En suma, los efectos que la pandemia ha traído sobre Colombia, ahondan a niveles dramáticos la pobreza y la desigualdad. Parodiando la parábola bíblica de José: las vacas flacas para el pueblo y las vacas gordas para el Faraón.
Por
Miguel Ángel Delgado R.
Comité
de redacción de La Bagatela
La
intención de este escrito es apreciar las consecuencias económicas y sociales
que está dejando la emergencia de pandemia y confinamiento en Colombia. Para este
menester se partirá de la situación del país antes de la crisis de salud,
mirando de manera esquemática los principales indicativos preexistentes en
estas materias, varios de ellos de 2108. Se exceptúan áreas fundamentales como
salud y educación que serán tratadas aparte en esta edición de La Bagatela. Luego
se describirán los escenarios más protuberantes que trascurren en esta realidad
inédita sobre la población pobre, los trabajadores, la pequeña y mediana
empresa y, lógico, sobre los potentados del país.
El país antes de la pandemia
Al analizar
las cifras del cuadro inserto adelante, no se necesita ser experto en
econometría para concluir la calamitosa situación que vivía Colombia en el
preludio de la pandemia. Para comprar la canasta básica familiar, establecida
por el DANE, una persona necesita $872.142 a precios de 2108, por tanto, más de
la mitad de la población, proyectada por la misma entidad para febrero de 2020
en 50 millones, no tenía recursos suficientes para solventar los gastos elementales
de subsistencia. El cálculo resulta de los mismos datos oficiales de
informalidad y pobreza. Un contexto alarmante, lo que llevó a que Naciones
Unidas señalara que “sus ciudadanos tienen un nivel de vida muy bajo”, en
relación al rango del PIB per cápita mundial.
La
desigualdad que mide el coeficiente Gini es patética. Según cifras del Banco
Mundial, en el país al 20% más rico le corresponde el 57% de los ingresos, mientras
que al 80% restante le corresponde el 44% del PIB. Para este organismo
crediticio estamos ubicados entre los 10 países más desiguales el mundo, solo
superados en América por Haití y Honduras. Como dijera Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Cepal, “la desigualdad es el corazón del desencanto
social”.
Cifras
oficiales de Colombia antes de pandemia
La
corrupción, otra variante que influye negativamente en el nivel de vida de la
población, al sustraer ingentes recursos del erario hacia manos particulares,
los cuales podrían ser invertidos en infraestructura productiva o en gasto
social, cunde en el país antes del coronavirus. El índice de percepción de
corrupción de Trasparencia Internacional para el año 2019 nos asigna un puntaje
de 37, cercano a muy corrupto que es cero. Reficar, Odebrecht, Agro Ingreso
Seguro, carteles de la contratación, los ñoños, la Merlano y el Ñeñe Hernández
con la compra de votos, las chuzadas, la corrupción en el ejército y la policía
y decenas de otros casos, continúan, tras largos años, en “investigaciones
exhaustivas”.
La
seguridad alimentaria, componente fundamental para la existencia e
independencia de las naciones, registra cifras alarmantes. Se importaron casi
15 millones de toneladas de alimentos el año pasado. Las cifras oficiales señalan
que el 30% del consumo nacional es importado. El caso del maíz es aleccionador.
Cereal que se cultiva en todos los climas del país, base alimenticia de la
población, originaria de lo que hoy es América Latina y materia prima
fundamental en la avicultura, la porcicultura y la ganadería, es importado en un
90%, preferencialmente de EE. UU.
El
presidente Duque, en enero de este año, declaró como un triunfo el crecimiento
de la economía de la nación por encima del 3%, resaltó que este crecimiento es
superior al promedio de América Latina, señaló que la inversión extranjera
directa creció por encima del 19%, enfatizó el mejor cumplimiento de la Regla
Fiscal por la reducción del déficit al menor nivel histórico desde que existe
esta herramienta y, días atrás, había recordado que su llamada Economía Naranja
representa el presente y futuro del país.
Este
crecimiento de la economía, sin embargo, a la luz de la realidad social que
muestran las escalofriantes cifras de pobreza, desigualdad y corrupción imperantes,
solo puede ser reclamado por la minoría de amos de las finanzas, los latifundistas,
los importadores de mercaderías, los dueños de las grandes empresas y los inversionistas
extranjeros. Esta ruta de normalidad del capitalismo salvaje fue interrumpida
en marzo, según todos los indicios para profundizarse, con la aparición del
paciente cero de coronavirus y la ulterior parálisis de la actividad productiva.
¿Qué sigue?
El país durante la pandemia
El 17
de marzo se dictó el decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica para
enfrentar la pandemia de coronavirus, a reglón seguido se ordenó el aislamiento
obligatorio a partir del 21 de marzo y hasta el 13 de abril, excepto los
sectores esenciales para proveer alimentos, salud y servicios públicos. Se
cerraron las fronteras, el transporte aéreo y terrestre. Ante las cifras crecientes
de contagio y muerte, el 6 de abril se prolongó el confinamiento hasta el 26 de
abril y luego, por las mismas razones, se estiró hasta el 11 de mayo,
incorporando al trabajo los sectores de la construcción y la manufactura.
El
resultado inmediato del aislamiento obligatorio fue la parálisis casi total del
aparato productivo. La industria, el comercio y los servicios. Enseguida se
decretó una cascada de medidas en materia fiscal, monetaria, laboral,
crediticio, pensional, tarifario, inmobiliario, comercial, de control de
precios, educativas, etc., etc., además de las obvias de salubridad y médico
hospitalarias.
