¿Cómo no promover la causa de la salvación de nuestras universidades públicas siendo que ellas son la única oportunidad que tiene la gran mayoría de la población del Caribe, que es muy pobre, para cambiar su vida? Y es que el Estado no puede obrar en desmedro de la educación pública que por ley está obligado a defender y promover. Pero lo viene haciendo, y esta contradicción que se supone inverosímil en una democracia, de un Estado que desobedece la voluntad suprema de la ley, ocurre cuando ese Estado atenta contra un derecho fundamental colectivo, como es el derecho al conocimiento, para privilegiar intereses con rentabilidad financiera y no con rentabilidad social.
Por Ubaldo Enrique Meza
Presidente del Congreso por una Educación de Calidad
Los congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad,
que se vienen realizando en el Caribe desde el año 2005, y cuya quinta edición
iberoamericana y séptima nacional se clausuraron en la ciudad de Santa Marta el
pasado 1º de diciembre, se ha constituido en un referente de la pedagogía en
Colombia y en Latinoamérica, consolidándose como una movilización pedagógica y
social con un escenario de diálogo colectivo e intelectual, abierto a la
necesidad de pensar la educación no como algo complementario, sino como un
asunto medular para el país en lo económico, lo social, lo político y lo
cultural.
Así lo reafirmó un pronunciamiento firmado en la reunión por los
líderes educativos y los representantes de las organizaciones convocantes del
Congreso, entre las cuales se encuentran la Fundación por una Educación de
Calidad; la Organización de Estados Americanos para la Educación la Ciencia y
la Cultura (OEI); los Clubes Unesco; la Red de doctorados de Ciencias de la
Educación, Rudecolombia; SueColombia; la Universidad del Valle; el Instituto
Alberto Merani; la Universidad de Cartagena; la Universidad del Atlántico, y la
Universidad del Magdalena, que actuó como anfitriona del evento.
El pronunciamiento dilucida lo que para los docentes constituye un
aspecto clave de la educación, relacionado con la construcción de la
democracia. Al respecto, el documento señala que “solo con una ciudadanía
activa, que tenga acceso a la lectura, a las redes digitales, bibliotecas,
datos, cifras y estadísticas, con capacidad de interpretación crítica, puede
luchar conscientemente por sus derechos y puede empoderarse de los asuntos
públicos para implementar políticas adecuadas y acordes a las necesidades de la
sociedad”.
En ese contexto conceptual el Congreso educativo aprobó una moción de
apoyo al actual movimiento estudiantil en su lucha por la defensa de la
universidad pública, enmarcada en la conmemoración de los 100 años del
Movimiento de Córdoba (Argentina) y el grandioso movimiento estudiantil
colombiano del año 1971 por una educación nacional, científica al servicio del
pueblo, y al que fuera su máximo dirigente: Marcelo Torres Benavides, quien hoy
se encuentra enfrentando una persecución jurídica y política, para quien
exigieron su liberación inmediata.
Respecto a los objetivos del movimiento estudiantil en el cual hay que
destacar la insobornable y prudente dirección de la Unees en el Magdalena y del
Consec, los líderes educativos congregados en Santa Marta consideraron
necesaria la discusión por alcanzar un adecuado presupuesto que financie en su
totalidad al sector educativo público, que presupone la base material para
lograr transformaciones sustanciales en esta materia, pero conceptuaron que se
debe ir más allá, para plantearle al país y a la sociedad en general un nuevo
paradigma sobre la educación para la paz, la democracia, el progreso y la soberanía
nacional.
El cónclave educativo, que congregó cerca de 1.000 asistentes,
incluyendo 83 conferencistas nacionales e internacionales, destacados
especialistas de la docencia y delegaciones estudiantiles y otros actores del sector
educativo provenientes de distintas regiones del país y de más de una docena de
países de habla hispana, deliberó en torno a las perspectivas de la educación
en Colombia y América Latina para la próxima década, en el marco de la
implementación de la Hoja de Ruta de la Agenda Educativa 2030 y del Plan
Nacional Decenal de Educación 2016-2026 y su articulación con los planes de
desarrollo nacionales y locales.
El congreso rindió un homenaje póstumo al exministro de Educación Jaime
Niño Díez, reconociendo sus invaluables aportes a la educación, y concluyó
planteando al Estado la exigencia de que se cumpla con el derecho a una
Educación con Calidad, equitativa, pertinente e inclusiva para toda la vida,
tal como se contempla en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como fruto de las
ponencias presentadas se consolidaron los ejes temáticos y las políticas
públicas de fortalecimiento de la calidad educativa desde la primera infancia
hasta los doctorados, a través de las cuales se alcanzarán los ideales de la
educación, con la seguridad que nos trasmitía Jaime Niño, de que “si es
necesario es posible”.
