En
agosto de 2016 la Gran Misión Vivienda Venezuela, entregó en 14 estados del
país, un total de 6 mil 637 casas dignas a igual número de familias con escasos
recursos, para combatir el déficit habitacional. En la foto, la entrega de 144
apartamentos en el Urbanismo Vista Verde en el Estado Lara, en Cabudare, por
parte del ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo.
Consuelo
Ahumada
Profesora
Universidad Externado de Colombia. Tesorera de la Mesa Directiva de la Academia
Colombiana de Ciencias Económicas (Acce). Integrante del Comité Ejecutivo del
Partido de Trabajo de Colombia, PTC
En medio de una situación en extremo adversa y de un cerco de una
magnitud sin precedentes en la historia reciente de este continente, la
República Bolivariana de Venezuela obtuvo el domingo 30 de julio una victoria
bastante significativa. Más de ocho millones de votos en unas condiciones que
se tornan cada vez más difíciles es un magnífico resultado. Como era de
esperarse, ante los hechos positivos se han incrementado las amenazas, incluida
la de intervención militar, por parte de Estados Unidos, así como la
desinformación de los poderosos medios de comunicación del mundo entero,
empeñados en propiciar conductas cada vez más hostiles contra el país vecino.
En efecto, estos traficantes de la información al servicio del orden
global vigente han perdido por completo cualquier asomo de decencia y
objetividad frente a este conflicto. Y casi todos han seguido la misma línea:
Que el referendo convocado por la oposición el 16 de julio fue legítimo y
válido, aunque se dio por fuera del sistema electoral, sin ningún control y los
registros fueron destruidos, con lo que no pudo haber verificación. Que, en
cambio, la votación por la Constituyente fue fraudulenta, porque, según los
jefes de la oposición, era imposible que sacaran tantos votos. Que el sistema
electoral, el mismo que les dio el triunfo en la Asamblea Legislativa hace año
y medio, estaba amañado en la última votación.
En Colombia estos medios han estado muy bien representados por Caracol,
RCN, Noticias Uno, y El Tiempo y El Espectador, los diarios de Luis Carlos
Sarmiento Angulo y de los Santo Domingo, respectivamente. Para todos ellos, los
“héroes” del domingo 30 de julio son quienes salieron a promover los bloqueos y
las barricadas para intimidar a la gente e impedir la votación y a valerse de
forajidos y delincuentes, algunos de ellos muy bien armados y dotados, para
lanzar todo tipo de elementos incendiarios y quemar máquinas de votación el día
de las elecciones. Durante los últimos meses intensificaron sus protestas y
movilizaciones, lanzando explosivos cerca de escuelas y hospitales o arrojando
cohetes a una base militar en Caracas. Entre tanto los medios, manipulan
imágenes y las repiten una y otra vez. El mundo se escandaliza por la
represión, como si en algún país del mundo, sea Estados Unidos, España o
Colombia, estas prácticas terroristas fuesen permitidas y no castigadas con
severidad.
Estos líderes, figurines de farándula, mantienen estrechos vínculos
históricos, familiares y políticos con los negocios y asuntos de Miami y
Washington. De hecho, a la usanza de las viejas élites venezolanas, allí tienen
sus intereses económicos. Quienes hoy pregonan la democracia y la libertad son
los mismos que promovieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002.
Ninguno de ellos representa a los sectores productivos o a las clases medias
del país, por decir lo menos, y es claro que los sectores populares no han
participado en las movilizaciones. Buena parte de estos líderes, en mayor o
menor medida, han clamado por la intervención extranjera.
Por eso es preocupante que, en medio de tanta desinformación, un buen
número de dirigentes e intelectuales que se proclaman demócratas e incluso de
izquierda se acomoden a este discurso fácil y superficial, y lo repitan, sin
mayor análisis ni cuestionamiento. Algunos de ellos lo hacen por oportunismo
electoral. Basta ver o escuchar los programas de opinión sobre el tema.
