“Estoy aquí por los 18 niños muertos. Por Dilan Cruz, que fue un compañero nuestro que nos estuvo acompañando en todos estos momentos de lucha. Él sigue aquí con nosotros, está en nuestros corazones, aunque ya haya fallecido. (Estoy aquí) porque este gobierno tiene que cambiar, el país tiene que cambiar. Esto no puede seguir así”.
Palabras de la niña de 12 años, Allison, en la concentración de la Plaza de Bolívar del 27 de noviembre.
El paro nacional que sacude a Colombia, vigoroso y en auge, ha hecho
emerger señales de crisis del régimen. Un vocero de los ultras de derecha clama
por el reemplazo de Duque. En el Senado se aplazó el trámite legislativo hasta
escuchar voceros del Comité Nacional de Paro. La muerte del joven Dilan Cruz a
manos del Esmad provoca una oleada de indignación nacional. La maniobra del
presidente Duque, de ganar tiempo con un simulacro de diálogo nacional, recibe
el rechazo del Comité de Paro. En suma, desorden y agudas discrepancias en la
extrema derecha, dificultades en la agrietada coalición de gobierno para el
respaldo a la política oficial, rechazo nacional a la represión y a la
brutalidad policial, y exigencia de respuesta a sus reclamos del Comité de Paro
al presidente Duque. Entretanto, el paro y la gran movilización siguen.
La irrupción de las muchedumbres callejeras ha sido superior en
amplitud y alcance a cuantas la precedieron en décadas anteriores. Enfrenta la
voluntad del gobierno de desmantelar los acuerdos de paz, arremeter contra las
libertades y garantías constitucionales y legales, y profundizar el modelo
antisocial que tantos estragos causa en América Latina y el mundo entero. A la
sucesión de fiascos y escándalos oficiales, se agregaron los niños muertos en
el bombardeo del Caquetá y los anuncios de nuevas medidas oficiales contra el
pueblo. Los desafueros exacerbaron el repudio de la opinión democrática,
convirtiéndose en detonante de una descomunal erupción de inconformidad social.
Calles y plazas se repletan por un arrollador torrente de
trabajadores, maestros, estudiantes, desempleados, artistas e intelectuales,
pobladores de los barrios populares, indígenas y afros, amplios sectores de
capas medias y aún de estratos sociales altos. La gente se moviliza por la paz,
la democracia, y la defensa y el mejoramiento de su nivel de vida. La batalla
social clama por el cumplimiento de los acuerdos de paz, los derechos y
libertades civiles, la defensa de la vida de los líderes sociales, el salario
decente, la salud, la educación, las pensiones, las reivindicaciones de los
pueblos ancestrales y afros, los derechos de los niños, la equidad de género,
los derechos de la población Lgtbi y la protección del medio ambiente.
Sobresale la masiva presencia de jóvenes y mujeres cuyas reivindicaciones
cobran inusitada altura. Los 13 puntos planteados por el Comité Nacional de
Paro ante el gobierno el pasado 26 de noviembre, repudian y exigen que se eche
atrás o se descarten los proyectos y medidas oficiales impuestas o anunciadas[i], y además de la disolución del Esmad, el cumplimiento de acuerdos
firmados por el anterior y el actual Gobierno con distintos sectores sociales[ii].
La muchedumbre que atestó el espacio público con sus impetuosas marchas desde
el 21 de noviembre, reveló que Colombia vive un extraordinario momento. La
explosión social democrática inundó las movilizaciones con un entusiasmo y un
ambiente festivo en un sinnúmero de manifestaciones. Consignas voceadas en
atronadores estribillos, pancartas y avisos multicolores, conjuntos musicales y
danzas, representaciones teatrales, disfraces, conciertos, el resonante
cacerolazo y mil más variedades expresivas, todas contra Uribe y Duque,
denuncian la creciente tendencia fascista del gobierno y su inhumanidad
neoliberal, y propalan el mensaje político y social del paro por toda Colombia.
La insubordinación desatada en Colombia forma parte del alzamiento social que
estalló en Chile, Ecuador, Haití y de los que se ven venir en otros países del
subcontinente. El oleaje de masas choca de frente contra el molde de
degradación económico-social y subyugación nacional impuesto por Washington. El
secretario de Estado de la administración Trump, Pompeo, patrocina y azuza a
las fuerzas progringas de nuestras enajenadas repúblicas; delata el temor a la
marea alta de los pueblos, vista cual fantasma sepulturero del viejo imperio.
Siendo el cumplimento de los acuerdos de paz y el descarte del ruinoso
y antisocial modelo neoliberal las dos cuestiones más importantes de la vida
nacional, y habiéndose constituido en banderas principales del paro, puede
decirse que del desenlace de esta gran rebelión social en curso depende la
suerte inmediata y el rumbo general de Colombia. Fue el acuerdo final de paz lo
que abrió una etapa de grandiosas acciones de masas: la más alta votación
obtenida por un candidato presidencial progresista, una aún mayor contra la
corrupción oficial, la recuperación de la alcaldía de Bogotá, la primera gran
derrota del uribismo en las urnas, y ahora una monumental movilización del
pueblo no vista desde el 9 de abril de 1948.
