Mientras la mortalidad y el riesgo del contagio prosiguen para centenares de millones de personas, algunos poquísimos superbillonarios hicieron de la emergencia mundial el negocio del siglo y sus fortunas se dispararon con desmesura. Atender la apremiante necesidad social de la salud pública amenazada por el covid-19, nunca fue el norte de la despiadada lógica del capital financiero criollo y de su gobierno uribista. Por el contrario, su prioridad siempre fue asegurar que el grueso de los desembolsos públicos fuese a parar a las arcas de los grandes bancos y de las EPS privadas. Ante la crisis se requiere una decidida intervención del Estado mediante fuertes inversiones públicas productivas, alza de salarios, crédito de fomento a bajas tasas y subsidios generalizados a los sectores sociales que más lo requieren para reanimar la producción y la demanda efectiva, y la debida protección del mercado nacional. Es decir, la adopción de la llamada renta básica, el subsidio estatal a la nómina de las mipymes, y la suspensión de las masivas importaciones, especialmente de alimentos. El gobierno Duque y el uribismo se niegan rotundamente a todo ello. Petro y numerosas fuerzas democráticas son partidarios de una consulta previa a la primera vuelta en la que participen los aspirantes de los sectores democráticos, sobre la base de un programa común acordado, que comprometa a todos estos a votar por quien resulte escogido. El PTC, que de tiempo atrás también la ha planteado, coincide plenamente con tal posición.
El año de la pandemia
Pese a que las escuetas cifras no recojan la crónica del sufrimiento universal ocasionado a la gente común, verdades fundamentales afloraron como evidencias públicas o se acercaron mucho más al conocimiento general, de centenares sino miles de millones de seres humanos de todas las latitudes. Que la pandemia del coronavirus no es ajena a la profunda alteración de los equilibrios ecológicos del planeta a raíz de la letal continuidad del calentamiento global. De golpe y porrazo, quedó al descubierto la crítica insuficiencia y la carencia de humanidad de los sistemas de salud de la gran mayoría de países del mundo –del Norte y del Sur– generada por la privatización impuesta casi por doquier por la modalidad salvaje del capitalismo identificada décadas atrás como neoliberal.
Mientras la mortalidad y el riesgo del contagio prosiguen para centenares de millones de personas, en medio de las obligadas restricciones, la angustia, el dolor por la pérdida de vidas y la dureza de los efectos económico-sociales de la pandemia, algunos poquísimos superbillonarios hicieron de la emergencia mundial el negocio del siglo y sus fortunas se dispararon con desmesura.
Aunque algunas vacunas por fin empezaron a aplicarse en países desarrollados, ello no significa mejoría a la vista para los pueblos más pobres y atrasados. La distribución de las vacunas se regirá por el inconmovible rasero de las superganancias de las transnacionales farmacéuticas y sus amos de la oligarquía financiera mundial, la jerarquía establecida de países, clases sociales y razas establecida y vigente, y por los intereses de las camarillas vendepatrias descompuestas de las naciones más vulnerables, que son la mayoría.
En muchos lugares, no obstante, la gente salió a pelear lo suyo, repudió la brutalidad policial y las injusticias. Una luminosa estela de multitudinarias protestas sociales alumbró el camino aquí y acullá. Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia, Francia, Colombia, Italia, entre otros países, han sido escenarios de formidables batallas políticas y sociales.
En la antesala de una crisis económica y social que se avizora igual o peor que la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, cuando el espectro de una temible hambruna mundial indica que sus ramalazos golpearán sobre todo los países más pobres de la Tierra, no se percibe en los gobiernos de las metrópolis dominantes signos de reemplazo del antisocial modelo que acentúa la crisis general del capitalismo. No hay razones entonces para descartar que el actual chisporroteo de luchas sociales en distintos puntos del globo se convierta en abiertas rebeliones, vastas explosiones sociales que traigan la esperada oleada de transformaciones revolucionarias de todo lo existente. En el ínterin, los estadounidenses se sacudieron el infame fardo del gobierno Trump, un saludable revés a la acusada tendencia mundial hacia el fascismo.
Rebrote en el país
En Colombia, las cifras de contagiados de coronavirus enrumbada hacia 1,5 millones y de las casi 39 mil muertes por su causa a mediados de diciembre, indican el impacto del alcance y letalidad de la pandemia.
Atender la apremiante necesidad social de la salud pública amenazada por el covid-19, nunca fue el norte de la despiadada lógica del capital financiero criollo y de su gobierno uribista. Por el contrario, bajo las declaratorias de emergencia económica y sanitaria, su prioridad siempre fue asegurar que el grueso de los desembolsos públicos fuese a parar a las arcas de los grandes bancos y de las EPS privadas. Renuente primero a adoptar la medida del confinamiento, cicatero después con los colombianos necesitados de ayuda pública para observarla, y luego muy obediente a los poderes financieros dominantes, apresurando el fin de la cuarentena para darle curso a la “nueva normalidad” de la economía.
