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La inexcusable transgresión de Julián Assange

César Tovar de León 05:10 Add Comment


Claramente, es mucho lo que está en juego. El proceso en curso es una muestra expresa de cómo se pretende castigar a quien denuncia un crimen y no a quien lo perpetra. “Cuando decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada”, señala Melzer.


Por Consuelo Ahumada
Profesora Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la ACCE. Integrante del Colectivo de mujeres MALÚ.

La no aprobación de la extradición a Estados Unidos del australiano Julián Assange por parte del Tribunal Penal Central de Londres el pasado 4 de enero fue un triunfo de la libertad de prensa y de la defensa de los derechos fundamentales en el mundo entero. Un hecho trascendental en una época en que estos se arrasan sin medida ni contemplación, en medio del manejo mediático y la legitimación de las prácticas fascistas.

La jueza Vanesa Baraitser, quien tomó la decisión, no aceptó los argumentos de los abogados en cuanto a que el periodista estaba siendo perseguido y procesado por su actividad profesional y por motivaciones políticas. Pero señaló que su dictamen se basaba en las condiciones inhumanas que este afrontaría en su lugar de destino, y en su deteriorada salud mental y el riesgo que corría de suicidarse.

Sin embargo, el caso no está todavía ganado, como afirmó la jueza ayer cuando negó la solicitud de libertad condicional para Assange. Argumentó que este podría escapar después de que AMLO le ofreciera gestionar su asilo en México. Por fortuna, el proceso de apelación anunciado por Estados Unidos, de llegar a concretarse, podría tardar años.

A pesar de la gran difusión que ha tenido el caso, sus motivaciones reales e implicaciones son poco conocidas. Como tantos otros, ha estado signado por desinformación y mentiras. Se remonta a 2006, cuando el australiano fundó WikiLeaks, y años después publicó más de diez millones de documentos clasificados de Washington, que el mundo conoció semana tras semana en algunos de sus principales diarios como The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel, entre otros.

Se registraron allí múltiples y diversas denuncias de interés público, en especial los crímenes perpetrados por el ejército estadounidense y sus aliados. Casos de corrupción, torturas y abusos en varios países. Recordemos las condiciones tenebrosas de los prisioneros de Guantánamo o los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión iraquí de Abu Ghraib, tan bien recreados por Fernando Botero.

Señala Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa, que la publicación de esta información es “piedra angular de la libertad de prensa” y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos. Por ser información de interés público, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos[1].

La persecución al fundador de WikiLeaks no se hizo esperar. En 2010, el magnate y hoy presidente saliente Donald Trump pidió que fuera ejecutado. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el gobierno de Rafael Correa le concediera asilo político. A instancias de Washington, la Fiscalía de Suecia lo había acusado por supuestos delitos sexuales, un montaje que finalmente se derrumbó.

Assange permaneció en la embajada de Ecuador durante casi siete años, hasta abril de 2019, cuando Lenin Moreno le retiró el asilo, contraviniendo la Constitución de su país y cediendo al chantaje estadounidense. Su gobierno se prestó además para una pantomima mediática en torno a supuestas conductas irregulares del asilado en la Embajada y autorizó el ingreso de la policía británica a su sede para detenerlo.

Assange fue entonces encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, denominada el “Guantánamo británico” por Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre Tortura.Señaló que allí ha estado en condiciones de aislamiento más propias de un gran terrorista que de un periodista en prisión preventiva. Sus derechos a la defensa han sido violados sistemáticamente, en una actitud vergonzosa de la justicia de Londres en complicidad con Washington, en contra de la libertad de prensa. Claramente, se trata de un intento de criminalizar el periodismo de investigación, concluyó[2].

Llama la atención también que Assange no es ciudadano de Estados Unidos ni tenía ninguna obligación ni vínculo laboral con su gobierno. Él mismo no desarrolló labores de espionaje ni sustrajo la información, que provino fundamentalmente del analista estadounidense que trabajaba en Irak, entonces Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien pagó su valentía con cárcel en su país. En 2017 fue indultada por el gobierno de Obama pero regresó a prisión después de negarse a denunciar sus fuentes. Hoy está de nuevo en libertad condicional.

