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| Por doquier, los colombianos defienden el agua y el medio ambiente ante la foránea depredación minera. |
Óscar Rivera
Ingeniero Agrónomo egresado de la U.Nal (Sede Palmira).
Defensor del Agua
El Estado colombiano persigue a los mineros artesanales,
quienes extraen oro con bateas y causan reducido impacto, mientras grandes
transnacionales mineras legales, arrasan el suelo, las selvas húmedas, y
devoran el agua por un pírrico 3,2% de regalías, descontadas de su propio
impuesto a la renta (Portafolio). De 2000 a 2010 se otorgaron 9.780 licencias
mineras, y le raparon la administración del subsuelo a Ecopetrol, para
desmontar los contratos de asociación y volver a las absurdas concesiones
coloniales, que otorgan regalías del 8%.
La locomotora minera atropella y devora páramos, selvas
tropicales y manglares, desvía ríos como el Ranchería y el arroyo Bruno de La
Guajira, condenando a morir de sed a miles de niños. Abre un agujero de 62.000
hectáreas en la Jagua de Ibirico, Cesar, extrae níquel con emisiones
cancerígenas en Montelíbano, municipio de Córdoba, pretende explorar petróleo
en Caño Cristales, ubicada en la biodiversa serranía de La Macarena, proyecta
la explotación minera en el frágil páramo de Anaime, donde las lloviznas se filtran
en esponjas de los frailejones para formar el río Coello, y la enorme riqueza
aurífera de 26,8 millones de onzas de oro amenaza derruir la hermosa despensa
de Cajamarca, con sus parcelas campesinas multicolores, sembradas de fríjoles
cargamantos, yucas, hortalizas, curubas y fresas, regadas por aguas de origen
glaciar.
A Colombia ingresan 118,8 toneladas legales de mercurio por
año (El Tiempo, abril 9 de 2017). Se han localizado 7.000 áreas donde separan
con mercurio el oro de la amalgama en ríos y aluviones. El mercurio vertido en
ríos, empezó a intoxicar y envenenar a centenares de colombianos. Decenas de
miles se han manifestado en forma contundente contra la barbarie minera, que
transforma ríos cristalinos del Chocó biogeográfico en caños de fango espeso
saturados de cianuro de potacio y mercurio. Destilan hacia el Atlántico y el
Pacífico, contaminado a los veloces atunes, y criaturas marinas de excepcional
belleza, habitantes de arrecifes. Los jardines de carbonato de calcio y algas
de mil colores que depuran las aguas marinas, exhalan oxígeno e incorporan
carbono en su estructura molecular. Así van tejiendo lentamente la mortaja del
mar desde las tierras rojas de Dabeiba, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Remedios,
Caucasia, Marmato. Desde el Mira, el Telembí y el Micay, Naya, Raposo,
Yurumanguí, San Juan, Baudó, Atrato y su afluente el Quito devastado por la
minería ilegal.
Los cerebros criollos de la gran minería no entienden que la
devastación de ecosistemas causa el calentamiento global que nos agobia con
lluvias diluvianas y sequías prolongadas, y aplauden este “desarrollo” basado
en la destrucción de las fuentes hídricas, en la deforestación y exterminio de
las especies de flora y fauna reguladoras de las lluvias, la humedad relativa y
el clima global. En su afán, no respetan las leyes establecidas como marco
jurídico para la protección ambiental: el Decreto 1449 de 1977 que establece
franjas forestales protectoras de ríos y quebradas en uso de conservación, o el
Decreto Ley 1523 del 2012, que reglamenta los deberes de los municipios en la
gestión del riesgo de desastres.
Además de la deforestación y el daño irreversible de fuentes
de agua, las empresas mineras extranjeras se llevan los ingresos, dejando los
territorios transformados en tierra yerta, estéril, y a las comunidades sumidas
en la pobreza absoluta: desde la época de Itsmina y Condoto, transformados por
Pato Gold Mines, de jardines de selva virgen y oro aluvial en fríos cementerios
de piedra.
La erosión que es causada en las montañas andinas lleva cada
año más de 200 millones de toneladas de suelo fértil hasta Bocas de Ceniza, la
bahía de Cartagena y sus corales y las Islas del Rosario, donde mueren los
arrecifes asfixiados por el légamo fumígeno del lodo andino.
Mientras la economía nacional fenece, carcomida por el
agresivo cáncer de corrupción manifestado en los casos de Odebrecht, Reficar,
Interbolsa, la salud, Isagen, Papeles de Panamá, los áulicos y benefactores del
capital extranjero, al igual que las empresas extranjeras, saquean sin freno ni
control hasta el último galón del petróleo y kilo de carbón a tajo abierto,
venden hoy día onzas de oro a 1.252 dólares, saquean las maderas preciosas del
Chocó. En su lógica depredadora, desprecian el sudor y el esfuerzo de los
campesinos, cultivando sus parcelas de pancoger, y desean aniquilar los
páramos, esencia de la hidrología nacional. Con las regalías miserables que
dejan en las regiones mineras, los territorios terminan transformados en
escenarios de pobreza absoluta y desiertos de llanto y dolor.
No emiten palabra alguna ante los derrames de carbón de La
Drummond, desde bahía Portete hasta Ciénaga, no se dan cuenta de la destrucción
del sistema hidrológico del desierto de La Guajira. No saben que la Ciénaga
Grande de Santa Marta ha sufrido repetida mortandad masiva de peces, debido a
la absurda vía ciega, cortando la interacción del agua dulce de la Sierra con
las aguas salinas del Caribe. Poco les importa que Yopal se haya construido
sobre el abanico aluvial del río Cravo Sur, al igual que Mocoa cuya existencia
se produce bajo el abanico aluvial de un río y varias quebradas, y Florida
parcialmente en lecho mayor del río Fraile. Que la Gran Colombia Gold reciba
todas las ganancias auríferas de Marmato, y el pueblo se hunda en 550 socavones
y la miseria de 3.000 familias mineras. Ni les interesa que 52.000 litros de
mercurio estén fluyendo anualmente hacia los océanos a envenenar toda la vida
marina. No entienden la inmensa capacidad creativa y amor al trabajo del pueblo
colombiano, solo les atormenta la confianza inversionista del capital
extranjero.
Pese a este escenario, la resistencia civil no se ha hecho
esperar. En la consulta popular del 28 de julio de 2013, el 98,8% de los
votantes de Piedras, Tolima, le dijeron no a la instalación de una trituradora
de piedra, intuyendo severos impactos sobre el agua. El 15 de diciembre de ese
mismo año, el 96% de 4.426 votantes, le dijeron no a las actividades de
exploración sísmica, encaminadas a la explotación minera en Tauramena,
Casanare. El pasado 27 de marzo, el 98% de la población de Cajamarca le dijo no
al proyecto minero que pretendía explotar 26,8 millones de onzas de oro, con
cianuro de potasio alcalino y mercurio letal, en la microcuenca de La Colosa
–cuenca del río Coello–, para salvar el agua de la vida.
El pueblo colombiano está descubriendo las amenazas y el
riesgo de continuar la artera devastación de selvas, manglares, ciénagas y
páramos. Entiende la relación entre los impactos ambientales y el cambio
climático, que altera el ciclo del agua, y se resiste a la barbarie ambiental
de la gran minería, arrasando tierras y destilando venenos hacia los ríos,
apoyada por apátridas que se enriquecen con peculados y coimas, que se
deslumbran con los brillos fatuos del oro, el carbón, el coltán, y permanecen
sordos ante el clamor nacional, por conservar el agua, los alimentos y la vida.
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