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En el 25 aniversario del fallecimiento de Francisco Mosquera

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Por Marcelo Torres
Secretario general del PTC

Camarada Francisco Mosquera:
Hace ya un cuarto de siglo que nos dejaste. Las nieves del tiempo blanquean las testas veteranas de la vieja guardia del Partido, en tanto que algunos de la generación de cuadros en plena juventud, o que apenas se asoman al inicio de su fecunda madurez, asumen algunos lugares en la primera línea de la lucha. Francisco Castañeda, nuestro candidato al Concejo de Bogotá, como Ivonnet Tapia, nuestra juvenil lideresa, a la alcaldía de Mosquera, al igual que varios otros, compañeras y compañeros, o cercanos aliados, en ciudades y municipios, aspirantes a otras alcaldías, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales. Los más jóvenes se aprestan a desplegar su gran potencial, en lo que debemos esforzarnos por ayudarlos. No venimos a coronar tu tumba de laureles, que una época de defensiva estratégica en escala mundial no posibilita aún. Simplemente llegamos a reafirmar que seguimos orientándonos con tu guía, que persistimos en la línea que nos legaste, la que se enmarca en la concepción del mundo de los trabajadores. A decirte que algunas de tus tesis, que formulaste sobre la experiencia viva de la lucha en el país, iluminan con más intensidad que nunca el camino. No importa que algunos de quienes se decían tus discípulos hayan desertado al bando enemigo, ni que otros, los aduladores más estridentes, hubieran decidido ocultar tu nombre más de tres veces antes de que cantara el gallo.
Esas tesis mantienen una vigencia crucial en la Colombia de hoy. Algunas de ellas, negadas o ignoradas una y otra vez, han salido finalmente a flote, y adquirieron una vigencia incontestable por la tozudez irresistible de los hechos. Otras, olvidadas por el desuso pero vigentes en el desenvolvimiento objetivo de los acontecimientos, aguardan su hora mientras cuajan las condiciones para que, como expresaba el gigante de Tréveris, se conviertan en fuerza material al prender en las masas.
La primera a la que queremos referirnos, que sintetiza para Colombia la experiencia revolucionaria mundial, resulta cardinal en el momento que vive el país. Aquella de que la emancipación de la nación “no puede ser la obra exclusiva de un solo partido o de una sola clase” se deduce de la premisa que preside la formulación de toda táctica y estrategia: la correlación de fuerzas. En efecto, habiendo quedado Estados unidos como el único superpoder tras el derrumbe soviético y caracterizado el mundo de entonces como unipolar, era claro que se reforzaba el poderío de su dominación sobre los países como Colombia y que, por consiguiente, sólo una coalición muy amplia y política y socialmente heterogénea, un frente multiclasista, podía reunir la fuerza suficiente para enfrentar esa dominación extranjera y a las capas dirigentes que hacían de sus agentes en el país.
Planteó Mosquera que un frente tal debía constituirse sin excluir a “los productores conscientes, a los parlamentarios honestos ni a los militares patrióticos” ni tampoco “al clero consecuente”, y que debía agrupar “...tanto a los sectores productivos como a las fuerzas políticas que aún conservan nexos con la nación, o con su historia”. Es decir, que con la globalización imperialista y la generalización del modelo neoliberal y dada la profundización y extensión mayores de la dominación imperial gringa, el frente en vez de estrecharse, para ser capaz de defender la vida del pueblo y la nación, tenía que ampliarse en una escala sin precedentes. Amén de la actuación de dicho frente en lucha política electoral para cargos de elección popular en la rama ejecutiva, en los niveles nacional, departamental y municipal, como en las correspondientes corporaciones públicas legislativas, Mosquera planteaba como estrategia la de “Entrelazar las querellas de los gremios productivos, de los sindicatos obreros, de las masas campesinas, de las comunidades indígenas, de las agrupaciones de intelectuales, estudiantes y artistas” de manera que, “gracias a la unión, los pleitos desarticulados converjan en un gran pleito nacional”.
