Miguel Ángel Delgado Rivera
Consejo de Redacción de La Bagatela
No bien se habían conocido los resultados de la segunda
vuelta presidencial y ya las oscuras fuerzas derechistas se dieron a la tarea
de incrementar los asesinatos políticos y aumentar las amenazas para cobrar el
triunfo de la “seguridad democrática” uribista encarnada en Iván Duque. Según
Indepaz después de las elecciones presidenciales del 17 de junio, 24 líderes
han sido asesinados. El último de ellos, Libardo Moreno de 78 años de edad,
asesinado el 23 de julio en la vereda Las Pilas corregimiento de Villacolombia
en Jamundí Valle del Cauca, exdirigente sindical y activista de la campaña al
senado de Angélica Lozano y de la campaña Petro Presidente.
Apenas la Registraduría oficializó el triunfo del candidato
de la derecha, su bancada parlamentaria se lanzó a hacer modificaciones a la
reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para seguir
dinamitando los acuerdos, hacer expedita la extradición y atravesar un palo en
la rueda de la verdad con una pretendida sala exclusiva para militares. Como la
Corte Constitucional no avaló estas modificaciones, ya anunciaron el cambio de
la Constitución.
En cuanto se enteró que fue nombrado en la cartera de
Defensa por haber cargado como presidente de Fenalco la cartera del candidato
Duque, el señor Guillermo Botero se apresuró a anunciar que reglamentaría la
protesta social para solo permitir marchas o manifestaciones “que
verdaderamente representen los intereses de todos” es decir los del gobierno
nacional, una visión totalmente contraria a la Constitución, la cual garantiza
la protesta ciudadana como un derecho fundamental.
La primera decisión del presidente electo fue nombrar como
jefe del empalme a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Uribe y hoy
nombrado como nuevo jefe de ese ministerio, partidario como el que más de
eliminar o rebajar el salario mínimo. Sus primeras reuniones las realizó con
los gremios económicos, el Consejo Gremial y la Junta Directiva de la Andi,
dando el claro mensaje que gobernará a favor de los dueños del capital, los
grandes poseedores de latifundios y los intermediarios financieros, al acoger
sus tesis económicas de reactivación que han fracasado y llevado al país a las
más altas estadísticas de desigualdad: exención de impuestos a los magnates,
tributación a partir del salario y medio de ingresos, o sea a los profesionales
y trabajadores medios, más IVA, una reforma pensional que aumente la edad, la
cotización de los trabajadores y reduzca su mesada, afianzar la intermediación
en la salud, una educación elitista, y privatización de los bienes del Estado
empezando por Ecopetrol.
En este luctuoso marco de muerte y para nada promisorio en
lo social para las clases populares, el excandidato Gustavo Petro citó a una
gigantesca y pacífica movilización nacional en todas las ciudades y poblaciones
del país para el próximo 7 de agosto, día de la posesión del nuevo mandatario.
Gustavo Petro, al reconocer al ganador la misma noche de la
segunda vuelta electoral, señaló al nuevo presidente que la “nueva fuerza que
hoy nace, respaldada en 8 millones de votos, le hará oposición”. También
anunció al país que su actuación en el Senado como líder de esa oposición será
para “evitar que intenten hacer trizas los acuerdos de paz y las cortes” e
“impedir que volvamos a la guerra”. Al resaltar el tremendo avance que
significaron los 8 millones de votos de los ciudadanos libres para las
corrientes alternativas, democráticas y revolucionarias, hizo el más amplio
llamado a todas las fuerzas políticas y sociales que lo acompañaron en segunda
vuelta y a los que no a confluir en el más amplio pacto ciudadano por
transformar a Colombia, por la paz y la vida.
Este llamado, que de manera correcta e insistente viene
haciendo el líder de la Colombia Humana y cuyo primer episodio es la
movilización del 7 de agosto, tiene un profundo alcance frente al futuro
inmediato del país. Así también con claridad y énfasis lo ha expresado durante
años Marcelo Torres como centro de la táctica del PTC: Ahora falta que se
asimile conscientemente las lecciones de la experiencia y se adopte al fin una
política de frente único. Que empieza por el agrupamiento del conjunto de las
corrientes de la oposición y la resistencia civil, de dentro y fuera del
Congreso y por el logro, en síntesis, de la más amplia unidad de fuerzas y
sectores democráticos y progresistas de la historia política colombiana. (De la
Lucha Venidera. Bogotá, La Picota, 19 de julio de 2018). La defensa de la paz,
de la vida, la oposición al gobierno de Duque mediante la movilización
ciudadana y popular y la más amplia participación de todos en pie de igualdad,
son la llave para que Colombia se enrumbe por el camino del progreso social y
económico, la sostenibilidad ambiental, la soberanía, la paz y la democracia.
El PTC está vinculado y viene promoviendo entre los
trabajadores y la población la participación en la marcha por la paz y la vida
del 7 de agosto y la consulta anticorrupción del 26 del mismo mes. Son
necesarias ante el creciente número de asesinatos y para advertir al país sobre
nuevas formas de corrupción política, mucho más urgente ahora que al cierre de
este comentario se conoce del llamado a indagatoria por parte de la CSJ a
Álvaro Uribe por manipulación de testigos y otros delitos y su anuncio de
renuncia como senador, cuestiones que exacerbarán a un grado superlativo el
odio, como lo exhalan los trinos del expresidente, la sed de revancha y las
fuerzas oscuras de la muerte. Ante la intolerancia, movilización. Ante el
recorte de derechos, movilización. Ante la muerte, movilización.
Bogotá, 24 de julio de 2018.
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