Última Edición

Última Edición 2

Otros artículos

Declaraciones Partido del Trabajo de Colombia

Nacional

Bogotá

Sindicalismo Democrático

Juventud Patriótica

Nuevas Ciudadanías

Medio Ambiente

Internacional

Economía

Cultura

Deportes

Artículos Recientes

Bolivia: un incierto y difícil retorno al poder

César Tovar de León 11:58 Add Comment
¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social. El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.
Por Consuelo Ahumada Beltrán
Profesora universitaria, directora del Centro de Estudios Nueva Gaceta, integrante del Comité Ejecutivo del PTC

Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Bolivia, postergadas en varias ocasiones por el gobierno, son cruciales para América Latina, por lo que deben llamar nuestra atención. En primer lugar, porque deben ponerle fin a un gobierno ilegítimo, encabezado por la señora Jeanine Añez, autoproclamada como presidenta después del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, meses antes de que se cumpliera su período.

En segundo lugar, porque las elecciones se presentan en medio un profundo malestar social en Bolivia y los países de la región, marcado por dos tendencias contrapuestas: la prevalencia de gobiernos autoritarios y antipopulares y la resistencia de amplios y diversos sectores que luchan por sobreponerse a los estragos de la pandemia y la crisis económica y social, por mejores condiciones de vida y de trabajo, la defensa de la vida, los derechos fundamentales y las reivindicaciones de indígenas, trabajadores/as y campesino/as.

Todas las encuestas pronostican el triunfo en primera vuelta de Luis Arce, el candidato del MAS, sobre Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, auspiciadores y perpetradores del golpe de Estado. En el año transcurrido desde entonces el panorama ha sido catastrófico. A la violenta represión inicial de las protestas indígenas, se sumó el intento de revertir los avances de todo tipo del gobierno de Evo y la pésima gestión de la pandemia por parte de los golpistas.

Sin embargo, la situación es bastante difícil para las fuerzas democráticas en Bolivia. Hay indicios serios de que se cocina un fraude para impedir el retorno de las fuerzas populares al poder. Hace unos días la vocera del MAS, Marianela Paco, denunció ante el país y el mundo que está en curso un segundo golpe, con la complicidad de la OEA, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Fundamenta su denuncia en la ausencia de transparencia en el conteo rápido de votos, el retorno de los mismos veedores de la OEA que propiciaron el golpe pasado, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de policías y militares que participaron en el golpe del año pasado.



Recordemos que el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia fue planeado y organizado meticulosamente por los sectores más radicales de la oposición boliviana, liderados desde Santa Cruz y La Florida, con la complicidad de la extrema derecha del continente, encabezada por Donald Trump. La OEA, con el funesto Luis Almagro, le dio el toque final. Su informe anticipado con solo el 10% del escrutinio habló de algunas irregularidades y de probabilidades, que nunca concretó. Posteriormente comisiones investigadoras independientes de la CELAG y MIT conceptuaron que no había indicio alguno de fraude y que el candidato ganaba en primera vuelta.

El trabajo sucio de Almagro logró su cometido. Durante las tres semanas siguientes a las elecciones, el candidato derrotado Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un personaje de oscuro pasado y presente, incentivaron el desorden y promovieron el incendio de tres de los siete colegios electorales en donde estaban consignados los votos y las actas. Así se configuró el pretexto que necesitaban para el golpe. Almagro recomendó la anulación de los comicios del 20 de octubre y la convocatoria de nuevas elecciones.

Lo que sucedió después era también parte de un libreto conocido, aunque renovado, adaptado a la época de la inmediatez de la comunicación. En medio de la intimidación, la Policía y el Ejército le pidieron al Presidente su renuncia. Recordemos su traumática salida del país con el apoyo del gobierno de México y en medio de la hostilidad de la mayor parte de los mandatarios de la región, quienes no permitieron que el avión mexicano en el que viajaba Evo, junto con el vicepresidente y otros funcionarios, sobrevolara el territorio de sus respectivos países.

A partir de entonces, se desató la represión y persecución contra la población, pero en especial contra los indígenas, con tintes claramente racistas, se atropelló la institucionalidad democrática, se expidió orden de captura contra los principales funcionarios del gobierno y dirigentes del MAS, a quienes se acusó de terrorismo. Algunos de ellos están asilados todavía en la embajada de México en Bolivia.