En las actuales condiciones nacionales e internacionales, al mantenimiento del viejo molde del neoliberalismo y al recrudecimiento de una corrupción rampante en la cumbre misma del Estado, se aúna ahora una tendencia creciente a la liquidación de la democracia y a la implantación del fascismo por medio de la prolongación de la violencia y la represión oficial y de la supresión de todo asomo de democracia. Para lograrlo, dicha tendencia, jalonada por el segmento más extremista de la ultraderecha, el uribismo, tiene como propósito inmediato el desmantelamiento de los acuerdos de paz y en especial de la justicia transicional surgida de ellos. De estos dos males mencionados, el mayor es el peligro de la fascistización de Colombia y la batalla principal al orden del día, la defensa de la democracia. En este contexto, un frente por la paz, la democracia, el bienestar del pueblo y el rescate de la soberanía nacional, debe y puede ensancharse extraordinariamente a escala nacional.
Pero mientras el uribismo entendió en las pasadas elecciones presidenciales que tenía que aglutinar la extrema derecha y las fuerzas del establecimiento en su conjunto, y lo logró, no sucedió lo propio entre la izquierda, el centro y sectores democráticos del mismo establecimiento. A pesar de los notables avances del movimiento democrático –manifiesto en los 8 millones obtenidos por la candidatura presidencial de Gustavo Petro y en los más de 11 millones de la consulta popular contra la corrupción-, no fue posible la completa unificación de fuerzas, cuya sumatoria habría podido arrojar la victoria democrática en las presidenciales del 2018. Si bien cabe resaltar la decisión de Claudia López, de Alianza Verde, de respaldar en segunda vuelta la candidatura más avanzada y de mayor respaldo popular, la de Petro, el papel de lastre y rémora correspondió a Fajardo, el candidato del centro, y a Robledo, senador del Polo. El antecedente citable, universal y ya clásico, lo constituye el trágico error de la Internacional comunista al negarse a la alianza con la socialdemocracia alemana que habría podido detener a Hitler en su carrera hacia el poder. Pero aunque algo pareció aprender la izquierda colombiana de la experiencia reciente, a juzgar por las coaliciones conformadas de centro e izquierda para las elecciones territoriales del 2019, lo cierto es que quienes se opusieron a la unidad en el 2018 se mantienen impenitentes en su postura. Con el agravante de que en Bogotá, escenario principal de la próxima batalla política, tanto Claudia López, la más opcionada candidata a la alcaldía de la capital como Petro, se mantienen a la par en sus trece pareciendo alejar la posibilidad de la coalición unitaria. Debemos añadir que aunque Petro pueda tener razón en cuanto al metro subterráneo, y Claudia López haya expresado su preferencia por la próxima candidatura presidencial de Fajardo, declaración tan innecesaria como conflictiva, ningún interés particular por justo y lícito que sea, justifica que se anteponga al interés general: que el líder de Colombia Humana respalde la única candidatura democrática, la de Claudia López, con opción de ganar y capaz de derrotar los aspirantes de la derecha. La tesis de la conformación de la más amplia coalición democrática posible aún no cuaja del todo. Pero es evidente que ya franqueamos el estrecho límite de los rancios y obtusos sectarismos de izquierda.
La candente vigencia de otra de tus tesis, camarada Mosquera, ésta de alcance no sólo nacional sino mundial, vino a ser puesta de presente de modo abrupto por recientes acontecimientos. La exigencia de que se fumigue con glifosato a raíz del crecimiento de la extensión de los cultivos de coca, la perentoria solicitud de extraditar a Santrich, y las presiones del embajador gringo en apoyo a la iniciativa legislativa del uribismo gobernante en su campaña por mutilar la JEP, constituyeron intempestivo recordatorio a los colombianos de la omnipresente injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos. Sucesos que no obstante convertirse en focos de la atención pública, mostraban apenas la punta del iceberg, manifestaban sólo instantáneas parciales de una más vasta y grave realidad. De sometimiento al extranjero, saqueo y malformación de nuestra economía, dominio sobre nuestra cultura, y de modelación perversa de la forma y naturaleza del Estado, con la abyecta complicidad de esa seguidilla de gobernantes sumisos que ya demora treinta años. Tal proceso degenerativo parece haber tocado fondo con el retorno del uribismo al poder, el régimen Uribe-Duque, con su gobernante de sainete, irrelevante, irrisorio y subalterno figurón, a través de quien gobierna realmente, en cuerpo ajeno, el verdadero jefe de la extrema derecha colombiana. Era que, como explicó en su momento esta tésis de Mosquera, el dominio del águila imperial gringa, depredadora y rapaz, ya casi centenario tras el colapso soviético, y con la globalización imperialista y la generalización del modelo neoliberal, se volvió más profundo y extendido sobre Colombia como sobre los países de la periferia similares al nuestro. Sus efectos hasta hoy han sido el enorme volumen de las importaciones alimentarias y la ruina de nuestra producción agrícola, la ostensible pérdida de peso de la industria en el producto nacional, el desbalance del comercio exterior y la composición del mismo típica de país atrasado, la desnacionalización y privatización de las principales empresas del Estado, el carácter de nación pobre y crecientemente endeudada, el alto desempleo y subempleo y el trabajo informal de la mitad de la mano de obra, los salarios de hambre de la población trabajadora, la pérdida de conquistas históricas del trabajo, la legislación laboral regresiva y la reducción de la sindicalización, como el alarmante deterioro y la crisis de la salud y la educación públicas. Colombia rueda cuesta abajo hacia una crisis económico-social similar a la de 1999. La pobreza y la gran riqueza, polarizadas entre una creciente mayoría y un puñado de grandes potentados, nos ha hecho uno de los países de mayor desigualdad social del planeta.
