Por Absalón
Cabrera
Comisión de
redacción La Bagatela
La portentosa
movilización indígena de abril del presente año tuvo como consigna
cohesionadora: Minga social por la vida, el territorio, la democracia, la justicia
y la paz. Un título muy oportuno que permite acercarnos a un problema
estructural e histórico, la propiedad de la tierra y su uso. Lo que sigue son
algunas reflexiones en torno a esta problemática que ha logrado, en el mejor de
los casos, introducir el tema en la agenda legislativa, nuevamente como un
asunto prioritario.
Para esta
reflexión me apoyaré en la investigación del filósofo Adolfo Chaparro Amaya en
el libro “La cuestión del ser enemigo” (2018). Con el objetivo de dilucidar
sobre lo que considero una “tarea pendiente” que los gobiernos precedentes y el
actual no han tenido voluntad de solucionar. Digo que es un “pendiente” puesto
que, como lo han advertido diferentes investigadores, ha sido uno de los ejes
estructurantes de la violencia que ha padecido el país. Chaparro recoge muchas
de estas investigaciones y concluye que “Las formas de violencia que se desatan
en Colombia desde los años 50 hacen parte de una lucha por la tierra que se
invisibiliza en la confrontación partidista entre liberales y conservadores”
(pág. 223).
En este sentido,
intentar acercarnos a la comprensión de los orígenes del conflicto armado en
Colombia exige tener en cuenta, por un lado el problema de la propiedad de la
tierra. Por ello es necesario examinar el impacto de las aperturas económicas y
nuevos mercados que se gestaron en gobiernos como el de Lleras Restrepo y la
reforma de 1968, en la que se intentó introducir al campesinado en las
dinámicas comerciales a través del reparto de tierras y aumento de su
productividad (pág. 224). Cosa incongruente con las dinámicas propias del
pensamiento campesino e indígena.
No está demás
mencionar el retroceso de Misael Pastrana en materia agraria con la renuencia
del gobierno de oponerse al latifundismo. Según el informe del Centro Nacional
de Memoria Histórica titulado “La política de reforma agraria y tierras en
Colombia” (2013), el Estado impulsó un programa de titulación de baldíos en
regiones remotas con lo cual los abandonó a su suerte. Regiones que fueron
propicias para el auge del cultivo de plantas de cuyo producto se hace uso
ilícito. Y en adelante, las políticas de gobierno propiciaron el empoderamiento
de las tierras por sectores privados a favor de la “empresarización del campo”.
Lo anterior, hasta la entrega indiscriminada de tierras a grupos empresariales,
en lugar de dárselas a los campesinos, propiciada por el gobierno de Uribe
Vélez, como en el sonado caso Carimagua (CNMH, 2013).
Adicional, los
múltiples intentos de reforma agraria contrarios al respeto por la tierra y el
desarrollo de los pueblos indígenas fueron propiciando focos de violencia que
cada cierto tiempo renuevan fuerzas. Como se puede interpretar de la lectura de
Chaparro, las fuerzas influenciadas por el narcotráfico, entre guerrillas y
paramilitares, terminaron desplazando al Estado en su función de soberano.
Crearon soberanías alternativas ejerciendo funciones de policía y ejecutores de
justicia.
Mantener las
condiciones que posibilitan la violencia ha agravado la situación. Por un lado,
la adquisición de tierras a precios bajos; el empoderamiento de estas por medio
de la fuerza, las amenazas y el desplazamiento forzado, ha generado caos
social. Por el otro, el Estado ha quedado desbordado en las problemáticas, con
lo que se propicia el abandono de la labor garantista de los derechos de las
minorías. Es decir que, además de no poder contener la ilegalidad en el campo,
las ciudades se llenaron de campesinos arrancados de sus tierras para sufrir en
condiciones de miseria en los principales centros urbanos.
Como se
mencionó, el otro eje sobre el cual se puede avanzar es el uso de la tierra.
Esto puede presentarse desde múltiples perspectivas, debido principalmente al
carácter multicultural del país. Dicha multiculturalidad encubre las minorías
étnicas y sociales excluidas de los acuerdos políticos en la historia
republicana. Por un lado, y parafraseando a Chaparro, las reivindicaciones por
conservar la identidad y supervivencia de las tradiciones ancestrales ha
chocado con la modernización desarrollista de los nuevos propietarios (pág.
92). Y por otro, las territorialidades fueron tomando forma de acuerdo con lo
que los grupos ilegales obligaran a cultivar, vender o explotar (pág. 91).
En línea con lo
anterior, las recientes exigencias a través de vías de hecho logran poner en
evidencia problemáticas muy antiguas. Las cuales considero “pendientes” puesto
que no ha habido voluntad política para proponer soluciones de fondo. Las
presiones económicas de grupos empresariales se ponen por encima del derecho al
libre desarrollo de los pueblos, y el respeto por las culturas milenarias. Así,
la legislación permite la contradicción propia que puede concebirse en el
reconocimiento del modelo neoliberal y a su vez la multiculturalidad y libre
desarrollo de los pueblos indígenas.
Es pertinente
mencionar que, citando y a su vez criticando a Óscar Mejía, Chaparro menciona
lo siguiente sobre la imposibilidad de llevar a cabo una modernización
económica y política: las razones no se hallan en que “la Constitución de 1991
hubiera planteado en su interior tres modelos de Estado: el Estado social de
derecho, el modelo neoliberal y el modelo multicultural” (pág. 87). Sino que
por el contrario, logra expresar “formalmente la universalidad de los derechos
y los intereses -muchas veces contradictorios- a que puedan aspirar los
sectores representativos de la nación” (pág. 87).
En conclusión,
expreso un total apoyo por la movilización indígena. Por la Minga y todos los
sectores sociales que han construido país resistiendo a las embestidas que
vienen de la ilegalidad, al igual que las propiciadas por los gobiernos
retrógrados en materia de respeto por la identidad, libre desarrollo y derechos
humanos. Creo que la reivindicación del derecho a la tierra, ser propietarios
de esos terruños ancestrales y garantizar el libre desarrollo, fortalece la
democracia, la justicia y la paz.
Referencias
Chaparro Amaya, Adolfo;
La cuestión del ser enemigo. El contexto insoluble de la justicia transicional
en Colombia; Siglo del Hombre Editores y Universidad del Rosario, Colombia
2018.
Centro Nacional
de Memoria Histórica, La política de reforma agraria y tierras en Colombia;
Imprenta Nacional de Colombia; noviembre del 2013.
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