En el caso del sector salud, la implementación de este modelo llevó a la privatización del sistema con la intermediación realizada a por las EPS, empresas que además de recibir un 10% por la administración de los recursos del sistema según el parámetro establecido en la ley 100, durante tres décadas han venido quebrando a los hospitales públicos.
Por
Edilma M. Suárez
Enfermera,
magíster en Administración en Salud, magister en Estudios Políticos,
Especialista en Bioética, PhD EN Ciencias Sociales. Presidenta de la Asociación
Nacional de Enfermeras, Seccional Cundinamarca.
Las
promesas que políticos y economistas han realizado desde la década de 1990
sobre las bondades del modelo neoliberal, se han concretado en la incapacidad de
este modelo para gestionar las problemáticas que a diario viven los ciudadanos
colombianos y en naturalizar la desigualdad en la provisión de servicios
esenciales. No ha sido así para para el sector financiero, los grandes
empresarios y los dueños de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), quienes han
sido los beneficiados y quienes han obtenido las mayores rentas a través de la
captura del Estado.
En el
caso del sector salud, la implementación de este modelo llevó a la
privatización del sistema con la intermediación realizada a por las EPS,
empresas que además de recibir un 10% por la administración de los recursos del
sistema según el parámetro establecido en la ley 100, durante tres décadas han
venido quebrando a los hospitales públicos y privados con la demora o el no
pago por los servicios brindados o el simple saqueo de los recursos puestos a
su disposición como lo recuerdan los múltiples desvíos de recursos descubiertos
en Saludcoop para pagar carros, fincas, acciones y fiestas a sus directivos sin
contar los desproporcionados salarios.
Esta
situación también se ha acompañado de la precarización de todos los
trabajadores de la salud, llevando al establecimiento de contratos
tercerizados, bajos salarios y malas condiciones laborales. Con la quiebra de
los hospitales públicos que ha dificultado la compra de insumos para la
atención a los pacientes, el pago oportuno de los salarios a los trabajadores,
el mantenimiento de la infraestructura física de los hospitales y el cierre de
servicios. Todo esto con el beneplácito del gobierno nacional, quien no le ha
exigido a las EPS pagar los dineros que adeudan a los hospitales y más bien las
ha protegido por décadas.
Muestra
de ello es que en medio de la Pandemia por el Covid-19, el gobierno nacional le
giro $782.515 millones a las EPS, haciendo oídos sordos al llamado de la
Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACCH) que le solicitaba al
gobierno nacional, ordenara a las EPS levantar y pagar de manera inmediata las
glosas y objeciones para poder contar con liquidez inmediata para atender a los
pacientes infectados por el coronavirus (Covid-19). El gobierno nacional también
giro cerca de $15.000 millones de los recursos de los departamentos del país al
sector financiero para “atender la emergencia”.
La
radiografía del sector salud para dar respuesta al creciente número de
pacientes infectados por Covid-19 no es la mejor. Desde que se empezaron a
presentar los casos y se declaró el asilamiento preventivo obligatorio, los
trabajadores del sector han venido solicitando sin éxito, que se les haga
entrega de los elementos de protección personal. Si bien el gobierno nacional
en cabeza del Ministerio de Salud le ordenó a las Administradoras de Riesgos
Laborales y a los Hospitales garantizar estos elementos a los trabajadores, la
entrega se ha dado de forma lenta y hay hospitales como el del Chocó o el de
Leticia donde estos elementos aún no han llegado.
Hace
unas semanas, las directivas de los Hospitales del país le informaron al
gobierno que no contaban con los recursos para hacer la compra de estos
elementos a los trabajadores, aun así, el gobierno insiste en que deben
comprarlos. Por su parte la Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda-
presentó el cronograma para la entrega de los elementos de protección personal,
equivalentes al 7% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales.
Mientras el gobierno señala como responsable a unos y a otros, y no se
compromete, los trabajadores del sector han empezado a comprar de su propio
bolsillo el kit de protección personal que oscila entre $160.000 y $450.000
pesos, para quienes tiene capacidad de comprarlo o deben endeudarse para
protegerse del riesgo biológico derivado de su trabajo.
Antes
de continuar quiero hacer algunas precisiones sobre la expresión personal
sanitario. Aunque es común escuchar hablar del “cuerpo médico” o del “personal
médico” este lenguaje corresponde a la medicalización de la salud y de la vida
y es incorrecto su uso porque además de hacer referencia sólo a los médicos,
invisibiliza al resto de trabajadores sanitarios. El personal sanitario
involucra al personal asistencial (profesional, técnico y auxiliar), al
personal administrativo (admisiones y facturación entre otros) y al personal de
apoyo (servicios generales, vigilancia y conductores de ambulancias).
Como
se observa el personal sanitario implica a todas aquellas personas involucradas
en la prestación de los servicios de salud. Además, según datos del Observatorio
de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección social, en
relación con el personal asistencial el 80% son mujeres. Entonces cuando se
señala la no entrega de elementos de protección personal, esto implica que son principalmente
las mujeres quienes se exponen a contraer la enfermedad. Pese a no tener una
cifra exacta, no se puede desconocer que la gran mayoría del personal de
servicios generales de los hospitales también está integrado por mujeres en
precariedad salarial y si al personal asistencial no se le ha hecho entrega de
elementos de protección personal a las trabajadoras de servicios generales
menos.