Sin embargo, hoy está claro que la decisión de impedir el triunfo de Evo y de García Linera el año pasado ya estaba tomada desde tiempo atrás. En ella intervinieron, además del embajador de Estados Unidos, tres senadores republicanos, Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz; miembros del gobierno de Bolsonaro y de la Iglesia Evangélica y del gobierno de Colombia. Precisamente los mismos que participan en el asedio permanente a Venezuela.

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social. El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía.

Con esta experiencia se mostró cómo es posible desarrollar políticas exitosas, en contravía del modelo predominante en el mundo. Otro logro fue la dignificación de los indígenas y en particular, de sus mujeres. La huypala, arrancada y quemada en el Palacio de gobierno por los golpistas Camacho y Añez para reemplazarla por la Biblia, es el símbolo de este logro.

Bolivia es un país muy rico en recursos naturales, históricamente explotados a sus anchas por las multinacionales. Una de las primeras decisiones de Evo Morales fue revertir las ganancias por la explotación de estos recursos, de manera que estos quedaron en manos del Estado y del pueblo. Tiene el salar más grande del mundo, el de Uyuni, de donde se extrae litio, componente fundamental de las baterías y de los automóviles eléctricos. El gobierno resolvió emprender su industrialización.

A pesar de las dificultades, los demócratas y progresistas de Bolivia, América Latina y el mundo entero no pueden bajar la guardia. Como señaló García Linera hace un año invocando a Tupac Katari: “Volveremos y seremos millones”.


Octubre 15 de 2020

Editorial. La lucha por la democracia, tarea del día

César Tovar de León 09:00 Add Comment



La clave del desembotellamiento del país para conjurar el proyecto fascista en marcha, es la concentración de todas las fuerzas democráticas en un solo haz o en un gran puño en alto. Todo depende de que tan fundamental cometido se logre antes de que el proyecto del uribismo haya conseguido desplegar por completo su sombra siniestra sobre Colombia. Porque de llegar a consumarse la funesta pretensión, todo sería extraordinariamente más difícil y muchísimo más alto el costo en vidas y padecimientos. Se requiere una gran consulta en la que participen los candidatos de todos los sectores democráticos, sin vetos ni exclusiones, y en la cual se escoja un único candidato presidencial del conjunto de las fuerzas democráticas. Esa es la forma posible, y la más democrática, de concentrar mediante un acuerdo la fuerza indispensable para vencer. Los pareceres que propugnan la fragmentación de dicha fuerza, objetivamente les hacen el juego a los enemigos de la paz y del progreso.

Por un frente único contra el fascismo uribista


El resonante fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia ha hecho las veces de verdadero termómetro de la temperatura política del país. Hizo palpable cuán aguda y creciente es la contradicción del gobierno uribista de Duque con la independencia de los jueces y cuánta la furia que le provocan sus fallos contrarios a los propósitos e intereses oficiales. La actitud de claro desacato al fallo de la Corte Suprema del presidente y su ministro de Defensa, secundada por el destemplado vocerío del Centro Democrático, la extraña solicitud de que la Corte Constitucional revise el fallo del alto tribunal, como la vaga y nada creíble disculpa que finalmente hizo el antedicho ministro por los desafueros de la Policía contra los ciudadanos, fueron todas claras expresiones de la despótica soberbia oficial.

No sólo denotan airado rechazo por la defensa del derecho a la protesta social pacífica y por el freno a la brutalidad policial consignado en el fallo de la Corte; muestran a las claras la verdadera posición del gobierno, resumida en la especie de orden lanzada por el “presidente eterno” desde su casa: toque de queda, tanquetas y uniformados en la calle contra los manifestantes indignados por el asesinato policial en Bogotá de un ciudadano inerme. Materializada en los 13 muertos a bala en las turbulentas jornadas y en los casi doscientos heridos que siguieron al 8 de septiembre durante las cuales efectivos de la Policía dispararon a diestra y siniestra contra la población civil. Y luego en la negativa total a realizar la reforma de la Policía, exigida unánimemente por la opinión democrática.

