La precariedad laboral y salarial de los trabajadores del sector salud tiene su antecedente en la Ley 100 de 1993 que ha favorecido por cerca de tres décadas la flexibilización y desprotección laboral. La pandemia ha permitido identificar que los trabajadores de salud por Órdenes de Prestación de Servicios tienen peores condiciones de bioseguridad que quienes tienen un contrato laboral, incrementando el riesgo de adquirir la enfermedad. Como si no fuera poco, en caso de requerir incapacidad, las instituciones hospitalarias suspenden sus contratos hasta que se reintegran a sus actividades, dejando sin ingresos económicos a los trabajadores. La pandemia desnudó las críticas condiciones laborales en el sector salud y la inoperancia e ineficiencia de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Antes de la pandemia ya se conocían las barreras de acceso a la atención en el sistema de salud implementadas por las EPS con el beneplácito del Ministerio y la Superintendencia de Salud. A Es momento de decir de todas las formas posibles y al unísono ¡No más muertes a causa del actual sistema de salud y no más muertes de trabajadores de salud a causa de la precarización laboral!Por Edilma M. Suárez
Enfermera, magíster en Administración en Salud, magister en Estudios Políticos, Especialista en Bioética, PhD EN Ciencias Sociales. Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Seccional Cundinamarca.
Podemos decir que en frente a la pandemia por covid-19 las y los trabajadores de la salud han pasado por dos etapas: 1. Exposición al covid-19, precarización laboral y discriminación social (escases de elementos de protección personal, incremento de jornadas laborales, discriminación social, disminución del salario o no pago de este, Afectación de la salud física y mental). 2. Propuesta de dignificación de las condiciones laborales con el Proyecto de Ley 331 de 2020 y con el Proyecto de Ley 010 de 2020.
Etapa 1. El sector salud es uno de los pocos sectores que no ha parado durante la pandemia y su trabajo se ha visto intensificado. Según la Mesa de monitoreo crítico y condiciones de bioseguridad, en los primeros meses de la pandemia, los trabajadores del sector salud debieron enfrentarse a acciones de discriminación y violencia por parte de la comunidad, incremento de los horarios y la carga de trabajo, acoso laboral y cambios en la forma de contratación. Ver gráfica N° 1.
Fuente: Mesa de monitoreo crítico y condiciones de laborales, agosto de 2020.
Además, las y los trabajadores han tenido que desarrollar sus actividades sin los elementos de protección personal (EPP) completos y de buena calidad. Pese a que el gobierno nacional asignó a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) la entrega de estos elementos, estas no han cumplido como se esperaba. Por su parte las instituciones de salud no hacen entrega de estos elementos al referir que las Empresas Promotoras de Salud les adeudan importantes recursos y no tienen como comprarlos. Situación que ha llevado a que los mismos trabajadores compren sus EPP para proteger su salud y su vida. Ver gráfica N° 2.
Fuente: Mesa de monitoreo crítico y condiciones de laborales, agosto de 2020.
Es necesario aclarar que la precariedad laboral y salarial de los trabajadores del sector salud tiene su antecedente en la Ley 100 de 1993 que ha favorecido por cerca de tres décadas la flexibilización y desprotección laboral. La pandemia ha permitido identificar que los trabajadores de salud por Órdenes de Prestación de Servicios -OPS- tienen peores condiciones de bioseguridad que quienes tienen un contrato laboral, incrementando el riesgo de adquirir la enfermedad. Como si no fuera poco, en caso de requerir incapacidad, las instituciones hospitalarias suspenden sus contratos hasta que se reintegran a sus actividades, dejando sin ingresos económicos a los trabajadores.
Según datos de la Mesa de monitoreo, uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras de salud ha sido infectado por el covid-19, no todos han sido reportados a las ARL y el 58% de los trabajadores y trabajadoras refiere afectaciones en su salud mental. Debo señalar que antes de la pandemia ya se tenían reportados problemas sicosociales en los trabajadores del sector y que estos han empeorado con la pandemia. Por otra parte, el gobierno nacional estableció el reconocimiento de una bonificación a los trabajadores de salud y luego fue estableciendo criterios de exclusión que han llevado a presentar diferentes acciones legales y no se ha realizado el pago de esta bonificación.