Venezuela y los
intereses geoestratégicos de Estados Unidos
El asedio a la República Bolivariana de Venezuela se inició desde sus mismos
inicios a comienzos de este siglo. Pero la decisión de derrocar su gobierno
legítimo a como dé lugar quedó en firme este año con la llegada al poder de
Donald Trump, que representó el ascenso de la extrema derecha fascista a la
presidencia de la superpotencia. No en vano el mandatario anunció hace unos
meses un incremento histórico del gasto militar en 54.000 millones de dólares,
“para ganar guerras de nuevo” y establecer "una presencia más sólida en
vías fluviales y cuellos de botella internacionales clave"[1]. Con ello, complace a los halcones que estaban algo
desconcertados con su triunfo electoral. Los ataques de hace unos meses a Siria
y Afganistán, con armas no utilizadas hasta ese momento, permiten prever lo
peor sobre el alcance de esta política. El anuncio del retiro de su país del
acuerdo global COP-21 sobre el cambio climático, la aprobación por la Cámara de
Representantes de la construcción del muro entre su país y México, y el
incremento de los episodios de racismo en el territorio estadounidense complementan
el panorama sombrío para la democracia en el mundo y la supervivencia misma de
la especie.
En este marco, ¿cómo
entender la crisis de Venezuela?
Es el país que cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo
en el mundo y tiene además grandes cantidades de otros recursos estratégicos
como oro y coltán. En medio de una situación tan convulsionada como la del
Medio Oriente y ante el fortalecimiento del radicalismo islámico, asegurarse el
control de estas reservas petroleras en una región tan cercana, le resulta
fundamental a Estados Unidos . De hecho, el jefe del Departamento de Estado,
James Tillerson, quien fuera hasta hace pocos meses director ejecutivo de Exxon
Mobil Corporation, tuvo en el 2007 una fuerte confrontación con el entonces
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando este renegoció los contratos con
casi todas las empresas petroleras, con el objeto de que le aportaran al Estado
una mayor proporción de sus ganancias. Las instalaciones de esa multinacional
fueron nacionalizadas cuando el personaje en cuestión se negó a aceptar esta
condición. Tillerson prometió vengarse y a fe que lo está haciendo.
Hugo Chávez en Venezuela y Luis Ignacio Lula Da Silva en Brasil
inauguraron hace casi dos décadas la era de gobiernos progresistas en América
Latina. Rompiendo con una tradición centenaria, estos mandatarios desarrollaron
una política internacional independiente de los designios de Estados Unidos y
lograron, en medio de muchas dificultades, frenar el avance de las políticas
neoliberales en el continente. Todo esto representó un reto sin precedentes
para la potencia norteamericana y sus empresas y bancos, en tiempos de avance
significativo de la competencia por parte de la República Popular China.
Como parte fundamental de su proyecto, estos gobiernos pusieron en
marcha una fuerte inversión social y promovieron una amplia participación
popular. Más allá de los retrocesos y tropiezos de los últimos tiempos, les
mostraron a los pueblos del continente y del mundo que el camino hacia
sociedades más incluyentes e igualitarias sí era posible. Movilizaron a pobres
urbanos y rurales, negros, indígenas e indignados en general, que por siglos
estuvieron invisibilizados. Como diría recientemente David Choquehuanca,
excanciller del gobierno de Evo Morales, a propósito de su país, “se le
devolvió la autoestima a la población”. Esto ha representado una afrenta para
las élites que históricamente gobernaron estos países. Para el caso de
Venezuela la incidencia de este factor es incuestionable.
Ante las dificultades que afronta cada vez más Estados Unidos, tanto en
lo nacional como en lo internacional, sus gobernantes quieren recuperar el
terreno perdido en la región. La destitución ilegal de Dilma Roussef en Brasil
por cuenta de un personaje corrupto y oscuro como Michel Temer y el triunfo
electoral de Mauricio Macri en Argentina fueron un paso importante en este
sentido. Pero el golpe definitivo lo quiere dar con el derrocamiento del
régimen de la República Bolivariana de Venezuela.
Para hacerlo cuenta con el servilismo y la entrega de las élites
gobernantes de países como México y Colombia, que no dudaron en reunirse con el
director de la CIA y atender sus recomendaciones sobre el punto. De hecho, para
vergüenza de los colombianos, Juan Manuel Santos y su canciller no han
escatimado esfuerzo para mostrarle a Estados Unidos que, como en otras
ocasiones, nuestro país es su aliado en estos propósitos. No obstante, también
hay que señalar que el anuncio de intervención militar en Venezuela
provocó el rechazo de todos estos países. Más le valiera al presidente de
Colombia preocuparse por la consolidación de la paz en el país, en momentos de
muchas dificultades, en lugar de ponerse abiertamente en contra de un gobierno
que fue artífice definitivo de este proceso.
