Luis Édgar Gutiérrez GutiérrezPresidente de la Asociación de Pensionados de la Caja
Agraria, seccional Huila
Esta es una invitación a la
reflexión, por cuanto los colombianos no somos los responsables de la crisis de
la seguridad social sino las víctimas de una política equivocada trazada para
enriquecer aún más al capitalismo financiero.
En este artículo se pretende, además
de orientar a los pensionados, educar a los trabajadores prepensionados y al
lector en general en un tema que cobra vigencia sobre todo ahora que la Ocde
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y Fedesarrollo le
han recomendado al gobierno de Santos presentar una reforma pensional que
iguale “la edad de la pensión del hombre con el de la mujer (57 versus 62);
equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro
individual (público y privado); bajar la pensión mínima a menos de un salario
mínimo; reducir la tasa de reemplazo, es decir bajar más el ingreso, como
porcentaje del salario devengado en los últimos 10 años, que recibe el
pensionado”.
La
verdadera causa del problema que enfrenta la seguridad social en Colombia,
tiene su raíz en el Consenso de Washington acordado en 1989 donde Colombia
adquirió el compromiso de privatizarlo todo y facilitar la penetración del
mercado y el capital extranjeros, receta neoliberal ratificada por el Congreso
de la República desde el 22 de febrero de 1990 consistente en entregarle el
control y manejo de las jugosas utilidades de los recursos públicos a la gran
burguesía financiera con el argumento de que ellos sí son transparentes en sus
ejecutorias. Casi tres décadas de una cadena de privatizaciones. Entidades
claves del Estado tanto por la presencia misma en la geografía patria como por
el desarrollo económico y social que generaban progreso en sectores como el
agropecuario, el transporte y las comunicaciones que fueron recompuestas y
fortalecidas financieramente para luego ser cedidas al voraz capital extranjero
o puestas en la subasta pública más desventajosa que se haya tenido en la
historia de Colombia; igual suerte tuvieron las energéticas y hasta los
recursos naturales (incluida las tierras y el agua); pero, aún falta por
concluir el mejor de todos los negocios a favor de los intermediarios
financieros, especialmente para la banca privada: la salud y las pensiones.
Es de
advertir que el problema de la seguridad social en Colombia es estructural, siendo
el modelo neoliberal y las leyes aprobadas para implementarlo como la ya
trillada Ley 100 de 1993 la causa de la crisis por la que atraviesa.
Frente
al tema, es muy importante advertir que los trabajadores y cotizantes al
Sistema General de Pensiones que para pensionarse, junto con el aporte del
patrono pagaron también un aporte legal por 20 años o más, es decir, fue un
ahorro de muchos años para poder recibir su pensión fruto de su esfuerzo y
constancia y no una dádiva del gobierno, y que es responsabilidad
constitucional proteger y atender a los pensionados y adultos mayores
brindándoles una vida digna y decente.
Pero al
contrario, en lugar de tomarse los correctivos administrativos, financieros y
disciplinarios ante la baja cobertura, producto de la informalidad imperante
del empleo y el desempleo; eliminar la ineficiencia administrativa de las
administradoras de pensiones responsables de acumular las soluciones a los
trabajadores con el status jurídico pensional que han llevado al incumplimiento
sistemático de los tiempos normados para el reconocimiento de la prestación
económica y evitar la inmensa cantidad de demandas para el reconocimiento de
los derechos pensionales, que obligó a la Procuraduría General de la Nación a
requerirlas desde la emisión de la circular 54 de 2010:
Los
gobiernos de turno han venido disminuyendo la posibilidades de acceder a una
pensión digna: (i) Con la Ley 100 de 1993 posibilitó que el gran capital
financiero pudiera administrar las pensiones mediante los Fondos Privados,
incrementó la edad para pensionarse a los 55 y 60 años de edad, elevó la
cantidad de semanas, creó la liquidación del Ingreso Base de Liquidación (IBL)