Para colmo, el gobierno Duque anuncia astronómica compensación a uno de los protagonistas de la megacorrupción del escándalo Odebrecht, el grupo Sarmiento Angulo, cuyas arcas amenazan reventar por sus billonarias ganancias. Quien quiera, honesta y objetivamente, identificar la raíz profunda de tantas desgracias nacionales y revelarla sin remilgos ante la vasta inconformidad social de nuestros días, para deducir de allí la acción política masiva de millones de hombres y mujeres encaminada a extirparla, tendrá que coincidir con la expuesta tesis de Mosquera: el nudo gordiano que hay que cortar para destrabar el progreso nacional es la dominación gringa.
Siendo como es este deseo, una formulación cuya realización implicaría enorme avance en la conciencia pública nacional, debemos añadir que los recientes y graves incidentes de la intervención gringa en nuestros asuntos internos, aunque levantaron protestas y reparos, estos no tuvieron la contundencia ni la magnitud que habrían podido alcanzar. La ausencia de una exigencia pública sostenida y sistemática al gobierno Duque para que explique al país cómo y por qué la DEA opera en Colombia y realiza operaciones encubiertas sin autorización judicial alguna –tal como lo reveló la JEP-, es un buen ejemplo de ello. En cambio, la estigmatización ejercida por el complejo mediático neoliberal, del mundo y de Colombia, sobre temas cruciales, verbigracia el de la dominación imperialista estadounidense, ha logrado convertirlos de tal modo en tabú de manera que su sola mención se utiliza para descalificar a sus autores. El mensaje implícito, cuya potencia mediática engatusa vastos sectores del gran público, consiste en que Estados Unidos realiza en el mundo el papel de modelo y salvador de la democracia en todos sus confines. A la eficacia del mismo no son ajenos los sectores democráticos del país, incluyendo el grueso de la izquierda. Por prejuicios ideológicos, cálculo electoral o simple acomodamiento, esa “área de candela” mediática se rehuye, se soslaya o se ventila con estudiada renuencia, en lugar de contribuir activamente a revelar los factores menos visibles pero permanentes –algunos de ellos mantenidos celosamente ocultos o alejados del público- que atenazan al país bajo la dominación gringa. Mientras el movimiento democrático del país no asuma la tarea con firmeza, su lucha no será completa, ni consecuente. Los tiempos que corren, de cruda y abierta derechización de las políticas de los centros imperialistas, y en particular del centro hegemónico gringo bajo la presidencia de Trump, tanto internas como internacionales, catalizadas por su evidente declive y el ascenso de poderes emergentes, vuelven más agresivos y brutales sus métodos de dominación y más descarado su intervencionismo. Llegado el momento, será imposible seguir aplazando la definición frente a la crucial cuestión; la vida se encargará de colocar a los distintos sectores y sus fuerzas en su justo sitio. Entonces, también para esta fundamental tesis de Mosquera habrá llegado su momento.
