Los gobiernos de turno han utilizado los recursos de la salud a su acomodo, pues el ente encargado para para su vigilancia, la Superintendencia de Salud, politizada y débil, ha sido oscura y laxa en su función.
Por Edisson Quiroz Caro y Antonio José Mendoza Santiago
Médicos, profesores universitario y directivos de Asmedas
La actual
Crisis Sanitaria, causada por la Pandemia de un nuevo Coronavírus Covid-19, que
atraviesa el mundo, ha desnudado la inequidad y falencias reales en sistemas de
salud en muchas partes del planeta y particularmente en nuestro país. El manejo
de la misma en muchos países del mundo, se apega a la implementación de la
doctrina neoliberal, en el cual prevalece la rentabilidad económica por encima
de la social, sin importar las consecuencias para las personas que los habitan,
cual actúa el capitalismo salvaje, evidenciado en Colombia por la crisis
previsible que se desencadeno en el sistema de salud a partir del 1 de abril de
1994 cuando entró en vigencia la nefasta Ley 100.
La mencionada
ley convierte la salud de derecho fundamental del individuo, en mercancía bajo
el sistema de aseguramiento e intermediación, a la cual solo se puede acceder si
se tiene capacidad monetaria. Mercancía esta, amparada por la Constitución de 1991,
que les permitió a los particulares ofertarla, como corresponde al modelo
capitalista, por tanto, un capital invertido debe generar ganancias, que entre
mayores sean mejor. Este hecho se
manifiesta en las EPS con poca o nula
inversión en la promoción y prevención de la salud, creación de centros médico
hospitalarios, negación de servicios, no pagos o con demoras excesivas a la Red
Hospitalaria Pública, abaratamiento de la mano de obra, al ser contratado los profesionales
y trabajadores del área por prestación de servicios o por eventos, sin ninguna
estabilidad laboral y sin autonomía para aplicar los conocimientos adquiridos
en universidades y en muchas ocasiones con el robo de los dineros girados
especialmente a las EPS del régimen subsidiado, manejadas en la casi totalidad
por los corruptos del sistema.
Los
gobiernos de turno han utilizado los recursos de la salud a su acomodo, pues el
ente encargado para para su vigilancia, la Superintendencia de Salud,
politizada y débil, ha sido oscura y laxa en su función. En el Fosyga, que
maneja alrededor de 50 billones de pesos del sistema, también cunde la
corrupción y la politiquería. Este dinero importante, aunque escaso, para las
necesidades de salud de la nación ha sido despilfarrado y desviado a
enriquecimientos ilícitos y campañas políticas de las castas regionales que
sustentan la elección de alcaldes, gobernadores y presidentes del sistema,
negando de manera delictiva el derecho de la salud para la población.
Las medidas
emanadas por la emergencia sanitaria no han resuelto los problemas centrales de
los trabajadores del servicio de salud. Los elementos de bioseguridad para
enfrentar, sin riesgo de contagio, la pandemia. La inestabilidad laboral y la
tercerización. Los bajos salarios y la demora de meses en su pago. El mal
estado de las instalaciones hospitalarias. Y de contera el gobierno expide el
decreto 558, que, deformando el juramento hipocrático, intenta obligar a los
profesionales de la salud a prestar el servicio, sin definir las condiciones
laborales y condiciones de seguridad en las que se desempeñará este servicio.
El
capital exige al gobierno medidas para acabar con la cuarentena, pues esta es
dañina para sus ganancias. Todavía no tenemos el pico de la enfermedad, ni lo
habrá pronto, estamos a la espera de lo peor. “En el país de ciegos, el tuerto
es rey”, No se han podido tomar las pruebas de laboratorio para los contactos
de enfermos definidos, mucho menos para la población en general. Aparte de lo
complicado del muestreo generalizado, cuando se realicen en un número importante
podremos acercarnos al verdadero diagnóstico. En este momento de crisis de la
salud, agudizada por la pandemia, no estamos preparados, por eso es definitivo
mantener el confinamiento social exigido por los epidemiólogos, y numerosos
mandatarios locales.
La
protesta de los gremios y sindicatos del sector salud los podemos señalar en
los siguientes puntos:
- Obligan a los
profesionales y trabajadores de la salud a trabajar sin elementos adecuados de
protección personal EPP y en muchas ocasiones sin ellos. Vamos a la guerra en
primera línea sin ninguna defensa.
- Las ARL y las IPS se
escudan unas con otras para no cumplir con las normas de bioseguridad. La
desfachatez llega hasta exigirle a un profesional o trabajador de la salud,
para que ellos mismos compren los elementos, pues sus contratos son por órdenes
de prestación de servicio OPS, y esto no obliga al contratante a asumirlos.
- Que los dineros
orientados para atender la crisis de pandemia sean girados directamente a las
IPS y no a las EPS que son solo intermediarias y se quedan o demoran el
traslado de estos dineros.
- Hay muchas palabras
“alentadoras”: héroes, apóstoles..., pero son superfluas, con lo cual se
promueve una cultura de acatamiento de que nos consideremos mártires y la
sociedad ni nosotros exigimos, que se nos considere como trabajadores normales:
pago al día y adecuado por nuestros servicios, estabilidad laboral, seguridad
social, protección para los riesgos profesionales. “Ave César, los que van a morir te saludan”.
- Esa misma sociedad que
alaba a los profesionales y trabajadores de la salud, entre ellos a los
médicos; no les permite la utilización de transporte público, caminar por donde
hay humanos y lo más grave visto últimamente: desalojarlos de su sitio de
residencia. Para completar el gobierno exige y hasta amenaza en un decreto de
suspensiones de licencias y hasta encarcelamiento a quienes se opongan a
trabajar en condiciones de inseguridad; no menciona en absoluto el pago de
salarios, jornadas laborales, estabilidad laboral.
- La sociedad que todavía
no ha entendido la gravedad del momento y muchos de sus integrantes no les
importa cumplir con recomendaciones, para evitar males mayores.
- Y lo más grave,
nosotros los profesionales y trabajadores de la salud que aceptamos trabajar,
sin pedir que se nos cumpla lo mínimo como cualquier trabajador. No somos elites, somos simplemente
trabajadores.
- Cuanto está haciendo falta que se cumpla lo establecido en la Ley Estatutaria de la Salud de 2015; la cual reivindica la autonomía del médico y la salud como derecho fundamental para la vida.
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