con base en el promedio de los aportes cotizados en los últimos 10 años,
autorizó las cuotas moderadoras e implementó el incremento de las pensiones con
base en el IPC; (ii) con la Ley 797 de 2003 incrementó la edad a partir del 1
de enero de 2014, a 57 años las mujeres y 62 años los hombres, aumentó
gradualmente los años de cotización para acceder a la pensión de vejez, con
1.300 semanas a partir del año 2015, lo cual implica cotizar más de 25 años
para alcanzar el derecho, en el artículo 10 modificó el Ingreso Base de
Liquidación (IBL) al decrecer las tasas de reemplazo para su liquidación
iniciando con el 55% hasta el 65%; (iii) con el Acto Legislativo 01 de 2005,
modificó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 al establecer su
vencimiento en 31 de julio de 2010 y dejó la excepción únicamente a quienes
para el 25 de julio de 2005 tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios hasta el 31 de diciembre de 2014, además, suprimió la
mesada 14 para quienes devenguen pensiones superiores a tres salarios mínimos
mensuales legales vigentes y terminó con los regímenes especiales de pensiones
y convencionales. Como puede observarse, las condiciones para acceder a una
pensión del Régimen de Prima Media, fueron endurecidas en edad, tiempo de
servicios (25,8 años mínimo), en Ingreso Base de Liquidación, en la supresión
de la mesada 14, en la terminación de la transición y de los regímenes
pensionales especiales y convencionales, entre otros.” (Carta de la
Procuraduría General de la Nación dirigida al ministro de Trabajo).
Para el
caso de la mesada 14, solo los pensionados antes del 31 de julio de 2011 y cuyo
monto sea igual o menor a tres salarios mínimos mensuales vigentes legales,
continuarán devengando la mesada 14, pues el Acto Legislativo 01 de 2005,
inciso 8 y parágrafo transitorio 6 eliminó la mesada 14, o sea, la que se
pagaba en junio de cada año. Sin embargo, hay una excepción para quienes hayan
recibido su pensión desde 2008 y, para quienes tengan el derecho adquirido
mediante convenciones colectivas de trabajo pactadas hasta el 31 de julio de
2010, por tiempo de servicios y quede pendiente la exigibilidad. (SU 241 del 30
de abril de 2015).
Por lo tanto una reforma pensional
como la propuesta por la Ocde, Fedesarrollo y los Fondos Privados de Pensiones
y Cesantías además de impopular, reaccionaria y atrevida, riñe con todos los
derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de Colombia,
atenta contra el principal derecho humano que es la vida digna, se opone a la
lucha contra el desempleo, la protección del adulto mayor y lo único que busca
es enriquecer más los bolsillos del gran capital financiero.
Según el reconocido economista
Eduardo Sarmiento:
Antes de la Ley 100 el país operaba
con un sistema pensional de prima media. Las mesadas de los pensionados se
cubrían con las cotizaciones de los afiliados existentes. En efecto, el sistema
funcionó durante mucho tiempo con cotizaciones de 7% del ingreso.
La reforma de la Ley 100, que abrió
la opción de los fondos privados, quebró el sistema. Montados por una
propaganda falsa, los afiliados se trasladaron masivamente a los Fondos
Privados de Pensiones (FPP). La relación afiliados-pensionados bajó
drásticamente y hoy en día se encuentra alrededor de tres. No obstante que la
Ley 100 y otras disposiciones posteriores determinaron una duplicación de las
cotizaciones, los egresos del Seguro Social disminuyeron con respecto a los
ingresos y la diferencia tuvo que ser asumida por el Gobierno. En la actualidad
el subsidio para cubrir los faltantes de las pensiones del Seguro Social y de
las entidades públicas, que no hicieron las provisiones adecuadas, asciende al
4% del PIB, cifra similar al presupuesto de la educación.
Lo grave es que el sistema ha
resultado muy inequitativo. Sólo los individuos que laboran en el sector formal
y que están en capacidad de mantenerse en él logran cumplir los 20 años de
periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión. Así, mientras el acceso
promedio de la población es de 27%, el de los estratos 1 y 2 es apenas de 4%.
