lunes, 22 de febrero de 2021

La Hoja #2. La actualidad semanal en LA BAGATELA

 

Por la Redacción de LA BAGATELA

¡AJÚA, AJÚA, TODOS CONTRA LA JEP!


El comandante del Ejército colombiano, general Eduardo Enrique Zapateiro, hace algunos meses sorprendió al país, cuando en entrevista a RCN televisión lanzaba al aire el grito de “Ajúa” y explicaba que ese era su grito de batalla en el monte, en los enfrentamientos con guerrilleros y delincuentes. Esta semana el chafarote volvió a lanzar su grito de combate, esta vez en el feroz ataque que le hizo a la JEP, a raíz de la publicación del informe de su Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad, que llena de pruebas contundentes afirmó que en el vergonzoso episodio de los “Falsos Positivos” no habían sido asesinados, como afirmaba la Fiscalía, 2.248 jóvenes, sino tres veces más: 6.402. La Inmensa mayoría de ellos entre 2002 y 2009, años correspondientes a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe.

Debe recordarse que estos jóvenes fueron engañados con una promesa falsa de trabajo, pertenecían a los sectores más vulnerables de la población y habitaban en modestos barrios de las capitales. A las semanas aparecían muertos, vestidos de botas y ropa de camuflaje y con armas en la mano que les colocaban después de asesinados. Estas “bajas” significaban vacaciones, permisos y medallas para los autores materiales, y reconocimiento, prestigio y ascensos para los autores intelectuales. Un conocido general, muy cercano al expresidente Uribe, llegó a afirmar en esas calendas que “las bajas no son importantes, las bajas son lo único importante”.

Al informe de la JEP, Zapateiro respondió con un trino donde afirmó que “Somos soldados del Ejército y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos”. Ya Álvaro Uribe había rechazado airado el informe calificándolo como un nuevo atropello de la JEP a su gobierno y desacreditando las fuentes en donde se recogió la información, incluyendo al Comité de Madres de los jóvenes asesinados. Anteriormente Uribe, en una muestra de su perverso talante, había afirmado cruelmente que “con seguridad esos jóvenes muertos no estaban cogiendo café”.

Es evidente que los enemigos de la JEP harán todas las maniobras y campañas para impedir que esta instancia judicial cumpla su principal objetivo: esclarecer la verdad en el conflicto, defender a las víctimas, garantizar la no repetición de los hechos y contribuir a la consolidación de la paz, estable y duradera, entre los colombianos.

Por declaraciones mucho menos graves que las del general “Ajúa” decenas de altos mandos militares han sido llamados a calificar servicios, pero Zapateiro goza del respaldo del señor del Ubérrimo y del gobierno de Iván Duque. Este es un nuevo pulso entre la democracia y el proyecto político fascista del uribismo. Urge el pronunciamiento a favor de la JEP de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, y del pueblo colombiano en las calles, plazas, redes sociales y organizaciones sociales.

La JEP le cumple a la paz

ATERRADORA REVELACIÓN SOBRE LOS “FALSOS POSTIVOS”


Se triplicó la cifra de falsos positivos. La magnitud de esta atrocidad, paralela al conflicto armado, adquirió contornos espeluznantes con la tremenda revelación hecha la semana pasada en el informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fenómeno de los falsos positivos, en cuanto se trató de muertes que se presentaron al país como bajas de guerrilleros cuando en realidad fueron asesinatos perpetrados por efectivos castrenses al margen de cualquier combate y en tanto sus víctimas fueron civiles inermes y ajenos a la confrontación, acaso puede considerarse el mayor horror derivado de la contienda armada.

El informe, producto de dos años largos de laboriosa investigación de la JEP y basado en el contraste y la verificación rigurosa de todas las fuentes disponibles −oficiales, de ongs y colectivos de derechos humanos−, arrojó que entre 2002 y 2008, durante los dos cuatrienios de la seguridad democrática, la cifra de estas muertes ascendía a 6.402, bastante lejos de las 2.248 reportadas por la Fiscalía.

El tamaño y la práctica continuada de la masacre vuelven muy poco creíbles la versión de las “ovejas negras” y de las acciones de “elementos aislados al margen de la institución”. El extraño mundo en el cual todo habría ocurrido al margen del mando supremo del Estado, habida cuenta la dimensión de los crímenes y su duración, hace muy difícil darle crédito a tal ocurrencia, y carece de todo parecido con la Colombia real. Y proyectan, dado el peso decisivo del Ejército en la balanza del poder, un enorme nubarrón sobre el futuro inmediato del país. En especial, en la eventualidad nada improbable de una victoria de las fuerzas democráticas en las presidenciales del 2022, siempre que para entonces siguiera en pie el Estado de derecho.

La opinión democrática del país ha recibido con beneplácito la crucial revelación de la JEP. La ONU, mediante pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó el informe de la JEP y lo consideró como uno de los “pasos importantes en la lucha contra la impunidad”. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cambio, rechazó airado el informe calificándolo de “Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos”. Su diatriba lo atribuyó no sólo a la JEP sino a organizaciones “enemigas” de su gobierno, entre las cuales incluye a colectivos de abogados demócratas, organizaciones indígenas, comités de solidaridad con los presos políticos, e incluso a la asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos. Enfatizó en que suspendió de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008. Lo que no dice es que se vio obligado a hacerlo, a soltar lastre, porque fue precisamente en ese año que estalló el escándalo de los falsos positivos.

