Por Consuelo Ahumada
Comité ejecutivo PTC
Ante los
duros reveses que tuvo en el Congreso el Gobierno de Duque en su campaña por
desmontar la JEP, acaba de ponerse en marcha una tenebrosa iniciativa por parte
del uribismo. El periodista Herbin Hoyos, uno de sus voceros, inició la
recolección de firmas para impulsar un referendo tendiente a derogar esta
jurisdicción y todas las demás cortes y a reducir el tamaño del Congreso, entre
otras medidas nefastas, tendientes a consolidar un Estado cada vez más
autoritario. Para tratar de legitimar su iniciativa, nuevamente invocan la
vigencia del supuesto “estado de opinión” sobre el estado de derecho. En
entrevista en la W, su jefe el expresidente Uribe expresó que se trata de impulsar
reformas de fondo, porque en el Congreso solo podrían hacerse reformas
cosméticas, por cuanto su partido no cuenta con las mayorías necesarias para
sacar su proyecto Sin duda, es una nueva arremetida a muerte contra el acuerdo
de paz y contra el estado de derecho, precisamente cuando los organismos
internacionales y los gobiernos del mundo expresan cada vez más duro su
preocupación por el ataque a la JEP, el resurgimiento de los falsos positivos y
el asesinato sin pausa de los líderes sociales y de los desmovilizados de las
antiguas FARC en el país. A Uribe Vélez y a algunos de sus familiares se les
siguen numerosos procesos, relacionados con múltiples casos de promoción de
grupos paramilitares, masacres, despojo de tierras y favorecimiento al narcotráfico,
entre otros. Todos ellos han sido objeto de denuncias, tanto en las cortes,
como en el Congreso y los medios, nacionales e internacionales. Más
recientemente, se ha presentado la amenaza y desaparición de testigos de
algunos de estos procesos. Todo ello sucede a pesar del intento de callar por
todos los medios estas denuncias y de haber contado con un Fiscal General como
Néstor Humberto Martínez, quien, además de ocultar sus propios escándalos de
corrupción, se puso al servicio de Uribe con el propósito de tratar de
exonerarlo y de acabar con el acuerdo de paz.
A esto
hay que sumar las recientes declaraciones ante la JEP de algunos militares como
el Mayor(r) Gustavo Soto Bracamote, exjefe del Gaula de Casanare, quien reveló
allí la cronología de ejecuciones extrajudiciales que aprobó para mostrarle
resultados a Mario Montoya Uribe, comandante del ejército durante el gobierno
de Uribe. “Montoya fue lo peor que le pasó al ejército”, señaló sobre este
personaje nefasto, que les exigía a sus subalternos resultados de sus
operaciones “en litros de sangre”.
A todo
este prontuario, a Uribe hay que sumarle también su oposición a las medidas
centrales de la Reforma Rural Integral, así como a la restitución de tierras a
las víctimas del despojo y a su reparación. Pero además, su presidente de
bolsillo, incondicional al gobierno de Trump, como su jefe, insiste en acabar
con la política de sustitución de cultivos para dar paso a la fumigación aérea
con glifosato, en contra de la sentencia de la Corte Constitucional y de las
consideraciones de la Organización Mundial de la Salud sobre su probado efecto
lesivo para la salud de los seres vivos.
En medio
de todo esto, se presenta el caso de Jesús Santrich, el ataque a la JEP por su
decisión de no condenarlo ni extraditarlo sin pruebas y las presiones sobre la
Corte Suprema de Justicia para que lo extradite sin más consideraciones, solo
porque el gobierno de Estados Unidos así lo exige. En este proceso hay todavía
muchos cabos sueltos, pero eso sí queda claro propósito de sabotear el acuerdo
de paz por parte del uribismo y el gobierno de Trump. Sin ningún pudor, la
bancada de la Cámara de la Alianza Verde se prestó a hacerles el juego al
oponerse de manera tan vistosa como ridícula a la posesión del ex guerrillero.
La
iniciativa del referendo en contra de la JEP busca también ganar incautos en
época de elecciones regionales, cuyo resultado es crucial para el país. La
movilización social y política en defensa de la paz sigue más vigente que
nunca.
8 comentarios
Write comentariosTarea emprender un plesbicito a favor del acuerdo de la ley de que establece la JEP
ReplySalgamos a las calles a defender la jep
ReplyLa calle es nuestro gobierno colombianos, hagamos buen uso de la protesta en masa, de tu participación depende la solución. No seamos indiferentes, todos somos Colombia. No permitamos que un solo delincuente en el congreso nos quiera dominar para enraizar más tiempo en el Senado.#NoALaGuerra
ReplyEse es mucho cernícalo.Lo peor la caterva, defendiéndolo para que no responda por sus delitos.
ReplyEste Narcoparamilitar 82, es de las peores plagas que le ha caído a Colombia. El y su CD, agrupan a carteles Narcoparapoliticos y Corruptos, no sólo que lis gay en el Gobierno, sino en el Legislativo, la Fiscalía, algunos de los altos mandos de las FFAA , sino también dirigentes gremiales de los grandes grupos económicos.Ahora con la sbdsbsda de Propuestas tendientes sólo s blindarse contra la acción de la Justicia, por todos los delitos cometidos desde que inició ven la Aerocivil, pasando por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, luego como presidente durante 8 años fatídicos y ahora nuevamente como Senador. El pueblo la debe tener muy clara para no volver a caer en sus garras patrañeras y criminales; nadie que se precie de ser un colombiano isyruota debe votar por este referendo o firmas y mucho menos por sus candidatos a Gobernadores y Alcaldes; Diputados y Concejales.
ReplyLa paz es un deber y como tal es politica de Estado y del cobierno de turno como lo ordena Constitucion Nacional y un derecho irrenunciable de todos los colombianos de bien.
ReplyLa paz es un deber y como tal es politica de Estado y del cobierno de turno como lo ordena Constitucion Nacional y un derecho irrenunciable de todos los colombianos de bien.
ReplyLa paz es un deber y como tal es politica de Estado y del cobierno de turno como lo ordena Constitucion Nacional y un derecho irrenunciable de todos los colombianos de bien.
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