Las memorables jornadas de septiembre superaron en magnitud e intensidad a todo lo acontecido durante el año de la pandemia. La cadena de asesinatos de líderes sociales, ex guerrilleros acogidos a los acuerdos de paz, voceros de comunidades indígenas y afros, masacres de jóvenes y niños, que golpea sin parar áreas rurales y zonas apartadas, ahora aparece como la terrible extensión de un ramalazo represivo oficial a los centros urbanos. La conmoción nacional causada por la oleada de indignación popular, en la capital y las principales ciudades, desató varios cientos de denuncias simultáneas sobre lesivos hechos habituales e impunes, de efectivos de la Policía contra la población. Produjo la condena de las acciones represivas por las fuerzas democráticas del país y sus voceros, de la alcaldesa de Bogotá, de la Procuraduría y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Notificó al mundo entero de los abusos policiales en el país aupados por un gobierno que desconoce los derechos y libertades civiles. Obligó al gobierno a reconocer el carácter criminal de la actuación de los efectivos de la Policía en el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez. Originó el fallo de segunda instancia de la Corte tutelando la protesta social y, sobre todo, volcó de nuevo su atronadora presencia en las calles.

La subordinación creciente al Ejecutivo de los órganos de control y de la Fiscalía, de las mayorías oficialistas en el Congreso, la agresiva campaña para reemplazar en las altas Cortes las vacantes con fichas del uribismo, las ráfagas sucesivas de decretos dictados bajo la declaratoria de las emergencias económica y sanitaria, la promoción de una constituyente dirigida a desbancar las Cortes Constitucional y Suprema, como la alerta lanzada por voceros democráticos sobre la intención del gobierno de decretar el estado de conmoción interior, son todas manifestaciones de la irregular concentración del poder en el presidente y el círculo uribista al cual responde, y de que en el país se opera un desmantelamiento del Estado de derecho para instaurar una desembozada dictadura de corte fascista.

Incontables han sido los padecimientos del pueblo y elevada la cifra de muertes acaecidas en este 2020 de la peste global. Pero la ruindad de la minoría gobernante, de cuerpo entero, se negó a desembolsar los gastos del erario exigidos para afrontar la emergencia y proteger la salud pública, como los necesarios recursos públicos para los millones de desempleados, trabajadores informales y demás masas urbanas y rurales empobrecidas, al igual que para auxiliar al aparato productivo en crisis mediante subsidios y créditos a las Mipymes.

Descartando toda modificación del modelo causante de la pobreza y la debacle actuales, el presidente persiste ante la desatada crisis económica y social en las sórdidas recetas neoliberales: ahonda las medidas contra los derechos laborales y en pro del trabajo esclavo, regala el presupuesto público a la bancocracia y las multinacionales, endeuda más y más al país con sus acreedores internacionales, anuncia nuevas ventas de empresas del Estado y planea más pesados impuestos contra la población. Escándalo tras escándalo en el plano nacional, a lo que se suman en el frente externo la cadena de fiascos, cinismo, bufonadas y un servilismo sin límites ante el gobierno gringo. No es extraño que de día en día se eleve un clamor popular por ponerle fin a tanta injusticia, iniquidad y bajezas, y en pro de un cambio, definitivo y profundo.

La clave del desembotellamiento del país, para conjurar el proyecto fascista en marcha, es la concentración de todas las fuerzas democráticas en un solo haz o en un gran puño en alto. Todo depende de que tan fundamental cometido se logre antes de que el proyecto del uribismo haya conseguido desplegar por completo su sombra siniestra sobre Colombia. Porque de llegar a consumarse la funesta pretensión, todo sería extraordinariamente más difícil y muchísimo más alto el costo en vidas y padecimientos.

En el entretanto, toca emplearse a fondo para superar los escollos erigidos ante la unidad en el seno mismo de la democracia y lograr la gravitación capaz de forjar la alianza entre la izquierda, el centro y la derecha civilista, de un frente único contra el fascismo, incluidos Fajardo y Robledo. Un paso previo corresponde, como está sucediendo, a la natural escogencia de candidatos a la presidencia en cada sector democrático, y a la paulatina conformación de un núcleo de las corrientes políticas más avanzadas que inicie la marcha por la más amplia unidad posible.

