Por Consuelo Ahumada
Profesora, Universidad Externado de Colombia. Miembro
de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. Integrante de
la dirección del Partido de Trabajo de Colombia, PTC.
Adoptar políticas efectivas y a tiempo para
contrarrestar los estragos del COVID-19 en nuestra región ha resultado ser un desafío monumental para todos sus países, teniendo en cuenta la debilidad del
Estado, la precariedad de la salud pública y los altos niveles de pobreza e
informalidad que prevalecen.
Sin embargo, hay razones adicionales de perturbación y
de zozobra. Invocando la fracasada lucha antinarcóticos de su país, hace una
semana el señor Trump resolvió desplegar navíos militares en el Caribe, frente
a la costa con Venezuela. Al mismo tiempo, adelanta ejercicios militares en la
frontera entre Colombia y Venezuela con el objeto de intimidar a nuestro vecino
y generar las condiciones para una posible intervención militar.
Esta operación se adelanta desde el territorio
colombiano, con la anuencia del gobierno de Duque. Mientras que el partido de
gobierno y el Ministro de Defensa saludan el operativo, el Ejército Nacional lo
desmiente, señalando que se trata de ejercicios de rutina. Es una violación
flagrante de la Constitución, que prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por
el territorio nacional sin la aprobación previa del Congreso y del Consejo de
Estado.
El escalamiento del ataque y el cerco a Maduro no deben
sorprender. De hecho, durante los últimos meses Washington intensificó su
arremetida contra los gobiernos alternativos sobrevivientes en la región. El
golpe de Estado de Bolivia, consumado en noviembre pasado hizo parte de esta
ofensiva. Pero en el caso del operativo contra Venezuela, lo que sí parece
sorprender es el nivel de cinismo y la sangre fría del magnate, que pretende
exacerbar el conflicto precisamente cuando su país es el eje de la pandemia
global y cuando, según cálculos conservadores de sus mismas autoridades, allí podría
haber millones de infectados y cientos de miles de víctimas fatales.
Esta perspectiva tan sombría es precisamente la razón
principal de la ofensiva militar que estamos contemplando, como en una película
de terror. Después de un manejo irresponsable y vergonzoso de la crisis
sanitaria que pretendió negar hasta hace pocos días, y del incremento del desempleo,
Trump busca que el operativo se revierta en apoyo electoral entre los sectores
más conservadores del país.
En todo el proceso de agredir a Venezuela la Casa
Blanca ha contado con el respaldo decisivo del sector más retardatario del
establecimiento republicano y demócrata; los gobiernos de extrema derecha del
continente, en especial el de Colombia, reunidos para ello en el Grupo de Lima;
las desacreditadas figuras de la oposición venezolana y, un personaje oscuro y
maléfico, Luis Almagro, a quien de manera truculenta acaban de reelegir como
Secretario General de la OEA.
Después de diversos intentos fallidos de sacar a
Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos recurrió a su viejo expediente. Hace
unos días, al mejor estilo del viejo oeste, el Fiscal General de ese país acusó
al presidente de narcoterrorismo y ofreció recompensa por su cabeza, la de sus
principales funcionarios y las dos principales figuras de la disidencia de las
antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. Sin presentar pruebas, los
sindica de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos veinte años.
Con esta acusación busca legitimar el ataque a Venezuela y acabar de destruir
el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC.
Sin embargo, para los incautos que todavía creen que
Donald Trump es el sheriffque lucha contra la supuesta dictadura de Maduro, hay
cosas que no cuadran. Venezuela no figura entre los principales países
proveedores de droga a Estados Unidos. Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la
ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), señala que es una
acusación sin ningún fundamento y para ello se basa en los informes recientes
de esa entidad y de la DEA, en donde se establece que el 90% de la cocaína que
ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia. Al fin y al cabo, se trata de un
negocio que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país
como primer productor.
De hecho, en medio de la prioridad establecida por la
crisis sanitaria, en Colombia siguen develándose las grabaciones que involucran
a la campaña electoral del gobierno de Duque/Uribe con los dineros de tenebrosos
personajes de la mafia, como el Ñeñe Hernández y los hermanos Gnecco.
El cerco sobre el gobierno venezolano se fue cerrando a
partir de la Cumbre antiterrorista de Bogotá del 20 de enero pasado y con la
más reciente visita de Duque a Washington. La sindicación a la dirigencia
bolivariana estuvo precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex
generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal acusaron al gobierno de
Venezuela de vínculos con el narcotráfico. El primero de ellos confesó que, por
iniciativa de Juan Guaidó y de un grupo de asesores estadounidenses, transportó
desde Barranquilla un cargamento de armas, incautado por el gobierno
colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro y
“bañar de sangre” a Venezuela. Sobre eso, nada dijo nuestro subpresidente.
Todo este juego de guerra se da frente a una extensa
frontera, en la que actúan diversos grupos armados, entre ellos el ELN, las
disidencias de las FARC, los paramilitares y en particular los Rastrojos,
quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la
frontera para asistir al show de la ayuda humanitaria de Cúcuta. Es una zona
que, como todas las fronteras del país, ha estado marcada también por el
abandono económico y social de Estado, más allá de la lucha antinarcóticos. Es
claro que cualquier incidente o provocación que se presente allí podría
incendiar la pradera y convertirse en pretexto para desatar el conflicto.
Frente a tan grave situación, se viene forjando una
amplísima coalición, liderada por la bancada alternativa y otros sectores
democráticos del Congreso, los gobernadores y alcaldes de la zona fronteriza,
que se oponen a este operativo, las organizaciones políticas y sociales de la
región fronteriza y del país, el Comité de Paro, entre otros. Está en juego la
vida, la salud y la paz en la región fronteriza y en los dos países. Por
sensatez, se impone también reestablecer de inmediato algún tipo de
coordinación con las autoridades venezolanas frente a la crisis sanitaria y el
regreso masivo de venezolanos a su país, que ahora huyen de la crisis en Colombia
y Ecuador.
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