Una regresiva reforma tributaria con globos de engaño de aumento del salario mínimo
La indignación con la reforma tributaria se trata de apaciguar con un aumento del salario mínimo que quedaría congelado en los fondos de cesantías para enriquecer el capital financiero.
Por Fabio Arias Giraldo | Tomado de www.las2orillas.co | Agosto 29, 2018
Cada vez que se debate en la
Comisión de Concertación el salario mínimo, o en el pliego de los estatales o
de los trabajadores del sector privado el incremento salarial, entran en pánico
los académicos e intelectuales de la apología neoliberal y defensores del
empresariado, para desatar contra dichas propuestas toda la cantidad de
anatemas que desde especialmente 1990 se han descargado contra los salarios y
en general contra los ingresos de los trabajadores.
Los neoliberales y los
defensores del empresariado han registrado que no se pueden aumentar los
salarios de forma sustancial puesto que ello genera desempleo e inflación.
Frena formalización laboral. Encarece la contratación laboral. Desata mayores
gastos del Estado e incrementa el déficit fiscal. Causa mayores costos en
subsidios y pensiones.
En sentido inverso, los
neoliberales y sus representados, el empresariado, han sostenido que disminuir
el valor de los costos laborales y ahora disminuir también los impuestos a las
empresas, genera empleo.
Es más, los gobiernos al
unísono con los empresarios sostienen que se debe proteger al empresariado
porque ellos vinieron a este mundo con la gregaria misión del destino
manifiesto de generar empleo. Ocultando su verdadero objetivo de apropiarse de
una parte significativa del trabajo de otros, para lo cual es determinante
apropiarse del poder del Estado a través de gobiernos propios, amigos o
funcionales a sus intereses. El interés de los grandes negocios, socio.
Durante todo el período neoliberal instalado en el país desde 1990, se han realizado 14 reformas tributarias y otras tantas reformas laborales, que han significado el aumento de la desigualdad en Colombia.
En todos estos años, la tasa
de desempleo sigue alrededor del 10%, la más alta de América Latina, la
inflación salvo pocas excepciones se mantiene baja, la informalidad sigue por
encima del 60%, por lo cual puede afirmarse que no hay evidencia empírica que
convalide las tesis neoliberales. Por el contrario, premios nobel de Economía
como Paul Krugmanh y Joseph Stiglitz, han reiterado el error de estas teorías y
por consiguiente señalan la conveniencia de aumentar sustancialmente los
salarios. Con ello se reactivaría la economía al mejorar la capacidad
adquisitiva de la población y con tal, la mayor demanda de bienes y servicios,
mejorando el consumo y por tal la producción, que queriendo dinamizar el uso de
trabajo nacional, se privilegiaría lo hecho en Colombia y no el indiscriminado
comercio de importación de todo tipo de baratijas, que quiebra y desestimula
tanto el agro como la industria y por ahí derecho el desmejoramiento del
trabajo y el empleo de nuestros paisanos.
En Colombia se ha perdido participación de 6 puntos de los salarios en el Pib desde 1990 hasta el 2016, el equivalente a más de $50 billones de pesos anuales. Plata que no se inscribe para nada, en los engañosos juegos del gana-gana, sino en el de que, lo que pierden los trabajadores se lo ganan los ricos empresarios.
Pero este sistema de medidas
para los empresarios, en el mediano y largo plazo, significa pegarse un tiro en
el pie.
En estos primeros días del
gobierno de Duque se anuncia una reforma tributaria que le adelanta el regalo
de Navidad y Año Nuevo al empresariado al reducirles impuestos en cerca de $9
billones de pesos y que sumados a $3 billones de pesos que según Minhacienda
deben recaudarse de demás, se le trasladarán estas responsabilidades con
mayores impuestos a los salarios a partir de $1,9 millones y el cobro general
del Iva a la canasta familiar, es decir a los trabajadores, clases medias,
profesionales y la ciudadanía de a pie.
Esta propuesta ha recibido la
indignación generalizada y se ha visto en las redes sociales y en la pérdida
vertiginosa de favorabilidad del presidente en estos escasos 20 días de su
gobierno entre 12 y 18 puntos y que podría explicar el aplazamiento de la presentación
de la igual de regresiva reforma pensional para el otro año, como lo anunció
apresuradamente la directora del Departamento de Planeación Nacional.
Y en medio de esta
inconformidad desatada por tan regresivos y antipopulares anuncios, el expresidente
y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, cometiendo garrafales imprudencias de
ignorancia de aprendiz de abogado, que solo se realiza así para intentar
ocultar el engaño, presentó un proyecto de ley de facultades extraordinarias al
presidente que ni él ni el Congreso pueden otorgar, para decretar un sustancial
y extraordinario incremento del salario mínimo.
Con ese proyecto a más de la
irregularidad anotada, se establece que dicho aumento en el salario mínimo
quedaría congelado en los fondos de cesantías, para enriquecer al capital
financiero, de forma ilegal por lo demás, pues tal como lo señala el Código Sustantivo
del Trabajo el único que puede autorizar descuentos de su salario es el mismo
trabajador, pero que adicionalmente representaría por los mayores descuentos en
salud y pensiones un menor valor en su mesada.