El gran caudal de la unidad habrá de cimentarse en la discusión, animada y masiva, para acordar un programa de gobierno que formule y oriente las fundamentales transformaciones que el país requiere. Una gran consulta en la que participen los candidatos de todos los sectores democráticos, sin vetos ni exclusiones, y en la cual se escoja un único candidato presidencial del conjunto de las fuerzas democráticas, es la forma posible, y la más democrática, de concentrar mediante un acuerdo la fuerza indispensable para vencer. Los pareceres que propugnan la fragmentación de dicha fuerza, objetivamente le hacen el juego a los enemigos de la paz y del progreso.

De modo inevitable, en la crucial cuestión de la unidad, se desenvuelve una intensa lucha ideológica y política, positiva para la defensa de la democracia. Y en la batalla política general, que retoma la calle contra el represivo despotismo oficial, sin duda se avecinan impetuosas movilizaciones, como la del gran paro nacional que preparan las centrales obreras para el 21 de octubre con el indispensable concurso de todas las fuerzas democráticas. Ambas tareas reclaman nuestro decidido concurso, que asumiremos sin vacilaciones.

Bogotá, 1º de octubre de 2020.

¿Convertir a EPM en botín de los grupos económicos y políticos?

César Tovar de León 08:55 Add Comment

 

A propósito del encendido debate sobre el futuro de EPM, en conocidos círculos políticos y económicos de la ciudad y, en especial, en los medios de comunicación, de los que hacen parte nobles e ilustres empresarios y probos y pulcrísimos políticos que han salido a rasgarse las vestiduras por el supuesto quebrantamiento del gobierno corporativo de EPM por parte del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, vale la pena preguntarse si tanto dolor de patria fue expresado de manera tan vehemente en años pasados por los pésimos negocios y las cuantiosas pérdidas de EPM que han afectado su patrimonio, y que la tienen hoy con un pasivo que supera los 33 billones de pesos, lo que la convierte en una empresa empeñada a los acreedores y en grave riesgo financiero. Desde Sintraemsdes Medellín hacemos un llamado a todos los trabajadores de EPM a no dejarse confundir y mantener firme la defensa del patrimonio público, cerrar filas en mantener el carácter social de la empresa. No se trata hoy de salir solamente a la calle a protestar para defender nuestras conquistas laborales, se trata también de defender los enormes beneficios que en materia de servicios públicos e inversión social hace EPM a nivel local y regional.
Por Fernando López Molina
Expresidente del sindicato de Empresas Públicas de Medellín

A propósito del encendido debate sobre el futuro de EPM, en conocidos círculos políticos y económicos de la ciudad y, en especial, en los medios de comunicación, de los que hacen parte nobles e ilustres empresarios y probos y pulcrísimos políticos que han salido a rasgarse las vestiduras por el supuesto quebrantamiento del gobierno corporativo de EPM por parte del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, vale la pena preguntarse si tanto dolor de patria fue expresado de manera tan vehemente en años pasados por los pésimos negocios y las cuantiosas pérdidas de EPM que han afectado su patrimonio, y que la tienen hoy con un pasivo que supera los 33 billones de pesos, lo que la convierte en una empresa empeñada a los acreedores y en grave riesgo financiero.

https://www.valoraanalitik.com/2020/08/27/matriz-de-epm-revela-que-la-compa-a-est-en-riesgo-extremo/

Desde que EPM dejó de ser un ente autónomo en 1997 y pasó a ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado no ha cesado de ser objeto de interés y de debate ante los intentos por convertirla en fortín político o por privatizarla, habida cuenta de ser una entidad generadora de empleo y porque se asemeja a un banco, con una enorme caja con la que se podrían acometer ambiciosos proyectos de todo tipo e inversiones de gran calado pero que le son restringidos en su objeto social, y por ser esta una entidad ciento por ciento pública. Basta recordar que en 1995 el alcalde Sergio Naranjo presentó la primera propuesta de privatización de EPM en el documento Propuesta de Definición Empresarial, elaborado por Luis Guillermo Vélez en coautoría con Juan Felipe Gaviria, presidente de Conconcreto y posteriormente gerente de EPM, en la que se buscaría que “la participación privada sea mayoritaria en poco tiempo”.