Según los expertos, de ser extraditado, el australiano podría ser condenado a 175 años de prisión. Es claro que en Estados Unidos no tendría un juicio justo, con mínimas garantías de defensa. Se le acusaría con base en pruebas clasificadas, sin acceso para su defensa y ante un jurado no imparcial. De hecho, el tribunal sobre espionaje de Alexandria, Virginia, nunca ha absuelto a un acusado.

Además del respaldo de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la movilización internacional en torno al caso de Assange ha sido notoria. El 2 de octubre pasado, por iniciativa de la Internacional Progresista, se conformó el llamado Tribunal Belmarsh, que viene intensificando su trabajo por la libertad incondicional del periodista.

A él pertenecen figuras del mundo entero, dirigentes políticos, sociales sindicales y artistas como Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Lula, Rafael Correa, Alicia Castro, Jeremy Corbin, Zizek, Tariq Ali, Roger Waters, Pamela Anderson y Jennifer Robinson, abogada de Assange, entre otros.

Claramente, es mucho lo que está en juego. El proceso en curso es una muestra expresa de cómo se pretende castigar a quien denuncia un crimen y no a quien lo perpetra. “Cuando decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada”, señala Melzer[3].
[3] Desenmascarando la tortura de Julián Assange, en https://blogs.publico.es/dominiopublico/35831/desenmascarando-la-tortura-de-julian-assange,enero 4, 2021,.

Del Acuerdo de París a la Cumbre Climática de Glasgow

César Tovar de León 06:32 Add Comment


Y ya que todos los medios de comunicación anuncian que se ha precipitado la campaña presidencial de 2022, coincido con la pregunta que públicamente hace a los candidatos presidenciales el académico Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, en su habitual columna en El Tiempo: ¿Qué opinan de la meta prometida por el presidente Duque de disminución de la emisión de gases efecto invernadero en 51% para 2050?
Por Yezid García Abello
Secretario (e) del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) / 10 de diciembre de 2020 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, celebrada en Francia en diciembre de 2015, se firmó por 195 países el Acuerdo de París, donde los gobiernos asumieron el compromiso de disminuir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente dióxido de carbono (CO2), principal responsable del aumento planetario de la temperatura. Este Acuerdo reemplazó el Protocolo de Kioto de 1997, que no pasó de ser un mensaje de alerta, con muy poca recepción del auditorio mundial sobre el peligro ambiental que acecha la humanidad.

El compromiso global del Acuerdo de París de 2015 es que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) permita que la temperatura del planeta en el siglo XXI no se incremente más allá de dos grados centígrados en relación con la temperatura de la época preindustrial. Sin embargo, según el informe de Naciones Unidas sobre la “Brecha en las emisiones de 2020”, publicado en este diciembre, el mundo se enfila a un aumento de la temperatura cercano a los tres grados centígrados, muy por encima de lo estipulado en el Acuerdo de 2015, lo cual sería catastrófico. Además, la decisión de Trump de sacar del Acuerdo a Estados Unidos, que es el segundo país contaminante (13% del total), es un fuerte golpe a los objetivos comunes y al futuro de la humanidad.

La pandemia obligó a postergar un año la siguiente cumbre climática que ahora deberá celebrarse en Glasgow, Escocia, en diciembre de 2021. Ante la gravedad que implica que si no se renuevan los compromisos ni se disminuyen en serio las emisiones de gases efecto invernadero, ni se comprenden las palabras del Papa Francisco de que “ha llegado el momento de un cambio de rumbo para no robarle a las futuras generaciones la esperanza en un mundo mejor”, Naciones Unidas, Reino Unido y Francia organizaron de manera virtual el pasado 12 de diciembre la Cumbre de Ambición Climática 2020, que registró en medio del pesimismo por el incumplimiento de las metas, avances importantes. El primero, las palabras del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, de regresar al Acuerdo de París, tan pronto como se posesione en enero, y el segundo, el anuncio de China, el mayor contaminante con 27% de las emisiones totales, de comprometerse que en 2060 alcanzará la neutralidad de carbono. El tercero, el anuncio de Europa de reducir para el año 2030 el 55% de sus emisiones frente a las del año 1990.

La neutralidad de carbono se presenta cuando el total de emisiones netas de gases de efecto invernadero es igual a cero. Y las principales formas de obtenerla son: la utilización de energías renovables y limpias, que no tengan emisiones de dióxido de carbono (CO2); retirando gases de la atmósfera con campañas de siembra de árboles; pagando compensaciones a países poco industrializados a través de los llamados bonos de carbono o subsidiándoles la protección de sus selvas y bosques y la siembra de centenares de millones de árboles.

