La situación calamitosa que sembró el virus se añade a la crisis económica que ya el mundo arrastraba, y a su vez se convirtió en una ocasión para que el manejo del modelo neoliberal impuesto globalmente para apretar las clavijas a las desvalidas clases populares y las confinara a los más deplorables niveles de subsistencia como está ocurriendo en el continente americano. El panorama es incierto para Colombia. El gobierno, al persistir en enfrentar con el gatillo y la violencia las justas demandas populares, en doblegarse ante las peticiones de Trump pisoteando el interés y la soberanía nacionales, en desconocer las atribuciones del Congreso y los fallos judiciales, para depositar el manejo del Estado en un caudillo pone en entredicho el Estado de derecho y abre la posibilidad de un quiebre institucional.
Por Alberto Herrera
Director de La Bagatela
La situación calamitosa que sembró el virus se añade a la crisis económica que ya el mundo arrastraba, y a su vez se convirtió en una ocasión para que el manejo del modelo neoliberal impuesto globalmente para apretar las clavijas a las desvalidas clases populares y las confinara a los más deplorables niveles de subsistencia como está ocurriendo en el continente americano, para no ir más lejos. Este camino lo facilita la tendencia autoritaria que se apodera de buena parte del planeta. Al frente de ella se sitúa el gobierno de Trump, que puso la rodilla en el cuello a su población y desestimó los alcances del contagio del coronavirus y su letalidad. Desde su alto cargo, Trump irradia su influencia que alcanza una alta resonancia y se traduce, por un lado, en masivas protestas que sacuden a los mismos EE. UU., y en la sumisión de mandatarios y jefes de Estado como ocurre con Iván Duque. En esa ecuación, Colombia situada en el continente epicentro de la pandemia, se convierte en una de las naciones más damnificadas del planeta.
Las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia han sido discriminatorias. Al entregar los fondos del erario nacional al sector financiero y a los negociantes de la salud, concentraron aún más el ingreso y aumentó la vulnerabilidad de la población; dejaron al descubierto el sistema de salud pública que ha sido relegado al ostracismo, y arrojaron sus trabajadores a las peores condiciones laborales en medio de la desprotección a su integridad. La cuarentena recomendada por los médicos y los científicos duró pocas semanas, la bancada gobiernista obstaculizó el debate de la renta básica indispensable para contener a la población en sus casas y dar una puntada en la corrección del desequilibrio social, se priorizaron los negocios de la salud y se entregó la responsabilidad al ciudadano con el cuento del autocuidado, equivalente al “sálvense quien pueda”. La informalidad y la miseria a seis meses de pandemia se incrementaron, se disparó la pobreza monetaria, 1,4 familias comen menos. El desempeño gubernamental subió el desempleo a niveles desconocidos. La consecuencia de este manejo sitúa a Colombia en los primeros lugares en el mundo de contagios y muertes a causa del coronavirus. Esta realidad se constituye en un duro mensaje de lo que está por venir. A la par el descontento popular se represaba.
La protesta nacional ya se había manifestado antes de la pandemia. La explosión de inconformidad que estalló el 21N de 2019 mostró que la situación se tornaba desesperante y la población clamaba por soluciones. Los trabajadores presentaron en aquella ocasión un pliego mínimo de peticiones que jamás fue respondido por el gobierno, quien por el contrario inventó un “dialogo nacional” restringido y limitado que no resolvió nada y del cual nunca volvió a hablar. La cuarentena se atravesó a la protesta nacional y, por el contrario, fue aprovechada por el gobierno para legislar unilateralmente. Cobijado por la emergencia sanitaria promulgó múltiples decretos que, entre otros, deterioraron las conquistas laborales, privilegiaron al sector financiero, excluyeron a las pequeñas empresas y dieron pírricas y restringidas transferencias asignando $160.000 por familia a 3,2 millones de ellas, monto insuficiente para la subsistencia de cualquier persona. Todo esto acompañado de un manejo demagógico y represivo que se expresaban en las tediosas charlas presidenciales, en los millonarios comparendos impartidos por la policía nacional, que difícilmente se pagarán, y por la respuesta violenta a las protestas populares que ya se asomaban.
Aunque no es nuevo, el otro factor que desequilibra a Colombia es el acentuado sometimiento del gobierno nacional a los designios del imperio del Norte. La campaña de reelección de Trump pasa por serias dificultades y no duda en echar mano de lo que sea para triunfar. Su desprestigio lo sitúa en desventaja con Biden y dentro de su estrategia electoral juega dos cartas: la consecución de la vacuna contra el covid-19 que prometió tenerla lista unos días antes del día de la votación de noviembre y el derrocamiento de Maduro. Para alcanzar este último objetivo EE. UU. declaró al presidente venezolano como el mayor narcotraficante del momento y adelanta una operación militar sin precedentes en el Caribe como parte de una supuesta campaña contra el tráfico de estupefacientes, que de culminarse enfrentaría a las naciones del Cono Sur y desestabilizaría al continente. Colombia se constituye en el epicentro del plan con la absoluta complicidad de Duque, quien accede a la presencia de nuevas tropas gringas que desde hace tres meses actúan a sus anchas en territorio colombiano, operación que se dio sin la autorización del Congreso en otro acto de desconocimiento de la Constitución y de la soberanía nacional.
