Las
elecciones presidenciales y la consulta anticorrupción realizadas el año
anterior dejaron dos grandes lecciones: la primera, que el país cambió, que hay
una amplísima corriente democrática anidada en el corazón del pueblo, de una magnitud
sin antecedentes, que si es convocada adecuadamente se moviliza para aportar en
la búsqueda de transformaciones sociales importantes para el país; y la
segunda, que esa corriente se moviliza en la medida en que se le presenten
alternativas, propuestas y candidaturas unitarias. No sobra recordar que si las
fuerzas democráticas y los movimientos sociales hubiesen tenido un sólo
candidato en la primera vuelta presidencial era posible haber ganado las
elecciones, ya que los votos de los candidatos alternativos sumaron más del 50%
del total. Ya no es hora de lamentaciones, ni se puede pretender retroceder los
acontecimientos, pero no se puede echar por la borda la lección que se deduce
de los hechos: la unidad hace posible la victoria, la división nos lleva a una
derrota inexorable.
Varios
escenarios de confrontación se han presentado en estos eternos meses del
gobierno de Duque. Las fuerzas políticas alternativas y de oposición se han
enfrentado a las fuerzas uribistas en el Congreso en temas clave como la Ley de
Financiamiento, el escándalo de Odebrecht, algunos nombramientos de
funcionarios inhabilitados o que no cumplían con los requisitos de los cargos, el
sabotaje oficial al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el proyecto de Plan
de Desarrollo, entre otros. Las organizaciones sindicales y sociales,
atropelladas por el nuevo gobierno, han respondido con importantes
movilizaciones, paros y, en algunos casos, como la Minga caucana, con bloqueo
de carreteras. Ya Fecode y los movimientos sociales han anunciado un paro
nacional para el 25 de abril. Entre tanto, Duque parece más interesado en los problemas
y la situación política de Venezuela que en los graves problemas nacionales,
frente a los cuales se muestra inseguro, ausente, inexperto.
Mención
especial amerita la decisión del presidente Duque, con el respaldo del “estado mayor”
del uribismo y del fiscal corrupto, de objetar seis artículos de la Ley
Estatutaria de la JEP y anunciar una reforma constitucional para modificar
algunos puntos de los Acuerdos. Jamás previó el Gobierno la reacción de las
mayorías nacionales frente al objetivo de “volver trizas los Acuerdos de Paz”.
Académicos, dirigentes gremiales, líderes sociales y ciudadanos “del común”
enviaron una carta a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional para
denunciar “el intento de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la
estructura y funcionamiento de la JEP y el sistema para honrar los derechos de
las víctimas”. Tajantes fueron las declaraciones del procurador Carrillo, del
director del Partido Liberal y de todas las fuerzas que componen la bancada de
oposición en el Congreso, de que se objetaba por inconstitucionalidad y no por
inconveniencia como alegó el presidente. La gigantesca movilización nacional del
lunes 18 constituyó la mejor defensa de la paz y de la JEP ante la embestida de
los guerreristas anidados en el Centro Democrático.
Sin
embargo, la prueba de fuego serán las elecciones territoriales de octubre. Se
debe trabajar por lograr en todas las regiones y la mayoría de municipios del
país amplias coaliciones, sin vetos ni exclusiones, de las fuerzas democráticas,
alternativas y populares, que escojan por acuerdos o consultas
interpartidistas, candidaturas unitarias fuertes que hagan factible la
victoria. En ese rumbo, el PTC contribuirá, en la medida de sus posibilidades y
su influencia, a fortalecer la indispensable política de unidad en toda
Colombia.
La
principal de estas batallas se librará, sin ninguna duda, en Bogotá. En la
capital es perfectamente posible reconquistar para las fuerzas alternativas la
alcaldía, el segundo cargo en importancia de la nación. En la Alianza Verde
competirán por la candidatura, a través de una encuesta que inicia muy pronto,
Claudia López y Antonio Navarro. Y la opción escogida participará en una
consulta interpartidista para elegir la candidatura unitaria de todas las fuerzas
de oposición a Duque y Peñalosa.
El PTC,
integrante de la Alianza Verde, ha decidido cerrar filas alrededor de la
candidatura de Claudia López por su capacidad y por las coincidencias
programáticas que tenemos con ella frente a la solución de los graves problemas
en que la administración Peñalosa ha sumergido a Bogotá. Claudia es garantía de
carácter, liderazgo y obtención de resultados; y es persona capaz de construir
un programa que integre las propuestas de las otras fuerzas alternativas, en el
caso muy probable de ganar la encuesta interna y la consulta interpartidista.
Tenemos una legítima preferencia por Claudia, pero Antonio Navarro o cualquiera
de los otros candidatos alternativos que triunfe en las instancias acordadas
para la escogencia final tendrá el respaldo militante del PTC, de su dirección,
militantes y amigos, de su candidato al Concejo Francisco Castañeda y del
equipo de candidatos y candidatas a las Juntas Administrativas Locales.
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