A la
interrupción abrupta de la economía debe sumarse la caída internacional del
precio del petróleo a límites nunca vistos y la recesión económica global
agudizada por la pandemia. Este cuadro, sin duda, conduce a una agudización de
la crisis económica y social que padece la población y el país entero.
El
primer efecto social y, por supuesto económico, por cuenta del coronavirus es
el padecimiento de hambre de la inmensa mayoría de colombianos. El trapo rojo,
símbolo de este martirio, ondea en las populosas barriadas, comunas, tugurios y
distritos de las ciudades, con sus consiguientes manifestaciones de justa
protesta. La informalidad, que puede llegar a sumar 13,5 millones de personas, ha
sido privada, por cuenta del confinamiento, de su rebusque diario que le
permitía solventar su penosa existencia, uniéndose a los 3,5 millones de
colombianos que viven en la pobreza extrema y al desempleo que en febrero
bordeó los 3 millones de personas, cifra hoy desbordada. No en vano, para ilustrar
esta realidad, la primera medida anunciada por Duque, al momento de declarar el
confinamiento, fue la de reinstalar servicio de agua para un millón de familias
que lo tenían cortado por falta de pago. La población indígena, afrocolombiana
y los migrantes venezolanos no escapan a esta hecatombe de sufrimiento. Se
atiborran los medios masivos de comunicación de notas periodísticas
describiendo historias de la pobrería. Lo que el neoliberalismo esconde, detrás
de cifras positivas de crecimiento, salió a flote, como nunca antes, con el
virus.
Los
trabajadores, los que sustentan la economía real del país, tienen, de hecho,
una afectación muy grande por cuenta de la parálisis productiva. Como si fuera
algo acordado en detalle los primeros 19 días de confinamiento fueron
aprovechados por números empresarios para declarar vacaciones colectivas,
causadas o anticipadas. También han despedido o suspendidos sus contratos a cientos
de miles de trabajadores. Otros optaron por licencias unilaterales no
remuneradas. Las más mañosas procedieron, de manera temprana, a rebajar los
salarios, rebajando la jornada laboral. El trabajo en casa, para los empleados
que sucumbieron a este holocausto laboral, se ha convertido en una extenuante
jornada. Las cajas de compensación informaron que las solicitudes de subsidio
de desempleo, por cuenta de la emergencia sanitaria, sobrepasan las 400 mil. El
poderoso gremio de los comerciantes propone que los trabajadores asuman la
pérdida del 33% de su salario. Se trasladó a Colpensiones el pago de 20 mil
mesadas pensionales de salario mínimo, que eran responsabilidad de los fondos
privados, a cambio de trasladar un menor valor de lo que deberían pagar. Como
están las cosas, el desempleo registrado al comienzo del aislamiento de 12,2% podrá
subir, por cuenta de esta emergencia sanitaria, a niveles cercanos al 25%. La
aspiración del gobierno, anunciada desde el año pasado, de realizar una reforma
pensional que debilite el sistema de prima media estatal y fortalezca las
administradoras de pensiones privadas y una reforma laboral regresiva que
implante el trabajo por horas, la rebaja del salario mínimo y la inestabilidad laboral,
se ha puesto en marcha a la sombra del Covid-19.
El
tejido empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), integrado
por más de 1,6 millones de establecimientos de todo género, que proveen casi 8,4
millones de empleos, el 80% del total, está en peligro de desaparecer. En
principio Acopi, el gremio que las representa, había exigido del gobierno
nacional un subsidio por el valor del 70% de la nómina, pero ante la propuesta de
Fenalco para que el pago del salario sea asumido, de forma tripartita, entre el
gobierno, los empresarios y los trabajadores, finalmente cedió y se acogió a
esta propuesta. Los grandes empresarios del comercio, la industria, el
transporte y las finanzas, que vienen practicando toda clase de maniobras con
tal de conservar su tasa de ganancia, son los inspiradores de rebajar el
salario de los trabajadores y, sin duda, a través de sus gremios, respaldarán
tal engendro. Y el gobierno, atado a su ortodoxia neoliberal, no tardará en
simpatizar con este extravío.
La
corrupción también se concentró en tan pequeño periodo. La Contraloría, la
Procuraduría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigación al ministro
de Agricultura por desvío en la asignación de créditos para garantizar la
producción agrícola, de los pequeños y medianos agricultores hacia los grandes
consorcios de agroindustriales e importadores por un valor que supera los 6,1
billones de pesos. De igual forma anunciaron la investigación de contratos
suscritos, durante la emergencia sanitaria, por alcaldes y gobernadores por
sobrecostos en los alimentos para paliar la hambruna de la población.
El
resultado de las principales medidas en materia económica, social y laboral que
ha producido el gobierno de Duque tiende a favorecer al sector financiero y a
los grandes empresarios. Los bancos tienen un respaldo por parte del gobierno
nacional de 17 billones de pesos para créditos empresariales, que solo están llegando
a los grandes consorcios y no a la micro, pequeña y mediana empresa. El
Ministerio del Trabajo ha repletado de resoluciones las vías por donde
transitan las violaciones contra los ingresos y derechos de los trabajadores. Y
las que, por ir contra su dogma neoliberal, se ha negado a tomar para poner a
punto el sistema médico hospitalario y enfrentar la enfermedad o atenuar la
realidad de hambre y padecimiento, como sería recurrir a las reservas
internacionales de $53.144 millones de dólares o a impuestos de emergencia al
gran capital.
En
suma, los efectos que la pandemia ha traído sobre Colombia, ahondan a niveles
dramáticos la pobreza y la desigualdad. Parodiando la parábola bíblica de José:
las vacas flacas para el pueblo y las vacas gordas para el Faraón.
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