Por Yezid
García Abello
Exconcejal de Bogotá y miembro de la dirección nacional del PTC
La
situación en Venezuela, –por los intereses estratégicos en juego, por sus
complejidades y características particulares, por su importancia económica y
política para Estados Unidos, América Latina y el mundo–, ha saltado al primer
plano de la opinión pública. Y frente a ella, es necesario precisar algunos
asuntos de interés que contribuyan a esclarecerla, más allá de que se comparta
o no la gestión del presidente Nicolás Maduro:
A. El
gobierno venezolano es un gobierno legítimo, escogido a través del sufragio
universal con veeduría de la comunidad internacional y su período vence en
enero de 2019, no cuando la oposición quiera. Por tanto, no puede compararse
con dictaduras afines a Estados Unidos o gobiernos totalitarios cercanos a unas
u otras grandes potencias y, mucho menos, exigirle que sin que medie un proceso
electoral, entregue el poder a las fuerzas opositoras.
B. No
pueden los gobiernos de países latinoamericanos que siguen a pie juntillas las
órdenes de Trump, entre ellos el de Colombia, definir asuntos que corresponden
a la órbita de un país soberano como Venezuela, por más que no les guste el
presidente o discrepen de su ideología. Vale la pena recordar que estos países
son minoría dentro de la OEA y, por ello, pese a que Venezuela ha manifestado
su decisión de retirarse de ese organismo, no han podido Estados Unidos y sus
incondicionales condenar a su Gobierno.
C. Es
absurdo calificar como dictadura un gobierno que convoca elecciones; que permite
que la oposición le realice un plebiscito en contra, sin ningún control oficial
o de agencia fiscalizadora imparcial alguna; que se defiende, más bien
tímidamente, de más de 100 días de disturbios insurreccionales que todo el
mundo sabe quién los financia; disturbios donde una buena parte de las víctimas
son "chavistas", candidatos o funcionarios públicos, algunos quemados
vivos en las zonas de control de las fuerzas de la oposición. Es evidente que
el atentado terrorista en Caracas contra agentes policiales motorizados, que
causó graves heridas a ocho de ellos, no ha sido condenado ni por la comunidad
internacional, ni por Estados Unidos y mucho menos, por una prensa que ha sido
puesta al servicio de la mentira y la desinformación.
D. Desde
el punto de vista de la democracia, ¿con cuál argumento serio puede
desconocerse una votación a favor de la constituyente de más de ocho millones
de electores? Un sistema electoral calificado por "Tirios y troyanos"
como el más confiable de América Latina, con voto electrónico y supervisión
internacional, no puede descalificarse, a las volandas y sin ninguna prueba,
como fraudulento. Además, la cifra de votantes significa una participación de
41,53% del censo electoral, cifra de participación ostensiblemente más alta que
la que tuvo, por poner un ejemplo en Colombia, la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 que fue de sólo 27%.
E. ¿Qué
autoridad puede tener Estados Unidos para calificar los actos y determinaciones
de una nación soberana? Un gobierno que amenaza la paz mundial, que está al
servicio de los grandes monopolios del petróleo y la industria de guerra, que
rompe el Acuerdo de París frente al cambio climático y el calentamiento global,
que persiste –si se le deja– en convertirse en el policía del mundo, que incumplió
los acuerdos firmados con otros países por sus antecesores y que baila al ritmo
de los intereses del gran capital y los negocios familiares de su retorcido
presidente. De lo que se trata, y eso se silencia torvamente, es que Venezuela
tiene las más grandes reservas petroleras del mundo, y Estados Unidos pretende
retomar el control de ese país, que considera estratégico e integrante de su
“patio trasero”.
F. La
violencia política en Venezuela debe condenarse, toda y no una parte. Si bien
deben rechazarse eventuales actuaciones y medidas arbitrarias del gobierno, con
mucha y mayor razón deben condenarse por su gravedad y consecuencias los
llamados de la oposición al terrorismo, a la insurrección armada y a la
intervención extranjera. Los que miran hoy con satisfacción los actos
terroristas, tarde o temprano serán víctimas del abominable flagelo. Nunca será
tarde para el diálogo y la negociación política entre las posiciones
encontradas en el hermano país que lleven a una solución pacífica de la crisis
actual. Corresponde al gobierno de Maduro, dado el resultado electoral, tomar
la iniciativa de esta convocatoria al diálogo nacional con los opositores.
Sobre la base, claro está, que corresponde a ellos, los venezolanos, tomar en
sus manos su propio destino sin injerencia extranjera.
G. Desde
estas líneas, una última reflexión hacia los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Cualquier incidente fronterizo, por pequeño e insignificante que sea, puede ser
aprovechado por los guerreristas de ambos lados de la frontera para una
escaramuza que abra el camino de la intervención militar norteamericana sobre
la patria de Bolívar y Chávez. Esta terrible alternativa está en el portafolio
del Departamento de Estado norteamericano, y sería gravísimo que países
hermanos caigan en esta provocación, cuyas consecuencias últimas serían
nefastas para ambos.
Bogotá
D.C., 31 de julio de 2017.
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