Adicionalmente, el
expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, le otorga plenos poderes al
presidente Iván Duque para que establezca normas con carácter de ley de las
modificaciones jurídicas, tributarias y financieras que se requieran para no
impactar la inflación y los indicadores económicos (?) (crecimiento,
productividad, etcétera). Es decir, podría hacer la reforma tributaria,
pensional y laboral. Pero ello sería también absolutamente ilegal porque desbordarían
las competencias de dichas facultades. Además, dichas facultades establecerían
el nefasto precedente jurídico y político de que no sea necesaria la
convocatoria de la Comisión de Concertación para dialogar o negociar el salario
mínimo.
Al final entonces, el proyecto
solo persigue hacer noticia, de tal manera que le quite presión a los anuncios
regresivos del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que ocupó la misma
cartera en el primer período de Uribe Vélez, atenuar el daño causado a la
imagen del nuevo presidente y poder justificar tan monstruosa reforma
tributaria.
Una reforma tributaria para la insaciable voracidad empresarial
La reforma de Carrasquilla sigue el mismo jueguito ya fracasado: ni reactivación, ni empleo, los que más tienen cada vez pagan menos y los que menos tienen cada vez pagan (pagamos) más.
Fabio Arias Giraldo | Tomado de www.las2orillas.co | agosto 15, 2018
Con la reforma tributaria del
2012 a los empresarios los exoneraron del pago de las parafiscales del Sena (2%
de las nóminas), el Icbf (3% de las nóminas) y del 8% del pago de la cuota de
salud de los trabajadores. Ello bien podría sumar, en estos cinco años más de $46
billones de pesos, que fueron a parar a los bolsillos del empresariado.
Con la reforma tributaria del
2016 se inició el desmonte del impuesto a los patrimonios superiores a los $1.000
millones y deshaciendo el indeterminado Cree (impuesto a la renta para la
equidad (¿?)), se restablece el impuesto a la renta al 35% pero para irlo
disminuyendo hasta el 33% en el año 2019. Con ello quedó claro que, los
empresarios, dejaron de pagar impuesto al patrimonio, no pagaron un peso de
equidad en el Cree, se embolsillaron las parafiscales y se inició la
disminución del impuesto a la renta. Y todo ello, sin que hubiese cambios
significativos ni en la formalización laboral (la informalidad sigue en el
64%), ni en un descenso en la tasa de desempleo (continúa cerca al 10%),
caballitos de batalla con los cuales el anterior gobierno justificó las
medidas.
Ya completamos 14 reformas
tributarias en el período neoliberal, en las cuales los impuestos indirectos,
impuestos al consumo, entre otros el más reconocido el Iva, vienen aumentando y
los impuestos a las rentas del capital, los llamados impuestos directos vienen
descendiendo. Es decir, se viene consolidando que los que más tienen, cada vez
pagan menos y los que menos tienen cada vez pagan (pagamos) más.
Ya completamos 14 reformas
tributarias en las que los impuestos indirectos, impuestos al consumo, como el
IVA, vienen aumentando y los impuestos directos, a las rentas del capital,
vienen descendiendo.
Esto explica por qué Colombia
sigue apareciendo con el deshonroso título de ser el tercer país más
desigualdad del planeta, cuya circunstancia se oculta en todas las
informaciones y expresiones de las cifras de la situación económica y
socio-laboral del país, de parte de los registros oficiales.
Ahora se anuncia una nueva
reforma tributaria. Tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Hacienda
Alberto Carrasquilla, la han considerado como una herramienta significativa
para reactivar la agobiada economía, que está exhausta es por la fracasada
política del libre comercio neoliberal, y que pretenden reanimar con las mismas
medidas que la han deteriorado.
Para esta reforma proponen la
disminución del impuesto a la renta de las empresas reduciéndolo hasta el 28%,
con lo cual dejan de pagar alrededor de $6 billones. Y según fuentes del
Ministerio de Hacienda aspiran a recoger $3 billones adicionales a lo que se ha
venido recaudando. En total el gobierno debe determinar otras acciones para
completar entonces $9 billones.
¿De dónde saldrán?
Ya también advirtieron que se
hará, de una parte, poniendo a pagar impuestos desde salarios de $1.900.000
(hoy es de $3.400.000) con lo cual se incrementará el impuesto a las rentas de
trabajo de la clase media. Y de otra, para completar, se recurrirá a ampliar la
base gravable del Iva, extendiéndolo a la mayoría de los artículos de la
canasta familiar, y si aún no alcanza a completar los $9 billones, pues se
aumenta el Iva (ya hay países que pagan el 23%), para precarizar aún más la
mayoría de los colombianos.
Estas medidas, según el
gobierno, se hacen para que los empresarios “generen” más empleos, cuestión que
como ya se ha observado no producen dicho efecto, pero sí logran paliar sus
dificultades, que descargan sobre los trabajadores, las clases medias y la
mayoría colombianos.
No sobra recordar, tal como se
dijo por los trabajadores en su momento, que con la reforma tributaria del
2016, que elevó la tasa del Iva del 16% al 19%, se generaría desestímulo a la
demanda de bienes y servicios, cayendo la economía y aumentando el desempleo,
como evidentemente sucedió.
De tal manera que se sigue en
el mismo jueguito ya fracasado en el país.
Ni reactivación, ni empleo,
pero sí mayores ganancias para los empresarios con mayor precariedad laboral y
ciudadana. Seguirá entonces, que en nuestra querida Colombia, la desigualdad
será más profunda, incubando mayor descontento e inconformidad, que ya dio su
muy importante campanazo de alerta el pasado 17 de junio en los comicios
presidenciales.
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