Duque con el agua al cuello

Por Alberto Herrera

Director La Bagatela

La poca credibilidad que genera su gobierno lo conduce en un aislamiento progresivo

El país no confía en Duque. Su nivel de aprobación desciende cada vez que toma una decisión de envergadura y dada la situación colombiana, estas se presentan a diario. La obstinación de su equipo de gobierno y de su círculo más cercano por darle un vuelco a los acuerdos de paz, lo está llevando a un desprestigio del cual podría ser imposible recuperarse. Gobernar no es solo ganar las elecciones.

Aclimatar la paz, exigencia generalizada…

Amplios sectores nacionales de disímil procedencia han levantado una resistencia institucional, política y popular, que sin estar coordinados expresan reiteradamente y con mayor decisión el respeto a lo acordado en La Habana. Intentar otro camino, distinto a un consenso nacional alrededor de los acuerdos de paz, solo está trayendo un enfrentamiento que podría conmocionar aún más a la nación. El respaldo mayoritario a la paz se fortalece adentro y fuera del territorio colombiano, y considera que el acuerdo de paz es un ingrediente necesario y conveniente para acometer, en un ambiente propicio para todos, el resto de las dificultades nacionales.

Del parlamento

El Congreso tomó una decisión mayoritaria en contra de las objeciones al acuerdo propuestas por Duque, así las huestes gobiernistas hagan cuentas amañadas sobre el inobjetable resultado. La Corte en reciente fallo, basado en la votación del Senado, validó las mayorías parlamentarias.

De las altas cortes

El poder judicial que había dado el visto bueno a la ley estatutaria de la JEP y ahora lo reafirma negando las objeciones propuestas por Duque, ha sido objeto de presiones, que tocan la ilegalidad. Los teléfonos de los magistrados fueron chuzados, acción que repite hechos condenados en el pasado, y la embajada de los EE. UU. retiró visas a magistrados buscando forzar decisiones relativas a los asuntos propios de la nación. El episodio de las visas se conoció cuando el representante Cárdenas contó a la opinión pública las presiones de la delegación diplomática de EE. UU. para aprobar las objeciones a la JEP en un desayuno con parlamentarios; inmediatamente le retiraron la visa, luego procedieron con la visa de algunos magistrados. El asunto generó gran inconformismo en todos los estamentos de la sociedad, el país se sintió agredido y vulnerado. Las cortes respondieron con altivez y en pronunciamiento público encabezado por Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, acompañada de Lucy Jeannette Bermúdez y de Patricia Linares, presidentas del Consejo de Estado y de la JEP, aseguraron que “seguirán ejerciendo sus funciones con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena… y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y trasparente”. El asunto no quedó ahí, ante el silencio del Estado sobre este caso, el expresidente Gaviria calificó esa postura como “una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”, y terminó advirtiendo: “Pero a nadie le quepa duda que vamos a defender la autonomía judicial, pilar de nuestro Estado social de derecho y el Acuerdo de Paz”.

De los partidos

Las dificultades de Duque crecieron cuando pregonó un “pacto nacional” para modificar los acuerdos de paz. Era como si la decisión del parlamento no contara; entonces César Gaviria y Aurelio Iragorri expresaron que un acuerdo era inviable sin la oposición y que no impulsarían ninguna iniciativa que alterara el contenido de los acuerdos de paz. Ni la convulsión provocada por los sucesos alrededor de la detención de Santrich sirvió para persuadir a los invitados a Palacio. Al fracasar el intento del pacto, la oposición propuso al presidente discutir el manejo de la implementación de la paz sobre la base de respetar lo pactado en La Habana y hacerlo con todas las fuerzas políticas. No hubo respuesta.

De la opinión pública nacional

Las encuestan reflejan cada vez más la progresiva orfandad de Duque. Al arrancar su gobierno, la esperanza de mejora en los asuntos vitales le permitió alcanzar un 53,8% de favorabilidad y 32,5% de desfavorabilidad (Invamer, sept. 18). Al tomar las primeras decisiones sobre temas vitales, poco le duraron esas cifras. La reforma tributaria de Carrasquilla, aunque quedó recortada, sumada a la protesta universitaria por defender la educación pública lo llevó a fin de año a 33% y 65% respectivamente (Cifras y Conceptos-100 días). Su nivel de prestigio se trepó intempestivamente con el aliento que le dio la bomba de los desadaptados del ELN en enero a raíz del repudiable atentado a la escuela de policía General Santander. Además del rechazo generalizado que produjo esa acción, ese día quedó en evidencia la incapacidad del ministro Botero, por su indolencia y la falta de seguridad brindada a los ciudadanos, incluidas las instalaciones militares. La sensación de inseguridad que se vive en Colombia se evidencia aún más con el asesinato de líderes populares, por lo que nadie responde. Consecuencia de ese episodio, el mindefensa debió renunciar; pero al contrario, por esos días se gestaron las órdenes de duplicar el número de bajas a cambio de incentivos a la tropa, que se constituiría en otro tema de desprestigio para Duque, con la gravedad para el gobierno, que la denuncia vino de la prensa estadounidense. El último sondeo sitúa la imagen desfavorable del presidente a niveles anteriores al atentado: 60% y su aprobación es apenas de 32%. Cada vez más solo.