En la intervención hecha en la Cumbre para la Ambición Climática 2020, a nombre de Colombia, el presidente Iván Duque anunció el compromiso nacional de reducir en 51% para el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los ambientalistas y los expertos en el tema en el país se preguntan cuáles serán las estrategias oficiales para cumplir semejante compromiso si se insiste en las energías de combustibles fósiles y el fracking, la explotación minera indiscriminada y la deforestación de selvas y bosques. Hasta ahora no se han anunciado, y lo que está sobre la mesa es la negativa oficial y de la bancada del partido de gobierno y sus aliados de ratificar el acuerdo ambiental de Escazú, que fue firmado desde el año anterior por Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas. Este acuerdo tiene el mérito de ser el primero sobre el tema ambiental en América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene disposiciones para proteger la vida y la labor de los ambientalistas. Pero si no se logra que 11 países de América lo ratifiquen en sus parlamentos, dormirá, como tantas otras iniciativas progresistas, el “sueño de los justos”.

Y ya que todos los medios de comunicación anuncian que se ha precipitado la campaña presidencial de 2022, coincido con la pregunta que públicamente hace a los candidatos presidenciales el académico Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, en su habitual columna en El Tiempo: ¿Qué opinan de la meta prometida por el presidente Duque de disminución de la emisión de gases efecto invernadero en 51% para 2050? Esa respuesta, el compromiso con las energías renovables, la contención a la deforestación, el freno a la minería y al fraking, la protección del agua, los páramos, la fauna y la flora, el transporte con base a energías limpias, serán temas ineludibles en el debate político. Lo que se juega para Colombia y la humanidad es demasiado importante.

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

¿Control o regulación de los bienes públicos?

César Tovar de León 06:31 Add Comment

 

La discusión académica sobre los conceptos de control y regulación estatal tiene trascendencia en las decisiones de política pública, sobre todo hoy cuando se ha subestimado la importancia de la intervención directa del Estado en asuntos relacionados con los bienes públicos, entregándoselos al sector privado para su usufructo a través del mercado. El papel del Estado frente al internet debe ser de control, no de regulador, porque internet es un bien público, y este control tiene mayor importancia cuando se demuestra que es gracias a la investigación del Estado que hoy podemos contar con tan valioso aporte a la información, comunicación, educación y, en consecuencia, a la calidad de vida y al crecimiento económico.

Por Higinio Pérez Negrete
Economista. Profesor universitario / higinio50@yahoo.com

En internet se ha querido precisar la diferencia entre estos dos conceptos, afirmando que “la regulación puede considerarse un control indirecto”. También se afirma que “el control es la vigilancia que se ejerce sobre el cumplimiento de la regulación (reglas, normas)”. Considero que estas interpretaciones son simplistas, porque sólo dan cuenta parcial de estos conceptos y ocultan lo más importante. Debemos mirar los conceptos con un sentido riguroso. Un ejemplo puede ilustrar la diferencia mucho más profunda entre control y regulación. Cuando el Estado asume directamente la responsabilidad de ofrecer educación, está ejerciendo el control, mientras que cuando la educación es ofrecida por el sector privado atendiendo algunas normas de manejo establecidas por el Estado, estamos hablando de una regulación.

Precisamente, en política educativa el “subsidio a la oferta”, que se otorga en universidades públicas, significa que en este caso el Estado tiene el control de la educación superior y, por el contrario, si se trata del “subsidio a la demanda”, que se entrega en universidades privadas, pero con recursos del Estado, al estilo de “ser pilo paga”, para favorecer a un sector específico de la población estudiantil, representa una política de regulación. Es muy diferente exigirle al Estado que controle la educación a simplemente pedirle que la regule. Hablar de educación, de salud y de internet, que son bienes públicos en razón a sus externalidades (consecuencias) altamente positivas para la sociedad y el crecimiento económico, nos lleva a preguntar si el Estado debe controlar o regular dichos bienes.