Todo el país conoce que el uribismo, el presidente eterno y el gobierno de su pupilo, han desatado una furiosa campaña contra la implementación de los acuerdos de paz y en especial para desmantelar la JEP. En esencia porque esta se propone el esclarecimiento de la verdad, uno de los pilares fundamentales de la paz que anhela la gran mayoría de los colombianos. El país democrático lleva a cabo una decidida resistencia, civil e institucional, frente a la ofensiva oficial para sabotear la paz, disolver la JEP y sepultar la verdad. Resistencia masiva en calles y plazas como en redes sociales, puesta en marcha por fuerzas sociales y políticas y sus dirigentes, pero también en tribunales y cuerpos representativos, por magistrados independientes, y parlamentarios de la oposición y sus líderes. Sin omitir los militares en retiro o en servicio activo, partidarios de los acuerdos de paz y la democracia.

La JEP cumple su cometido y avanza. Ha solicitado formalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen la actuación de miembros del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los abogados de la Fuerza Pública (Fondetec), por presunta manipulación de testigos en los casos de falsos positivos. Abogados de Fondetec les habrían dado instrucciones sobre las declaraciones a dar ante la justicia transicional. “Desde Fondetec nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”, han dicho estos testigos.

La pugna en torno a mantener la verdad enterrada o porque aflore a la luz del día prosigue. Por lo pronto, coincidimos con lo dicho por el expresidente Juan Manuel Santos: “gracias al acuerdo de paz se está conociendo la verdad sobre el conflicto”.

EL FMI AHORCA… A QUIEN SE DEJA

El 12 de febrero se conoció el nuevo reporte del FMI sobre Colombia, el cual debería llamarse realmente la Orden del día.

Comienza haciendo -en lenguaje melifluo­- un diagnóstico de la economía que podría interpretarse como que la cosa está mal, pero no tan mal. Como suelen decir los áulicos del gobierno, ve el vaso medio lleno, por ejemplo “la capacidad del sector salud se fortaleció significativamente”. Y otras lindezas para engatusar. Aun así, entre líneas se encuentra una radiografía amenazante: “Colombia es vulnerable a un aumento súbito de la prima de riesgo global y otros choques externos dadas las mayores necesidades de financiamiento externo observadas recientemente y dado el contexto de elevada incertidumbre global. Otros riesgos a la baja incluyen la incertidumbre sobre la fecha esperada, el alcance y el contenido de una necesaria reforma fiscal”.

En plata blanca el memorando dice que Colombia tendrá que pagar una tasa más alta de intereses y que deberá hacer ya una reforma fiscal para que el déficit en el 2021 sea menor que el del 2020 (mientras que por ejemplo en Estados Unidos será mayor pues Biden impulsó otro gigantesco plan de recuperación).

La reforma fiscal implica disminuir gastos y aumentar ingresos. Sobre lo primero el memorando llama la atención de que dado que “la economía ha repuntado” (¿?) hay que empezar a cortar las ayudas que se dieron a la población, las cuales enumera por si quedan dudas.

En cuanto al aumento de los ingresos una medida puesta en marcha por el gobierno es la privatización por la puerta de atrás de otra parte de Ecopetrol a través del tortuoso expediente de que la petrolera compre a la estatal ISA. Hasta prestantes figuras neoliberales se han opuesto a esta maniobra.

El FMI insiste además en otra reforma tributaria. Como es usual lanza balones por toda la cancha (progresiva, modernizante, anti-evasión) pero el asunto central es descargar el peso sobre los hombros de la población con otro ajuste al IVA (más productos cobijados y, por qué no, alza general de la tarifa) pues llama a que la reforma “favorezca el crecimiento”, lo cual, según los neoliberales, choca con el aumento del impuesto de renta.

Razón tuvo Bolivia que, en días pasados, renunció a un préstamo del FMI por 327 millones de dólares. Una nadería con la que el FMI quería apercollar al nuevo gobierno. En el mejor estilo shakesperiano del Mercader de Venecia que obligaba a sus deudores a pagar con carne del antebrazo sus deudas, el FMI le arrancó a Bolivia 27 millones de dólares por la renuncia.

VACUNACIÓN ESCASA Y TARDÍA

La vacunación en Colombia ha sido objeto de críticas por su tardía iniciación, por el ritmo lento de adquisición y por la distribución obedeciendo a intereses políticos. Sin desconocer el valor científico y su efectividad para enfrentar la pandemia y en medio del inmenso número de muertes y de contagios, la sátira y la burla a la actuación del gobierno está presente en el ánimo de los colombianos. Algunas son:
 
Yezid García Abello: 15 de febrero. Que "saperío" tan horroroso. Colombia necesita más de 35 millones de dosis de vacunas. Tarde, muy tarde, llegó hoy una pequeña cantidad, que significa el 0,0014% de las necesarias. Todo el gabinete, encabezado por el recreacionista Duque, aplaudiendo ridículamente en la pista de El Dorado el container con la pequeña cifra de 50.000 vacunas, adornado con la bandera nacional, y dando declaraciones de prensa que hoy es un día histórico. Será histórico como prueba de la incapacidad de un gobierno que sometió a nuestro país, con más de 2.200.000 contagios y 54.000 fallecimientos al último puesto en la fila para recibir las vacunas. Debían estar dando explicaciones por la tardía negociación con las farmacéuticas, y una autocrítica por seguir siendo el mayor hazmerreír ante la comunidad internacional.







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