Las semanales protestas de los funcionarios de la salud por su bioseguridad y dignidad laboral, las expresiones de descontento popular en toda la geografía nacional por comida, las marchas de trabajadores recién organizados del calzado y nocturnos por pan y derecho al trabajo, los numerosos plantones programados por la CUT, Fecode, sindicatos y organizaciones sociales, para respaldar la renta básica de emergencia, denunciar la política oficial de contrarreforma laboral y pensional, rechazar el regreso a clases con una “alternancia” sin garantías de salud para la comunidad educativa, son los signos de reactivación de la movilización y la protesta. Las banderas de la hora por trabajo, salud y comida se unirán, sin duda, a las reivindicaciones del Comité Nacional de Paro para retomar el sendero trazado por el paro nacional del 21 de noviembre.
Por Miguel Ángel Delgado R.
Comité
de redacción de La Bagatela
También aprovechó, con el Decreto 808, para entregar a los monopolios privados de juego y azar los juegos de premio inmediato operados por internet en detrimento de las loterías oficiales regionales, en una maniobra de bajo vuelo de Coljuegos, que motivó la inmediata protesta de Fedelco[2].
En
esta catarata de decretos no podían faltar los que afectan, negativamente, la
situación laboral y los ingresos de los trabajadores. Estos se unen a las
diferentes medidas que, tanto el gobierno nacional como el Ministerio de Trabajo,
han venido tomando durante estos casi tres meses de confinamiento y crisis de
la producción por cuenta de la pandemia, los cuales han delineando los
principales ejes de unas reformas laboral y pensional regresivas, proyectadas
en el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, mal llamado “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.
El
Decreto 770 del 3 de junio, además de continuar con los subsidios escasos y
tardíos como la protección al cesante que pagará por tres meses la seguridad
social de quienes hayan perdido su empleo y cumplan una runfla de requisitos o
el subsidio a la prima de junio que también, ante los numerosos condicionamientos,
hace que la mayoría de mipymes no puedan acceder a este auxilio quedando al
disfrute del gran empresariado, como viene sucediendo con el auxilio de nómina.
Lo
que sí es claro, taxativo y realizable en un santiamén son las otras dos
materias sobre las que legisla este decreto. La una es sobre la flexibilización
de la jornada laboral y la otra sobre el pago de la prima de mitad de año.
Establece el decreto que se pueda contratar o establecer horarios de 36 horas a
la semana o imponer turnos de 12 horas por 4 días a la semana (afectación
notable de la salud física y mental de los obreros fabriles) y diferir el pago
de la prima de junio hasta el 20 de diciembre. Ambos casos van en la vía de lo
que esboza el Plan de Desarrollo de realizar una reforma laboral regresiva, así
se diga que es de carácter transitorio mientras dure la emergencia sanitaria.
Imponer el trabajo por horas como principal forma de contratación laboral y
eliminar, paulatinamente, las garantías prestacionales, la seguridad social y
el salario mínimo son los ejes sobre los que, tanto el gobierno como los
gremios económicos, pretenden montar su, ahora sí, necesaria y reclamada
reforma laboral.
El
denominador común de los numerosos decretos y circulares producidos sobre las
relaciones laborales, tiende a que sean los trabajadores los que soporten la
carga de la crisis producida por la parálisis productiva. El accionar de los
empleadores, con o sin normas, también tiene como criterio central descargar
sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores esta crisis. Y todo se oculta
detrás de palabras vacuas sobre acuerdos mutuos, cuando al trabajador se le
impone, por su condición de subordinado y a cuenta de no perder su empleo,
cuanta violación y arbitrariedad se le antoje a los de arriba. Esto ha sucedido
con las vacaciones colectivas causadas o no, las cesantías, las licencias no
remuneradas, la cancelación unilateral de contratos, y en esto insiste el Decreto
770 al abrir el camino al trabajo por horas y embolatar el pago de la prima de
“común acuerdo”.
Otro
decreto, en esta tanda de autoritarismo legislativo, tiene que ver con un
subsidio de prima a los trabajadores del campo (Decreto 803), que igual que
todas las ayudas ofrecidas por el gobierno es limitada e ineficaz por los
intricados requisitos, que al decir de un vocero autorizado de este sector como
el directivo de la Anuc, Eder Jair Sánchez, de exigirse para esta ayuda tener más
de tres empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes, Pila, será infranqueable para el pequeño productor del campo porque
“la mayoría de los campesinos el trabajo lo hacemos nosotros mismos, no tenemos
empleados, entonces la prima debería ser para los pequeños productores, lo cual
significaría que va a llegar para los grandes productores como los de la SAC,
para Fedegán, pero para los pequeños, es una utopía, es una vil mentira",
según declaró a un conocido medio televisivo nacional.