Si, como se establece en la Constitución Política de los países capitalistas, la educación es un derecho, y no una mercancía, lo mismo que la salud, es porque son bienes públicos y como tales no deberían quedar en manos privadas. Igual consideración debe tenerse respecto a internet. Sin embargo, en la política educativa y de salud, lo mismo que en la de internet, predomina hoy en la mayor parte del planeta la regulación y no el control. Sobre este tema, en artículos anteriores, he destacado la posición crítica de Mariana Mazzucato frente a la propuesta de Piketty y Stiglitz de regular a las “gigantes de internet” para corregir las fallas del mercado que impiden la competencia en el sector de la información y las comunicaciones. Para ella, el Estado, en este caso, debe ejercer el control de internet, no su regulación, porque fue su creador a través del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La propuesta de Mazzucato se fundamenta en el hecho de que internet es un mercado que ha sido aprovechado por las empresas tecnológicas. En otras palabras, para ella, siendo internet un mercado creado por el Estado, debe estar bajo su control, aunque sea parcialmente, a través de su participación en la propiedad de estas empresas. Cabe agregar que el control estatal, propuesto por Mazzucato, se extiende a las empresas que ofrecen el servicio de la telefonía celular, comenzando por la AT&T (American Telephone and Telegraph), porque ellas se lucran también de este negocio. Mazzucato no tiene en cuenta el carácter de bien público de internet, y el hecho de asumir que internet es valor y mercado creados por el Estado es lo que explica su inconformidad frente a la contabilización del PIB (véase mi artículo “El Estado frente a los bienes públicos”, en La Bagatela de noviembre de 2020). Pero plantear el análisis en estos términos significa colocar al Estado en la misma posición del capitalista, que busca el lucro. Además, queda la pregunta de si es el Estado un gran creador de valor o son los científicos y profesionales que se desempeñan como trabajadores del Estado los que crean valor.

La discusión académica sobre los conceptos de control y regulación estatal tiene trascendencia en las decisiones de política pública, sobre todo hoy cuando se ha subestimado la importancia de la intervención directa del Estado en asuntos relacionados con los bienes públicos, entregándoselos al sector privado para su usufructo a través del mercado. Considero que la reflexión de Mazzucato con respecto al papel del Estado frente al internet es más rigurosa que la de Piketty y Stiglitz, pero su argumentación pierde fuerza cuando compromete al Estado con el papel de creador de valor y de mercado y, por tanto, buscador de lucro. El papel del Estado frente al internet debe ser de control, no de regulador, porque internet es un bien público, y este control tiene mayor importancia cuando se demuestra que es gracias a la investigación del Estado que hoy podemos contar con tan valioso aporte a la información, comunicación, educación y, en consecuencia, a la calidad de vida y al crecimiento económico.

Argelia, un pueblo del Cauca en medio de un conflicto que se recrudece

César Tovar de León 06:30 Add Comment

 

Al haber bloqueado, (el gobierno nacional) la opción civilizada para lidiar con el problema de los cultivos ilícitos, al país le queda sólo la alternativa trumpista (con Biden el tratamiento a las drogas ilícitas no cambiará) de fumigación y coerción. Esa alternativa no eliminará a las economías ilícitas, de modo que el tema de la captura de rentas seguirá presente. En cambio, le abre enormes ventanas de oportunidad a los grupos armados para adoptar el papel de representantes de justos agravios y demandas sociales irresueltos, pero también para ejercer un papel regulador al que el Estado ha renunciado. El Cauca es una verdadera bomba de tiempo social con una tendencia creciente a recrudecer los conflictos. Los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes, la lucha por la tierra entre indígenas, negros y campesinos y el incremento de la pobreza a causa de la pandemia, son combustible para el fuego mientras el país no adopte una política distinta a la guerra contra las drogas en que lleva empeñado inútilmente cuatro décadas, mientras la paz se hace añicos y se atizan las llamas de una guerra que parece no tener fin.
Por Fernando Guerra Rincón
Economista / Publicado en la revista Sur / https://www.sur.org.co/


El país amaneció la mañana del domingo 22 de noviembre con la trágica noticia de dos nuevas masacres. Una, en la vereda La Julia del municipio de Betania, en Antioquia, y la otra, en la vereda El Mango del municipio caucano de Argelia, con un saldo de 13 personas muertas. Antioquia, con 18 masacres y Cauca con 12, encabezan ese fatídico listado de masacres asociados a las economías ilícitas que se mueven en las regiones marginales y otras que no están ligadas a esta marginalidad, en otras zonas del territorio nacional. Asociadas a la impronta de la ilegalidad de las drogas, fundamentalmente por seguir las orientaciones de Washington en esta materia que sacrifica cualquier posibilidad de paz.

