Ante este difícil panorama en su país y en el continente, el imperio despliega sin ambages su versión más agresiva y su carácter más bélico y fascista. Hace un par de semanas se concretó el golpe de estado en Bolivia, en complicidad con la extrema derecha del país y la región y con el ignominioso Luis Almagro, convertido desde su llegada a la Secretaría General de la OEA en el principal agente de la política estadounidense en la región. Además de los funcionarios y congresistas estadounidenses, reconocidos por sus posturas de extrema derecha, en la planeación del golpe, preparado desde hace meses, participó también el gobierno del presidente Iván Duque, como quedó en evidencia en unas grabaciones que dio a conocer por el gobernante destituido.
Por Consuelo Ahumada
Miembro
de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. Integrante de
la dirección del Partido de Trabajo de Colombia, PTC.
El
compromiso del gobierno de Iván Duque para aislar y derrocar al gobierno del
país vecino sigue siendo muy claro. Según
Claudia Blum, la nueva canciller, Colombia seguirá apoyando el fortalecimiento
del Grupo de Lima, creado para tal fin, para avanzar en la acción diplomática
que permita crear las condiciones para que los ciudadanos venezolanos
puedan “recuperar la democracia y la libertad”.
Este
escalamiento de las acciones en contra del país caribeño sucede en un momento
particularmente difícil para el gobierno colombiano y conflictivo para la
región en su conjunto. Cuando han pasado apenas 15 meses desde el inicio de su
mandato, el presidente afronta una movilización social desde hace varios días, sin
precedentes en los últimos setenta años de la historia del país.
Todo
arrancó con la convocatoria a un paro nacional por parte de las centrales
obreras para el 21 de noviembre pasado, contra el “paquetazo” neoliberal. Pero
este llamado, que el gobierno y la extrema derecha trataron de impedir y
desacreditar a toda costa, terminó convirtiéndose en una enorme movilización en
todo el territorio nacional para exigir también la implementación integral del
acuerdo de paz y el respeto a la vida de los líderes sociales, el cumplimiento
de los acuerdos suscritos con las organizaciones de estudiantes, campesinos e
indígenas y con las regiones más rezagadas del país. A ello se suman las demandas
de las organizaciones de mujeres y ambientalistas y de otros sectores. El
gobierno ha respondido con una brutal represión, se ha negado a negociar y ha
insistido más bien en un programa de diálogo nacional, que no consulta para
nada las demandas de quienes están en las calles.
En
el plano regional, varios gobiernos afrontan también luchas contra las medidas
y los estragos de las políticas neoliberales. Basta ver las recientes
estallidos sociales en Ecuador, Haití y Chile. Por su parte, Donald Trump sigue
sumido en graves disputas comerciales con China y la Unión Europea y ahora, en
plena campaña de reelección, se encuentra ante la posibilidad de que se le
adelante un proceso de impeachment,
que podría llevar a su destitución.
Ante
este difícil panorama en su país y en el continente, el imperio despliega sin
ambages su versión más agresiva y su carácter más bélico y fascista. Hace un
par de semanas se concretó el golpe de estado en Bolivia, en complicidad con la
extrema derecha del país y la región y con el ignominioso Luis Almagro,
convertido desde su llegada a la Secretaría General de la OEA en el principal
agente de la política estadounidense en la región. Además de los funcionarios y
congresistas estadounidenses, reconocidos por sus posturas de extrema derecha,
en la planeación del golpe, preparado desde hace meses, participó también el
gobierno del presidente Iván Duque, como quedó en evidencia en unas grabaciones
que dio a conocer por el gobernante destituido.
Pero
la agresión contra los países de la región también se da más al norte, precisamente
en su frontera sur. Hace pocos días la Casa Blanca confirmó su decisión de
calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Ello permitiría
intervenciones militares de Estados Unidos en territorio de México, sin
autorización previa, con el pretexto de perseguirlos. “Cooperación sí,
intervención no”, respondió López Obrador, quien ha mantenido una relación
bastante conflictiva con el mandatario estadounidense.
Hay
otros factores que hacen temer por la radicalización de las decisiones de Trump
y sus aliados de la región frente a la República Bolivariana de Venezuela. La
estrategia de desacreditar y derrocar a su gobierno, intensificada durante este
año, ha sido un fracaso. Después de que se autoproclamara como presidente
interino y de hacer diversos anuncios y fijar plazos perentorios, Juan Guaidó ha
perdido toda credibilidad, incluso entre sus mentores. Su poder de convocatoria
es nulo y algunos sectores de la oposición están negociando con el gobierno. En
menos de un año, ha ido de escándalo en escándalo. El fracasado intento de
pasar ayuda humanitaria por la frontera con Cúcuta el pasado 22 de febrero le
propinó dos golpes: el primero, las evidencias de su alianza, y la del gobierno
colombiano, con el grupo paramilitar de los Rastrojos, que opera en la
frontera. El segundo, el escándalo por malversación de fondos recibidos para
apoyar a los militares disidentes. Este episodio grotesco terminó con uno de
ciencia ficción: la destitución del flamante embajador de su gobierno en
Colombia por denunciar la corrupción de los allegados al autoproclamado
mandatario.
Volviendo
a la reunión convocada para el 3 de diciembre, debe recordarse que el TIAR fue
firmado por los países del continente en Río de Janeiro en1947, como un
mecanismo para propiciar la defensa conjunta de los países signatarios en el
marco de la Guerra Fría. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se retiraron
en 2012. Venezuela se retiró también
de la OEA, pero este año se reconoció al representante del gobierno interino de
Guaidó como su vocero ante este organismo.
Hasta ahora el TIAR no ha intervenido en ningún país del continente, pero en el contexto actual podría
llegar a hacerlo. Resulta claro que se busca propiciar un incidente que
justifique una intervención militar y este podría darse en la frontera con
Colombia.
En
este contexto, marcado por la exacerbación de las contradicciones políticas y
sociales, resulta claro que Trump y sus aliados no descansarán hasta acabar con
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Por encima de las
diferencias que puedan existir con su gobierno, es fundamental preservar su derecho
a la autodeterminación nacional. Los sectores demócratas y progresistas de la
región deben entender que un conflicto bélico sería fatal para la región en su
conjunto, pero en particular para Venezuela y Colombia.
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