Este evento, que puede considerarse ya como el máximo panel
deliberativo de la educación en el ámbito iberoamericano, dio nacimiento al Frente
Amplio por la Educación, que se concibe como un núcleo de pensamiento crítico
ciudadano, con la misión de madurar un modelo pedagógico acorde con la realidad
social de nuestras comunidades y cuyo objetivo fundamental es brindar insumos
en el campo de la reflexión, el análisis y la pedagogía. En la prosecución de
este magno objetivo, la educación superior será siempre un puntal decisivo.
Nuestra universidad puede y debe jugar el papel de una verdadera potencia
productiva, científica y cultural, el de una genuina fuerza y un irreductible
baluarte de la nacionalidad, de los valores y progresos de nuestra población
caribe.
Barranquilla, 6 de diciembre de 2018
* * *
Los 20 años del SUE Caribe y las movilizaciones universitarias
Tomé conciencia de la importancia de la educación como potente palanca
del desarrollo social desde mi juventud, gracias a mi vínculo con una corriente
de pensamiento científica y progresista que ha hecho importantes aportes en el
quehacer nacional, y también a mi relación práctica con el movimiento
estudiantil de la década del 70 del siglo pasado. Este movimiento, tal como hoy
acontece, movilizó amplios sectores de la sociedad en favor de una educación
pública estatal, científica, democrática y al real servicio de los intereses de
la nación. En ese sentido debemos reconocer que las grandes movilizaciones de
hoy han obligado al gobierno a instituir una Mesa de Diálogo y Concertación,
que habrá de hacer el seguimiento y evaluación necesarios de las propuestas universitarias
para asegurar el cumplimiento de los acuerdos logrados.
Posteriormente, durante el ejercicio de la rectoría de la Universidad
del Atlántico (30 de diciembre de 1997 hasta el 5 de abril de 2001), y
persuadido de que esa tarea requería de una acción integral de las
universidades, así como la de rectificar las deficiencias académicas,
administrativas y financieras que obstaculizaban su cometido misional, y
pionero de esta tarea, me impuse tempranamente, como propósito liderar la
creación de un escenario donde todos los actores institucionales del ámbito
universitario estatal pudiesen concurrir para intercambiar información y
pareceres, en aras de cumplir con los elevados propósitos que se le señalan a
la universidad. Fue así como en marzo de 1998, tuve la iniciativa de convocar
en Barranquilla el I Encuentro de Rectores Universitarios, que contó con la
participación de los colegas de las universidades Popular del Cesar, de
Cartagena, de Sucre, del Magdalena, La Guajira y obviamente, la mía, en representación
de la Universidad del Atlántico con la perspectiva de que ese encuentro
ofrecería alternativas respecto a las potencialidades y flaquezas de nuestras
universidades.
El fruto más importante que de él se debe destacar como se plantea en
el editorial:
“Allí se materializó la voluntad de fortalecer el sistema de
universidades estatales en nuestra región, que dio su primer paso cuatro meses
después con la creación del Consejo de Rectores de las siete universidades
públicas del Caribe colombiano y posteriormente con la fundación del Sistema
Universitario Estatal (SUE) Caribe; organismo, que tuve el privilegio de
presidir y desde el cual auné esfuerzos con mis pares de la universidad
pública, para fortalecerla y ensanchar sus fronteras formativas; tanto es así,
que en un año realizamos reuniones también en Montería, Sincelejo, Cartagena y
Santa Marta. En esta última ciudad, en septiembre de 1999, le hicimos entrega
de la presidencia al colega Carlos Caicedo O., rector de la Uni-Magdalena.
Aquí es bueno destacar que los 32 rectores de las universidades
públicas de Colombia, nos hicieron el honor de hacer parte de la junta
directiva y como vicepresidente del Sistema Universitario Estatal (SUE)
Nacional. Se eligió como Presidente a Gustavo Téllez, (qepd), rector en ese
momento de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero más allá de las
consideraciones particulares, en un sentido más amplio, esa articulación de
esfuerzos apuntaba al forjamiento en nuestra región de una academia de alto
nivel en sus recursos docentes e investigativos, para mejorar la calidad de
vida de nuestras comunidades y que así pudieran afrontar los retos del nuevo
milenio”.
Visualizamos que ese objetivo podía alcanzarse, entre otras cosas,
impulsando la cooperación internacional con centros superiores del área del
Caribe, para implementar nuevos programas de pregrado y posgrado acordes con
las demandas del desarrollo en nuestra región y combinando nuestros propios
esfuerzos con la iniciativa privada y las entidades públicas, para vincular el
recurso humano calificado de nuestra universidad pública al desarrollo de
grandes proyectos de interés colectivo, a través de la política de extensión y
prestación de servicios. Y reiteró nuevamente:
“Entre los beneficios que ofrecía la creación de un espacio
interinstitucional como el SUE Caribe, no es desdeñable el de contar con una
RED, ‘hoy vivita y coleando’, de interlocución apropiada para discutir y
concertar con las diversas instancias del Gobierno Nacional la apropiación de
los recursos financieros que garanticen, en primer término, su normalidad
académica, laboral y administrativa, pero también la planeación de su
crecimiento (editorial)”.