Con estos dos hechos de barbarie ya son 76 las masacres en lo que llevamos del 2020, con un saldo de 303 colombianos muertos, coincidiendo con el aniversario número cuatro de la firma de los Acuerdos de Paz, cada vez más lejos de sus propósitos y de su cumplimiento. Lo que nos está llevando, como ya se constata, a un tercer ciclo de violencia y de guerra.[1]

Al haber bloqueado, (el gobierno nacional) la opción civilizada para lidiar con el problema de los cultivos ilícitos, al país le queda sólo la alternativa trumpista (con Biden el tratamiento a las drogas ilícitas no cambiará) de fumigación y coerción. Esa alternativa no eliminará a las economías ilícitas, de modo que el tema de la captura de rentas seguirá presente. En cambio, le abre enormes ventanas de oportunidad a los grupos armados para adoptar el papel de representantes de justos agravios y demandas sociales irresueltos, pero también para ejercer un papel regulador al que el Estado ha renunciado. Vale la pena insistir: en esta nueva fase de irregularidad, este fenómeno no es ni podrá ser solamente rural. Vincula y vinculará cada vez más en un solo haz ciudades fracturadas, economías rurales y rutas transnacionales de bienes ilícitos.[2]

Argelia es un municipio enclavado en el estrujado Macizo colombiano con un área de 674 km2, donde el 99,77% de sus 26.880 habitantes viven en zonas rurales dispersas y el 0,23% lo hace en su área urbana, acosados por la pobreza, el abandono estatal y la presencia de diversos grupos armados que se disputan el territorio. Una circunstancia común en los lugares donde ocurren las masacres, un pasadizo estratégico en las estribaciones de la Cordillera Occidental por la cuenca del rio Micay y sus afluentes: río Puente Tierra, quebrada Las Pailas, río Guaitara, río Plateado, las quebradas Puente Tierra, Las Pailas y la confluencia del río Plateado. Una geografía enmarañada que le abre paso al tránsito de la droga hacia el corredor pacífico y de allí a los mercados internacionales donde se convierte en oro, y donde la persecución a los adictos es inane, y hacia los centros urbanos más grandes del país donde termina en fuente de enriquecimiento de nuevos señores de la droga y es fuente de inseguridad y crimen, en un país que también se volvió consumidor. El fracaso de la guerra contra las drogas es total.

El municipio de Argelia es uno de los municipios más afectados por el conflicto armado que ha padecido Colombia, en donde prácticamente toda la población ha sido víctima. Como se lee en el siguiente cuadro:

Con una tasa de 289 homicidios por cada 100.000 habitantes en una población de 26.880 personas, lo que la hace la tercera más alta del país. Los argelinos no conocen tregua ni en la sangre ni en la violencia, pues durante los últimos años han vivido en medio del fuego cruzado entre las distintas facciones que se disputan el territorio y las rutas del negocio.

La paz con legalidad del Gobierno Nacional se ha traducido en represión, fumigación arbitraria y muy poca inversión relevante. Lo único que ha logrado es incrementar la violencia. El gobierno, en la práctica, llega a recoger los muertos y prometer recompensas hasta la nueva masacre anunciada. Las alertas tempranas solo han servidos para confirmar las muertes: “La narrativa que maneja el gobierno fomenta el crecimiento de esos grupos, toda vez que no se llama a que termine el conflicto, a buscar soluciones pacíficas, sino a continuar la guerra”, dice su alcalde, Jonathan Patiño Cerón, quien además agrega que el gobierno nacional ha incumplido el acuerdo de paz y que ante ello los excombatientes han engrosado las filas de las disidencias.[3]

Argelia, que es fundamentalmente sus zonas aisladas dispersas, conoce la presencia de los cultivos ilícitos y su evolución desde hace más de tres décadas. En su territorio han confluido colombianos carenciados del Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Antioquia, afincados en encontrar en las diversas actividades de la cadena de la coca el sustento que no le brinda y no les brindará la economía legal. En El Plateado, uno de sus corregimientos más importantes, la vida de su población está asociada profundamente a la presencia de la hoja de coca, sus derivados y actividades conexas, lo que ha configurado un espacio conflictivo en donde las ideas, valores y prácticas dominantes de las gentes se encuentran mediadas por esta actividad.

