Editorial La Bagatela, No. 42, diciembre de 2014
“La organización partidaria que no se vincule estrechamente a las masas, que no se atreva a correr los riesgos que la liza política depara, que se aferre caprichosamente a rígidas y anquilosadas formas de lucha y organización, que le dé lo mismo que la revolución esté en flujo o en reflujo para trazar su acción y por añadidura se mantenga alegremente convencida de que todo cuanto conversa, discute, argumenta es la purísima verdad, ese partido, o mejor, ese grupúsculo, perecerá indefectiblemente, y perecerá asfixiado en los humos de sus propios dogmatismo y sectarismo”.
Francisco Mosquera
Introducción al libro Unidad y Combate
El país ya se encuentra en plena
campaña para definir su rumbo en las elecciones territoriales de 2015, y el
panorama político actual augura que los dos bandos fundamentales que midieron
fuerzas en las presidenciales del presente año volverán a chocar con mayor
contundencia. La facción uribista no ha dado una sola zancada sin tener en
mente la justa del 25 de octubre del próximo año. Mientras tanto, las banderías
que optaron por la reelección de Santos, que podemos señalar como incorporadas
en una gran corriente democrática, no definen todavía una táctica unificada que
permita asegurar la dirección de gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos
y juntas administradoras, para la suerte positiva de la democracia colombiana.
Colombia, en su devenir histórico
debe tomar dos definiciones políticas de largo alcance. La primera tiene que
ver con el propósito de la paz. Y la segunda, con continuar con la defensa del
gobierno de la Bogotá Humana, el gobierno de Gustavo Petro, porque este es un
asunto que trasciende las fronteras de la capital, que tiene que ver con la
posibilidad real de organizar al país teniendo como centro al ser humano, con prevenir
y enfrentar las consecuencias del cambio climático, con acabar la segregación,
con reversar el modelo neoliberal y privatizador, con la defensa de lo público,
con la lucha contra la corrupción, con la defensa de los desposeídos, en fin,
con la conquista de una nación humana. Ante tamañas definiciones, el pueblo
debe cerrar filas en torno a ellas.
La responsabilidad política del Partido del Trabajo de Colombia
Es ante el pueblo de Colombia y del
mundo que el PTC debe exponer sus determinaciones tácticas, máxime en una
coyuntura tan compleja como la actual. Veamos. Las elecciones presidenciales
tuvieron lugar sobre la base de tres hechos claves, sin los que no se puede
deducir una línea correcta: Primero, el siglo veintiuno empieza en Colombia con
un saldo favorable para la corriente democrática, que se puede verificar en
contraste con el serio traspié que afrontaron las fuerzas del uribismo extremo.
Traspié que se concreta en la decisión de la Corte Constitucional que declaró
inexequible la segunda reelección de Uribe, el inesperado apartamiento de
Santos de las toldas uribistas y la elección de Gustavo Petro en la alcaldía de
Bogotá. Segundo, al apartarse Santos de la senda uribista genera una
polarización sin la cual no se puede explicar la situación política nacional.
Tercero, es evidente que entre los factores que dividieron a Colombia, con la
sola excepción de Bogotá, no figura la opción de la izquierda, pues el país en
su conjunto lo ha hecho entre las posiciones de Santos y Uribe.
Los colombianos tuvimos que
dilucidar si éramos ajenos al pleito en curso (y que debía zanjarse en las
presidenciales) o si, por el contrario, estábamos involucrados y debíamos tomar
partido en ese litigio. El PTC asumió su posición en noviembre de 2013 cuando acompañados de sectores del
Progresismo y la Alianza Verde llamamos a votar por Santos desde la primera
vuelta. En ese momento, afirmamos que las fuerzas y las clases sociales que
representan tanto Uribe como Santos han integrado la élite dominante de
Colombia, pero aclaramos que la base social de ambas no es idéntica. Santos
representa el capitalismo financiero, el más poderoso, pero a la vez es el más
dócil y asociado a los intereses de Estados Unidos. Encarna este segmento la
gran burguesía, la facción histórica del país, con raíces en los comienzos del
siglo veinte. Por el otro lado, Uribe representa un segmento emergente de la
clase terrateniente, que se entrelazó con el narcotráfico y desató una bárbara
e ilegal respuesta a la guerrilla que se extendió al campesinado y al pueblo.
Eso implica que hubo una mutación de la élite. Sin embargo, los dos segmentos
tienen una característica común: su sumisión a Estados Unidos, y ambos han
adoptado el neoliberalismo como su credo. Pretenden que Colombia sea un país
minero exportador, un molde viejo ya aplicado a fines del siglo diecinueve.
El segmento emergente asumió la
conducción del Estado por factores ya conocidos, particularmente, porque el
país dio un giro a la derecha, lo que llevó a Uribe a la presidencia en 2002. En
Colombia se instaló un cogobierno con el paramilitarismo con supresión de la
democracia. Se produjo un régimen con visos fascistas, y este giro fue
patrocinado por el conjunto de las clases gobernantes. En su momento, los
métodos del paramilitarismo fueron aceptados como permisibles.
Una política de frente único
Podemos entonces formular que de los
resultados de las elecciones presidenciales se confirma:
1) El ascenso de la corriente democrática
muestra un empuje sostenido por encima de la considerable fuerza que mantiene
el uribismo. Donde debemos identificar el hecho definitivo del viraje de la
izquierda, porque si esta no vira como viró, al decidir votar por Santos,
obviamente el resultado habría sido distinto. En esta ocasión en que estaba en
juego la jefatura del Estado, las fuerzas del progreso fueron decisivas en
alianza con una facción de la élite. ¡Así es la política!
