Carlos Julio Giraldo
Juventud Patriótica Regional Atlántico
La crisis que afronta hoy la
Universidad del Atlántico, el principal centro académico del Caribe colombiano
se remonta al año 2001, cuando el entonces ministro de Educación, Francisco
Lloreda, en clara violación a la autonomía universitaria y con la anuencia de
una mayoría en el Consejo Superior, suspendió el proceso democrático de designación de rector
con la participación de estudiantes y profesores. El descarte del procedimiento
democrático impidió así que el rector que venía transformando de modo profundo
la Universidad, Ubaldo Enrique Meza, fuera reelegido por estudiantes y
profesores. Se trataba de lograr, a través del nombramiento de un rector
encargado, que este accediera a las presiones del Ministerio de Hacienda para
que la Universidad desconociera los derechos adquiridos de profesores y
trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de 1976, principalmente
en materia pensional y demás beneficios extralegales.
Ubaldo
Enrique Meza se negó
a desconocer la convención colectiva que aún hoy se encuentra vigente, a la vez
que se opuso a la firma de un convenio de concurrencia que imponía a la
Universidad el tener que asumir las pensiones convencionales para evitar la
situación que la llevaría a la asfixia financiera. La estrategia de imponer un
rector por encargo se vislumbró así como el camino para lograr que prosperaran
dichas pretensiones. Esto quedó demostrado cuando Juan Romero Mendoza, actuando
como rector encargado y con el apoyo del entonces gobernador Ventura Díaz,
firmó el convenio de concurrencia en el año 2002, que significó la asfixia
presupuestal obligando a la Universidad tuviera a acogerse indignamente a la
ley de quiebras (Ley 550), situación que ha comprometido financieramente a la
institución hasta el año 2020.
Desde ese
momento se inició un largo periodo de ausencia de democracia e inestabilidad
institucional en el que ha habido un desfile de rectores encargados. Ana Sofía
Mesa de Cuervo, fue impuesta por el entonces presidente Álvaro Uribe, desde el
2006 hasta el año 2010, para luego ser designada en propiedad hasta el año
2014, con el lamentable voto del representante de los estudiantes. Luego de la
salida de la señora Mesa de Cuervo, quien se mantuvo en el cargo a pesar de
estar en edad de retiro forzoso, ha habido otros dos rectores encargados:
Rafael Castillo y Rafaela Vos Obeso, quien actualmente se encuentra ocupando el
cargo. ¡En 16 años han pasado 9 rectores!
Pero, sin lugar a dudas fue durante la gestión de
Ana Sofía Mesa que la Universidad sufrió el embate de la aplicación a rajatabla
del modelo neoliberal. Bajo el pretexto de sanearla financieramente, se
adelantó una estrategia funesta. Se basó en el aumento de matrículas, la
reducción de la inversión en temas sensibles para el desarrollo de la academia,
el despido de más de 400 trabajadores de planta violando sus derechos
laborales, la eliminación de primas extralegales de los docentes y del personal
administrativo, la demanda a las pensiones convencionales y la pretensión de
vender la sede de la 43.
Esta turbia estrategia, lamentablemente fue apoyada
por un sector minoritario de profesores y contó con el respaldo de los medios
de comunicación de Barranquilla y el silencio cómplice de los gobernadores de
turno. Ha venido siendo derrotada por los distintos fallos judiciales que le
han dado la razón a los profesores, trabajadores y jubilados, a quienes se les
ha reconocido la legalidad de sus derechos adquiridos. De este modo ha sido
reintegrado un importante número de funcionarios despedidos, con costosas
indemnizaciones que debe asumir la Universidad, situación que se complica toda
vez que en la actualidad la Universidad cuenta con 800 personas con funciones
administrativas, de las cuales 176 corresponden a carrera y provisionales
(22%), 81 son reintegrados (10%) y 543 son contratistas (68%).
Así mismo, la justicia contenciosa administrativa
ha reconocido que la convención colectiva continúa vigente y por tanto las
pensiones convencionales han sido declaradas legales, como se expresa en las
más de 200 sentencias del Consejo de Estado1.
De igual
modo, en el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, del 5 de octubre de 20122, en
el que se dirimió una acción popular impetrada por la Asociación de Jubilados
de la Universidad contra el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla
restableció el derecho de los demandantes. El fallo ordenó la modificación del
convenio de concurrencia, exigiendo, tanto al Ministerio de Hacienda, como al
departamento del Atlántico, a que concurran en el pago de la totalidad de los
pensionados de la Universidad del Atlántico, de conformidad a lo preceptuado
por el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, actualizándose los correspondientes
cálculos actuariales, incluyendo el costo real del pasivo pensional de la
totalidad de los pensionados. El fallo hizo patente la naturaleza regresiva y
predatoria de la política neoliberal, en este caso aplicada por el gobierno
Pastrana contra la educación pública.
El
resultado del proceder neoliberal es la asfixia financiera de la Universidad,
el pago de millonarias indemnizaciones, la vinculación de un costoso equipo de
abogados y asesores, la creación de una nómina paralela, la ingobernabilidad,
la destrucción del tejido social y, lo que es peor, el raquitismo académico que
tiene a la Universidad relegada de los grandes debates del departamento y de la
región Caribe, y abandonó por completo los programas y proyectos que lideraba
la institución 16 años atrás, como los estudios sobre el agua y el río
Magdalena, los programas en Telecaribe, el Fondo Editorial, los convenios
internacionales, el proceso de acreditación de programas y la aprobación y
apertura del programa de Medicina, entre otros.