Según el Plan de Desarrollo Territorial de Argelia, Argelia territorio de vida 2020-2023, el 95% de la población se dedica al cultivo de hoja de coca[4], la vida es incierta y no se conoce la paz. De la coca derivan su supervivencia. Es tan profunda su dependencia de las actividades del narcotráfico que el principal renglón de sus ingresos está relacionado con el impuesto a la gasolina. En una región donde hay pocos autos y camiones, alimentan la actividad 16 estaciones de combustibles. La gasolina, como se sabe, es un insumo para la elaboración de la pasta de coca.

Argelia limita al Norte con el municipio de El Tambo, al sur con Balboa (Cauca) y con Iscuandé y Leiva (Nariño), al oriente con El Patía (Cauca), al occidente con Guapi y Timbiquí (Cauca), una región que por su configuración geográfica, su acceso fácil al andarivel pacífico y su aislamiento, se ha transformado en un verdadero clúster de la cocaína. A pesar del empeño del gobierno nacional en resolver el problema de la droga a punta de fumigación y represión.

Las mínimas posibilidades de actividades agropecuarias por las condiciones del suelo son afectadas por la ausencia de asistencia técnica por parte de los organismos oficiales, los altos costos de producción, la deficiente infraestructura, la informalidad en el acceso a la tierra. Esfuerzos titánicos que se ven asfixiados por la enorme presencia de los llamados cultivos ilícitos que en Argelia presenta una de las mayores densidades del país: 10 ha/km2, según el Unodc.

La red terciaria comprende 87 vías y un número no determinado de caminos interveredales se encuentran en avanzado estado de deterioro y sin intervención de ninguna naturaleza en un 84%. Años después de la firma del Acuerdo de Paz, en el municipio, la población reincorporada no hace parte de proyectos productivos apoyados por el Estado o la institucionalidad.[5]

El aumento en la siembra de coca obedece principalmente al abandono estatal y la ausencia de una política agraria estructurada que responda a las necesidades de la población rural.[6] En Argelia el control de la fuerza pública tiene restricciones y es el área con mayor concentración de área sembrada de coca y de mayor productividad en el Pacífico colombiano.[7]

Área sembrada de coca en las siete regiones productores 2010-2019. Unodc 2020

Argelia, junto a El Tambo, un municipio vecino, forman un tapete de hoja de coca a lo largo del cañón del río Micay. Se estima que solo en ese sector se cultiva el 71 por ciento de las hectáreas sembradas con coca en todo el departamento del Cauca. En ese clúster de cocaína se producen 3 toneladas de base de coca al mes. Eso por sí solo explica tanta sangre vista.

El Cauca es una verdadera bomba de tiempo social con una tendencia creciente a recrudecer los conflictos. Los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes, la lucha por la tierra entre indígenas, negros y campesinos y el incremento de la pobreza a causa de la pandemia, son combustible para el fuego mientras el país no adopte una política distinta a la guerra contra las drogas en que lleva empeñado inútilmente cuatro décadas, mientras la paz se hace añicos y se atizan las llamas de una guerra que parece no tener fin.

Notas

[1] Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, Un nuevo ciclo de violencia organizada en Colombia, con motivo del cuarto aniversario de la firma de los acuerdos de paz, muestra como la violencia viene en ascenso desde su firma: En 2016 hubo 192 acciones armadas. En el cuarto año de su ejecución las acciones armadas escalaron a 318, un incremento del 65%. Los asesinatos en los 170 municipios priorizados y considerados en los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, por su pobreza, presencia de cultivos ilícitos y debilidad institucional se han incrementado de 2.117 en 2016 a 2953 en 2020. Los homicidios de líderes y lideresas sociales fueron 82 antes del Acuerdo, en 2020 van 128. Hasta la fecha han sido asesinados 233 excombatientes, según Naciones Unidas. Una preocupante tendencia calcada del exterminio de la Unión Patriótica. Un golpe a la yugular del Acuerdo.
[2] Francisco Gutiérrez Sanín, ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Debate, Bogotá, Pág. 204. Los entre paréntesis son míos.
[3] Diez municipios concentran la tasa de violencia más alta del país, El Tiempo, 22 de noviembre de 2020, sección Colombia, Pág. 1.1.
[4] Argelia, territorio de vida. Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023, Pág.13.
[5] Plan de Desarrollo, Pag.58.
[6] Ibíd. Pag.37.
[7] Informe de UNODC 2020, Pág. 20.