Sin embargo, el GEA no ha perdido la esperanza y eso no ha impedido que dentro de EPM funjan como sus defensores los miembros de las juntas directivas que no ven ningún problema en que los dineros públicos se conviertan en oportunidades de negocios y a su vez beneficiar las empresas que hacen parte de su grupo empresarial, sin que estas corran riesgos de pérdida en sus capitales al ser consideradas “aliadas estratégicas” por parte de los juristas de EPM.

https://www.facebook.com/PaulinaAguinagaL/videos/entrevista-nos-cogi%C3%B3-la-noche-epm-11-de-agosto2020/600654210838221/

Todo se inicia en 2006 con la compra leonina del 50% de la participación accionaria de los privados en Orbitel (Julio Mario Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento Angulo), donde EPM les pagó 85 millones de dólares cuando Orbitel era ya sólo un cascarón y su valor era de 33 millones de dólares, y le asumió, además, la deuda de $274.000 millones, junto a los $40.000 millones de pérdidas del 2006. ¡La compra accionaria a los privados le significó a EPM una pérdida superior a los $600.000 millones de pesos!

En esa oportunidad no hubo escándalo mediático ni le cayeron “rayos y centellas” al alcalde de turno, Sergio Fajardo, ni salieron turbas uribistas enfurecidas, ni ningún sindicato empresarial a denunciar la ruptura del gobierno corporativo, al conocerse posteriormente que el valor pagado no fue consultado con expertos de EPM ni con la Junta Directiva, la cual fue citada sólo para discutir: “el avance del proceso de Orbitel”.

El debate ha sido conducido para exacerbar el chovinismo ramplón y las emociones de la ciudadanía con el único fin de desviar la atención y hacer aparecer que la crisis que actualmente se vive en EPM es solo y solo responsabilidad de esta Administración.

En las marchas de protesta convocadas por la ruptura del gobierno corporativo, con participación airada de seguidores del Centro Democrático, quedó claro que lo que se persigue en el fondo, desde el día que se posesionó Daniel Quintero como primera autoridad de la ciudad, es su revocatoria y para ello se acude al ardid de encasillar al alcalde como militante en la corriente política de la Colombia Humana de Gustavo Petro o una supuesta toma de la empresa por la rancia clase política bogotana para tender un “manto de humo” sobre las reales causas que tienen hoy a las EPM al borde de un colapso económico y financiero.

La posición de los dueños del poder es desvirtuar cualquier cuestionamiento a la corrupción y al mal manejo de recursos públicos señalando a los que denuncian como promotores del odio entre ricos y pobres e incentivar la lucha de clases y, al inverso, de señalar de populismo si se presentan propuestas que buscan redimir la difícil situación de millones de colombianos. Eso es lo que viene sucediendo en Medellín, para señalar de “socialistas”, “castro-chavistas” y “petristas” a quienes se atrevan a poner en entredicho el “rigor técnico y jurídico” de las intocable EPM. Su posición ante lo sucedido en Hidroituango es “dejemos así” para que todo siga igual.

Valdría recordar que en EPM no ha habido conflicto de intereses cuando a sus juntas directivas llegan representantes del GEA o que se hayan hecho cuestionamientos a estos directivos al pasar de un escritorio privado a uno público o viceversa sin ningún pudor, pues EPM ha sido gerenciada por distinguidas figuras del GEA, entre ellas, el difunto Juan Felipe Gaviria quien fuera presidente de Conconcreto, Federico Restrepo quien fuera gerente de Integral durante 23 años y Juan Esteban Calle que pasó de EPM a ser presidente de Argos, como quien dice, “Integral diseña y asesora, Conconcreto y Coninsa construyen, y todo el cemento y concreto para todas las obras como vías, túneles, presa, campamentos, entre otras, los provee Argos” como lo señala Juan Paz en uno de sus escritos. Empresas que tomaron vuelo y se fortalecieron ejecutando billonarios megaproyectos de EPM, como la construcción del Edificio Inteligente, la Central Bonyic, Porce III, Hidroituango y la Ptar de Bello. Lo que explica la abrupta renuncia en pleno de la Junta Directiva o de su oposición a cualquier intento de demandar a estas empresas comprometidas en el desastre de Hidroituango.