Del congreso y sector de la prensa de los EE. UU.

Por el otro lado, la opinión demócrata en los EE. UU., opuesta a Trump, con la vocería del prestigioso diario The New York Times, ha denunciado los protocolos internos del ejército colombiano para aumentar las operaciones y el número de bajas que estarían reviviendo los falsos positivos, práctica generalizada en el gobierno de Uribe para dar incentivos dentro de las filas castrenses asesinando civiles inocentes. La defensa oficial ante gravísima denuncia vino en primera instancia de la urraca parlanchina, María Fernanda Cabal, quien, con su característica pobreza argumental, acusó al autor del artículo del NYT de ser amigo de las Farc y de recibir dinero por el escrito. Inmediatamente, el periodista salió amenazado de Colombia. A su vez los ministros Trujillo y Botero enviaron al director del diario una carta diciendo que el artículo da una “visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos del ejército”, que fue respondida por un editorial del periódico con el título: “La paz de Colombia es muy valiosa para abandonarla” y afirma que “el gobierno de Duque y sus aliados de derecha han saboteado el progreso pacífico bajo el acuerdo de paz”, y asegura que acabar con la paz sería muy grave para Colombia, el continente y la democracia. A su vez, el director del diario envió a los dos ministros una carta donde destroza sus argumentos y les dice que el NYT no promueve ideología alguna en ningún país y que no tiene agenda política. Ya en febrero un informe de Human Rights Watch, divulgado por José Miguel Vivanco, su director para las Américas, cuestionó a la nueva cúpula militar, al general Nicacio Martínez y a ocho generales por estar vinculados a los falsos positivos. El gobierno negó la acusación, pero a mediados de abril recibió una carta de tres senadores, incluido Patrick Leahy, el más antiguo en esa corporación y uno de los más prestigiosos, encargados de aprobar la ayuda económica a Colombia, donde manifiestan su preocupación por el historial de Martínez. La ayuda está en veremos. De complemento, el senador Leahy pidió denunciar a Cabal si su afirmación contra el periodista autor del artículo mencionado es falsa. Los cuestionamientos a la actitud del gobierno contra los acuerdos de paz recibieron otro dardo, esta vez es una carta de 79 representantes a la Cámara de EE.UU dirigida al “Estimado Secretario Pompeo” donde expresan su “gran preocupación frente a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia y ante la escalada de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales”, y le piden: “presione enérgicamente al gobierno colombiano a implementar las medidas acordadas en el acuerdo de paz”. Una tormenta originada en la opinión norteamericana alrededor de un tema tan vital no es frecuente y sus repercusiones aún están por venir. Ya otros medios del mundo incursionan en el tema. Para completar, más de 260 reconocidos académicos de 13 países pidieron al presidente Duque detener el sistemático derramamiento de sangre que ha cobrado la vida de cientos de líderes populares y añaden: “observamos que, desde los lugares del poder gubernamental y los medios de comunicación, se incita a una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada”.

De sectores del ejército colombiano

Otro ingrediente inédito para la opinión pública entra en juego y se constituye en una dificultad mayúscula para el gobierno. Resulta que la información de los protocolos militares impartidos por la comandancia y que fueron los argumentos que originaron el artículo del NYT, fueron revelados por oficiales activos que no quieren volver a prácticas ya condenadas, violatorias de los derechos humanos y de corte fascista. Hay una división de criterio manifiesta dentro de las fuerzas armadas en este tema vital para la seguridad de los colombianos y para el buen nombre de las FF. AA. María Jimena Duzán en su columna en Semana denuncia: “Ha comenzado una cacería de brujas contra los oficiales del ejército que valientemente denunciaron al NYT la existencia de nuevas directrices que podrían revivir los falsos positivos y contra los militares retirados y activos que están cumpliendo con el compromiso de contar en la JEP la verdad sobre cómo funcionaba esa red de corrupción que los permitió. (Donde manda capitán… Semana, edición 1934).