Toda la operación ha sido cuidadosamente planificada y monitoreada por el gobierno gringo. Después de su inicio, una comisión de alto nivel del equipo asesor de Trump realizó una visita a Colombia en agosto de 2020. En el encuentro estuvieron presentes Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos; Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE. UU.; Mauricio Claver-Carone nuevo director del BID; y el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg. Aunque vino el almirante Faller, jefe de la operación militar anterior, nada se informó de la actividad de las brigadas militares en territorio colombiano. Lo que sí se hizo fue el ofrecimiento de promover un desarrollo agrícola, para lo cual el gobierno “pretende arrendar tierras baldías a multinacionales y empresas privadas que después de 15 años de explotarlas pasarán a ser dueños legítimos” como denunció la representante Ángela María Robledo. (El nuevo paquetazo de Duque: entregar baldíos a multinacionales, Las 2 orillas, sept 9, 2020). A su vez el secretario de Estado, Mike Pompeo, llegó a Bogotá el pasado19 de septiembre y en posterior rueda de prensa a las conversaciones con Duque, se conocieron sus expresiones: “Es un gran honor estar aquí. Es mi cuarto viaje a Colombia. Nosotros compartimos una gran historia. Nuestras conversaciones me llenan de optimismo”. Entrando en materia y refiriéndose a Duque añadió: "Su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y la transición democrática para una Venezuela soberana libre de influencias malignas (…) es increíblemente valorado". De ñapa anunció inversión y “asistencia técnica para mejorar el sector minero y energético de Colombia”. A su vez, Duque, quien calificó a Maduro como un dictador, afirmó: "La comunidad internacional tiene que actuar para poner fin a esta situación" y destacó la campaña naval contra el narcotráfico que EE. UU. lleva adelante en el Caribe. En la reunión con Duque y parte de su gabinete ministerial, Pompeo estuvo acompañado por el subsecretario de Estado para Recursos Energéticos, Francis R. Fannon; el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak, y el embajador en Bogotá, Philip Goldberg. (Pompeo elogia la postura de Colombia frente a Maduro y promete más ayudas contra el narcotráfico, France 24, sept 20/20).
El quebramiento de la nación no para ahí. Los permanentes asesinatos de líderes populares se convirtieron en masacres donde caen en grupo indiscriminadamente jóvenes y adultos a la vista de entidades gubernamentales y de las fuerzas militares. Los conflictos sociales nuevos y represados de distinto tipo se resuelven por la ley del más fuerte, si no con la complacencia del Estado, con su indiferencia. Y nada pasa, nadie responde.
Al cuadro descrito solo le faltaba el procedimiento policial que culminó con la muerte de Javier Ordoñez dado a conocer por un video del amigo que lo acompañaba. La brutalidad policial tuvo una respuesta inmediata y sentó un precedente como no vivía Colombia desde el 9 de abril de 1948. El 9 y 10 de septiembre miles de jóvenes de toda Colombia salieron a la calle a expresar su indignación, destruyendo los CAI policiales, sitio donde remataron a Ordoñez. Los hechos posteriores desnudaron, ya no solo ante los colombianos sino ante el mundo, el carácter represivo y violento del gobierno de Duque, cuando la policía enfrentó la protesta a tiros en las vías públicas, en cacería humana, dejando 12 nuevos ciudadanos asesinados y más de 60 heridos. Las masacres ahora son en las calles de Bogotá y con uniforme. La alcaldesa Claudia López reportó además de toda la comprobación de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre, 137 casos adicionales de abuso policial en su reclamo al gobierno nacional. Quedó al descubierto que la brutalidad policial se generalizó bajo la tolerancia y protección de un gobierno sordo ante las angustias y los justos reclamos de la población. Un posterior fallo de la Corte exigió al gobierno nacional “garantizar el derecho a la protesta” y pedir perdón por el trato dado por el Esmad al paro nacional del 21N cuando murió Dylan Cruz, acto al que se ha negado. Por el contrario el mindefensa dijo que solicitará a la Corte “revisión del fallo proferido”.
El panorama, como se ve, es incierto para Colombia. El gobierno, al persistir en enfrentar con el gatillo y la violencia las justas demandas populares, en doblegarse ante las peticiones de Trump pisoteando el interés y la soberanía nacionales, en desconocer las atribuciones del Congreso y los fallos judiciales, para depositar el manejo del Estado en un caudillo de “inteligencia superior”, pone en entredicho el Estado de derecho y abre la posibilidad de un quiebre institucional. Grave equivocación del gobierno, el Centro Democrático y sus aliados, pues será superada por la capacidad de resistencia de los colombianos. Hay antecedentes cercanos que auguran una perspectiva distinta para el país. Ya se anuncian nuevas movilizaciones. La unidad de los desposeídos evitará la implantación de un régimen fascista y autoritario.
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