Sería interesante saber, ¿cuántos contratos y por qué cuantía han sido adjudicados a estas poderosas firmas y otras que hacen parte de ese grupo empresarial?, ¿cuántos contratos presentan sobrecostos?, ¿cuántas multas les han sido aplicadas? Esta crisis ha dejado al descubierto que las ganancias fluyen sin problemas hacia ese conglomerado económico y que de presentarse pérdidas las asume EPM, incluyendo las multas que se vuelven simbólicas e inocuas cuando se trata de aplicárselas a ellos, pues son considerados “aliados estratégicos” por parte de los jurídicos de las EPM.

La concentración de la contratación pública en este conglomerado ha conducido a una enorme inconformidad de otros sectores empresariales y contratistas de la ciudad que cuestionan la aplastante hegemonía y el favorecimiento que le da EPM a las empresas del GEA.

Como lo señala de manera tajante el ex viceministro de Minas y Energía Diego Otero Prada:

“EPM siempre fue brillante antes de que entrara el GEA. Defiendo al alcalde Daniel Quintero y a Álvaro Guillermo Rendón, actual gerente de EPM. Hay que rodearlos contra la embestida de estos intereses privados dudosos, de los ataques del presidente de la Andi, de los editoriales peligrosos de El Tiempo y El Espectador, es decir, del poder dominante, cuyas varias fracciones se unen en este momento, independientemente de sus intereses particulares e ideológicos, para defender intereses privados... Defendamos lo público de los intereses groseros privados, con mayor razón, como se ha visto en esta pandemia, el papel nefasto de una salud privatizada y de una salud publica hecha pedazos… Este es uno de los cambios que necesitamos para construir un nuevo país, fortalecer lo público, pero ajeno a los intereses privados de los grupos monopólicos y de los partidos políticos clientelistas y corruptos”. https://www.avanzarcolombia.com/2020/08/18/defendamos-a-epm-de-los-intereses-privados-empresariales/

Desde Sintraemsdes Medellín hacemos un llamado a todos los trabajadores de EPM a no dejarse confundir y mantener firme la defensa del patrimonio público, cerrar filas en mantener el carácter social de la empresa. No se trata hoy de salir solamente a la calle a protestar para defender nuestras conquistas laborales, se trata también de defender los enormes beneficios que en materia de servicios públicos e inversión social hace EPM a nivel local y regional.

Nuestra tarea es dejar atrás las mezquindades, la soberbia y la prepotencia, se trata de ser más solidarios con las comunidades más vulnerables y con la sociedad en general, a las que nos debemos: ¡somos verdaderos dueños de esta gran empresa!

Anexamos información relevante: xxxxx

CharlasenCuarentena:
https://www.facebook.com/970102866336353/videos/354781732549303
https://www.facebook.com/970102866336353/videos/250223986212814
https://www.facebook.com/970102866336353/videos/233286844690453

El fascismo y los trabajadores: caso Colombia

César Tovar de León 08:50 Add Comment

 

Con la expedición del Decreto 1174, del 26 de agosto de 2020, que establece una reforma laboral inconsulta e inconstitucional en materia de contratación laboral, el gobierno de Iván Duque acelera su curso de aprendizaje de fascismo, al legalizar, de manera autoritaria, la precarización y subordinación total de la mano de obra en favor del gran empresariado. Este decreto es producto del tácito acuerdo entre gobierno y empresarios.
Por Miguel Ángel Delgado R.
Comité de redacción de La Bagatela

Con la expedición del Decreto 1174, del 26 de agosto de 2020, que establece una reforma laboral inconsulta e inconstitucional en materia de contratación laboral, el gobierno de Iván Duque acelera su curso de aprendizaje de fascismo, al legalizar, de manera autoritaria, la precarización y subordinación total de la mano de obra en favor del gran empresariado, los dos fines que, en materia laboral y con lujo de detalles, impuso Adolfo Hitler mediante la violencia paramilitar e institucional en Alemania y las naciones ocupadas entre los años 1933 y 1945.

No se trata de tejer similitudes fortuitas o acusaciones infundadas, se trata de llegar al fondo de las consecuencias reales que para las relaciones entre capital y trabajo y para la vida de millones de personas, traerá el trabajo por horas y sus conexos los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para atención durante la vejez, protección en salud mediante el régimen subsidiado y riesgos laborales mediante el seguro inclusivo, en reemplazo paulatino de lo que hoy opera: salario mínimo, sistema pensional de prima media, régimen contributivo en salud y prevención y pago de riesgos y enfermedades laborales.

