El 25 de
marzo la más extendida y popular forma de resistencia social resonará en toda
Colombia, los cacerolazos. La exigencia de una adecuada política frente al
coronavirus, hoy el mayor problema nacional, y el pliego de peticiones sin
resolver y sin siquiera responder, del paro del 21 de noviembre, son sus
motivaciones fundamentales. El extendido y muy intenso descontento social,
recrudecido con la reciente tanda de escándalos, arrojó al gobierno Uribe-Duque
a su peor momento de descrédito y repudio, pero para infortunio del país,
sobrevino la llegada de la pandemia global para acentuar los males de los
colombianos y en auxilio de la minoría gobernante en apuros.
No es
cierto que todo esté preparado para enfrentar el contagio del coronavirus y sus
efectos, como dice el gobierno. La pandemia tomó al país sin preparación. Ni la
red pública hospitalaria ni las EPS privadas tienen capacidad real para tamaña
tarea. La causa de ello son las casi 3 décadas de privatización de la salud, de
la que se queja todo el país excepto los super ricos que se benefician del
negocio y convirtieron el vital servicio en triste sinónimo de “paseo de la
muerte”. El país ha presenciado la inadmisible negativa y morosidad del
gobierno a tomar desde los primeros momentos las indispensables medidas que
demanda la emergencia nacional. Sólo las certeras críticas de Gustavo Petro, instando
al temprano confinamiento de la población en sus hogares, y la de las
agrupaciones alternativas y sectores de varios otros partidos, y en especial,
la iniciativa sobre la cuarentena de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y
de alcaldes y gobernadores de numerosas ciudades y departamentos del país,
terminaron obligando a recular al Ejecutivo nacional.
Las
medidas paliativas que ha tomado Duque también obedecen a su intento de
apaciguar las visibles muestras de inconformidad popular, las presiones de
distintos sectores políticos y en particular por la actitud erguida de la
alcaldesa dela capital. Pero incluso en tales medidas persiste la servil
obsequiosidad hacia el capital financiero y las grandes empresas: son muchas
las protestas generadas por el decreto 444, que so pretexto de proveer recursos
para la emergencia del coronavirus, abre otro chorro de recursos públicos hacia
el interés privado de la plutocracia de los grandes negocios. La emergencia que
padece Colombia no permite soslayar la cuestión de fondo, es decir, si el peso
de la emergencia recaerá sobre los hombros del pueblo o por fin cesará el
regalo de los recursos públicos al capital financiero y se gravarán en serio
las arcas repletas de la bancocracia. La acertada respuesta que diera en un
programa de televisión un docente de la Universidad Nacional, el doctor Orlando
Acosta, “prima la protección de la vida sobre la economía”, en relación con la
política a seguir frente al coronavirus, sintetiza el fundamental interés de la
abrumadora mayoría de los colombianos.
En la
cuestión crucial de lo que hay qué hacer para enfrentar y superar el peligro de
la pandemia, lo primero a asimilar son las conclusiones, positivas y negativas,
que arroja la experiencia tanto de los países que lograron contrarrestar la
expansión del contagio del coronavirus como de aquellos que se debaten con el
mismo en medio de un derrotero de desastres o se aproximan a ello. Mientras
China comienza a salir airosa de la dura prueba, y otros países asiáticos
logran el control de la propagación del contagio del virus, el sistema de salud
de Italia se sume en el colapso, el de España se bate bajo asedio, en tanto que
crecen las dificultades en Gran Bretaña y Estados Unidos. Mientras China envía
personal médico y equipos a Italia, Estados Unidos fracasa en su intento de
comprar sigilosamente una vacuna temprana producida por empresa alemana contra
el Covid-19. El gobierno colombiano debería asimilar y poner en práctica las exitosas
estrategias que emergieron, principalmente en China, y también en Corea del
Sur, Singapur y Taiwan y Japón. En su orden: la preparación y reacción rápida
frente al coronavirus, la detección temprana de los casos mediante pruebas de
diagnóstico, el rastreo de potenciales contagios, el confinamiento o
distanciamiento social de la población en sus hogares, y la promoción de
medidas de higiene. Con excepción del confinamiento, adoptada con retraso,
ninguna de estas estrategias ha sido adoptada por el gobierno en Colombia. Y
aún no está claro si esta estrategia de confinamiento estará acompañada de las
necesarias garantías y del suficiente respaldo de recursos públicos para los
trabajadores tanto formales como informales, así como para quienes carecen de
medios de subsistencia en todo el país.
Asegurar
el cumplimiento de tales estrategias exige la reducción de pagos de la deuda
externa, una nueva distribución del gasto público y la reforma del régimen
impositivo. Y el resuelto fortalecimiento del sistema de salud pública, concentrado
en camas ucis, respiradores y oxigenoterapia, personal de salud suficiente, y
equipo de protección para el mismo. El confinamiento exige que los trabajadores
formales sigan recibiendo sus salarios, sin autorización de despidos colectivos
ni individuales solicitados por empleadores. Suministro de un ingreso básico a
los trabajadores informales durante el confinamiento. Moratoria por 1 año de
las deudas de los pequeños y medianos productores y negocios. Impuesto
extraordinario de emergencia al sector financiero con destino a la batalla
contra el coronavirus. Establecimiento del control oficial de precios,
especialmente sobre los artículos de primera necesidad. Convenio con Cuba para
adquirir el interferón 2 Alfa B, que contribuyó a salvar más de 3 mil vidas en
China. Y acuerdo fronterizo con Venezuela y los demás países limítrofes, para
implementar medidas de interés muto frente a la pandemia.
La
política oficial imperante es diametralmente opuesta a esta visión del
problema, y el gobierno no accederá por voluntad propia a ponerla en práctica. En
realidad, al persistir en esa actitud, los dueños del poder se exponen a jugar
con fuego. Si el contagio se dispara y el sistema de salud empezara a colapsar,
los deudos de los afectados no presenciarán pasivamente la suerte de sus seres
queridos moribundos. Ni los que ganan el pan con el sudor de su frente, sea con
empleos formales o en la informalidad, se resignarán sin más ni más a recluirse
sin salario o sin un ingreso básico en sus lugares de vivienda. Las clínicas
privadas de primera no escaparían al asedio ni estarían a salvo de la
justificada toma por asalariados y menesterosos. Ni tampoco el actual gobierno
de los banqueros, sobre el cual podría recaer de lleno la desatada ira del
pueblo.
La izquierda,
el centro y el conjunto de sectores democráticos, deben aunar esfuerzos para
defender la vida y la salud de los colombianos. El PTC está dispuesto a marchar
en la primera línea de esa batalla social. Este 25 de marzo desde andenes,
puertas y ventanas trepidarán de nuevo las cacerolas desde toda Colombia,
haciendo frente al coronavirus, por la vida y contra el mal gobierno.
Bogotá,
24 de marzo de 2020
Comité
Ejecutivo Central PTC-Partido del Trabajo de Colombia
Yezid
García
Secretario
General (e)
