esta emergencia según los informes de la Contraloría.

Otra lección que deja esta crisis es la muy escasa capacidad y disposición de los sistemas privados de salud para responder eficazmente a situaciones de calamidad pública sanitaria. Y en consecuencia, la importancia de un vigoroso sistema de salud pública como el que se ha venido desmontando casi por completo en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en países como Uruguay o Costa Rica en América Latina, Canadá en Norteamérica, Alemania en Europa, Corea del Sur, Japón o China en Asia. Al respecto, en forma tardía pero en un destello de honestidad, el mandatario francés Emmanuel Macron ha reconocido el error así: “…lo que ya ha revelado esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingresos, de profesión, nuestro estado del bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables (…) y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado”

Finalmente, es claro que el crecimiento del PIB, e incluso del PIB per cápita, son malos indicadores del progreso económico de un país y a lo sumo reflejan los resultados de los negocios para el capital, muchos de ellos sin réditos sociales. Resultan mucho más relevante para medir el desarrollo real índices como la participación de las rentas laborales en el ingreso total, el coeficiente de Gini en la distribución del ingreso, la contribución de los impuestos directos de las personas y las empresas en la financiación del Estado, el porcentaje de gasto público en salud y educación y su cobertura social, la proporción de empleo formal y el porcentaje de sindicalización de la fuerza laboral, la mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer, por ejemplo.

Algunos de los anteriores, no todos, están incorporados en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD de Naciones Unidas, en el que Colombia ocupa un bajo nivel. Pero si en la presente coyuntura se quisiera tener una idea aproximada de la fortaleza real de una sociedad en términos de desarrollo humano, se podría simplemente mirar la tasa de defunciones respecto al número de contagios durante la pandemia actual. Aunque es verdad que también influyen factores como la distribución por edades de la población y la anticipación con que las autoridades de salud adoptaron las medidas de aislamiento social, la tasa de letalidad de la infección refleja bastante bien la calidad de las instituciones de los países, particularmente aquellas asociadas al cuidado de la salud y la vida y a la eliminación de la pobreza como condición de riesgo vital.

Así, podríamos inferir que es mejor la calidad de vida en países como Islandia, Uruguay, Finlandia, Noruega, Alemania, Sur Corea, Japón o Canadá (con tasas de mortalidad por el virus, inferiores a 3%), que en Brasil, Estados Unidos, Ecuador, España, Holanda, Francia o el Reino Unido (con tasas entre 5% y 12%). ¿Qué tienen en común los países con menor proporción de pérdidas humanas? Sólidos sistemas de salud pública y Estados que ofrecen mayores garantías sociales y las financian con impuestos progresivos sobre la riqueza.

¿Se logrará evitar el naufragio?

Colombia, al igual que muchos otros países, está en las primeras fases de la propagación del coronavirus y es aún incierto lo que vaya a ocurrir. Pero una condición opuesta a un resultado menos trágico en términos de pérdida de vidas durante esta crisis es el alto grado de pobreza y exclusión social de la población colombiana, en gran parte privada también de la posibilidad de guardar el confinamiento y obligada a exponerse al contagio. Con un agravante: la mezquindad neoliberal en la inversión social y el trato preferencial para los grandes capitales de las políticas del gobierno de Duque y el uribismo. Rasgos muy bien personificados en su ministro Carrasquilla y reflejados en la fatal ineficacia del presidente y su gabinete para afrontar la catástrofe que nos amenaza.

Por otro lado, cuentan a favor de la clase trabajadora y el pueblo en general, los alcaldes y gobernadores de la oposición, como Claudia López, así como muchos intelectuales y científicos, organizaciones profesionales y sindicales, periodistas independientes, partidos progresistas y personalidades democráticas dentro y fuera de las instituciones, además de algunos empresarios conscientes y los amplios sectores populares afectados. Como los hechos han demostrado, el desenlace de esta crisis depende en gran parte del contrapeso que, con sus acciones, reclamos y presiones, estos puedan seguir ejerciendo frente a las no pocas decisiones irresponsables y privilegios indebidos dictados por los intereses de la minoría financiera y terrateniente, que sin duda está claramente representada en este gobierno.