Como es evidente y como se señalará, esta imposición del sistema de contratación laboral por horas traerá aparejado la reducción de los costos laborales, vieja aspiración y planteamiento de los gremios económicos empresariales, pedido a toda voz durante la crisis sanitaria por Andi, Fenalco, Anif, Sac, Fedepalma, etcétera, y recogido consecuentemente por el presidente Iván Duque, tal como lo expresó el pasado 3 de septiembre en Tibú, Norte de Santander, ante el Congreso Nacional de Fedepalma: “Dijimos hace dos años, también, que para enfrentar la necesidad de formalizar el empleo en el campo pondríamos en marcha el piso mínimo de protección social... Y hace pocos días firmamos el Decreto 1174 que le da cabida al piso mínimo de protección”. Alianza estrecha entre el gran empresariado y el gobernante del Centro Democrático, asimilando una característica esencial del gobierno del Tercer Reich que recién instaurado en el poder expidió la ley de organización del trabajo nacional de junio de 1934 (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit –AOG), elaborada en conjunción con los representantes del gran capital.

Se puede argüir que en el país existía la posibilidad del trabajo por horas, pero legalmente no existía, y por eso el Decreto 1174 constituye una reforma laboral a escondidas, es la vinculación, para los que no alcancen a percibir un salario mínimo legal mensual vigente, al llamado piso mínimo de protección social, muy por debajo del nivel de seguridad social que hoy se tiene (así este sea deficiente). Por ejemplo, antes del 1174 si alguien contrataba una persona por horas tenía que pagar, proporcionalmente al tiempo contratado, salud, pensión y riesgos laborales (en una cuantía promedia del 24,2%), ahora ya lo puede contratar sin pagar este costo, ya que el empleado, por percibir menos de un salario mínimo legal mensual vigente, lo vincularán a este nuevo piso mínimo de protección social, en el cual el empleador pagará el 15% sobre lo devengado en el mes por el trabajador (14% para una cuenta de ahorro individual y 1% para un seguro inclusivo), como consuelo el gobierno aportará un 20% sobre lo “ahorrado” por el trabajador, suma que estará muy limitada, para que no logre acercarse al aporte al régimen de seguridad social vigente.

El tránsito paulatino pero inexorable hacia el nuevo régimen laboral de contratación por horas significará la precarización drástica y dramática del trabajo: Generalización de ingresos por debajo del mínimo, en especial para jóvenes y mujeres. Desaparición paulatina del sistema pensional. Escamoteo hasta su extinción de las prestaciones como primas, cesantías y vacaciones. Desprotección absoluta frente a accidentes laborales y enfermedades comunes o profesionales. Degradación de la atención en salud. Subordinación total y humillación permanente. Aumento del acoso laboral y sexual. Pérdida de tiempo de descanso y estudio. En suma, una aproximación al trabajo esclavo que el fascismo de Hitler y Mussolini lograron con la población judía, los prisioneros de guerra, los nativos de Somalia y Etiopía, los migrantes y los disidentes políticos.

Esta superexplotación de la mano de obra que se acrecentará con el trabajo por horas del Decreto 1174, ocurre ya o está en camino de ocurrir. Amplios sectores de trabajadores agrícolas lo padecen en las plantaciones azucareras, de café, de flores o de palma africana. Es el caso de los llamados rapitenderos o empleados de las plataformas de domicilios y logísticas en las ciudades. Sectores como la construcción, la vigilancia, servicios generales, gastronomía, bares, hotelería y el comercio (inclusive de grandes superficies) lo utilizarán. Las maquilas de ropa y calzado lo generalizarán. Todo en detrimento de la fuerza laboral. La pandemia y el autoritarismo lo facilitaron. Es más, el 1174 crea al trabajador una obligatoriedad de informarlo cundo perciba, por tener uno o varios vínculos laborales, “mensualmente una suma igual o superior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”. Es decir, una alerta roja para no ser contratado, so pena de que el empresario cotice “de acuerdo con los porcentajes señalados en la normatividad vigente”.

