Profesor de la Universidad Distrital, Edgar Ortiz, nos muestra, con cifras y datos contundentes, la actual situación de desmedro de la educación superior por parte de los gobiernos de la élite dominante, analiza también la dimensión del actual movimiento estudiantil con su portentoso estallido del 10 de octubre, la dimensión de sus peticiones y el papel del rectores, profesorado y estudiantes por la defensa de la educación superior.
Por
Édgar Ortiz Mora
Docente
e investigador de la Universidad Distrital
El
ajuste presentado a la educación, no contempla recursos concretos dirigidos a
la base presupuestal de las universidades, su destinación cubre el Programa de
Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones), Créditos-beca Icetex ($750 mil
millones), Calidad educativa en básica y media ($226,1 mil millones),
Infraestructura educativa ($ 275,3 mil millones) y $245,3 mil millones para
otros programas. Según el Sistema Universitario Estatal-SUE-, el ajuste general
contemplado para el Ministerio de Educación, solo se acerca al IPC proyectado
para 2018, pues sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016
(Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA
Social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a
$3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87%, inferior en 0,43 % al IPC, con
algo más crítico, en 1993 la nación aportaba $1,72 billones para 159.218
estudiantes de pregrado en 2016 aportó y pasa a $2,93 billones para 611.800
estudiantes, la división del aporte frente a la cantidad de estudiantes, arroja
$10.825.890 entregados en 1992 por cada estudiante, contra solo $4.785.338 en
2016.
Es
necesario destacar que el 50% de las universidades estatales cuentan con Acreditación
Institucional de Alta Calidad, el crecimiento de la matrícula en Educación
Superior pública entre 2014 a 2018, pasó de 1.142.084 a 1.241.790 estudiantes,
un total de 99.707 nuevos cupos, la evolución y crecimiento de las
universidades públicas es notable, en 2004 recibían 365.085 estudiantes en 1078
programas de pregrado y hoy reciben 576.393 en 1445 programas (63,34% en
estudiantes). De 320 maestrías y 45 doctorados en 2004, hoy hay 795 programas
de maestrías y 205 doctorados, un crecimiento que supera el 355%, de 834 grupos
de investigación que las universidades públicas tenían en 2004, han pasado a
2555 y de 280 estudiantes colombianos al exterior en el año 2004, hoy se acerca
a 5000 y se reciben cerca de 2500 estudiantes extranjeros.
A
este panorama se añade el Programa Ser Pilo Paga PSPP que descartó de entrada a
las IES públicas, diseñado en instituciones no oficiales se estructuró con una
ostensible ventaja para la recepción de los recursos por parte de las
universidades privadas, la mayor parte de los recursos del programa se concentró
en cinco IES privadas y no fue una beca, sino un crédito redimible al término
de los estudios y al acabarlo el gobierno no ofrece con claridad y los mismos
estudiantes del programa no conocen a ciencia cierta sus obligaciones y
compromisos al respecto y cuando se aumenten los deudores del Estado otro
escándalo estallará cuando empiecen a cobrarles.
La
mayoría de los 40.000 beneficiados del programa, muy seguramente, no retornarán
a sus regiones y lo más probable es que permanezcan en las ciudades donde
estudiaron, que prosigan allí estudios de postgrado y consigan trabajo y familia.
Por lo tanto, el programa no tendrá un efecto multiplicador en las regiones ni
tampoco consolidó el derecho a la educación ya que solo benefició a 10.000
estudiantes por año, menos del 2 por ciento de los egresados anualmente de la
educación media, que en la actualidad son más de 540.000. Lo más grave es que,
para el 2018, no se asignará cifra alguna para las IES públicas por este
concepto y como pregonan los estudiantes en su protesta “el problema es que ser
pilo no paga, si lo público se acaba”
Por
efecto de estas políticas gubernamentales se presenta una agobiante situación
financiera en las universidades estatales del país, según el SUE y ratificado
por los estados deficitarios que muchas de ellas exhiben en sus recientes
presupuestos anuales, y la situación lamentable de parte de sus instalaciones o
la obsolescencia e inexistencia de los recursos educativos, las universidades
públicas no podrán sobrevivir y cerrarán sus puertas antes de culminar 2019
La
falta de financiación limita la autonomía universitaria, que define a la
universidad y significa el fortalecimiento de la independencia y de la actitud,
facilita el desarrollo de proyectos con profunda responsabilidad social, el
fortalecimiento de la libertad de cátedra, de investigación y de autogobierno
institucional, se ven amenazados porque hoy en día hay más influencia de la
economía privada que de la política pública en nuestras universidades. Con la
presión por la autofinanciación en las universidades públicas y, en
consecuencia, la búsqueda de nuevos recursos mediante estrategias de negocio,
las universidades públicas terminen cediendo su calidad y su crecimiento
racional y natural por nuevas fuentes de financiación con compromisos
específicos. La universidad pública debe estar completamente financiada por el
Estado, pues sin esta condición la autonomía universitaria se ahoga en medio de
las dinámicas del mercado.