En el caso de Bogotá el secretario de salud Alejandro Gómez López, está aplicando la política de precarización laboral que implementó en su paso como gerente de Metrosalud, al punto que a un mes de terminar su gestión, fue citado por el Concejo de Medellín ante denuncias por irregulares manejos de los recursos, quejas de la comunidad por falsas promesas y denuncias de los trabajadores por maltrato laboral. El secretario hace caso omiso a la realidad de la pandemia y el mayor trabajo y también mayores riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de salud. Información que puede ser consultada en el enlace:
https://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/2018-10/Texto-del-acta-034-de-febrero-10-de-2012.pdf
Etapa 2. La falsedad de los Proyectos de Ley 331 y 010 de 2020. La pandemia desnudó las críticas condiciones laborales en el sector salud y la inoperancia e ineficiencia de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Antes de la pandemia ya se conocían las barreras de acceso a la atención en el sistema de salud implementadas por las EPS con el beneplácito del Ministerio y la Superintendencia de Salud. Con la pandemia, las EPS aprovecharon el momento para aplicar mayor contención de costos. En la pandemia algunas cerraron sus oficinas y la mayoría estableció barreras para la realización de la prueba diagnóstica de covid-19 y demoras en los tiempos de entrega de resultados. Además, las EPS dejaron de atender a los pacientes sin importar el diagnóstico y situación de enfermedad.
Este es el contexto en el que se presentaron los dos Proyectos de Ley el 331 y el 010 de 2020. En el caso del proyecto 331 “Por medio del cual se fomenta el trabajo digno del Talento Humano en Salud”, mantiene la intermediación laboral, legisla solo para los trabajadores asistenciales excluyendo al personal administrativo y de apoyo y permite la demora en el pago de los salarios. Por estas razones, los trabajadores del sector salud nos hemos pronunciado exigiendo su archivo. El Proyecto terminó archivado debido al concepto negativo que dio el Ministerio de Salud.
En el caso del Proyecto de Ley 010 de 2020, este fue radicado en el Congreso de la República el 20 de julio de 2020 por los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático bajo el título “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del sistema general de seguridad social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud”. Tiene como referente el sistema de salud norteamericano, fuertemente criticado por su baja cobertura, fragmentación e inequidad entre la población blanca y la población negra. Sistema basado en la ideología del libre mercado, con la administración financiera de los recursos por parte de compañías aseguradoras y proveedores (entiéndase IPS, hospitales) privados.
El Proyecto de Ley 010 es un proyecto no recoge ninguno de los artículos de la Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria en Salud, además de ser inconstitucional al proponer: a) privatizar y hacer de la salud un negocio en manos de monopolios nacionales y transnacionales; b) transferir la responsabilidad de la enfermedad y sus costos a los pacientes; c) precarizar aún más las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector salud; d) quebrar la red pública hospitalaria, iniciando por el Instituto Nacional de Cancerología; e) permitir el enriquecimiento de los monopolios (EPS-Aseguradoras) al transferirles los recursos públicos del sector salud; f) eliminar los regímenes especiales en salud; g) eliminar la salud pública y la promoción de la salud, entre muchas otras propuestas que niegan el derecho a la salud y a la vida de las y los colombianos.
El proyecto ha tenido llamado de urgencia del gobierno nacional y se está presionando su aprobación a pupitrazo por parte del Congreso de la República. El domingo 6 de diciembre, Vargas Lleras en su columna del periódico El Tiempo llamó la atención por la demora en la aprobación y le tiró las orejas al ministro Fernando Ruíz quien tiene como misión la aprobación del proyecto. El día 10 de diciembre el senador Motoa denunció la falsificación de su firma en la radicación de la reforma a la salud, el 11 de diciembre el senador Fabián Castillo anunció ante los medios de comunicación el aplazamiento del proyecto para la legislatura que inicia en marzo del 2021.
El día 10 de diciembre el senador Fabián Castillo anunció: Hacemos un llamado a la comunidad de enfermería en el país para prepararnos entre el 10 y 17 de diciembre para unirnos al paro nacional de salud en defensa de los derechos a la dignidad humana, la salud, el trabajo digno y decente, así como el derecho a la vida de la población colombiana. Sin embargo, dado que el Proyecto tiene sectores nacionales e internacionales presionando por el negocio, el viernes 11 de diciembre inicio la discusión. Como es costumbre con las bancadas de Cambio Radical y el Centro Democrático, quieren aprovechar estas festividades para aprobar a pupitrazo y a la media noche este proyecto nocivo para la salud y la vida de toda la población colombiana.
Ante este peligro inminente se está preparando un paro nacional del sector salud. Es momento de decir de todas las formas posibles y al unísono ¡No más muertes a causa del actual sistema de salud y no más muertes de trabajadores de salud a causa de la precarización laboral!
EmoticonEmoticon