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| En la noche del 14 de abril, inmediatamente después de la decisión del Juez, Marcelo Torres junto con su esposa, Leydis Linero, acompañados del Secretario General (e) del PTC, Yezid García, el abogado defensor Guillermo Forero, los miembros del Comité Ejecutivo Jhonny López y Martha Borja, y la compañera Blanca Lucía Rodríguez. |
Redacción de LA BAGATELA
El pasado jueves 13 de abril por la tarde, Marcelo Torres,
acompañado de sus abogados, su esposa y su hijo mayor, varios miembros del
Comité Ejecutivo del PTC, el Secretario General (e), Yezid García, y otros
integrantes de la organización, se presentó ante la Fiscalía General de la
Nación, en Bogotá. Nuestro compañero, quien tenía una orden de captura en su
contra desde primeros de junio del año pasado, compareció ante las autoridades
judiciales con el fin de responder la acusación del Fiscal 24 de Magangué, que
lo acusó de peculado por apropiación, a partir de un contrato de remodelación
del Coliseo de Boxeo de ese municipio donde Marcelo fue alcalde hasta diciembre
de 2015.
El proceso
Conocida su orden de captura, sus abogados defensores habían
solicitado en su nombre a la Fiscalía, desde el 25 de junio del año pasado
–varias veces durante el segundo semestre de 2016 y de nuevo a comienzos de
este año–, la reasignación o traslado del proceso abierto en su contra por el
mencionado fiscal de Magangué. La razón: el alto riesgo que para él y su
familia implica su presencia en Magangué, habida cuenta de las múltiples
amenazas recibidas, entre ellas, el intento de asalto a su domicilio cuando se
desempeñaba como alcalde de Magangué, la inclusión de su nombre como blanco de
ataque en un panfleto de una de las denominadas Bacrim, al igual que el disparo
de fusil, nunca explicado, hecho una madrugada frente a su lugar de habitación
en dicho municipio. Así las cosas, debido a que nueve meses después, hasta el
13 de abril de este año, la Fiscalía no había respondido la solicitud del
traslado del proceso ni positiva ni negativamente, tomó la decisión de
presentarse, como quedó dicho, ante la autoridad judicial.
La orden de captura contra el exalcalde Marcelo Torres Benavides
había sido expedida el 3 de junio de 2016 por el Juez Promiscuo municipal de
Magangué a petición del Fiscal 24 del municipio, por el presunto delito de
peculado por apropiación. Dicha orden se basaba en la presunta responsabilidad
del exmandatario municipal derivada de la acusación de haber autorizado el pago
del anticipo y de un acta parcial de una obra de remodelación del gimnasio de
boxeo del municipio. Aunque dicho anticipo se había hecho en cumplimiento del
contrato y su plazo de ejecución iba hasta febrero de 2016, más allá de la
finalización del período como alcalde de Marcelo Torres, ya bajo la nueva
administración municipal, el juez prestó mérito a las incriminaciones del
fiscal y aprobó por eso la solicitud de la orden de captura. Posteriormente se
ha establecido, mediante análisis grafológico de empresas habilitadas para el
efecto, que las firmas del exsecretario de Planeación del municipio, Álvaro
Escorcia Arrieta, de la administración de Marcelo Torres, una autorizando el
segundo de los pagos mencionados, y otra autorizando la suspensión temporal de
la obra, eran ambas falsas. Estos resultados fueron presentados por el
exsecretario de Planeación en Magangué como fehacientes pruebas de su
inocencia, días antes de la realización su audiencia de imputación de cargos,
que fue aplazada el mismo día en que debía efectuarse. Tales evidencias, como
es obvio, sacaron a flote un elemento ajeno a la responsabilidad de la
administración de Marcelo Torres y se atravesaron en contravía del propósito
del mencionado fiscal de Magangué de inculpar al exalcalde y a su entonces
secretario de Planeación.
Juez penal concluye la inexistencia de delito
Al día siguiente de su presentación ante la Fiscalía en la
capital de la República, el viernes 14 de abril, se celebró la audiencia de
imputación de cargos en el Juzgado 19 penal con funciones de control de
garantías, y la conclusión, después de varias horas en la diligencia y de la
controversia entre el Fiscal asignado al caso y los abogados defensores, la
expresó el juez: libertad inmediata e incondicional a Marcelo Torres porque la
Fiscalía no pudo demostrar la existencia del delito ni la supuesta culpabilidad
de Marcelo. En la clara y rotunda conclusión del juez, el fiscal que hizo de
acusador simplemente no pudo establecer las razones o fundamento en el cual se
basara su acusación. Por el contrario, según palabras textuales del juez, el
intento del fiscal no pasó de ser “confuso, ambiguo y oscuro”. El Fiscal, como
era de suponerse, apeló la decisión del juez, lo que no impidió el cumplimiento
de las decisiones judiciales tomadas. Lo ocurrido deja en claro, no obstante,
que lo que estaba en curso no era más que un burdo montaje de naturaleza
política y sin asidero legal.