En este sentido, el Decreto 1174 es un adefesio o mejor un monstruo. Pretende la formalización y la protección, pero será el instrumento preferido para lo contrario, la elusión contractual y la desventaja laboral. Es la incapacidad de un gobierno de carácter plutocrático y autoritario, como el que inspira el Centro Democrático en el poder, para dotar a su población de trabajo digno y decente y al país de progreso y bienestar social. En aras de favorecer al gran empresariado y la confianza inversionista, desencadenarán mayor pobreza y desigualdad, que, junto a la concentración de la autoridad, el estímulo de la violencia y la represión, nos ponen a las puertas de un régimen fascista.

El despotismo uribista, exacerbado por la crisis sanitaria, que desconoce de forma asidua los fallos y órdenes de la justicia y mangonea a su antojo el Congreso, como lo hace el presidente Duque, cual Führer cachaco, con la expedición del Decreto 1174, al apropiase de la competencia del Legislativo y esquivar el control de la Corte Constitucional. La modificación de derechos laborales, por ser derechos fundamentales, deben resultar de leyes y por tanto tienen control de constitucionalidad.

Adolfo Hitler para lograr su alianza con el gran empresariado representado por Gustav Krupp, banquero y magnate del acero, destruyó a sangre y fuego a las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores alemanes (remplazándolas por aparatos controlados por el dictador), condición previa para imponer el modo de producción en línea, eliminar el sistema de seguridad social y restablecer la autoridad patronal.

En el país, guardadas las proporciones, pero no las intenciones, sucede lo mismo. El Decreto 1174 es producto del tácito acuerdo entre gobierno y empresarios. El sindicalismo ha padecido la persecución, el asesinato y la estigmatización por cuenta de la violencia indiscriminada y el modelo neoliberal. Esto ha mermado su membresía y su poder de resistencia ante los embates por recortar las conquistas económicas y de bienestar para los trabajadores. La inestabilidad laboral que producirá el trabajo por horas, los constantes ataques y amenazas a sus más combativas organizaciones y el deseo no oculto de reemplazarlas por agrupaciones abyectas y conciliadoras, inspiradas por el uribismo, van en la dirección que marcó el fascismo.

Jorge Dimitrov escribió en 1935:

“El fascismo prometió a los obreros un «salario justo», en realidad les colocó a un nivel de vida aún más bajo, más miserable. Prometió trabajo a los parados; en realidad les proporcionó mayores torturas de hambre y trabajo forzado de esclavos. En realidad, el fascismo convierte a los obreros y a los parados en parias de la sociedad capitalista, desprovistos de todo derecho, destruye sus sindicatos, les arrebata el derecho a la huelga… El fascismo prometió a la juventud trabajadora abrirle un camino ancho hacia un porvenir esplendoroso. En realidad, trajo a la juventud despidos en masa de las empresas… Y si el fascismo despoja en la mayor medida a la juventud, a la mujer la esclaviza de un modo especialmente implacable y cínico, jugando con los sentimientos profundamente arraigados de la madre, de la mujer de su casa, de la obrera sin apoyo, inseguras del mañana”.

Consecuente con esto llamó a la conformación de un frente único contra el fascismo.

Por supuesto, las circunstancias en las que se desarrolló el fascismo de Europa en las décadas del 20 y 30 del siglo XX y que provocaron la Segunda Guerra Mundial, con sus atrocidades y alrededor de 60 millones de muertes, son diferentes a las de cien años después. Hoy hay condiciones diferentes, sobre todo por un pensamiento democrático, una adhesión a la paz, un humanismo acendrado, una enorme y creciente conciencia ambiental, la defensa de los derechos de minorías étnicas y poblacionales y la existencia de gobiernos progresistas. Sin embargo, persisten rasgos de fascismo por doquier y una lucha frontal por la hegemonía mundial, en medio de un caldo de cultivo de estallido social provocado por la pobreza y la desigualdad de miles de millones de seres en el planeta.

Colombia no escapa ni a estas condiciones ni a la peligrosa amenaza del accionar fascista, traducido en el autoritarismo y la promoción de la violencia en boga. Esperamos que el llamado de Dimitrov de hace un siglo, cuyo eco hacen resonar importantes dirigentes de la democracia nacional tenga buen suceso. El sindicalismo tendrá que desplegar una inusitada audacia para defender a los trabajadores de la debacle del 1174 y contribuir, en primera línea, a la construcción del frente único contra el fascismo uribista.

Bogotá, 3 de septiembre de 2020