A propósito de la violencia contra la mujer en Colombia
Consuelo Ahumada
Directora del Centro de
Estudios Nueva Gaceta, coordinadora del Colectivo MALÚ-PTC, integrante del
Comité Ejecutivo del PTC y profesora universitaria
En el transcurso de este
siglo, marcado por el afianzamiento y profundización de políticas cada vez más
excluyentes y por la extrema concentración de la riqueza en unos pocos, las
condiciones económicas y sociales de la mayor parte de las mujeres parecen
deteriorarse, a la par con su situación laboral. Llama la atención las extremas
dificultades que viven las migrantes en los países del Centro, frente a
políticas abiertamente xenofóbicas y racistas. En términos generales, se ha
retrocedido con respecto a avances importantes alcanzados en la legislación
internacional y en las luchas de más de un siglo por la igualdad de género y
por los derechos sociales, individuales y colectivos de la mujer.
En el caso de América
Latina, la violencia generalizada contra las mujeres, cuya expresión más extrema
son los feminicidios, es decir, el asesinato de una mujer por su condición de
mujer, se ha incrementado de manera notable en diversos países, en especial en
Argentina, México y la región centroamericana. Los datos de Colombia,
escondidos en las noticias de la violencia generalizada de las últimas décadas,
también son escalofriantes; en el país hoy se registran cuatro feminicidios al
día, con una impunidad del 90% (Oficina de la Equidad de la Mujer, enero 2016)1.
Buena parte de estos crímenes tienen connotaciones sociales y políticas, pero
también reflejan el arraigo de una cultura feudal, profundamente patriarcal,
que ha sido amparada durante siglos por las creencias religiosas, en particular
las que provienen del oscurantismo católico. Es precisamente en esta cultura
que se afianzan los señores de la guerra y los políticos que los representan,
tanto en Colombia como en el mundo entero.
Por
ello, a comienzos de año las huestes femeninas tomaron la delantera en la lucha
en Estados Unidos y el mundo entero contra el avance del fascismo, representado
con la llegada al poder de Donald Trump en el imperio, y el avance de la
extrema derecha en algunos países de Europa. Por otra parte, el pasado 8 de
marzo las mujeres convocaron a una huelga general en el continente y se
movilizaron en varias capitales contra todo tipo de violencia contra la mujer,
bajo el grito colectivo que emanó desde Argentina “Ni una menos”.
Las
mujeres en Colombia han debido afrontar también el creciente recorte a la
inversión pública y social, que responde a las políticas de ajuste fiscal, y el
deterioro en la prestación de los servicios sociales básicos, en especial la
salud, la educación, el acceso a guarderías, por parte de sucesivos gobiernos,
que han acogido con entusiasmo y sin el menor reparo las imposiciones de los
organismos internacionales y de los dueños de las finanzas en el mundo. En este
punto preciso, el de la política social, tampoco hemos contado ni remotamente
con gobiernos nacionales que privilegien la inversión social, tal como sucedió
durante una larga década con los gobiernos alternativos del Sur del continente2.
En
medio de esta situación tan dramática, marcada por múltiples formas de
violencia, la mujer colombiana, en especial la del sector rural, ha sido
especialmente afectada por el conflicto armado y por sus estragos. Las cifras
de violencia sexual en el conflicto armado, así como el número de mujeres y
niños desplazados, han sido ampliamente documentados, tanto por la Comisión de
memoria histórica como por distintos organismos y entidades internacionales y
nacionales. En este respecto, el papel de la Corte Constitucional ha sido
fundamental en cuanto a darle visibilidad a tan grave situación. El 14 de abril
de 2008 emitió el Auto 092, con respecto a la protección de los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del
conflicto armado. En dicho Auto identificó diez riesgos o factores de
vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de
su condición femenina, al tiempo que explicó el impacto desproporcionado del
desplazamiento forzoso sobre las mujeres y le ordenó al gobierno la adopción de
un programa para la prevención de dichos riesgos.
Por
todo lo anterior, la firma e implementación de los acuerdos de paz entre el
gobierno nacional y las Farc, a pesar de sus dificultades de toda índole,
representa un paso muy importante para empezar a superar tan difícil situación.
La generación de unas condiciones democráticas, que permitan el debate
civilista en Colombia, propiciará también un escenario más propicio en lucha
por alcanzar en Colombia la equidad de género y los derechos de la mujer.
Notas
1 Por ello, resulta indignante la convocatoria
a la Selección Colombia a un jugador cuya última noticia fue propinarle una
violenta golpiza a su esposa en Miami. La actitud complaciente de la gran
mayoría de los medios frente al personaje es altamente reprochable y es una
muestra fehaciente de esta cultura machista y mafiosa.
2 Por ello, no puede dejar de reconocerse los importantes
avances en materia de inversión social y de fortalecimiento de lo público que
se dieron durante la Bogotá Humana de Gustavo Petro.
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