Las
consecuencias de la demora en la entrega de los elementos de protección
personal son causa de preocupación en los trabajadores sanitarios, en
particular de las mujeres por ser la mayoría madres cabeza de familia y
responsables del sostenimiento de los hijos. Además, esta demora es posiblemente
la principal causa del contagio de un poco más de 169 trabajadores sanitarios
infectados con el virus y cuatro médicos muertos. Cifra que evidencia un
subregistro, cuando se tiene información de 45 trabajadores sintomáticos en la
Clínica de la Paz, cerca de 60 trabajadores del Hospital Simón Bolívar y diez
trabajadores en una Clínica en la Ciudad de Pereira, además de la demora en los
resultados de las pruebas por el represamiento en el laboratorio del Instituto
Nacional de Salud.
Para
entender la importancia de LA preparación del sistema de salud, es necesario
hablar de las etapas de la Pandemia. Desde la epidemiología se señalan las
etapas de contención, mitigación y supresión. La etapa de la contención
corresponde al aislamiento preventivo obligatorio en el que nos encontramos
desde el 24 de marzo, la etapa de mitigación corresponde a la salida gradual de
la población de sus casas y su reincorporación a los puestos de trabajo, y la
etapa de la supresión implica un nuevo confinamiento ante un ascenso creciente
de casos y el 100% de ocupación de los hospitales habilitados para la atención a
los pacientes Covid-19.
En la
etapa de confinamiento hemos visto el ascenso lento en el crecimiento de los
casos y del número de muertos como efecto del aislamiento social. Una vez se
inicie la etapa de mitigación, el sistema de salud debe estar dotado de
elementos de protección personal, pago de salarios atrasados, sistema de
contratación laboral con afiliación ARL y seguro de vida, personal de salud
entrenado y mayor número de camas de cuidados intensivos para atender a los
pacientes infectados que según la gravedad de la enfermedad lo requieran.
Según
las proyecciones epidemiológicas se espera que en el mes de junio el sistema de
salud reciba un pico de 613.037 pacientes, de los cuales es probable que entre
36.782 y 122.607 requieran atención en Unidades de Cuidados Intensivos. Sin
embargo, el tablero de control del Ministerio de Salud y Protección Social al
20 de abril reporta 3.281 camas de cuidados intermedios y 5.374 a camas de
cuidados intensivos y se están adecuando camas hospitalarias hasta alcanzar
15.000. Según estas cifras, una vez se levante el aislamiento se acelerará el
número de casos y de acuerdo con la proyección, el número de camas de cuidados
intensivos será insuficiente para atender a todos los pacientes.
Estas
situaciones descritas ponen en evidencia la tensión existente entre, el
favorecimiento por parte del gobierno de Iván Duque de la acumulación de
capital del sector financiero sobre los procesos de producción de la vida a
través del sistema de salud, del trabajo como forma de garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas, de la demanda de cuidados
especializados ante la enfermedad derivada o no del Covid-19, así como de la
demanda de cuidados en el hogar para los pacientes en etapa leve. Es
inocultable la elección del gobierno nacional de priorizar la acumulación de
capital, rescatar y proteger del sistema financiero a costa de la salud y vida
de los trabajadores de salud y de la población colombiana. Recordemos que para
el rescate de los bancos los primeros recortes que se hacen son en los sectores
de salud y educación.
Mientras
los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y de otros sectores en
situación de pobreza y vulnerabilidad protestan por falta de alimentos en la
cuarentena, el presidente de la República Iván Duque estableció un decreto de rescate
y protección a los dueños de los Fondos Privados de Pensiones trasladando a
cerca de 20.000 afiliados al sistema público de pensiones Colpensiones. Tal
parece que el gobierno de Iván Duque niega que la vida es el centro y objetivo
principal de la economía. En palabras Amaia Pérez, “la economía es cuidado” y por
ello es obligación del gobierno garantizar la provisión necesaria para la
sostenibilidad de la vida, porque sin vida no hay economía. Según María Eugenia
Palop “cuando la vida está literalmente amenazada, es el trabajo de cuidados
(remunerados y no remunerados) en su dimensión física, emocional y relacional, es
el único que permite que la vida salga a delante, y es por esta razón que deben
desprivatizarse, desmercantilizarse y desfeminizarse”.
El Covid-19
visibiliza un sistema de salud mercantilizado, que impone leyes de mercado
sobre la salud y sobre la vida, sobre los trabajadores del sector salud y de
los otros sectores. Esta es una de las principales explicaciones a la falta de
voluntad política del gobierno nacional para garantizar elementos de protección
personal, pagar salarios y establecer un trabajo digno y decente. Así como la
negativa para que las EPS, que hacen parte de las empresas más rentables del
país, paguen lo que le deben a los hospitales públicos y privados en todo el
territorio nacional. Es también la explicación para que un grupo de ciudadanos vulnerables,
deban salir del aislamiento preventivo para vincularse desde el próximo lunes
27 de abril al sector económico, en un país que aún no ha subsanado los
problemas del sector salud.
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