Análisis de las consecuencias funestas para la televisión estatal si se llega a aprobar en el Congreso el Proyecto de Ley TIC. Seguramente, empujados por un puñado de ilusiones para la inclusión de las regiones y por el espejismo de la comunicación y las nuevas tecnologías, algunos se sumarán a las mayorías que sacarán adelante la iniciativa legislativa con algunos remiendos. Para cerrar la brecha digital en Colombia, dicho proyecto de ley pretende recaudar en cuatro años el equivalente a 6,4 veces la reforma tributaria que hoy se denomina Ley de Financiamiento.
Juan Carlos Garzón Barreto
Abogado especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones
y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.
En el año 2017 los prestatarios de redes y servicios de
telecomunicaciones facturaron en el mercado colombiano 32,8 billones de pesos y
en el servicio de televisión 4,3 billones de pesos. En total estos operadores
privados solo le aportaron al Fontic y al Fontv la suma de un billón 280 mil
millones de pesos, en un país en el cual, cada uno de los ocho canales públicos
regionales de televisión recibió del nivel central la suma promedio de 8 mil
500 millones de pesos anuales en el año 2017.
En toda la década comprendida entre 2008 y 2018, el
conjunto de estos operadores públicos de televisión regional, recibió 575.229
millones de pesos, es decir, el 13,6% de lo que factura la empresa privada de
la televisión en un solo año, cifra que equivale a que los privados facturan en
un año 7,3 veces lo que reciben los canales públicos regionales en toda una
década.
Aun así, el proyecto de Ley de TIC que actualmente se
aprueba en el Congreso, además de entregar a la empresa privada el espectro
electromagnético por 30 años prorrogables, inclusive en forma gratuita, y crear
un mercado secundario especulativo con este bien público, propone eliminar de
las leyes de televisión los artículos que le imponen a RCN y Caracol el pago
del 1,5% de sus ingresos y el 10% a los operadores de televisión por
suscripción, en un país en el cual una sola empresa extranjera controla el
42,7% del mercado de televisión cerrada, cableada y satelital.
Además, el proyecto de Ley de TIC del gobierno pretende
recibir las contraprestaciones económicas de los operadores en especie y en
obligaciones de hacer, empujando la disminución del flujo financiero de la
comunicación y la televisión pública, lo cual estimula la consolidación de
prácticas monopólicas y contrae la dinámica del mercado audiovisual y de TIC,
al impedir que otros ofertantes públicos o privados de esos mismos bienes y
servicios del sector puedan concurrir a las convocatorias abiertas para
competir por esa contratación pública.
Entre los años 2015 y 2017 los operadores de televisión
cerrada incrementaron su mercado en 437.724 nuevos suscriptores, mientras que
en el mismo período desaparecieron de los registros oficiales de Colombia 186
canales de televisión local y comunitaria. Se esfumaron 186 televisiones del
pluralismo y de las otras ciudadanías sin ánimo de lucro, mientras en el año
2017 los operadores de la televisión cerrada y por pago mensual alcanzaron los
5.568.655 suscriptores.
Adicionalmente, al revisar las cifras oficiales de la Antv de
los años 2016 y 2017, se advierte un curioso fenómeno en la dinámica de pago de
las contraprestaciones económicas en el mercado de la televisión por
suscripción, por cuanto, entre más ingresos reciben los prestatarios privados
del servicio menos le aportan al Fontv, pues, los que en el año 2016
percibieron ingresos por 1,3 billones de pesos y aportaron al fondo público 115
mil millones de pesos, en el año 2017 incrementaron sus ingresos a 1,4 billones
de pesos y disminuyeron sus aportes a 87.969 millones de pesos. Triste realidad
la del potrero televisivo en Colombia, entre más vacas audiovisuales menos
leche financiera para el fondo público de televisión.
Entre el año 2001 y 2017 las universidades colombianas
formaron en las regiones a 31.383 comunicadores sociales, periodistas y de
carreras afines, quienes –seguramente– perseguidos por el Icetex aún aguardan
una oportunidad profesional en Colombia para obtener un poco de tasa de retorno
por la inversión económica que las familias hicieron en sus procesos de
educación superior.
Según cifras oficiales, se estima que entre 1990 y 2015 el Fontic,
el cual recauda los recursos públicos del sector, recibió y ejecutó 12 billones
de pesos; y entre 2010 y 2017, recaudó y gastó 9,9 billones de pesos. Recaudo
aproximado total de 15 billones de pesos entre 1990 y 2017. Recursos todos
estos que entre el año 2010 y el primer trimestre de 2018, se tradujeron en la
celebración y ejecución de 626 contratos públicos de TIC, gratuitos u onerosos,
los cuales no lograron romper la brecha de la inequidad digital en Colombia.
En este contexto, en un país donde está en curso otra
reforma tributaria (ley de financiamiento) para conseguir 14,5 billones de
pesos para garantizar la financiación del presupuesto del año 2019, estimado en
la suma de 258,9 billones de pesos; el Mintic pretende y guarda la ilusión de
que con el proyecto de Ley TIC 152/18-Senado, 220/18-Cámara que, además abarata
las contraprestaciones económicas de los agentes del sector, se puedan recaudar
93 billones de pesos en un cuatrienio, cuando entre 1990 y 2017, en casi tres
décadas, escasamente el Estado logró recaudar 15 billones de pesos como
contraprestaciones aportadas por los operadores privados de redes y servicios
de telecomunicaciones que monopolizan este mercado en Colombia.
En conclusión, para cerrar la brecha digital en Colombia,
el proyecto de la Ley de TIC, pretende recaudar en cuatro años el equivalente a
6,4 veces la reforma tributaria que hoy se denomina Ley de financiamiento.
Seguramente, empujados por un puñado de ilusiones para la
inclusión de las regiones y por el espejismo de la comunicación y las nuevas
tecnologías, algunos se sumarán a las mayorías que sacarán adelante la
iniciativa legislativa con algunos remiendos, pero, con el optimismo moderado
que me caracteriza, me atrevo a decir que por esa vía al final del día no
lograran ajustar cuentas con la brecha digital en Colombia, simplemente porque
sin contar otras externalidades la caja fiscal del proyecto de Ley de TIC no
cuadra.
La situación que generará el proyecto de Ley de TIC duele
por el futuro de la producción independiente en el país y por el destino
profesional de muchos de esos excelsos trabajadores de la cultura, a quienes la
irracionalidad gerencial, la falta de pudor burocrático y el déficit de sentido
de país, ya les empieza a correr la butaca audiovisual. Estas y estos juglares
colombianos del audiovisual, hacen parte de esos equipos creativos y de
realización y producción que durante décadas acumularon experiencia,
conocimiento y saber, para posesionar a Colombia como una de las mejores
televisiones públicas, educativas, culturales, universitarias, étnicas e
infantiles de América Latina, cuyos premios, galardones y reconocimientos
nacionales y extranjeros hablan por sí solos.
Finalmente, como sabiamente lo señala la doctora María
Teresa Herrán, decana de quienes tenemos por oficio defender la libertad de
expresión en Colombia, “La televisión pública no es la que el gobierno decide
tener”.
En suma, por el bien audiovisual del país y por el cierre
de la brecha digital, deseo profundamente estar equivocado en mis apreciaciones
económicas, fiscales y financieras, pero cada vez que vuelvo y reviso las
cifras del proyecto de la Ley de TIC, no tengo otro remedio que desechar esas
vanas ilusiones.
Consulta el documento completo en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/
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