Carlos
Mosquera
Dirigente
estudiantil
Consejo
Nacional Superior Estudiantil de Colombia (Consec)
Ya han
pasado varios días desde que se normalizó la situación académica de docentes y
estudiantes tras el portentoso y glorioso paro nacional de 25 días en defensa
de la educación pública, realizado por el magisterio colombiano.
El regreso
se ha dado de una forma tranquila, progresiva pero muy victoriosa; se contempla
la satisfacción y emoción por lo desarrollado y logrado durante y por medio del
paro, gracias a la combatividad, resistencia y gallardía demostrada por parte
de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. La notable unidad
del magisterio en torno a la búsqueda de sus reivindicaciones, hace posible que
los jóvenes sigamos soñando con la posibilidad de una educación pública, científica
y democrática.
La
política neoliberal ha venido desmejorando progresivamente las condiciones de
la educación pública en el país, lo que se traduce en un recorte para el año
2017 del 29% del presupuesto general de la nación, determinación que deteriora
las condiciones tanto de docentes como de estudiantes, afectando la calidad de
la educación misma, situación de la que no escapan las universidades públicas
sometidas a un debilitamiento presupuestal que pone en peligro su misma
existencia.
Somos
conscientes de que la educación que anhelamos se defiende y preserva con una
financiación estatal real. Desde el establecimiento del Sistema General de
Participaciones, SGP, la educación pasa por serias dificultades y problemáticas
que día a día son más notorias tras las constantes denuncias en las que, incluso
con fotos, se pone sobre la mesa la mala calidad y constantes violaciones al
derecho de seguridad alimentaria del estudiantado, las pésimas condiciones de
infraestructura que presenta la inmensa mayoría de planteles educativos en el
país, tejas rotas, paredes caídas, ventanas rotas, pupitres inutilizables
haciendo que los jóvenes no tengan más opción que tomar clases en el suelo,
poco o nada de material pedagógico, poca o nula capacidad de infraestructura
que permita una digna movilidad de los estudiantes de los hogares a las
instituciones, esto se está convirtiendo en una constante en todo el territorio
nacional.
Todo ello
se profundiza con las políticas regresivas del gobierno nacional, gobiernos
departamentales y municipales de la privatización de la educación, mediante la
figura de entrega de colegios en concesión y la implementación de la mal
llamada jornada única sin garantías para estudiantes y profesores, la
disminución del presupuesto de la educación, exigencias de los grupos
económicos del imperio norteamericano y organizaciones que obedecen al capital
extranjero como lo son la Ocde, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
Por si
fuera poco lo anterior, el regreso a clases se da en medio una posición vengativa
por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital
en Bogotá, quienes le apostaban a que docentes y estudiantes fuéramos afectados
por una excesiva demora en la culminación del calendario escolar (y es que
Peñalosa al igual que la señora Giha querían que el año escolar finalizara en
enero próximo), con ello se buscaba poner en contra de los docentes y su justa
lucha popular a estudiantes y padres de familia.
La
postura del gobierno distrital, en este mes largo, no se ha logrado imponer. Esa
postura se evidencia también en la poca importancia que les da a los jóvenes
como sujetos de derecho. Esto mismo se manifiesta en el proceso de Cabildantes Estudiantiles,
una figura que consiste en la elección de cargos de representación estudiantil
que tiene como objetivo reunir las problemáticas que viven los estudiantes en
su diario vivir a nivel distrital, lo cual puede ser llevado al Concejo de
Bogotá, exponiéndolo a los concejales y secretarías de distritales para que se
haga el control político y se atiendan las solicitudes a las que haya lugar por
parte de los concejales, y además las acciones y ejecuciones por parte del
gobierno de Peñalosa. Pero Veeduría y la Secretaría de Educación Distrital han
decidido que por ningún motivo se hagan las reuniones preparatorias y de sesiones
en el Concejo de Bogotá, adjudicando además razones absurdas e ilógicas para
violar los derechos que tenemos los estudiantes y en especial nosotros los
cabildantes estudiantiles a la participación en espacios democráticos como lo
son la Mesa Local y Distrital de Cabildantes (Regida por el Acuerdo 597 de
2015).
Lo que
nos da a entender, que existe un temor infundado en las instituciones
gubernamentales por el gobierno fascista de Peñalosa y los concejales de Bogotá,
hacia el liderazgo de los estudiantes y que su participación en el Concejo logre
exponer y denunciar las grandes y graves problemáticas por las que atraviesan las
instituciones y localidades en la ciudad, agudizadas por las políticas de este
gobierno, privatizador e improvisador.
En
general, aunque con un panorama desalentador, con regocijo vemos el fruto de la
participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas y ciudadanía
consciente en la apuesta por mejores condiciones en el país. Como organización
estudiantil no seremos inferiores a los retos que nos trace la historia, nos
mantenemos firmes en la defensa de lo que significa educar para la construcción
del progreso y de un ambiente pacifico que traerá como garantía el
fortalecimiento de las luchas venideras que con un carácter democrático y
civilista, se librará hacia la reivindicación de una educación pública,
científica y democrática, por un trabajo digno, salud integral y la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos.
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