Consuelo Ahumada
Ph.D. en Ciencia Política de New
York University. Profesora universitaria y miembro de número de la Academia
Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. cahumadabg@gmail.com
El gobierno de Santos presentó con carácter de
urgencia esta semana su tercera reforma tributaria al Congreso, con el
argumento de que se necesita recaudar los recursos que se han dejado de percibir
en los últimos dos años, debido al derrumbe de los precios del petróleo. Pero
esto es solo una explicación parcial del problema. La crisis fiscal del país es
producto ante todo de la persistencia en un modelo basado en la llamada
confianza inversionista, en especial en el sector minero-energético, la
apertura económica, el endeudamiento externo y el abandono del sector productivo
por parte del Estado.
La presente reforma tributaria sobreviene en
el peor momento posible, dadas las difíciles condiciones políticas del país. Pese
a la creciente movilización social para que se concreten por fin los acuerdos
de paz con las FARC, dicha reforma se convierte en un obstáculo adicional para
la ratificación definitiva de los mismos. No es que la reforma en sí misma contradiga
los acuerdos, por cuanto estos no ponen en cuestión la vigencia del modelo económico
vigente, sino más bien que se trata de una reforma altamente impopular. Este
proyecto, al igual que las otras doce reformas que se han aprobado en los
últimos veinticinco años, incluidas las tres presentadas por el gobierno de Álvaro
Uribe durante sus dos mandatos, busca ante todo favorecer a los inversionistas
extranjeros y a los empresarios nacionales, a costa de los trabajadores y los
amplios sectores de la población. Es decir, se pretende afianzar la estrategia
neoliberal cuyos efectos han sido tan negativos para el país, en contravía de
los vientos de cambio que empezaron a soplar desde las naciones del Sur del
continente en el presente siglo.
Las presiones internacionales para que se
presentara esta reforma fueron muchas y muy fuertes. La OCDE, el FMI, el Banco
Mundial y el BID insistieron en que se hiciera cuanto antes. La muy poderosa
agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P), después de
cambiarle la calificación de riesgo soberano a la economía colombiana de
estable a negativa, le advirtió a la administración Santos en tono perentorio que,
de no hacer con prontitud los ajustes que se requerían, el siguiente paso que
adoptaría sería anunciar una baja de calificación de la economía del país (Crédito costoso
y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17).
Para cumplir con dicha
orientación, el Gobierno Nacional conformó la Comisión de Expertos para la
Equidad y Competitividad Tributaria, con el objetivo de que formulara
propuestas para hacer más equitativo y eficiente el sistema tributario del país.
En diciembre de 2015 presentó su informe final, acogiéndose a las
recomendaciones de las entidades internacionales. En términos generales, el
proyecto de reforma que el ministro de Hacienda acaba de presentar al Congreso
recoge los lineamientos de este informe.
Es necesario destacar que la política
tributaria es un mecanismo fundamental para mejorar la distribución del
ingreso, reducir la pobreza y desigualdad y sacar adelante las tareas del
desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto, en el caso de
Colombia. Si se parte de una concepción que privilegie dichos objetivos, una
reforma tributaria estructural es indispensable para obtener los recursos
financieros con el fin de desarrollar las políticas públicas que se requieren.
Por el contrario si, más allá de la retórica
del texto y el discurso, el punto de partida y de llegada de la reforma
tributaria es el afianzamiento del modelo económico vigente, esta se convierte
más bien en un ejercicio tecnocrático, pretendidamente apolítico, cuyo objetivo
es alcanzar eficiencia en la recaudación de los ingresos fiscales para que el
Estado siga cumpliendo con la función primordial que se le ha asignado en las
últimas décadas: garantizar las mejores condiciones para la inversión
extranjera.
Dentro de esta lógica, los principios básicos que sustentan esta reforma y sus
medidas principales son las siguientes:
1.
Se parte de que los impuestos
no pueden desestimular la inversión privada, considerada como la base del
crecimiento económico. En este respecto, se
contempla unificar el impuesto de renta para las empresas y reducirlo
gradualmente, de manera que
en el 2019 sea del 32%. Se plantea la eliminación del
CREE, sin afectar los recursos que se asignaban al ICBF, Sena y la salud, por
cuanto 9% del impuesto unificado de renta tendrá esta destinación. Se plantea
gravar los dividendos en cabeza de las personas naturales, con tarifas
diferenciales, según el monto repartido.
2.
Se propone bajar el umbral de tributación y ampliar la base
tributaria, para incluir a quienes devenguen ingresos mensuales desde $2.750.000.
Para el 2019 se estipula el monto gravable a partir de $2,480.000 (1000 UVT,
Unidades de Valor Tributario a valores de 2016).
3. Se
crea el llamado monotributo, con el cual se pretende gravar a las personas
naturales dedicadas al comercio al por menor y a las peluquerías, y se plantea como
voluntario, en lugar del impuesto de renta, pretendidamente con el fin de que
estos sectores hagan el tránsito hacia la formalización.
4. Se
propone incrementar los impuestos indirectos, en especial el IVA, del 16 al
19%. Aunque se dice que no se afectará la canasta familiar, esto no es cierto,
porque efectivamente aparecen incluidos productos básicos de consumo popular.
5. Se crea el llamado “impuesto al carbono”, que
recae sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles, incluyendo todos
los derivados del petróleo. Este impuesto tendrá un impacto significativo en el
precio del combustible.
6. El
proyecto propone algunas medidas de modernización tributaria, en materia de
tributación internacional, al tiempo que plantea cárcel y otras medidas
punitivas para los evasores de impuestos, No obstante, aunque la modernización tributaria
es necesaria, el control de los recursos financieros y de los paraísos fiscales
parece un objetivo cada vez más utópico, en un mundo diseñado a la medida de
los grandes capitales financieros.
Queda claro, entonces,
que la reforma tributaria presentada es fundamentalmente regresiva, tanto para
los trabajadores y la clase media como para las perspectivas de desarrollo del
país.
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