La injerencia gringa se acentúa

Como si fuera poco, al resumen hecho hasta ahora de eventos conocidos pero quizás no entrelazados por la opinión pública, que desembocan en el poco crédito que tiene Duque entre los colombianos, se les suman las dificultades con el gobierno de Estados Unidos, veamos: lo que en febrero parecía una férrea relación con el gobierno norteamericano, incluyendo el liderazgo de la coalición contra Maduro, con el tiempo se ha desvanecido ante la imposibilidad de Duque de satisfacer las exigencias gringas, situación que ha aprovechado la Casa Blanca para meter la mano en los asuntos colombianos con la mayor desfachatez, por lo menos en los últimos veinte años. Las exigencias no son de poca monta: las objeciones a la JEP, el uso del glifosato, la extradición de Santrich, la toma de Venezuela, el instrumento de las visas y el crecimiento de los cultivos de coca. En el nombrado desayuno con los representantes el embajador Whitaker quiso cobrar, según El Espectador: “Hemos invertido 1.000 millones de dólares desde que se firmó el acuerdo y no parece justo que no podamos sugerir nada y no seamos escuchados”. A su vez, Trump ya advirtió que a pesar de Duque es “un buen tipo” hay más cultivos y no hay resultados de su reducción y añadió que Colombia quiere llenar a Estados Unidos “con criminales colombianos”. Aunque el canciller colombiano y los medios tratan de minimizar el asunto, este se presta para tomar decisiones más drásticas. Su asesor de seguridad Bolton, ya insinuó enviar 5.000 soldados a territorio colombiano.

Los conflictos se multiplican

Las afujías del gobierno nacional aún no terminan, por el contrario se multiplican en importantes asuntos que si no se atienden en forma debida pueden generar graves consecuencias. El descontento popular derivado de su propósito por establecer reformas que golpean el bolsillo de los colombianos y del desconocimiento de acuerdos pactados por el Estado, incluido el de la paz, se constituyen en otro factor de rechazo al nuevo gobierno. En el 2018 lo generó la reforma tributaria de Carrasquilla que representó un duro golpe a la economía familiar, y la posterior lucha de los universitarios defendiendo la educación pública que obligó al gobierno negociar una financiación más ajustada a las exigencias estudiantiles. Los primeros meses del 2019 también fueron escenario de luchas y movilizaciones que alertaron al país. Las protestas arrancaron con la minga indígena que reclamaba el cumplimiento de acuerdos pactados con el Estado. Fue una demostración de organización, fuerza y coraje en medio del intento por reprimir el movimiento a la brava, que obligó al gobierno a otra negociación. La lucha contra el PND presentado por el gobierno se dejó sentir y movilizó en todo Colombia a miles de afectados por tan onerosa propuesta. A la presentación de las objeciones de Duque a la JEP, se iniciaron las movilizaciones pidiendo su derogación. A finales de mayo el magisterio dio una exitosa batalla que forzó al gobierno a negociar el pliego presentado por Fecode, a la que se llegó a pesar de la intransigencia oficial por la solidez en los argumentos, la cohesión y el ánimo de lucha del magisterio. Igual sucedió con los trabajadores sindicalizados del Estado. Cabe señalar que las posiciones democráticas lejos de someterse, levantan una resistencia con mayor fuerza y decisión.

El otro episodio, poco común en la historia económica de Colombia, lo constituyeron las alarmas sobre el “flojo” comportamiento de la economía que hizo el gerente del Banco de la República en la convención de Asobancaria el pasado 5 de junio. A juzgar por las cifras de crecimiento del primer semestre de este año, “la economía está estancada” reiteró Juan José Echavarría. El ministro Carrasquilla solo atinó a señalar que al final del año comprobaría “sobre esas equivocadas opiniones”. Mas destemplada fue la respuesta de Álvaro Uribe, quien acusó a Echavarría de “alcahuetear el derroche a Santos”. Sobre el tema opinó Carlos Caballero en su columna de El Tiempo: “los indicadores del comportamiento de la economía en el corto plazo son preocupantes” y añadió, “el desempleo viene en aumento, y se han destruido empleos”. El debate está abierto así el gobierno piense que todo anda bien y no tolere ni una observación.

Caída del Fiscal

Como si fueran pocas las desventuras que han rodeado a Duque en los 10 meses de gobierno, el pasado 15 de mayo, en intempestiva rueda de prensa, el fiscal Néstor Humberto Martínez, no aguantó más la presión por su cuestionada gestión y presentó renuncia al cargo. Desde su privilegiada posición NHM no desperdició ocasión para combatir el acuerdo de paz, fue acérrimo defensor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Los afectos de Duque hacia el exfiscal, su exaltación como hombre probo y justo, y la imagen de todopoderoso e intocable que siempre esgrimieron, se rompieron en mil pedazos. Su salida sacude a sectores encumbrados de la sociedad, incluido el Grupo Sarmiento Angulo, quedan pendientes importantes casos judiciales como la muerte de líderes sociales y Odebrecht, pero sobre todo a la extrema derecha le deja un boquete que ante las dificultades pretenden tapar con un golpe de mano contra las instituciones.