La tercera de las tesis a que hoy aludimos concierne a los problemas de la guerra y de la paz. La decisión de la agrupación de alzados en armas más antigua del país, mediante un acuerdo de paz con el establecimiento pactado bajo las garantías estipuladas, de abandonar la lucha armada para librar la lucha política, fue saludada y recibió el apoyo de la Colombia democrática, en cuyas filas nos contamos. El acontecimiento, bajo cuya repercusiones se desenvuelve hoy toda la vida nacional, corrobora de lleno una de las tesis centrales de Mosquera: la de que concluida la Violencia liberal –conservadora, hasta hoy, el pueblo colombiano no ha tenido disposición ni estado de ánimo para respaldar la lucha insurreccional armada. Tesis con vigencia de décadas pero comprobada al cabo de las mismas con contundencia sin par. Los acuerdos de La Habana ponen de presente de modo incontestable una necesidad largamente negada: la de que el movimiento democrático en las actuales condiciones de Colombia, para desarrollarse y fortalecerse, en vez de los frustrantes intentos de forzar las cosas, ha de librar la lucha política. Formulación que ha adquirido categoría de verdad sabida, de evidencia y de lo obvio. Por supuesto, para tal confirmación ha sido necesario que ríos de sangre y descalabros sin fin corrieran bajo el puente de la historia, sin que la tardanza para que aflorara su sentido menguara su validez, pretérita y actual. Y sin que los protagonistas de las fallidas gestas bélicas, en cada caso en que pactaban las paces con los gobiernos de turno dejaran de pregonar, sin el menor asomo autocrítico, la validez de su lucha en armas hasta el instante mismo en que estampaban su rúbrica al pie del respectivo acuerdo de paz.
Acaso sean pocos quienes hoy recuerden o reconozcan que fue Francisco Mosquera, en el fragor de los turbulentos años sesenta, el primero en formular esta fundamental verdad, reiterada y profundizada sin interrupción después, olvidada o descartada deliberadamente pero siempre vigente. Pero día vendrá en que la lucha de nuestro pueblo sea escrita de nuevo, sin omisiones ni tergiversaciones. Entonces, el sol de la justicia histórica brillará sobre el mármol de tu tumba y elevará tu nombre al sitio que merece, con todas sus letras.
Bogotá, Cementerio Central, 1º de agosto de 2019




La foto que causó gran alegría entre los sectores democráticos y alternativos porque vislumbraba seriamente la posibilidad de la consolidación de la gran convergencia democrática para encarar la batalla por la alcaldía de Bogotá.

Un problema histórico: la tierra y su uso

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Por Absalón Cabrera
Comisión de redacción La Bagatela

La portentosa movilización indígena de abril del presente año tuvo como consigna cohesionadora: Minga social por la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Un título muy oportuno que permite acercarnos a un problema estructural e histórico, la propiedad de la tierra y su uso. Lo que sigue son algunas reflexiones en torno a esta problemática que ha logrado, en el mejor de los casos, introducir el tema en la agenda legislativa, nuevamente como un asunto prioritario.
Para esta reflexión me apoyaré en la investigación del filósofo Adolfo Chaparro Amaya en el libro “La cuestión del ser enemigo” (2018). Con el objetivo de dilucidar sobre lo que considero una “tarea pendiente” que los gobiernos precedentes y el actual no han tenido voluntad de solucionar. Digo que es un “pendiente” puesto que, como lo han advertido diferentes investigadores, ha sido uno de los ejes estructurantes de la violencia que ha padecido el país. Chaparro recoge muchas de estas investigaciones y concluye que “Las formas de violencia que se desatan en Colombia desde los años 50 hacen parte de una lucha por la tierra que se invisibiliza en la confrontación partidista entre liberales y conservadores” (pág. 223).
En este sentido, intentar acercarnos a la comprensión de los orígenes del conflicto armado en Colombia exige tener en cuenta, por un lado el problema de la propiedad de la tierra. Por ello es necesario examinar el impacto de las aperturas económicas y nuevos mercados que se gestaron en gobiernos como el de Lleras Restrepo y la reforma de 1968, en la que se intentó introducir al campesinado en las dinámicas comerciales a través del reparto de tierras y aumento de su productividad (pág. 224). Cosa incongruente con las dinámicas propias del pensamiento campesino e indígena.