Indudablemente,
el principal responsable de esta crisis ha sido el Ministerio de Hacienda
quien, a pesar de los contundentes fallos y sentencias de la justicia
contenciosa administrativa, se empeña en su nefasta estrategia contra la
Universidad, pretendiendo que la institución continúe con las fallidas demandas
a los jubilados, insistiendo en la práctica oficial que amenaza volverse
crónica en Colombia, la de judicializar sin fundamento y perseguir mediante
medidas administrativas o disciplinarias de los organismos de control a
aquellos mandatarios territoriales o jefes de entidades públicas que hayan
osado no someterse al modelo neoliberal y tomar decisiones en contravía del
mismo. El Ministerio de Hacienda ha presionado indebidamente, induciendo a
error a la justicia para lograr la condena del exrector Ubaldo Enrique Meza.
Claramente se trata de cobrarle su negativa a la firma del mencionado convenio
de concurrencia entre la Universidad y el Ministerio, con el cual este
pretendía descargar sobre el claustro la pesada deuda pensional.
Esta
crisis también ha conllevado al actual ambiente de pugnacidad que hoy vivimos
por cuenta del proceso de designación de rector en propiedad, en donde el
debate de ideas y propuestas ha sido reemplazado por los insultos, las amenazas
y la indebida intromisión del acalde de Barranquilla, quien exige al gobernador
que se “amarre los pantalones” porque no ha logrado que su candidato haya sido
escogido como rector.
De los
tres candidatos sobre los que el Consejo Superior debe escoger al rector en
propiedad, Carlos Prasca Muñoz fue ternado gracias a una figura que es
abiertamente antidemocrática: la de que un consejero puede postular un
candidato distinto a los que se presentaron al proceso de consulta ante
profesores y estudiantes. El señor Prasca Muñoz fue postulado por el
representante de los egresados, Leyton Barrios, mientras que los otros dos
ternados, Rafael Castillo Pacheco y Salim Mattar Velilla, sí pusieron su nombre a consideración de
la comunidad universitaria.
Es bueno recordar que en el año de
2011, la inmensa mayoría de las comunidades universitarias y de amplios
sectores sociales rechazábamos el proyecto de reforma a la Ley 30 que imponía
el ánimo de lucro y abría las puertas a la privatización de las universidades
públicas. Este proyecto logró ser detenido gracias a la portentosa movilización
de los estudiantes y profesores, pero Carlos Prasca fue de los pocos que estuvo
a favor de la fallida reforma, al señalar: “La reforma es integral. Cuando se
les otorga autonomía a todas las instituciones, la universidad pierde
privilegios” y “Las universidades temen que los ingresos en las regiones no se
vayan a dar de la misma manera”3.
Es por
ello que tanto la Juventud Pa-triótica, como el regional Atlántico del Partido
del Trabajo de Colombia, señalamos que el rector en propiedad debe expresar el
genuino interés de la Universidad y su carácter público, con un alto perfil
académico, que tenga como prioridad sacar a la institución del actual
raquitismo académico. Que defienda los derechos de estudiantes, docentes,
trabajadores y egresados, respetando el ordenamiento jurídico y rechazando, por
ende, el desacato en el que actualmente se encuentra el Ministerio de Hacienda
frente a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el
sentido de reintegrar los dineros dejados de enviar a la Universidad por cuenta
del nefasto convenio de concurrencia.
Además,
se requiere, con suma urgencia, construir un nuevo proyecto de universidad,
encaminado a lograr la acreditación institucional, a mejorar los procesos de
investigación, fortalecer la docencia y retomar el liderazgo que otrora le
permitía opinar sobre los asuntos trascendentes de la región y del país. A la
vez que debemos recuperar la antigua sede de la carrera 43, que es nuestro
patrimonio, donde nació la Universidad, que hoy se encuentra en ruinas. Esto
solo será posible si el Consejo Superior designa al rector con el perfil
académico y la trayectoria que le permita encarar este reto, sin intromisiones
de una familia de comerciantes y constructores quienes hoy pretenden apoderarse
de la institución con el único propósito de sumar otro preciado botín a la
campaña vargasllerista.
Finalmente,
consideramos que nos corresponde hacer un gran frente en defensa de la
Universidad del Atlántico con los diferentes estamentos y con amplios sectores
de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe, en defensa de su dignidad, de su estabilidad
y su acreditación institucional, de la recuperación financiera y por último,
retomar el rumbo académico, permitiéndole con ello que se garantice una
Universidad con calidad, pertinencia y responsabilidad social con los jóvenes
de la localidad y de la región Caribe.
Notas
1 Consejo de Estado, Sección Segunda,
Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 29 de
septiembre de 2011, expediente con radicado 080012331000200502866 03 y número
interno 2434-2010.
2 La sentencia se puede consultar en la
siguiente dirección: http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/academiaua/pdf/fallo_segunda_instancia_accion_popular.pdf
3 “La
reforma es necesaria para el país”: Carlos Prasca. El Espectador, 07 de julio
de 2011. Recuperado de: http://www.elespectador.com/content/la-reforma-es-necesaria-para-el-pa%C3%ADs-carlos-prasca.
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