¿Duque se estrella?

Intentar un camino distinto a un acuerdo nacional alrededor de la paz ya negociada solo traería una inestabilidad mayor en Colombia. El trato a este tema ha generado de tiempo atrás serias diferencias que involucran hasta los sectores más aristocráticos de la sociedad, como no había sucedido en los últimos 60 años. Argumentar impunidad en el proceso por parte de los enemigos del acuerdo cuando apenas se inicia el proceso de conocer la verdad, cuando todos los sectores involucrados en el conflicto han revelado apenas una parte de las atrocidades cometidas por sus filas, es tratar de encubrir dolorosos episodios que para perdonarlos, el primer paso es conocerlos. La aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP es un paso indispensable para ello.

Duque como presidente no tiene ni los argumentos ni la posibilidad de destrozar el acuerdo, como lo pregonan y desean sus copartidarios. Él no tiene fuerza política propia, jamás la ha tenido, como quedó plasmado en el debate de las objeciones a la JEP; además el apoyo que le brinda su organización política es condicionado, y con objeciones para imponer sus criterios, con el agravante que el jefe del partido, su patrón, está cada vez más enredado en las múltiples demandas judiciales que incluyen serias acusaciones, que le implican agrias disputas con la justicia, con otros parlamentarios, magistrados, jefes políticos, con un exfiscal, con periodistas, con las madres de miles de víctimas de la “seguridad democrática”, con los trabajadores y con organizaciones internacionales.

Fue después de la caída de las objeciones que se sintieron las intenciones del Centro Democrático de impulsar una asamblea constituyente o de decretar estado de conmoción. Aunque la decisión definitiva se concretó con el recién aprobado referendo del movimiento Libertad y Orden que Uribe apoyó: “sería bueno para el país hacer una reorientación institucional… ante el desorden total de la jurisprudencia”, que toma “decisiones de claro sesgo político”. El eterno presidente argumentó la necesidad de acabar con las actuales cortes, reduciéndolas a una, deponiendo a todos los magistrados. Es decir borrón y cuenta nueva porque la “justicia está en vilo desde hace 15 o 20 años”, añadió. Aceptó que su papel y el del CD en el Congreso ha sido estéril, y a pesar de manejar hoy el poder ejecutivo, se declara incapaz de alcanzar mayorías, por lo que también respalda barrer con los actuales parlamentarios, reducir su número y volver a elegir. La propuesta incluye igualmente y sin tapujos eliminar la JEP; hay “proliferación burocrática” argumentó y llegó a respaldar la doble instancia para aforados con retroactividad.

Se ufana de defender estas propuestas desde hace años y se sustenta en un supuesto descontento originado por sus infundios y mentiras que dice están arraigadas en la mente de los colombianos. Esa es según su criterio el llamado estado de opinión al que considera “está por encima del Estado de derecho”. Es un vuelco total a la institucionalidad de la nación que arrasa con los poderes judicial y legislativo y empodera al ejecutivo, que ya provoca una airada respuesta nacional. Los pregoneros del alto a la polarización, con tal propuesta, reciben una bofetada y tendrán que tomar partido. La confrontación en el seno de la sociedad colombiana va a llegar a proporciones inconmensurables. La consolidación de la paz y el conocimiento de la verdad, es decir la convivencia nacional, recibe un misil que puede destruir todo.

Con el referendo propuesto se aproxima la hora cero de Duque. Seguramente guardará silencio y dirá que el ejecutivo es ajeno a la propuesta presentada. Pero tarde que temprano también tomará partido y como se siente en el ambiente nacional su debilidad es ostensible y la nave se tambalea por el errático manejo de su timonel.

Unión de los demócratas

La ocasión es propicia para un mayor acercamiento entre las fuerzas democráticas y progresistas, el momento lo exige. Su cohesión puede indicar el camino a seguir y mostrar a los colombianos que es posible superar la barbarie, propiciar un clima civilizado y de convivencia y afrontar con decisión las desigualdades y carencias que afectan el desarrollo y el progreso de Colombia. Se destaca la creación del colectivo Defendamos la Paz compuesto por dirigentes de toda la sociedad con capítulos regionales, empeñado en preservar y consolidar los acuerdos. Igualmente se debe aprovechar el debate electoral que se avecina, se gestan coaliciones para consolidar esta opción. Las elecciones territoriales son un pulso nacional que debe fortalecer esta corriente y contribuir a despejar el futuro.