2) Por primera vez desde la época del
Frente Nacional hasta hoy, tuvo aplicación de manera exitosa la política de
frente único en la escala más amplia que se haya podido registrar en este largo
período. Es decir, unir todas las fuerzas contra el enemigo común. Esta
política se concretó bien, de manera eficaz y obtuvo un triunfo, que estuvo del
lado de la victoria en una elección presidencial.
3) La extrema derecha representada en el
uribismo mantiene una fuerza considerable que lo erige en un adversario
imposible de subestimar y, por tanto, en un peligro real y vigente para el
proceso de paz y la defensa de la democracia.
El origen de estos aspectos básicos
de la situación política nacional los encontramos cuando el empeño de Uribe
tropieza al no poder superar la resistencia democrática, popular e
institucional, que suscitó su gobierno. En ese momento una parte de la
institucionalidad del país entró en franca contradicción con el signo
fascistoide de las ejecutorias del Ejecutivo. Uribe encontró también la
oposición de una facción de la élite con la que estaba gobernando. Esa facción
terminó por madurar una estrategia para separarse de Uribe, porque entendió que
los métodos, que en principio le parecían aceptables, se convirtieron en un
problema para la estabilidad política como prosperidad de los grandes negocios.
El cometido de Santos fue liderar esa política. Y aunque haya sido inesperado,
no es tan casual ni azaroso. La connivencia con el paramilitarismo, de la mano
del Plan Colombia, desde el gobierno de Pastrana, logró lo que se había
propuesto con la participación de Estados Unidos, que no ha sido ajeno al
fenómeno paramilitar: afectar a favor del Estado la correlación de fuerzas
frente a los grupos alzados en armas. Esto, aunado a un cambio de énfasis en la
política imperialista norteamericana, con el gobierno de Obama, hizo posible la
derrota de la táctica de tierra arrasada. Se reunieron las condiciones para dos
hechos muy importantes: un entorno democrático burgués y el proceso de paz.
Contexto favorable para una contienda política civilizada, que para el pueblo
significa el marco en el cual puede movilizarse y alcanzar sus reivindicaciones
inmediatas y continuar la brega por transformar a Colombia.
En esta perspectiva, cuando avanza
el proceso de paz, los voceros de las Farc han dicho que no quieren ser
extraditados ni juzgados como criminales, entonces Colombia tiene que entender
que esa concesión es factible y necesaria, y las audiencias que se han
programado entre las víctimas y las Farc ya produjeron que el grupo armado
acepte que hay víctimas de sus acciones, que no son defensables, y que esas
víctimas merecen una reparación. Si las Farc ponen fin a la lucha armada,
deberán tener concesiones políticas, por supuesto. El asunto grueso es que a
los exintegrantes de la guerrilla se les debe facilitar la reincorporación a la
vida civil, y eso implica costos, garantías y beneficios, con la condición de
que eso no establezca prerrogativas o ventajas indeseables.
La política económica y social de
Santos
El otro aspecto del asunto es la
política económica y social de Santos y lo que experimentamos es un choque, un
repudio de los sectores populares frente a esa política. El modelo minero
exportador sigue su rumbo. La recuperación del río Magdalena no es para
reforzar el mercado interno del país sino para facilitar la exportación de
materias primas, especialmente carbón. No hay señales que permitan afirmar que
hay un apartamiento del modelo colonial. La política tributaria también refleja
que el costo de la paz pretende que se financie por los pobres y las clases
medias. En cambio, la actualización del catastro en el campo, contenida en los
acuerdos de La Habana, sería una medida muy progresista pues pondría a tributar
a los terratenientes. El incumplimiento del gobierno al movimiento obrero es
una complicación seria, como lo fue en su momento la ratificación de la
destitución de Petro por el procurador, que tuvo un peso importante ente los
factores que entorpecieron el desarrollo de la táctica que se necesitaba en las
presidenciales.
Frente a todo esto los trabajadores
y el pueblo tienen todo el derecho a repudiar las medidas regresivas, a
realizar las movilizaciones a que haya lugar y a salir en defensa de sus
derechos. Pero la clave es que no se puede perder de vista el contexto, que hay
que tener claro en las luchas y movilizaciones concretas, al frente de las
cuales debemos estar, si queremos contribuir a que se oriente a la gente como
debe ser, llamando a que se mire dónde está lo principal y dónde lo secundario.
Las elecciones de 2015 y la Alianza Verde
La línea de evolución de la
corriente democrática ha seguido en ascenso pero no debe cantarse victoria
antes de tiempo. La elección presidencial fue clave pero no definitiva. Las
elecciones de 2015 serán sin duda una medición de fuerzas.
En ese sentido, es imperativo que la
política electoral de la Alianza Verde debe reflejar la táctica que triunfó en
las presidenciales. Se debe participar con listas propias a concejos, asambleas
y juntas administradoras locales y hacer acuerdos para los cargos de alcaldes y
gobernadores con sectores antiuribistas. Hay que subordinar las aspiraciones
individuales a la lucha política concreta y real de cada región. Además de los
problemas concretos de cada municipio deben considerarse aspectos de fondo
sobre la situación nacional. El PTC seguirá trabajando por la unidad y el
fortalecimiento de la Alianza Verde.
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