Las personas que se han trasladado a
los Fondos Privados de Pensiones (FPP), han quedado sometidas a un sistema en
el que las pensiones corresponden a las cotizaciones individuales ampliadas por
los rendimientos financieros. No es cierto que obtengan pensiones similares a
las del Seguro Social. A tiempo que este entrega pensiones correspondientes al
75% del salario o más, los FPP no dan más del 40%. Aún más dramático, no están
en capacidad de asegurar una pensión equivalente al salario mínimo a más de la
mitad de los afiliados.
La verdad es que los nuevos
cotizantes de los fondos privados de pensiones se consiguieron a cambio de
reducir el saldo de recursos que permitía cubrir parte de las pensiones. Así,
el subsidio del Gobierno resulta del traslado de fondos del sector público a
los balances de los FPP.
Estamos ante otro fracaso de las
teorías de libre mercado y privatización que se adoptaron al principio de la
década del 90. El sistema privado de pensiones en un país con niveles de
ingreso e informalidad de Colombia es una afrenta a la equidad. No permite que
los afiliados obtengan una pensión que corresponda siquiera a la mitad del
ingreso, no asegura la pensión mínima, no evita la quiebra del sistema público
y restringe el acceso de los estratos menos favorecidos.
La propuesta de elevar la edad
pensional reduciría aún más el acceso a los sectores pobres por la simple razón
de que viven menos tiempo, y no resolvería el problema de fondo. Lo que se
plantea es modificar la concepción del sistema para ampliar el acceso de los
sectores de menores ingresos y limitar los subsidios. El propósito se podría
conseguir regresando las cotizaciones por debajo de 1,7 salarios mínimos al
sistema público de prima media, y estableciendo un impuesto a las pensiones
privilegiadas. Los FPP quedarían para las rentas altas.
Y como
lo ha venido reiterando Fabio Arias, Secretario General de la CUT al referirse
a la informalidad laboral creciente:
El 70% de los trabajadores en Colombia, casi 14
millones, no tienen una relación laboral de acuerdo con el Código Sustantivo
del Trabajo o las normas de la OIT. Ocho millones son trabajadores
independientes o cuenta propia cuya responsabilidad de la afiliación a la
seguridad social corre por su cuenta. Los otros seis millones son trabajadores
subordinados, vinculados mediante las múltiples modalidades de la intermediación
laboral, por fuera del Código Laboral, con lo cual se les desconoce sus
derechos laborales y en especial la seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales. A la seguridad social a la que acceden, que es de muy
baja calidad y cobertura, lo hacen sobre la base de su precaria pecunia.
Entre
las formas de intermediación preferidas se destacan las Cooperativas de Trabajo
Asociado, los contratos de prestación de servicios, la contratación a destajo,
contratistas, outsourcing, entre otras. Estas formas precarias empobrecen a la
población, evaden los aportes a salud y pensiones a cargo del gobierno y los
empresarios, reduciendo significativamente los recursos para atender estas
obligaciones. Así pues, esta informalidad laboral desconoce derechos y
desatiende la seguridad social de la mayoría de los trabajadores.
Hay
sectores de trabajadores del sector público y privado en esta intermediación
laboral. Tales como los trabajadores de la Red Pública Hospitalaria, tanto
departamentales como municipales, agrupados en las múltiples Cooperativa de
Trabajo Asociado (CTA), así como también los más de 20 mil trabajadores
portuarios, otro tanto en los corteros de caña; más de 30 mil trabajadores en
la floricultura, mayoritariamente trabajadoras y miles y miles en la producción
y extracción de aceite de palma, entre muchos, todos ellos presos de las
variadas formas de la esclavitud moderna de la intermediación laboral en las
CTA o contratistas que los superexplotan.
Todo lo
expuesto, nos conduce a que en Colombia debe realizarse una reestructuración a
fondo de la seguridad social que asegure la satisfacción de las demandas de los
servicios de pensiones y jubilaciones dignas, de la mano con las cesantías que
van en incremento, que mejore substancialmente la calidad de servicios en salud
pública encaminada al desarrollo humano, y hacer una reingeniería en la parte
administrativa.
Esto
implica reconocer que el modelo económico y estructural no funcionó y que hay
necesidad de implementar uno más justo y equitativo.
Obviamente, los pensionados y
trabajadores colombianos debemos repudiar y rechazar tales propuestas
neoliberales.
EmoticonEmoticon