Hoy 9 de febrero se conmemora como todos los años el día del periodista en Colombia. La fecha surgió como homenaje a la publicación del primer periódico en la capital, en esa fecha en 1791, denominado Papel periódico de Santafé de Bogotá. Fue obra del cubano Manuel del Socorro Rodríguez y allí escribieron algunos de nuestros próceres más importantes, como Nariño y Caldas.
La fecha tiene un sentido libertario. LB quiere rendir un homenaje a todos los periodistas que arriesgan su vida en contra de los gobiernos dictatoriales y excluyentes, en Colombia y en todo el mundo. Hoy en día el símbolo de la libertad de prensa es precisamente el periodista Julián Assange. Reproducimos el artículo publicado el pasado 6 de enero sobre el tema.
Por Consuelo Ahumada
Profesora Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la ACCE. Integrante del Colectivo de mujeres MALÚ.
La no aprobación de la extradición a Estados Unidos del australiano Julián Assange por parte del Tribunal Penal Central de Londres el pasado 4 de enero fue un triunfo de la libertad de prensa y de la defensa de los derechos fundamentales en el mundo entero. Un hecho trascendental en una época en que estos se arrasan sin medida ni contemplación, en medio del manejo mediático y la legitimación de las prácticas fascistas.
La jueza Vanesa Baraitser, quien tomó la decisión, no aceptó los argumentos de los abogados en cuanto a que el periodista estaba siendo perseguido y procesado por su actividad profesional y por motivaciones políticas. Pero señaló que su dictamen se basaba en las condiciones inhumanas que este afrontaría en su lugar de destino, y en su deteriorada salud mental y el riesgo que corría de suicidarse.
Sin embargo, el caso no está todavía ganado, como afirmó la jueza ayer cuando negó la solicitud de libertad condicional para Assange. Argumentó que este podría escapar después de que AMLO le ofreciera gestionar su asilo en México. Por fortuna, el proceso de apelación anunciado por Estados Unidos, de llegar a concretarse, podría tardar años.
A pesar de la gran difusión que ha tenido el caso, sus motivaciones reales e implicaciones son poco conocidas. Como tantos otros, ha estado signado por desinformación y mentiras. Se remonta a 2006, cuando el australiano fundó WikiLeaks, y años después publicó más de diez millones de documentos clasificados de Washington, que el mundo conoció semana tras semana en algunos de sus principales diarios como The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel, entre otros.
Se registraron allí múltiples y diversas denuncias de interés público, en especial los crímenes perpetrados por el ejército estadounidense y sus aliados. Casos de corrupción, torturas y abusos en varios países. Recordemos las condiciones tenebrosas de los prisioneros de Guantánamo o los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión iraquí de Abu Ghraib, tan bien recreados por Fernando Botero.
Señala Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa, que la publicación de esta información es “piedra angular de la libertad de prensa” y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos. Por ser información de interés público, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos[1].
La persecución al fundador de WikiLeaks no se hizo esperar. En 2010, el magnate y hoy presidente saliente Donald Trump pidió que fuera ejecutado. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el gobierno de Rafael Correa le concediera asilo político. A instancias de Washington, la Fiscalía de Suecia lo había acusado por supuestos delitos sexuales, un montaje que finalmente se derrumbó.
Assange permaneció en la embajada de Ecuador durante casi siete años, hasta abril de 2019, cuando Lenin Moreno le retiró el asilo, contraviniendo la Constitución de su país y cediendo al chantaje estadounidense. Su gobierno se prestó además para una pantomima mediática en torno a supuestas conductas irregulares del asilado en la Embajada y autorizó el ingreso de la policía británica a su sede para detenerlo.
Assange fue entonces encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, denominada el “Guantánamo británico” por Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre Tortura.Señaló que allí ha estado en condiciones de aislamiento más propias de un gran terrorista que de un periodista en prisión preventiva. Sus derechos a la defensa han sido violados sistemáticamente, en una actitud vergonzosa de la justicia de Londres en complicidad con Washington, en contra de la libertad de prensa. Claramente, se trata de un intento de criminalizar el periodismo de investigación, concluyó[2].
Llama la atención también que Assange no es ciudadano de Estados Unidos ni tenía ninguna obligación ni vínculo laboral con su gobierno. Él mismo no desarrolló labores de espionaje ni sustrajo la información, que provino fundamentalmente del analista estadounidense que trabajaba en Irak, entonces Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien pagó su valentía con cárcel en su país. En 2017 fue indultada por el gobierno de Obama pero regresó a prisión después de negarse a denunciar sus fuentes. Hoy está de nuevo en libertad condicional.
Según los expertos, de ser extraditado, el australiano podría ser condenado a 175 años de prisión. Es claro que en Estados Unidos no tendría un juicio justo, con mínimas garantías de defensa. Se le acusaría con base en pruebas clasificadas, sin acceso para su defensa y ante un jurado no imparcial. De hecho, el tribunal sobre espionaje de Alexandria, Virginia, nunca ha absuelto a un acusado.
Además del respaldo de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la movilización internacional en torno al caso de Assange ha sido notoria. El 2 de octubre pasado, por iniciativa de la Internacional Progresista, se conformó el llamado Tribunal Belmarsh, que viene intensificando su trabajo por la libertad incondicional del periodista.