La repetida y obcecada actitud del gobierno ante el paro aceleró la erosión de la muy escasa credibilidad pública
que aún le resta. Primero trató de desalentar el paro, luego propaló que este
instigaba el desorden, el vandalismo y la violencia. Simultáneamente, lanzó una
campaña de represión e intimidación, mientras prosigue su política contra los
acuerdos de paz, decreta nuevas medidas neoliberales y busca la aprobación
legislativa de otras más. La operación intimidante sobre conjuntos
residenciales en Bogotá y Cali mediante cuadrillas fletadas fue ampliamente
denunciada y recibió contundente y masivo repudio. Ni la agresión policial
contra los manifestantes, única respuesta a las reclamaciones ciudadanas, ni la
frescura con que afirma que no existen razones para el paro han logrado la
desmovilización. Tampoco la pretensión de embaucar a la opinión pública
atribuyendo la responsabilidad de los males y desmanes que en Colombia han sido
al Foro de Sao Paulo, a cubanos y venezolanos, y a Gustavo Petro. Ante la
cortante negativa del gobierno a los puntos del Comité Nacional de Paro,
reiterada en la reunión del 3 de diciembre, una masiva movilización se proyecta
hacia adelante poderosa y compacta. Se palpa un visible y creciente aislamiento
de la administración Uribe-Duque; la imagen desfavorable del presidente se
ensancha y su gobierno se debate a la defensiva. El descontento del ala ultra
del uribismo con el manejo presidencial de Duque, se expresa en la exigencia de
una represión aún más acentuada. El mismo portavoz uribista que pide el
reemplazo de Duque le replicó a este, para recalcarle su subordinación al
“presidente eterno”, que había sido Uribe quien había ordenado “métanme a Duque
en la lista de Senado”, verdadero inicio de su carrera hacia la Casa de Nariño.
La unificación del proceso democrático colombiano recibió un potente
impulso proveniente de la gigantesca movilización social. El Comité Nacional de
Paro lleva a cabo una política en procura de la vinculación de los sectores
sociales que se han movilizado a una expresión representativa única de la
lucha, como de los sectores políticos que en el Congreso se oponen al paquetazo
de medidas del gobierno o que cuestionan y se muestran renuentes a respaldar el
proyecto oficial antidemocrático y contra la paz. Importantes pasos de avance
hacia la integración en un solo haz, de los sectores que reclaman sus
reivindicaciones para entrelazarlas en el gran pleito nacional entablado contra
la minoría opresora y explotadora. La mayoría de los partidos políticos
representados en el Congreso, muchos Alcaldes y Gobernadores electos, el
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Conferencia
Episcopal Colombiana, el comité nacional del Consejo de Paz, numerosas
universidades y la ONU, han manifestado al gobierno la importancia de reconocer
a los interlocutores del paro nacional e iniciar con ellos diálogo directo.
Tanto Gustavo Petro como la nueva alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López －los principales líderes
del movimiento democrático－,
han respaldado el paro y refutado al presidente Duque. La enorme fuerza de la
ciudadanía en la calle －y
apostada frente al domicilio privado de Duque－ obligó al gobierno a designar su intermediario
para las negociaciones, y a aceptar la reunión directa con el Comité Nacional
de Paro. El resultado, la negativa del presidente a todas las propuestas, el
inicio de la aprobación de la reforma tributaria y el pupitrazo a la ley
encaminada a exonerar de su condena a Uribito, el valido del expresidente
mandamás de la extrema derecha colombiana. Ante tan abierto desconocimiento y
desafío, los colombianos que se han movilizado durante 14 días, y el país
democrático que los apoya, comprenden que la lucha continúa.
Las marchas y concentraciones que volvieron a inundar calles y plazas
el 4 de diciembre son elocuente respuesta. Cuando están programadas
concentraciones, movilizaciones y un gran concierto hasta más allá de la
primera semana de diciembre, el pulso entre el pueblo y el gobierno Uribe-Duque
entra en su fase crítica. La movilización social seguirá repletando los lugares
públicos del país. En el final del 2019, y en el nuevo año venidero, sus
reclamos se seguirán planteando con tanta y más fuerza que hasta hoy, y serán
consecuentemente defendidos.
Bogotá, 4 de diciembre de 2019
[i] En especial, la detestada reforma tributaria, el decreto privatizador
sobre el holding de las entidades públicas financieras, los procesos de
privatización de bienes del Estado, el trabajo por horas, la regresiva reforma
pensional y la propuesta infame de salario por debajo del mínimo para los
jóvenes.
[ii] Es decir, con estudiantes universitarios, organizaciones indígenas,
trabajadores estatales, Fecode, y sectores campesinos y agrarios.
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