martes, 24 de marzo de 2020

La llegada del coronavirus, fortuita ayuda a un gobierno en descrédito e incompetente




Por la redacción de LA BAGATELA
Hasta la llegada del virus a Colombia, sobresalía como hecho predominante el anuncio y la activa preparación de un nuevo paro nacional. Era y es la clara voluntad del país democrático de persistir en enfrentar tanto el modelo neoliberal como el proyecto fascista en marcha del gobierno Uribe-Duque. Sin embargo, no hay hoy quien deje de percatarse que la pandemia desatada por el virus acudió en ayuda del impopular gobierno colombiano en uno de sus peores momentos, como si un extraño azar reforzara en Colombia las desgracias propias con las del mundo.
La comprensible decisión del Comité Nacional de Paro de mantener el 25 de marzo como fecha de paro nacional y de suspender las movilizaciones proyectadas, sin asistencia a los sitios de trabajo y adelantando un cacerolazo desde los lugares de vivienda, está en línea con ese reconocimiento. Aunque los ingentes problemas económico-sociales y políticos que constituyen motivos más que suficientes para el paro se mantienen e incrementan, como el malestar y la protesta social a que han dado lugar, es lo cierto que hoy se impone como prioritaria la urgencia de contribuir a contrarrestar la difusión del contagio del virus en el país y al propósito de lograr mantenerla bajo control.
La propagación del coronavirus pasa a primerísimo plano de la situación nacional. La llegada del virus a Colombia, además de constituir un verdadero shock para la vida del país vino a suministrar un motivo de suficiente peso e importancia como para desviar de tajo la atención pública sobre las gravísimas denuncias reveladas sobre el gobierno Uribe-Duque y las enormes dificultades que debía enfrentar una vez que trascendieron al público.
El impacto de la pandemia amortiguó o interrumpió el notable efecto que de otra manera habría cobrado la reciente seguidilla de escándalos que, en buena lógica debían acentuar el desprestigio y repudio del grueso de los colombianos hacia el actual gobierno y su marcado sello uribista. Las escandalosas revelaciones de la Ñeñepolítica emplazaron al gobierno Uribe-Duque a responder por sus cercanísimas relaciones con un personaje acusado de narcotráfico, al igual que por los dineros ingresados “por debajo de la mesa” a la campaña presidencial del actual gobernante. Sale a flote la estrecha vinculación que sectores del Ejército mantenían con el Ñeñe, como la injustificable morosidad la Fiscalía para darle curso investigativo en lugar de engavetar las miles de interceptaciones telefónicas que recibió de la Dijín sobre el mismo personaje, como prueba la documentación presentada por Gonzalo Guillén y el abogado que destapó el podrido estofado.
El informe del relator de la ONU sobre los derechos humanos provocó contrariedad y enojo del gobierno Duque porque la atención de esa organización mundial a la matanza de líderes sociales en Colombia difunde su monstruosa dimensión ante el mundo. La carta de la fiscal Cerón constituye otra escandalosa denuncia: su retiro del caso Odebrecht por el nuevo Fiscal General Barbosa. El hecho revela la irritación oficial porque la fiscal llamara a declarar a los expresidentes Uribe y Pastrana, y pone en tela de juicio que exista interés alguno del nuevo jefe del bunker y de parte del gobierno Uribe-Duque, en que la investigación llegue al fondo del escándalo de la mega corrupción.
En suma, que el coronavirus, como fortuita y ominosa ayuda, acudió en favor un gobierno desprestigiado, detestado por sus ejecutorias en favor de la aristocracia financiera, puesto contra las cuerdas por la protesta popular y desenmascarado por las revelaciones de sus propias andanzas. Pero nada de ello ha suprimido la conciencia ni la repulsa masiva, ni tampoco la disposición de millones de colombianos a realizar protestas que se adapten a las difíciles condiciones de los días que corren, contra el gobierno más impopular de los últimos tiempos. Lo constatan los cacerolazos en varias de las principales ciudades de la noche del 18 de marzo, como el abierto rechazo de numerosos alcaldes y gobernadores a la inacción del gobierno central ante la emergencia y el manejo despótico del incompetente de la Casa de Nariño.

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