A él pertenecen figuras del mundo entero, dirigentes políticos, sociales sindicales y artistas como Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Lula, Rafael Correa, Alicia Castro, Jeremy Corbin, Zizek, Tariq Ali, Roger Waters, Pamela Anderson y Jennifer Robinson, abogada de Assange, entre otros.
Claramente, es mucho lo que está en juego. El proceso en curso es una muestra expresa de cómo se pretende castigar a quien denuncia un crimen y no a quien lo perpetra. “Cuando decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada”, señala Melzer[3].
[3] Desenmascarando la tortura de Julián
Assange, en https://blogs.publico.es/dominiopublico/35831/desenmascarando-la-tortura-de-julian-assange,enero 4, 2021,.
La jueza Vanesa Baraitser, quien tomó la decisión, no aceptó los argumentos de los abogados en cuanto a que el periodista estaba siendo perseguido y procesado por su actividad profesional y por motivaciones políticas. Pero señaló que su dictamen se basaba en las condiciones inhumanas que este afrontaría en su lugar de destino, y en su deteriorada salud mental y el riesgo que corría de suicidarse.
Sin embargo, el caso no está todavía ganado, como afirmó la jueza ayer cuando negó la solicitud de libertad condicional para Assange. Argumentó que este podría escapar después de que AMLO le ofreciera gestionar su asilo en México. Por fortuna, el proceso de apelación anunciado por Estados Unidos, de llegar a concretarse, podría tardar años.
A pesar de la gran difusión que ha tenido el caso, sus motivaciones reales e implicaciones son poco conocidas. Como tantos otros, ha estado signado por desinformación y mentiras. Se remonta a 2006, cuando el australiano fundó WikiLeaks, y años después publicó más de diez millones de documentos clasificados de Washington, que el mundo conoció semana tras semana en algunos de sus principales diarios como The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel, entre otros.
Se registraron allí múltiples y diversas denuncias de interés público, en especial los crímenes perpetrados por el ejército estadounidense y sus aliados. Casos de corrupción, torturas y abusos en varios países. Recordemos las condiciones tenebrosas de los prisioneros de Guantánamo o los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión iraquí de Abu Ghraib, tan bien recreados por Fernando Botero.
Señala Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa, que la publicación de esta información es “piedra angular de la libertad de prensa” y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos. Por ser información de interés público, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos[1].
La persecución al fundador de WikiLeaks no se hizo esperar. En 2010, el magnate y hoy presidente saliente Donald Trump pidió que fuera ejecutado. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el gobierno de Rafael Correa le concediera asilo político. A instancias de Washington, la Fiscalía de Suecia lo había acusado por supuestos delitos sexuales, un montaje que finalmente se derrumbó.
Assange permaneció en la embajada de Ecuador durante casi siete años, hasta abril de 2019, cuando Lenin Moreno le retiró el asilo, contraviniendo la Constitución de su país y cediendo al chantaje estadounidense. Su gobierno se prestó además para una pantomima mediática en torno a supuestas conductas irregulares del asilado en la Embajada y autorizó el ingreso de la policía británica a su sede para detenerlo.
Assange fue entonces encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, denominada el “Guantánamo británico” por Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre Tortura.Señaló que allí ha estado en condiciones de aislamiento más propias de un gran terrorista que de un periodista en prisión preventiva. Sus derechos a la defensa han sido violados sistemáticamente, en una actitud vergonzosa de la justicia de Londres en complicidad con Washington, en contra de la libertad de prensa. Claramente, se trata de un intento de criminalizar el periodismo de investigación, concluyó[2].
Llama la atención también que Assange no es ciudadano de Estados Unidos ni tenía ninguna obligación ni vínculo laboral con su gobierno. Él mismo no desarrolló labores de espionaje ni sustrajo la información, que provino fundamentalmente del analista estadounidense que trabajaba en Irak, entonces Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien pagó su valentía con cárcel en su país. En 2017 fue indultada por el gobierno de Obama pero regresó a prisión después de negarse a denunciar sus fuentes. Hoy está de nuevo en libertad condicional.
Según los expertos, de ser extraditado, el australiano podría ser condenado a 175 años de prisión. Es claro que en Estados Unidos no tendría un juicio justo, con mínimas garantías de defensa. Se le acusaría con base en pruebas clasificadas, sin acceso para su defensa y ante un jurado no imparcial. De hecho, el tribunal sobre espionaje de Alexandria, Virginia, nunca ha absuelto a un acusado.
Además del respaldo de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la movilización internacional en torno al caso de Assange ha sido notoria. El 2 de octubre pasado, por iniciativa de la Internacional Progresista, se conformó el llamado Tribunal Belmarsh, que viene intensificando su trabajo por la libertad incondicional del periodista.
A él pertenecen figuras del mundo entero, dirigentes políticos, sociales sindicales y artistas como Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Lula, Rafael Correa, Alicia Castro, Jeremy Corbin, Zizek, Tariq Ali, Roger Waters, Pamela Anderson y Jennifer Robinson, abogada de Assange, entre otros.
Claramente, es mucho lo que está en juego. El proceso en curso es una muestra expresa de cómo se pretende castigar a quien denuncia un crimen y no a quien lo perpetra. “Cuando decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada”, señala Melzer[3].
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