Extienden,
con el Decreto 815, el tan publicitado programa de apoyo al empleo formal o
apoyo a la nómina por otro mes más, que, como ya se mencionó, solo lo captarán
las grandes empresas que se mantienen a flote por la fortaleza de sus
patrimonios y márgenes de ganancias, estas mismas empresas que han enviado a
vacaciones colectivas causadas y sin causar a sus trabajadores, que les han
rebajado la jornada laboral en 25% y por ende sus ingresos, que han efectuado
licencias no remuneradas, que niegan bonificaciones y recortan beneficios y que
van a trasladar el pago de la prima de junio a diciembre, en contraste con
miles de empresas medianas y pequeñas que ante la situación de confinamiento
social han tenido que cerrar.
El
panorama para los trabajadores y para los pobres del país se presenta
desalentador. El economista Jaime Tenjo Galarza, señala que “entre abril de
2019 y abril 2020 se perdieron 5,4 millones de puestos de trabajo, la cuarta
parte del empleo total de la economía colombiana” y en el contexto de la
pandemia y la crisis económica desencadenada por el confinamiento social añade:
“No es exageración: estamos ante una catástrofe laboral para la cual no
estábamos preparados”[3].
Los grandes gremios económicos como la Andi, Fenalco, SAC, Anif y hasta la pequeña Acopi, han venido, de años atrás, pregonando una reforma que entronice el trabajo por horas y, paulatinamente, elimine el salario mínimo, las prestaciones no salariales, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, la seguridad social, las incapacidades y la estabilidad laboral. Es decir, llevar a límites intolerables la degradación de los ingresos, la profundización de la inequidad y el mayor empobrecimiento de los trabajadores. Viejas aspiraciones de la cúpula gobernante y sectores retardatarios del país, que, como lo han hecho a cuenta gotas los gobiernos de las últimas cinco décadas, consolide el régimen económico del gran capital usurero. En palabras de Francisco Mosquera Sánchez: “sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga”.
A tal punto se puede observar la situación desvalida de la población que, para el mes de mayo, el índice de inflación fue negativo (IPC de -0,32%), no precisamente por cuenta de la baja de los precios, porque en alimentos y artículos de primera necesidad ha habido alza desmesurada y hasta especulación, sino por cuenta de la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia inmediata de la parálisis productiva, el desempleo y la ruina de las mipymes (estas generan el 80% de los puestos de trabajo). Las mercancías estarán por meses en los estantes de tiendas y almacenes sin nadie que las compre. Esta tendencia, de no tomarse medidas que reactiven el mercado interno y el poder de compra general, degenerará en una deflación que agravará a escalas inauditas la recesión y el padecimiento de la sociedad.
El
movimiento sindical ha entendido que, ante esta situación de crisis económica,
que se venía gestando de años atrás, el gobierno de Duque y los superricos del
capital usurero pretenden hacer recaer el bajón de la economía, que se puede
estimar en un 30%, sobre los trabajadores y el pueblo empobrecido. Las escasas
y demoradas medidas del gobierno han arrojado migajas a la mayoría de la
población y dado ingentes recursos al capital financiero y los grandes
empresarios nacionales y extranjeros. Por eso el sindicalismo ha propiciado y
apoyado el proyecto de renta básica de emergencia que 54 senadores tramitan en
el Congreso. También está organizando a más trabajadores y programando la
reactivación de la movilización.
El
proyecto de renta básica de emergencia está encaminado a darle una directa y
real ayuda a los trabajadores formales e informales que sufren la pérdida de
ingresos por cuenta de la cuarentena. Como explica en su página de internet Iván
Marulanda, vocero de la iniciativa que respaldan 53 senadores de 8 partidos
políticos, esta ley busca: “modificar el programa de Ingreso Solidario creado
por el Gobierno nacional mediante el Decreto-ley 518 de 2020 con la intención
de transferir durante un periodo prorrogable de 3 meses un salario mínimo
mensual a todos los hogares pobres y vulnerables del país, así como a los
trabajadores de micronegocios que no hagan parte de estos hogares. En total, se
espera beneficiar a 9 millones de hogares, equivalentes a cerca de 30 millones
de personas, es decir más del 60% de la población del país”[4].
Por supuesto ni el gobierno de Duque ni los cacaos del país apoyan esta
iniciativa, atentaría contra su modelo económico y sería una crítica profunda a
su comportamiento durante la pandemia.
Las
semanales protestas de los funcionarios de la salud por su bioseguridad y
dignidad laboral, las expresiones de descontento popular en toda la geografía
nacional por comida, las marchas de trabajadores recién organizados del calzado
y nocturnos por pan y derecho al trabajo, los numerosos plantones programados
por la CUT, Fecode, sindicatos y organizaciones sociales, para respaldar la
renta básica de emergencia, denunciar la política oficial de contrarreforma
laboral y pensional, rechazar el regreso a clases con una “alternancia” sin garantías
de salud para la comunidad educativa, son los signos de reactivación de la movilización
y la protesta. Las banderas de la hora por trabajo, salud y comida se unirán,
sin duda, a las reivindicaciones del Comité Nacional de Paro para retomar el
sendero trazado por el paro nacional del 21 de noviembre.
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