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| Las gentes angustiadas por la incendiaria agresión a sus viviendas tratan de salvar lo poco que les dejó la administración de Peñalosa. |
Redacción La Bagatela
A través del Decreto 131 de 2017, la administración de
Enrique Peñalosa redujo de manera significativa los subsidios de transporte
para las personas con discapacidad, pasando de 50 a 25 los pasajes mensuales a
los cuales se les aplica el descuento diferencial. Aunque esto fue informado
por los medios, el cubrimiento no mencionó que la reducción aplicó igualmente para
las personas mayores e incentivos por Sisben, poblaciones a quienes se les
redujo el porcentaje del subsidio y el número de pasajes con este beneficio.
En el primer caso, la administración desconoció lo definido
por la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por las Naciones Unidas y convertida en norma nacional mediante la Ley 1346 de
2009, que estableció la necesidad de adoptar medidas que permitan la
realización efectiva de derechos para la igualdad social, entre ellos el acceso
al transporte. Una condición necesaria, si tenemos en cuenta que en una gran
proporción estos subsidios son usados por las personas con discapacidad y sus
cuidadores para el desplazamiento hacia los tratamientos médicos necesarios.
Por si fuera poco, el 19 de abril las personas con
discapacidad, en el ejercicio constitucionalmente reconocido de la protesta, se
concentraron en la plaza de Bolívar para protestar por lo que consideran, de
manera legítima, una medida injusta. Aun cuando esta jornada se desarrollaba de
manera pacífica, la policía metropolitana de Bogotá sin medir las consecuencias
agredió con gases lacrimógenos a los manifestantes, en una acción violenta y
desmedida que parece caracterizar a la actual administración ante el creciente descontento
que reflejan las encuestas y que ya suman más de medio de millón de firmas por
la revocatoria de su mandato.
Reducir subsidios no es una medida aislada para la actual
administración. Valga recordar que en la última asamblea distrital de la Alianza
Verde en la cual participó Enrique Peñalosa, en su intervención crítico los
avances en materia de política social realizados por la Bogotá Humana, y que
durante la aprobación del actual Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá el
secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, hizo todo lo posible para negar
el artículo que permitía la tarifa diferencial para estudiantes, algo que por
fortuna no se aprobó.
Aunque la administración se defiende aduciendo que fue la
actuación aislada de un agente que será retirado, prueba de que la violencia y
la represión son acciones sistemáticas de la administración, es la forma en que
se produjo el desalojo en el barrio Bilbao de la localidad de Suba.
Aunque las 500 familias y más de 1.300 personas que se
ubicaban allí estaban sobre la ronda del río Bogotá, en un serio riesgo contra
sus vidas ante un posible desbordamiento, y efectivamente ocupando de manera
ilegal un terreno que constituye espacio público, la administración distrital a
través de un desalojo violento pasó por alto que quienes residían en esta zona
son “(...) familia(s) humilde(s), en condición de desplazados”, tal como consta
en la demanda interpuesta contra el Distrito y en la cual se reclamaba la
protección de sus derechos fundamentales a la vivienda, la integridad personal
y dignidad humana.
Está fuera de debate el que la manera en que estas personas
ocupaban el territorio estaba lejos de cumplir estos principios, y que la
restitución de sus derechos no pasaba por un desalojo violento como el
realizado el pasado 24 de abril, sino por la atención necesaria que permitiera
una reubicación en condiciones dignas, restableciendo sus derechos previamente,
y lejos de las manos de urbanizadores piratas que aprovechando la pobreza y las
necesidades se apropian de terrenos indebidamente.
La concertación y las vías del diálogo parecen ser
desconocidas por Enrique Peñalosa, tal como ocurrió en el cabildo citado a
propósito de la venta de la ETB. Este caso no fue la excepción: antes que la
oferta de soluciones se procedió con el bolillo. Una de las habitantes de la
zona señaló: “Si nos tumban los ranchos, volvemos a levantarlos hasta que nos
reubiquen” (Caracol TV), afirmación que evidencia que la reubicación no fue una
oferta que antecedió al desalojo violento, tal como sugieren las propias cifras
presentadas por un concejal del Centro Democrático, quien en un intento
desesperado por defender a Peñalosa, indicó que 117 familias están inscritas en
subsidios de vivienda, lo que constituye menos del 23% del total que allí
reside.
Aunque el secretario de Gobierno señaló tajantemente que la
conflagración fue iniciada por los habitantes de la zona, estos afirman que
ello implicó la destrucción de lo poco que poseen. Es importante señalar que
gran parte de la población allí se dedicaba al reciclaje, lo que supone la
acumulación de materiales como papel y plástico, altamente inflamables, pero de
cuya venta se obtiene el poco dinero con el que subsisten, aspecto de la vida
material que hace en lo absoluto creíble las afirmaciones de Miguel Uribe.
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| Horror. El estilo de gobierno peñalosista: gasear a los discapacitados. |
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