En ese orden de ideas, en aquel momento, nos propusimos un frente común
para defender la universidad pública de la región y le presentamos al Gobierno
Nacional un plan de inversiones de las siete universidades que ascendía a 150
mil millones de pesos. Desde ese instante es mucha el agua que ha corrido bajo
los puentes, las sumas que hoy se demandan son mayores. Es innegable que ha
habido crecimiento. Pero también los problemas han crecido como consecuencia de
lo que puede considerarse como el talón de Aquiles de toda la educación pública
en Colombia: su asfixia financiera. Como dijo Édgar Varela, rector de la
Universidad del Valle, si el Estado insiste en pasarle los recursos al Icetex
será la muerte de las universidades públicas.
Es menester reconocer que las universidades estatales del Caribe en su
conjunto siguen con un déficit financiero considerable. Para no hablar del
déficit nacional de la educación pública superior, que exhibe dimensiones
astronómicas (más de 18 billones); tema que por ser ya de dominio público, no
requeriría más gasto de palabras, si no fuera porque en muchos sectores no hay
todavía suficiente claridad sobre la raíz del problema: las políticas públicas
del Estado, que tienden a aniquilar la universidad pública y que exigen una
reacción de la sociedad entera para salvar nuestra universidad.
¿Cómo no promover la causa de la salvación de nuestras universidades
públicas siendo que ellas son la única oportunidad que tiene la gran mayoría de
la población del Caribe, que es muy pobre, para cambiar su vida? Y es que el
Estado no puede obrar en desmedro de la educación pública que por ley está
obligado a defender y promover. Pero lo viene haciendo, y esta contradicción
que se supone inverosímil en una democracia, de un Estado que desobedece la
voluntad suprema de la ley, ocurre cuando ese Estado atenta contra un derecho
fundamental colectivo, como es el derecho al conocimiento, para privilegiar
intereses con rentabilidad financiera y no con rentabilidad social.
Es decir, hemos avanzado pero seguimos evidenciando muchas falencias;
pero el mayor y el más preocupante es el de nuestra conciencia. Rezago que
continuará indemne, mientras no identifiquemos la raíz del problema de la
educación pública superior, que es un problema estructural, como acertadamente
lo señala Julián de Zubiría. La estructura de la política educativa financiera
del Estado, que obliga a las universidades a que aumenten el número de
estudiantes y su acreditación de alta calidad sin aumentar los aportes
presupuestales; la estructura de una política que obliga a nuestros centros de
educación superior públicos a aceptar convenios de concurrencia lesivos; la
política que desconoce el derecho a la educación con calidad, los derechos
laborales y las aspiraciones justas de promoción y remuneración de los
servidores de la universidad.
¿Y qué universidad pública entonces queremos? una universidad con la
mayor cobertura posible en la ciudad y el campo; con acreditación de alta
calidad, que forme buenos profesionales con pensamiento crítico; que tenga
pertinencia; es decir, una universidad que opine y responda a las necesidades
planteadas por la región; que promueva convenios de cooperación internacional
que incentiven la movilidad de estudiantes y profesores. Y, finalmente, una
universidad inclusiva, con responsabilidad social, en función de las demandas
del posconflicto y presencia en las zonas rurales marginadas.
Nuestra universidad puede y debe jugar el papel de una verdadera
potencia productiva, científica y cultural, el de una genuina fuerza y un
irreductible baluarte de la nacionalidad, de los valores y progresos de nuestra
población Caribe. Defender el derecho a la educación y de manera especial la
universidad pública, es, como hace 20 años Gabriel García Márquez escribió en
el texto “Por un país al alcance de los niños: “Creemos que las condiciones
están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano
maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva,
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos
en una sociedad que se quiera más a sí misma”.
*Doctor en Ciencias de la Educación del Colegio de Estudios de Posgrado de la ciudad de México; Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes de Colombia; Participante en el Simposio Permanente sobre la Universidad (Ascun, Uninorte, Universidad javeriana y Universidad del Atlántico); economista, docente y exrector de la Universidad del Atlántico; expresidente de la Odaee; expresidente de la Comisión Nacional del Pnde 20060-2016; líder de los Clubes Unesco en Colombia; director de la revista Reflexiones e Investigaciones en Educación; asesor y consultor internacional en calidad educativa; Participante como ponente en más de 300 eventos académicos a nivel nacional e internacional.
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