Como sucedió en todo el país, a numerosos sectores, familias y personas, el PTC despidió con dolor y consternación a valiosos camaradas, amigos y allegados, muchos de ellos destacados luchadores políticos y sociales, a los cuales rendimos tributo de admiración y fraterna y perenne memoria.
Se vino un rebrote mundial del contagio que en el país mantiene los niveles más recientes alcanzados por el virus. La distribución de las vacunas, cuando al fin ocurra, vendrá como anunciado viacrucis. Colombia deberá sufrir la demora derivada de su condición de país periférico y subordinado a la hegemonía gringa, y luego los sectores sociales más vulnerables y necesitados padecerán de seguro la postergación de su aplicación. Y tras todo ello, la corrupción habitual en la distribución oficial de recursos o bienes públicos, que se disparará por el alto valor social de las vacunas.
Patente el proyecto fascista del gobierno uribista
El gobierno Duque, lejos de atender las necesidades sociales más apremiantes, ha rechazado toda negociación de la satisfacción de las mismas con asalariados y el conjunto de movimientos sociales. Bajo las facultades de la emergencia descargó una lluvia de medidas que profundizan el molde neoliberal contra los derechos del 90 por ciento y más de la población, especialmente enfilada contra los trabajadores.
Aprovechó la pandemia para dictar decretos a granel concentrando aún más los poderes del Estado en el Ejecutivo. Restringió la actividad del Congreso y en especial los debates, relegando los organismos de control, hostilizando e ignorando las altas Cortes, al tiempo que contó con la anuencia total del anterior titular de la Fiscalía y designó a uno de bolsillo como el actual. Materializando la conocida voluntad del uribismo opuesta a la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno Duque la ha saboteado sin reato alguno, e intentado sin pausa desmantelar la JEP.
Ha permitido con visible indolencia la continuidad de los atentados contra líderes sociales, exguerrilleros acogidos a los acuerdos de paz, defensores de derechos humanos, dirigentes regionales de la oposición, y voceros y autoridades de comunidades indígenas y afros, mujeres y lgbt. Innumerables hechos violatorios de la Constitución y las leyes, represión, tropelías y desmanes oficiales, fueron y siguen siendo denunciados por múltiples voces de la oposición, periodistas, directivos sindicales, académicos, y portavoces comunitarios como de claro corte fascista. Sectores sociales enteros, en especial los educadores de Fecode, se convirtieron en blanco de ataque del expresidente Uribe, y sus líderes en objeto de amenazas por agrupaciones paramilitares. Se halla extendida entre numerosos sectores del país la percepción de que el proyecto del uribismo gobernante se propone suprimir del todo el Estado de derecho en Colombia e implantar una interminable tiranía. La lucha democrática en Colombia ha adquirido así un insoslayable carácter antifascista.
La crisis golpeará más la nación
Colombia fue empujada por los efectos económico-sociales de la pandemia a la peor crisis de los últimos tiempos, peor que la provocada en 1999.
La alta tasa de desempleo de más del 16,8 por ciento por ciento que se traduce en unos 5 millones de parados, más la caída de la demanda por la falta o precariedad de ingresos ha causado el cierre de centenares de medianas y pequeñas empresas, en tanto que el resto sobreagua muy trabajosamente. Millones de trabajadores padecen una rebaja impuesta de sus salarios y otro tanto sufrió la racha de despidos, atravesó o atraviesa una prolongada suspensión de sus empleos.
Tanto los productos agrícolas destinados al consumo alimenticio interno como la pequeña y mediana ganadería, afrontan extremas dificultades por la importación de alimentos que el gobierno ha mantenido durante toda la pandemia.
Se requiere una decidida intervención del Estado mediante fuertes inversiones públicas productivas, alza de salarios, crédito de fomento a bajas tasas y subsidios generalizados a los sectores sociales que más lo requieren para reanimar la producción y la demanda efectiva, y la debida protección del mercado nacional. Es decir, la adopción de la llamada renta básica, el subsidio estatal a la nómina de las mipymes, y la suspensión de las masivas importaciones, especialmente de alimentos. El gobierno Duque y el uribismo se niegan rotundamente a todo ello.
En sentido contrario al interés nacional y popular, se empecinan más en mantenerse apegados al recetario neoliberal. Rechazan aumentar el impuesto sobre el patrimonio de los superricos, anuncian nuevas exacciones tributarias regresivas a recaer sobre el grueso de la población, y prosiguen la subasta de los bienes públicos y los planes de entrega de las empresas clave del Estado al capital financiero. Le dan luz verde a la destructiva práctica del fracking y acuden al ruinoso endeudamiento externo cuyas draconianas medidas de ajuste someterán más al país a la férula de la bancocracia yanqui y mundial. Para colmo, economistas ultraortodoxos recomiendan la reducción de salarios hasta en un 20 por ciento. Carrasquilla, el más detestado y repulsivo de los ministros de Hacienda de los regímenes neoliberales, vocifera que el salario mínimo del país es de los más elevados (¡!), al tiempo que el gobierno Duque respalda el mísero 2 por ciento de “aumento” del salario mínimo propuesto por el empresariado.