En este amplio espectro de gobernantes y funcionarios complacientes con
el imperio, habría que destacar también el papel ignominioso desempeñado en
todo este proceso por Luis Almagro, secretario general de OEA y otrora
canciller del gobierno de Pepe Mujica en Uruguay. Ante el fracaso de sus
repetidos intentos de sancionar al gobierno de Maduro, este personaje no dudó
en reunirse con el Congreso de Estados Unidos para justificar la intervención
en los asuntos internos de Venezuela.
El alcance de la
crisis
No puede desconocerse la magnitud de la crisis económica y social del
país. Los informes oficiales del gobierno reconocen las dificultades que ha
venido atravesando la población, sobre todo en los últimos tres años, desde
cuando se produjo la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, estas
dificultades no pueden ocultar ni empañar los enormes avances en materia social
alcanzados durante 18 años por la Revolución Bolivariana y reconocidos por
entidades como la FAO y la Cepal. Avances en materia de reducción de la
mortalidad infantil, nutrición, educación y salud pública, acceso a la cultura
y condiciones de bienestar. Aunque los mismos gráficos oficiales registran una
reducción en algunas de estas cifras en los últimos dos años, los resultados
han sido notorios, en especial si los comparamos con los datos del siglo pasado
o con los de países como Colombia.
De hecho, en Venezuela viven entre cuatro y cinco millones de
colombianos, que han huido del conflicto armado o han buscado allí unas mejores
condiciones de vida. Todos ellos se han visto beneficiados por la fuerte
inversión social que no se da en Colombia y mucho menos en las regiones de
frontera. De no ser por el gobierno venezolano, la crisis social y la hambruna
de La Guajira hubiera estallado antes y tendría mayores proporciones. Por eso,
sin desconocer el incremento actual en el flujo de migrantes hacia nuestro
país, no se puede magnificar el problema, como han señalado tanto el director
de Migración Colombia como el director de la Cámara de Comercio Colombo
venezolana.
Las autoridades venezolanas tampoco niegan que haya escasez de algunos
productos básicos, importados o producidos en el país. Alimentos estratégicos,
como la harina de maíz, han sido objeto de acaparamiento deliberado por parte
de los especuladores, que se empeñan en deslegitimar al gobierno ante los
sectores de la clase media y popular. Igualmente grave ha sido el bloqueo a las
importaciones de medicamentos, genéricos y especializados, por parte de las
multinacionales farmacéuticas, a pesar de cuantiosos desembolsos de divisas
efectuados por el gobierno. A ello se suma el saboteo de las transacciones del
país por parte de los bancos internacionales, lo que le ha representado al país
enormes sobrecostos financieros.
Sobre la Asamblea
Constituyente
En primer lugar, hay que señalar que la Asamblea Constituyente que se
convocó y eligió no es ni ilegítima ni inconstitucional como han señalado y
repetido los enemigos de la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco tiene
origen espurio, como afirmó nuestro presidente. La Constitución vigente de
Venezuela, aprobada en 1999, señala textualmente lo siguiente:
Artículo 347: El pueblo de Venezuela es depositario del poder
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una
Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear
un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348: La iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en
Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos
terceras partes de sus integrantes; los concejos municipales en cabildo (…).
Con base en estos artículos, el presidente Nicolás Maduro convocó a la
Asamblea con el objeto de sentar las bases para reconciliar el país y procurar
la diversificación de la economía para superar el modelo rentista petrolero. Se
trata también de profundizar algunas de sus políticas centrales, en especial la
inversión pública, representada en las misiones. Por supuesto que la Asamblea
Constituyente será también el escenario para debatir diferencias y enderezar el
rumbo en varios aspectos. Como lo ha señalado el gobierno, sus decisiones
deberán ser ratificadas por un referendo.
Por último, quienes respaldamos el proceso venezolano, esperamos que en
este escenario se hagan todos los esfuerzos para propiciar el diálogo entre los
más amplios sectores, incluso los que se abstuvieron de participar en las
elecciones. En medio de una situación tan difícil, es necesario tomar todas las
precauciones, de lado y lado de la frontera, para que el conflicto no termine
en una confrontación armada entre los dos países, que sería nefasta y
propiciaría el fortalecimiento de la extrema derecha. Mucho más grave aún sería
que se concretara la intervención militar que el presidente belicista del Norte
no descarta, que suscitaría el repudio del mundo entero.
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