Apenas transcurridos pocos
días desde el triunfo electoral de su candidato Iván Duque, el Centro
Democrático inició una embestida sin tregua contra el acuerdo de paz. Ayer el senado
aprobó, por fin, la ley de Procedimiento de la JEP, introduciéndole
modificaciones sustanciales que atentan contra la esencia misma de este
tribunal. Con ello se confirma que los temores que se tenían en cuanto a las graves
implicaciones que traería para el país el retorno al poder de la extrema
derecha estaban plenamente justificados. Al mismo tiempo, se ratifican dos asuntos
que ya se sabían: primero, quien llevará las riendas del poder durante el
próximo cuatrienio es el expresidente Uribe y segundo, que “hacer trizas los
acuerdos de paz”, es cambiar su naturaleza y sabotear su aplicación, con el
apoyo de la inmensa mayoría de las élites, ahora partidarias del mandatario
electo.
Al igual que la mayor parte de
las leyes que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz, la
discusión y aprobación de esta reglamentación ha tenido un gran retraso en el
Congreso, por cuenta del saboteo del Centro Democrático. La JEP fue concebida
como columna vertebral del acuerdo de paz, por cuanto permitirá juzgar a todos
los actores del conflicto armado, no solo a la guerrilla, conocer la verdad
sobre la responsabilidad de todos ellos en el mismo y así hacerle justicia a
los millones de víctimas del conflicto armado.
El argumento de Uribe, de su pupilo
Presidente y de su bancada es que los magistrados de la JEP no les inspiran
confianza y que tal como está integrado este tribunal garantizará la impunidad
a los jefes de las antiguas FARC. No obstante, tal como lo ha señalado Gustavo
Petro y otras voces de la oposición a Duque, esta no es su preocupación de fondo.
Quien más le teme a la JEP es precisamente Álvaro Uribe Vélez, responsable
político, entre muchos otros crímenes, de los miles de “falsos positivos”,
cometidos por las fuerzas del Estado bajo su mandato. Es decir, la única
impunidad que quieren defender es la del expresidente y sus allegados. La
preocupación por su propia suerte tiene bases reales: los militares aceptaron
someterse a la JEP, pero esto obliga a los más de 2000 mandos medios que han
sido sindicados a contar toda la verdad sobre quiénes son los máximos
responsables de dichos crímenes, como único mecanismo para obtener beneficios
judiciales. Hay que tener en cuenta también que existen numerosos procesos en
curso ante las Cortes que acusan al expresidente y su familia con el
paramilitarismo y narcotráfico, desde cuando fuera gobernador de Antioquia.
Precisamente esta fue una de
las modificaciones importantes que se le hicieron a la JEP en la sesión de ayer
del senado. Se decidió congelar todos los procesos contra la fuerza pública
hasta que el Congreso adelante una reforma constitucional que le permita crear
una sala especial con nuevos magistrados, para que se les juzgue de manera
diferencial. El otro punto importante conseguido por el Centro Democrático
consistió en despojar a la JEP de cualquier posibilidad de practicar pruebas en
los casos de extradición, limitándole su papel al de establecer la fecha de los
delitos. Con ello, el nuevo Presidente consiguió las condiciones políticas para
la extradición “express” de Jesús Santrich, sin que se le haya permitido a la
JEP establecer su participación en el delito que se le imputa. Esto era
exactamente lo que pedía el gobierno de Estados Unidos, por medio de su
embajador en el país.
Además de darle un golpe
certero al acuerdo de paz, con esta medida el Estado colombiano, como en otros
casos, se someterá de manera incondicional a las órdenes de Washington y a su
gobernante de extrema derecha, y renunciará a ejercer justicia de manera
soberana, en un momento en que lo que está en juego es la supervivencia misma
del acuerdo de paz.
Como lo ha señalado Gustavo
Petro, jefe de la oposición al uribismo, la defensa del acuerdo de paz y la
movilización social para preservarlo se convierte en la tarea fundamental del
momento.
Partido del Trabajo de
Colombia PTC
Yezid García
Secretario General (E)
Bogotá D.C., 28 de junio de
2018
7 comentarios
Write comentariosToca mover al pueblo y colocar demandas, acordar con la nueva bancada del congreso. Este HP tiene que pagar por sus crímenes!
ReplyEs importante que todos los sectores sociales, las familias afectadas por la violencia generada por los de extrema derecha, comunidades afro, comunidades indígenas entre otros formemos una sola lucha para denunciar el abuso de poder y autoridad del gobierno y sus sanguinarios colaboradores y que paguen por los delitos cometidos, para ellos extradición inmediata...unidad, organización, lucha o los actores armados volverán a la revolución..
ReplySigamos luchando para combatir el abuso de poder y que les cobren bien caro a esos criminales los delitos cometidos.
ReplyClaro que ese es el camino.Solo así pagan por los delitos que han cometido.
ReplyGracias por tu opinión. Excelente
ReplyGracias por tu opinión. Excelente
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