Diana Marcela Cañón L.
Estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, tomado de
revista Nueva Gaceta
La educación es la base fundamental
para un proyecto de vida, de sociedad y de nación. De ahí que la Juventud
Patriótica haya acuñado la consigna: Por una educación pública, científica y
democrática.
Históricamente Colombia se ha
caracterizado por esperar mucho de la educación, en especial de la pública,
pero invirtiendo muy pocos recursos en ella, o no los suficientes; muestra de
ello es la constante movilización por parte de los profesores y estudiantes en
busca de financiación adecuada para la educación, y la inflexible negativa del
gobierno argumentando que no se obtienen los resultados esperados y que por
ello, antes que dar más recursos, hay que reevaluar nuevamente en qué y cómo se
invierten los ya asignados.
La última medida educativa
implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos fue promover una política de
becas para que estudiantes de estratos uno, dos y tres, que terminaran su bachillerato
pudiesen ingresar a la educación superior. Un programa que favorezca aquellos
que, en circunstancias normales, en un país donde para muchos es un privilegio
estudiar y para poder hacerlo se deben endeudar, una posibilidad de
financiamiento dada por el Estado no sonaba para nada mal.
Previendo un nuevo levantamiento
estudiantil si se anunciara sin rodeos que una parte creciente y significativa
del escuálido presupuesto para las universidades públicas ahora se dedicaría a
las privadas, y necesitando un nuevo acto de demagogia, el gobierno Santos, a
instancias de un estudio de la Universidad de los Andes, creó el programa Ser
Pilo Paga.
Cuando la ministra de Educación Gina
Parody propuso este programa, algunas universidades salieron a respaldar con gran
entusiasmo la propuesta de la ministra, pues abrir las posibilidades para que
gente humilde se pueda formar profesionalmente es todo un avance. Las más
felices y jubilosas con el nuevo programa fueron las instituciones de educación
superior privadas, pues los recursos provenientes del Estado para financiar el
programa Ser Pilo Paga no estarían destinados a ser ejecutados por la educación
pública oficial, sino que todas las universidades del país, acreditadas ante el
Consejo Nacional de Acreditación, podrían competir por dichos recursos.
Pero sí manifestaron preocupación las
universidades públicas oficiales de todo el país. ¿Ahora les tocaba competir
por recursos con todas las universidades acreditadas del país, por qué?, ¿cómo
así que los recursos estatales se irían a las arcas de las universidades
privadas?, ¿por qué no invertir dichos recursos en las instituciones de
educación superior públicas, destinándolos, por ejemplo, a ampliación de la
cobertura? Pero no, fortalecer la educación pública no era el propósito de la
política Ser Pilo Paga.
Según la ministra Parody, entre más
oferta hubiese, más democrático sería el proceso y los mayores beneficiados
serían los jóvenes que fueran merecedores de acceder al programa, ya que
tendrían múltiples posibilidades para escoger; además, pondría a las
universidades a competir sanamente entre ellas y esto obligaría a que mejoran
sus estándares de calidad, pues para ser atractivas para los jóvenes deberían
adquirir reconocimiento y estatus.
Puestas así las condiciones, la
situación para las universidades públicas se complejiza aún más ya que los
criterios de ingreso de una universidad pública a una privada son muy
diferentes.
Para ingresar a una universidad
pública no basta que el estudiante haya terminado sus estudios de educación
media y haber presentado el examen Saber 11; también tiene que estar sujeto a
la aprobación de un examen de admisión, al cual se presentan gran cantidad de
muchachos que compiten por un cupo. En cambio, a las universidades privadas van
con su diploma de grado, con su examen Saber 11 y con la constancia de que es
merecedor a un cupo y a un apoyo económico gracias al puntaje obtenido en el
examen que realiza el Icfes. En estas circunstancias, es más fácil para un
joven acercarse a una institución de educación superior privada, donde no tiene
que someterse a una prueba en la que puede o no ser admitido, cuenta con
funcionarios al acecho en busca de estudiantes que estén dispuestos a pagar sus
altas matrículas y si son beneficiados por las becas provenientes del Estado es
mucho mejor, ya que los dineros de los admitidos llegaran cumplidamente.
Así pues, las universidades públicas
oficiales están en gran desventaja actualmente. Tras de que los recursos
girados por la Nación no alcanzan para la gran demanda de necesidades que se
presentan a nivel de infraestructura, mobiliario, pago de pensiones, inversión
para investigación y tecnología, ahora tienen que competir por recursos con
universidades privadas que cuentan con la posibilidad de cobrar matriculas
elevadas, ofrecen servicios que son muy bien pagados y no tienen la dificultad
de estar sometidos a las restricciones financieras, salvo, claro está, las que
imponga el dueño del negocio universitario.
Por supuesto que no nos oponemos a
que el Estado financie la educación superior de los jóvenes más destacados de
los estratos uno, dos y tres; por el contrario, creemos que todos los
colombianos sin diferenciación económica, social, cultural o racial deben
acceder a lo más avanzado de la educación. Con lo que no estamos de acuerdo es
que las instituciones de educación superior privadas sean las captadoras de los
recursos estatales.
Los efectos de este programa pueden
verse desde varias ópticas. En próxima entrega miraremos las cifras puestas en
marcha y los efectos sociales que acarrea el programa.
EmoticonEmoticon