El proceso abierto contra el exalcalde y dos de sus
funcionarios, el secretario de Planeación y el Director Financiero, debe
ubicarse en el contexto más amplio de una maniobra instigada por los poderes
oscuros a los cuales derrotó su elección a la Alcaldía de Magangué en el 2011.
Enmarcada en la clara tendencia del recurso de judicializar dirigentes de
izquierda para excluirlos de la vida política, con esta decisión se trataba no
solo de una muy obvia vendetta política contra el exmandatario municipal sino
del intento de escarmentar a todo un pueblo y con ello, por anticipado, a toda
iniciativa que en el futuro cercano vuelva a alzarse contra el gobierno de la
mafia y la opresión tanto en Magangué como en otros tantos municipios olvidados
de Colombia, si se hubiese dado la orden de castigar la osadía de haber
desafiado y derrotado dicho poder en las urnas, con tanta saña y contundencia,
que en adelante el “correctivo” no se limite a provocar el desánimo a los
líderes políticos y sociales que perseveren en este mismo camino democrático,
sino que intimide y paralice por el miedo a la masa de ciudadanos.
Tan turbio fin político se enmascara con el expediente de
tratar de enlodar mediante infundios a un líder de izquierda con la presunta
comisión de un delito común depredador de los recursos públicos para desacreditar
su causa. Porque el entonces alcalde no transigió con la pretensión de que
siguiera gobernando a la antigua, una caterva de politiqueros y leguleyos, cuyo
cabecilla es tío del actual alcalde del municipio, se dedicó sin pausa ni
medida durante los cuatro años de su administración a atiborrar los despachos y
oficinas de los entes de control y de fiscales y jueces con infundios contra
cada acto y decisión de la misma.
Es muy probable que la ofensiva de judicialización contra
Marcelo Torres, el dirigente del PTC, de clarísimo origen político, continúe.
Pero el país debe registrar que, en su inicio mismo, ha sido revelada su raíz
arbitraria y oscura, procedente de los más turbios y peores intereses de
Colombia.
¿Qué se pretende escarmentar?
Debe repetirse que el exalcalde encontró en Magangué una
administración pública en ruinas y la entregó en pleno proceso de
reconstrucción y modernización. Sin siquiera tener empalme, recibió el
municipio con una deuda y un desorden mayúsculos en sus finanzas públicas,
caído en el sótano de la sexta categoría –la última– de los municipios,
prácticamente sin recursos propios para invertir, descertificado tanto en agua
potable y saneamiento básico como en vivienda de interés social, con unos
pésimos servicios públicos domiciliarios, y por supuesto, con una ciudadanía
que había padecido los embates del amordazamiento, la intimidación, el
asesinato de periodistas y gentes de toda condición social, el saqueo de los
recursos públicos y una supresión prácticamente completa de la vigencia de la
ley.
Su administración logró que Magangué pasara en sólo un año,
2012, en el Índice de Desempeño Integral de los Municipios del Departamento
Nacional de Planeación, del lugar 1.065 al 329, (un salto de 736 lugares). Al
finalizar su mandato, entregó a Magangué con sus finanzas públicas saneadas: se
evitó la caída del Acuerdo de Pasivos, se regularizaron los pagos y el
municipio ya pagó más de la mitad de su deuda; se renegoció la deuda pública
liberándose recursos para la inversión; el recaudo de los impuestos municipales
aumentó, entre 2011 y 2015, más de un 130%; quedó listo para ascender a la
categoría siguiente de municipios. El impulso que recibieron las obras civiles
se muestra, con una inversión del municipio de casi $29 mil millones, en un
total de 150 obras construidas, ampliadas, remodeladas, adecuadas,
cofinanciadas o simplemente gestionadas ante el gobierno central, entre las
cuales se destacan 2 centros de desarrollo integral infantil, el muelle fluvial
de pasajeros, 8 comedores escolares en la zona rural, 730 viviendas palafíticas
en los corregimientos, 573 viviendas para damnificados de la ola invernal en la
zona urbana, numerosas vías públicas, y se inició la reconstitución del banco
de maquinaria que había desaparecido.