Diversas
instituciones financieras defienden que el Estado no debe proveer educación
directamente, sino que debe limitarse a financiarla y a evaluar sus resultados
en el marco de una provisión privada en competencia, argumentando que el sector
privado puede contribuir a la eficiencia y a la efectividad educativa,
consideran a las familias como clientes, de manera que el papel del Estado
consiste no en proveer sino en regular la oferta, y ofrecer la información para
escoger la ‘mejor’ escuela, y quieren maximizar sus beneficios, enaltecen que esa
competencia contribuye a que se mejore la calidad y la eficiencia de las instituciones
educativas, el gobierno de Duque tiene esa orientación y privilegia la opción
de financiación por medio del ICETEX, tanto para matriculas nacionales y en el
exterior en programas de pregrado y posgrado y aunque no se ha oficializado
todo da a entender que el reemplazo del PSPP va a estar en dicho ámbito, los
intereses y plazos ofrecidos por esa entidad tienen endeudados y sin salida a
estudiantes y sus familias para cubrir las deudas adquiridas.
En
cuanto a la política de ciencia y tecnología Iván Duque, en la campaña, propuso
acceso amplio a la tecnología con Internet móvil que conecte al menos al 70% de
los colombianos, una estrategia formal de lucha contra la piratería informática
y el cibercrimen, adopción temprana de tecnologías como el Internet de las
cosas, entre otras. En cuanto al cuidado del medio ambiente, propuso mejorar la
calidad del aire con infraestructura de señalización inteligente, impulsar el
alumbrado inteligente en las ciudades, sistemas de monitoreo en tiempo real, y
cultura ciudadana para el uso responsable y eficiente de las vías, vehículos y
transporte público. De la misma forma aseguró que se iba a fortalecer el
sistema de regalías con la ayuda de las universidades para que los recursos
lleguen a su destino: las investigaciones. El presidente buscaría que el aporte
actual de la ciencia y tecnología al PIB se duplicaría en su gobierno, pero
todo se desvaneció cuando por el ajuste fiscal su ministro de hacienda
Carrasquilla, disminuyo el presupuesto de Colciencias en $78.611 millones con
respecto al año anterior, poniendo en entredicho la continuación de programas
de investigación, formación de investigadores y actividades de divulgación en
las universidades, obligándolas a buscar patrocinio con entidades privadas
extranjeras quienes definirán en qué y cómo deben invertir
Con
el recorte presupuestal se desvaloriza progresivamente a los profesores, que
han ido perdiendo a lo largo del último siglo poder adquisitivo de su
remuneración, una vinculación estable (hoy más del 65% de los docentes son
provisionales) y se disminuye su reconocimiento social. Eso inviabiliza su
trabajo y el valor central de su labor como agentes centrales del proceso de
construcción de conocimiento y de la práctica política que implica la educación
desde una perspectiva de defensa de los intereses nacionales y ciudadanos.
Ante
la propuesta gubernamental de desfinanciar la educación hay una contundente
respuesta de los estudiantes colombianos, que mediante la discusión amplia y
democrática definieron un paro nacional con base en un pliego de peticiones y
un programa reivindicatorio, construido por sus organizaciones representativas
acordes a las características de las universidades y las regiones, y con una
amplia campaña de divulgación y protesta, congregan a la inmensa mayoría de
estudiantes, jóvenes que no pueden estudiar, egresados, maestros, trabajadores,
indígenas, sindicalistas y comunales en todo el país y en el exterior para
exigir una adecuada financiación del Estado a la educación superior pública.
El
movimiento, que no pueden desconocer los grandes medios de comunicación,
impregnado de la alegría y creatividad de los estudiantes y con un amplio
respaldo de la opinión pública, da un toque de alerta a la política
privatizadora y antidemocrática del gobierno de Duque-Uribe y rememora las
justas luchas que los estudiantes de la década del setenta del siglo pasado dieron
en pos de una educación nacional, científica y al servicio de los intereses
nacionales y testifica que la entrega y valor de los dirigentes estudiantiles
de la época, ha encontrado en los estudiantes de hoy a verdaderos maestros, una
generación que hará los cambios que necesita el país.
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