Dianna Camila Dávila* / Somos
Ciudadanos.
Muchos rumores han surgido sobre la
suspensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el
municipio de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la
intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar
petróleo en inmediaciones de la Laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada
para el domingo 6 de noviembre.
Maurel & Prom lleva más de cinco años
intentando extraer crudo del suelo de la Provincia de Sugamuxi. En 2011 esta
transnacional anunció la puesta en marcha del proyecto Muisca 3D, que pretendía
sacar petróleo de 6 municipios de la región. En alianza con la Compañía
Geofísica Latinoamericana, CGL, en su momento socializaron ante las comunidades
de Aquitania, Tota, Pesca, Firavitoba, Iza y Sogamoso un engañoso proyecto de
sísmica y extracción petrolera, que atenta gravemente contra la zona adyacente
a la cuenca del Lago de Tota.
Recientemente Oscar Vanegas, ingeniero de
petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander, en entrevista
reciente advirtió sobre los peligros de dicho proceso de exploración lo
siguiente: “no podemos arriesgar un ecosistema tan frágil como este porque
según el mismo Ideam, la zona más débil con el cambio climático es Boyacá y
casi toda la cordillera oriental, los páramos no son capaces de adaptarse a
este cambio y va a haber menor lluviosidad y está propensa a que el cambio
climático la convierta en un desierto por lo que no se puede permitir que esta
zona sea explotada” . [1]
A un centenar de kilómetros, en el
Departamento de Casanare, permanecen vivas las imágenes, en la retina de miles
de compatriotas, del agotamiento de las fuentes hídricas que ese territorio
experimentó producto de la extracción de petróleos con la técnica de fractura
hidráulica o fracking , la cual requiere de ingentes cantidades de agua para la
exploración y explotación.
Los daños ambientales de este método para
Casanare, no solo significaron la extinción del agua subterránea, el
desecamiento de lagos y ríos sino la muerte de miles de aves, babillas,
chigüiros, vacas y peces.
No sobra redundar y repetir que la minería
y la extracción de hidrocarburos es una actividad que produce millones de
dólares en dividendos para las compañías multinacionales que la llevan a cabo.
Lo inverosímil del caso es que dichas empresas pagan impuestos casi nulos al
fisco nacional; evaden gravámenes; transfieren miles de millones de dólares sin
ningún control tributario; desplazan comunidades; amenazan líderes que se
oponen a los proyectos minero-energéticos en las regiones, hasta llegar al
punto en que dichas advertencias se traduzcan en asesinatos.
Boyacá no es la excepción a la regla ya que
sufre de manera agresiva los efectos devastadores de la minería y los
hidrocarburos. El enfrentamiento de las comunidades con los proyectos
extractivitas se han agudizado y multiplicado en los últimos 10 años.
En el caso del ecosistema que rodea el Lago
de Tota, las actividades de sísmica iniciales realizadas por la empresa Maurel
& Prom han acabado con 210 cuerpos de agua.
El ejemplo del municipio de Pesca es
escabroso: la actividad de Maurel & Prom desplazará aproximadamente a 7000
habitantes del municipio y de las dos veredas de la población de Tota. De las
21 veredas de Pesca, 15 estarán expuestas a la exploración y explotación
petrolera, salvándose solamente 6.
Todo comenzó 5 años atrás cuando los
ingenieros crearon una sinuosa manera de engañar a las comunidades diciéndoles “estos
son unos aparaticos que no les van a afectar”.
El tiempo se encargó de corroborar de que
dichos “aparaticos” son en realidad detonadores que han producido
fuertes explosiones y el progresivo desecamiento de nacimientos de agua, pozos
comunales, múltiples agrietamientos de sus hogares y deslizamientos de tierra
continuos.
La dimensión del engaño, contra los
campesinos, incluye frases como "nosotros
vamos a ingresar a su predio una carga de Sismigel, que explota pero no
explota". El sismigel es un explosivo de nivel 6 de riesgo, según
información obtenida de la ficha técnica suministrada por la Industria Militar
Colombiana, Indumil, en la ciudad de Sogamoso.
Muchas viviendas de la región son
elaboradas con adobe y tapia pisada, estructuras frágiles que colapsaron como
consecuencia de las múltiples explosiones. Los afectados han recibido
respuestas como el ofrecimiento, a manera de indemnización, de 80 mil pesos por
cada vivienda dañada así como promesas de vacantes laborales para los
habitantes de la zona.
Desde nuestro tejido organizativo local, en
defensa de la vida y el territorio, denominado Colectivo por la Protección de
la Provincia de Sugamuxi, en relación a los tópicos descritos anteriormente,
hemos establecido e inferido lo siguiente:
1. Esta afectación sísmica ha generado un
impacto directo en el recurso hídrico que hace parte del rio Chicamocha,
afluente de agua que atraviesa gran parte del país y cuya cuenca esta afectando
a uno de los municipios en cuestión, Pesca.
2. Inicialmente el territorio otorgado por
el ANLA a la multinacional, para la exploración y explotación petrolera, fue de
35.000 hectáreas que se redujeron a 8.033 hectáreas, al hacerse efectivas algunas
denuncias en un comunicado emitido por la Contraloría, el cual estableció que
en esa zona no es posible hacer actividad petrolera por las “irreversibles
afectaciones que se generan en el Lago de Tota y comunidades aledañas”. Sin
embargo, la cuenca del río sigue siendo vulnerada al extenderse el impacto más
allá de las comunidades rurales, llegando a afectar a los habitantes de la
ciudad de Sogamoso, quienes consumen las aguas de esta zona de recarga hídrica.
3. Lo sucedido en la región ha servido de
oportunidad perfecta para que personas inescrupulosas, algunas financiadas por
agentes políticos locales, y la misma Maurel & Prom, hayan querido
usufructuar el proceso de lucha ambiental para beneficio propio. Estos “falsos
ambientalistas” han intentado tomar la vocería de las comunidades para
frenar cualquier tentativa de la población de enfrentar a quienes actúan en
contra de sus intereses, en este caso los organismos públicos cooptados por la
multinacional.
* Dianna
Camila Dávila es integrante del Colectivo Somos Ciudadanos.
Notas
[1]"La
explotación en Boyacá es más grave que en Caño Cristales",
entrevista a Oscar Vanegas. Periódico Entérese, octubre 23 de 2016.
2 comentarios
Write comentariosDiana Camila, entiendo tus preocupaciones, pero el país necesita poder explotar sus recursos naturales por el echo de no ser una economía avanzada. Lo que me preocupa es que se niega la explotación a multinacionales organizadas con altos estándares de seguridad,, pero las industrias locales súper contaminadoras pasan desapercibidas, alentadas por las mismas poblaciones... pilas..
ReplyOjala no seas una "idiota útil" a los intereses de grupos mafiosos,,, estare muy pendiente..
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