En educación se puso fin al negocio de la matrícula
contratada con instituciones privadas, aprovechando la suficiente capacidad de
las instituciones educativas públicas para atender esos estudiantes. Se puso en
práctica un nuevo modelo llamado de matemática articulada, una intensa
capacitación de los docentes con talleres, diplomados y conferencias y la
publicación de una cartilla de primaria de la historia del municipio, todo lo
cual se reflejó en que, entre los 94 municipios certificados en educación del país,
Magangué llegó a ocupar el 8º lugar en matemáticas y comprensión de lectura. Se
avanzó positivamente en las Pruebas Saber en 3º, 5º y 9º de las 20
instituciones educativas, disminuyendo en un 17,9% el “nivel insuficiente”, con
respecto al 2012. Se financiaron carreras técnicas con recursos propios del
municipio a 180 estudiantes de estratos 1 y 2.
En lo social se activó un observatorio de políticas públicas
para la infancia, la adolescencia, los jóvenes, la mujer, el adulto mayor, los
discapacitados y las minorías o sectores sociales diversos y discriminados,
cuyos resultados, si no mayores sí muy significativos, se concretaron en:
procesos de resocialización de antiguos miembros de pandillas juveniles, las
jornadas del Día del Niño, las movilizaciones en repudio a la violencia contra
la mujer, y en considerables avances de reconocimiento social de la comunidad
lgtbi. El programa de “Más Familias en Acción” pasó de 7.000 a 14.300 hogares y
27.000 niños de escasos recursos. Lo más destacado, empero, fue el logro del
suministro de agua potable, por primera vez, a 16 corregimientos del área rural
mediante la construcción de 14 pozos profundos, algunos de ellos dotados de
equipos de energía solar, con sus respectivas redes de distribución del líquido
vital hasta la puerta de cada vivienda. Al igual que la solución dada, en
materia de obtención de recursos del gobierno central, al problema del
suministro de agua potable con sus redes en el área urbana: $33.000 millones
quedaron contratados para garantizar la satisfacción de tan vital necesidad.
Naturalmente que el avance más notable de Magangué consistió
en su reinserción en el Estado de derecho que posibilitó el retorno de las
libertades, derechos y garantías ciudadanas, y de la observancia de la
Constitución y la ley. Quizá por ello su nombre estuvo entre los 45 mejores
alcaldes del país en la lista escogida por la Fundación de la Revista Semana, y
fue situado en el tercer lugar a nivel nacional entre los alcaldes de
municipios de hasta medio millón de habitantes.
Al terminar su mandato, en Magangué había empezado a
implementarse el Meci (Método Estándar de Control Interno), el gobierno en
línea, la actualización de la página web del municipio, la digitalización de
archivos y documentos, y se había practicado con rigor la rendición periódica
de cuentas. Gestionada ante el Igac, se había emprendido la actualización
catastral de Magangué. Por primera vez se completó un estudio que estableció
contablemente cuántos y cuáles son los activos reales del municipio.
Nada de esto ha sido proseguido por la actual administración
de Magangué. No es extraño. Contó con el apoyo de uno de los alcaldes aupados
por Enilse López, Arcesio Pérez Bello, y varias otras fichas del mismo clan; la
campaña del actual alcalde fue bendecida por Alex Char, el expedidor de avales
de Cambio Radical en la Región Caribe, el partido del exvicepresidente y
aspirante a la presidencia, German Vargas Lleras. El que avaló a la
exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, apoyada por el grupo de Juan Francisco
‘Kiko’ Gómez y al exalcalde de Riohacha. Los hechos siguen siendo el mejor
material para un lúcido aprendizaje del país, o por lo menos la indispensable
materia prima para que ello suceda.
En el evento realizado el 25 de abril con militantes y amigos del PTC, con motivo de la decisión judicial que no halló mérito para la orden de captura a Marcelo Torres, intervino el presidente de la Alianza Verde, el concejal de Bogotá, Antonio Sanguino.
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| El concejal de Bogotá, Celio Nieves, de la Alianza Verde, cuando se dirigía a los asistentes al evento. |
Video de apartes de la intervención
de Marcelo Torres en el acto de desagravio.
https://www.facebook.com/PtcVerde/videos/1500344189978882/
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