No está demás mencionar el retroceso de Misael Pastrana en materia agraria con la renuencia del gobierno de oponerse al latifundismo. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado “La política de reforma agraria y tierras en Colombia” (2013), el Estado impulsó un programa de titulación de baldíos en regiones remotas con lo cual los abandonó a su suerte. Regiones que fueron propicias para el auge del cultivo de plantas de cuyo producto se hace uso ilícito. Y en adelante, las políticas de gobierno propiciaron el empoderamiento de las tierras por sectores privados a favor de la “empresarización del campo”. Lo anterior, hasta la entrega indiscriminada de tierras a grupos empresariales, en lugar de dárselas a los campesinos, propiciada por el gobierno de Uribe Vélez, como en el sonado caso Carimagua (CNMH, 2013).
Adicional, los múltiples intentos de reforma agraria contrarios al respeto por la tierra y el desarrollo de los pueblos indígenas fueron propiciando focos de violencia que cada cierto tiempo renuevan fuerzas. Como se puede interpretar de la lectura de Chaparro, las fuerzas influenciadas por el narcotráfico, entre guerrillas y paramilitares, terminaron desplazando al Estado en su función de soberano. Crearon soberanías alternativas ejerciendo funciones de policía y ejecutores de justicia.
Mantener las condiciones que posibilitan la violencia ha agravado la situación. Por un lado, la adquisición de tierras a precios bajos; el empoderamiento de estas por medio de la fuerza, las amenazas y el desplazamiento forzado, ha generado caos social. Por el otro, el Estado ha quedado desbordado en las problemáticas, con lo que se propicia el abandono de la labor garantista de los derechos de las minorías. Es decir que, además de no poder contener la ilegalidad en el campo, las ciudades se llenaron de campesinos arrancados de sus tierras para sufrir en condiciones de miseria en los principales centros urbanos.
Como se mencionó, el otro eje sobre el cual se puede avanzar es el uso de la tierra. Esto puede presentarse desde múltiples perspectivas, debido principalmente al carácter multicultural del país. Dicha multiculturalidad encubre las minorías étnicas y sociales excluidas de los acuerdos políticos en la historia republicana. Por un lado, y parafraseando a Chaparro, las reivindicaciones por conservar la identidad y supervivencia de las tradiciones ancestrales ha chocado con la modernización desarrollista de los nuevos propietarios (pág. 92). Y por otro, las territorialidades fueron tomando forma de acuerdo con lo que los grupos ilegales obligaran a cultivar, vender o explotar (pág. 91).
En línea con lo anterior, las recientes exigencias a través de vías de hecho logran poner en evidencia problemáticas muy antiguas. Las cuales considero “pendientes” puesto que no ha habido voluntad política para proponer soluciones de fondo. Las presiones económicas de grupos empresariales se ponen por encima del derecho al libre desarrollo de los pueblos, y el respeto por las culturas milenarias. Así, la legislación permite la contradicción propia que puede concebirse en el reconocimiento del modelo neoliberal y a su vez la multiculturalidad y libre desarrollo de los pueblos indígenas.
Es pertinente mencionar que, citando y a su vez criticando a Óscar Mejía, Chaparro menciona lo siguiente sobre la imposibilidad de llevar a cabo una modernización económica y política: las razones no se hallan en que “la Constitución de 1991 hubiera planteado en su interior tres modelos de Estado: el Estado social de derecho, el modelo neoliberal y el modelo multicultural” (pág. 87). Sino que por el contrario, logra expresar “formalmente la universalidad de los derechos y los intereses -muchas veces contradictorios- a que puedan aspirar los sectores representativos de la nación” (pág. 87).
En conclusión, expreso un total apoyo por la movilización indígena. Por la Minga y todos los sectores sociales que han construido país resistiendo a las embestidas que vienen de la ilegalidad, al igual que las propiciadas por los gobiernos retrógrados en materia de respeto por la identidad, libre desarrollo y derechos humanos. Creo que la reivindicación del derecho a la tierra, ser propietarios de esos terruños ancestrales y garantizar el libre desarrollo, fortalece la democracia, la justicia y la paz.
Referencias
Chaparro Amaya, Adolfo; La cuestión del ser enemigo. El contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia; Siglo del Hombre Editores y Universidad del Rosario, Colombia 2018.

Centro Nacional de Memoria Histórica, La política de reforma agraria y tierras en Colombia; Imprenta Nacional de Colombia; noviembre del 2013.