No resulta en absoluto descabellado vaticinar que esta conjunción de caída sin precedentes de la producción nacional, padecimientos sin cuento de la población, negativa del gobierno a atender las demandas populares y aumento del descontento social, constituye un explosivo coctel cuya mecha podrá encenderse en cualquier momento por alguno de los desafueros cotidianos del régimen.
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“¡Chao Duque!”
A propuesta del senador Roy Barreras ha cobrado fuerza la iniciativa de promover un referendo revocatorio del presidente Iván Duque. Bajo el sugestivo lema “Chao Duque”, un nutrido número de agrupaciones políticas y sociales, con sus líderes reconocidos, acuerdan coordinación y tareas para llevarla adelante. Todo indica que en el 2021 constituirá la más amplia plataforma no sólo para enfrentar el proyecto uribista y su gobierno sino como escenario propiciatorio del acercamiento y un entendimiento del mayor alcance entre las fuerzas democráticas.
Los efectos de los dos gobiernos del uribismo y los 2 años y medio de Duque han provocado una resistencia social sin precedentes. Al arribar al punto culminante de la principal contradicción que arrastra el país, en este último lapso se reveló un cúmulo tal de denuncias contra el expresidente Uribe y sus subordinados, cuya magnitud y gravedad supera las conocidas durante los dos decenios anteriores. En las presidenciales de 2018, Gustavo Petro obtuvo más 8 millones de votos, la mayor votación alcanzada nunca antes por un candidato de izquierda en Colombia. El 21 de noviembre del 2019 se alzó la rebelión social más masiva y extendida de los últimos tiempos. Puso de presente que el país democrático, fortalecido y con una claridad creciente, exigía un cambio de fondo. Aunque el malhadado azar de la irrupción de la pandemia vino a interrumpir ese formidable empuje popular, favoreciendo así al gobierno, la resistencia civil continuó en medio de las serias limitantes de salud pública.
Es evidente que la influencia política y social de la ultraderecha viene perdiendo terreno y que, de efectuarse con elementales condiciones democráticas, las presidenciales del 2022 bien pueden arrojar la victoria de las fuerzas de la democracia y el progresismo. La cuestión reside entonces en si estas serán o no capaces de resolver el problema principal que definirá la correlación general de fuerzas: la concentración de todos sus efectivos en una amplísima coalición. Hoy, el obstáculo ante el decisivo propósito, la política de sectores de centro en coordinación con algunos sectores antiuribistas del establecimiento, aparece encabezada por el expresidente Juan Manuel Santos. Política de veto y exclusión, que se niega a todo acuerdo con la izquierda para escoger un candidato presidencial único de los sectores democráticos antes de la primera vuelta. Dirigida a descartar a Gustavo Petro, el secreto inconfesable de la negativa estriba en esencia en eludir a toda costa la indispensable transacción y compromisos en torno a un programa de gobierno que, en las condiciones de la Colombia actual no puede ser sino antifascista y antineoliberal so pena de constituir una parodia. De persistir, esta política que preconiza de hecho la fragmentación en vez de la unidad, puede conducir a la fallida experiencia de las presidenciales de 2018 y prestar objetivamente un gran servicio a las ambiciones del uribismo de perpetuarse en el poder.
Petro y numerosas fuerzas democráticas son partidarios de una consulta previa a la primera vuelta en la que participen los aspirantes de los sectores democráticos, sobre la base de un programa común acordado, que comprometa a todos estos a votar por quien resulte escogido. El PTC, que de tiempo atrás también la ha planteado, coincide plenamente con tal posición.
La concentración de fuerzas resultante de una política unitaria, amén de ser imprescindible premisa de la batalla antifascista y antineoliberal, es lo único que puede garantizar un triunfo con un margen de votación holgado y con notable ventaja. No constituye descubrimiento alguno anticipar que un triunfo por escasa o mínima mayoría sería ocasión para desatar los conocidos recursos de que el uribismo echaría mano sin falta: el fraude, dentro o fuera de la Registraduría, junto a la apelación a las huestes de la ultraderecha para cuestionar el resultado y eventualmente rechazarlo mediante la violencia. Sin excluir tampoco un abierto golpe de fuerza. Por lo pronto, habiendo fallado su apuesta a la reelección de Trump, el gobierno uribista y el Centro Democrático adelantan preparativos para un gran fraude en las elecciones de 2022. Sin duda alguna, el año venidero será de luchas y movilizaciones masivas y por la concreción de la gran unidad.
Bogotá, 16 de diciembre de 2020
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