Por Marcelo Torres
11 de enero de 2020
¿Loa a la
rebeldía juvenil?
Para Alejandro
Santos Rubino, autor del artículo mencionado, “el gran protagonista de 2019” es
la protesta o el “grito” de los jóvenes. Otorgándole una dimensión mundial,
comparable con la de fines de los años sesenta, crea al inicio de su escrito
una expectativa de que se sirve para abordar los asuntos gruesos de su
artículo: el paro nacional, la relación Uribe-Duque, el declive político del
expresidente de la “seguridad democrática” y la política que, a juicio de
Santos Rubino, debe adoptar el gobierno Duque[1].
En
efecto, el director general de Semana se esfuerza desde sus primeras
apreciaciones por dar una impresión de comprensión, e incluso de aprobatoria
admiración, a la participación de los jóvenes colombianos en la actual protesta
social. Si el Mayo francés del 68 fue “una revuelta histórica”, la del 2019 no
desmerece puesto que enarbola “tres grandes causas”: “acabar con la
desigualdad, luchar contra la corrupción y proteger el medioambiente”. Con
precisión, identifica como “voz” de esas metas la de los jóvenes, y advierte
que la joven generación tiene “un desencanto: la democracia”, “un enemigo: las
élites”, y “un arma: las redes sociales”. Destaca como “símbolo” de esta
juventud a la adolescente ambientalista sueca Greta Thunberg y reconoce por su
nombre en Colombia los de dos líderes universitarios. A los jóvenes rebeldes
del mundo actual, “nietos” de los baby boomers de los años sesenta, también les
admite que “marchan contra un sistema político que ha sido incapaz de resolver
los problemas esenciales de la gente”. Nada mal. Y remata calificando como
logros de los jóvenes colombianos “tumbar la cotización por horas para jóvenes”
y “lograr que el presidente objetara el artículo 44 que permitía usar los
recursos de las universidades para pagar las demandas contra el Estado”.
Claro que
–acaso por el entusiasmo apresurado de haber plasmado los adecuados párrafos
preliminares– echó un pez podrido entre los cambios democráticos que atribuyó
en el 2019 a la fuerza desatada de los movimientos juveniles. Entre los
gobiernos depuestos en varios países por ese “despertar”… incluye el de
Bolivia. Inclusión que rechazan los hechos, puesto que lejos de haber
encabezado los jóvenes bolivianos el golpe de Estado habido en el hermano país,
fueron sus víctimas. Nadie ignora que los perpetradores del mismo, los
cabecillas de una extrema derecha fascistoide, racista, fanática y progringa,
adelantan hoy una sangría genocida contra la mayoritaria población indígena
boliviana.
Como
contexto mundial, el autor de “El grito de los jóvenes” pone “la crisis
migratoria, el ascenso de los populismos, la guerra comercial y el apretón
fiscal”, y concluye que “estamos ante un coctel cuyos ingredientes pueden
resultar explosivos”. Sólo se olvidó de indicar las causas de tan
controvertidos fenómenos. Tampoco, ni por asomo, los relacionó con el modelo
económico que estrenaron Reagan y la Tatcher y que antes el gobierno de Nixon
había ensayado en el Chile de Pinochet. Y mucho menos con el ostensible declive
de la otrora hegemonía unipolar estadounidense.
¿“Realismo”
o regresión?
De
pronto, la enumeración de las virtudes juveniles se trueca en lo que el gran
influencer vende como el summum de la sensatez: “En Mayo del 68, la consigna
era ‘seamos realistas, pidamos lo imposible’. Hoy, para lograr cambios, la
consigna debe ser ‘seamos realistas, pidamos lo posible’ ”. O sea, le apuesta
al revés del vigoroso lema. En sentido contrario no sólo a toda sociedad humana
sino a la mera evolución de cualquier forma de vida, el enunciado pide que los
jóvenes de hoy no sean más avanzados que sus abuelos, sino que marchen hacia
atrás, como el cangrejo. En nombre de este “realismo” hace a un lado los
cuidadosos elogios iniciales y procede de frente contra la expresión del descontento,
la protesta social. “La protesta –afirma– se ha venido desdibujando entre las
de las élites sindicales, el oportunismo de la oposición, la negociación
ideológica del modelo de desarrollo del país”. Si se entiende bien, al
articulista le chocan lo que se le antojan “reivindicaciones añejas” como la
afiliación de los trabajadores a un sindicato, las convenciones colectivas, la
estabilidad laboral, el trabajo, el salario y las pensiones decentes y a edad
disfrutable, el derecho de huelga, la retroactividad de las cesantías, etc.,
etc., todas las cuales, tras el embate del capitalismo salvaje redivivo,
quedaron reducidas al mínimo o son ya un simple recuerdo. A la ferocidad de ese
capitalismo no le basta que se haya despojado a los trabajadores de fundamentales
conquistas obtenidas tras prolongadas batallas; requiere además que todo el
mundo, incluidos los propios afectados, consideren las mismas cual lo predica
el credo neoliberal: como gabelas y prebendas injustificables.
La misma
reacción le provoca al articulista el “oportunismo” de una oposición que
denuncia, por ejemplo, el bombardeo de niños, el asesinato sistemático de
líderes sociales y ex alzados en armas reincorporados a la vida civil, la
negativa del gobierno a cumplir el acuerdo de paz que lo obliga a combatir
todos los grupos ilegales y no sólo a los insurgentes, el empeño oficial en
destruir la JEP para que no aparezca la verdad sobre las responsabilidades de
los crímenes y atrocidades del conflicto (como las fosas comunes de Dabeiba)… Y
por supuesto, la crispación mayor se la suscita la sola mención o posibilidad
de “la negociación ideológica del modelo de desarrollo del país”. Cualquier
afinidad o acercamiento de los jóvenes a tan arcaicas u oportunistas demandas
no termina, para la pluma dorada de Semana, sino “desdibujando” la protesta
social.
Es por no
seguir tan sabia conseja, entonces, que “lo que
empezó como una seductora sinfonía de cacerolas y de expresiones lúdicas y
juveniles de protesta va en un pliego de peticiones de 104 puntos, que incluyen
hoy causas tan disímiles como la libertad inmediata de los presos políticos,
desmonte del Esmad, sacar a Colombia de la Ocde, derogar las leyes naranja,
eliminar el cuatro por mil, estatizar Ecopetrol y desmontar el paramilitarismo,
entre muchos otros”.
Una
irritación en aumento hace que el director de Semana vire rápido hacia un
definido blanco de ataque: “Los miembros del Comité de Paro han sido poco
realistas al pretender mucho más de lo concedido a las Farc en La Habana, lo
que en la práctica significaría una revolución por contrato”. Los pedidos de
esta “revolución por contrato” constituyen una exigencia general de
democratización del opresivo e injusto régimen económico y político-social
colombiano; ninguno implica un cambio de poder ni alteración de fondo del
sistema económico-social. “En esta categoría –sigue diciendo el articulista
sobre las demandas del paro– están las peticiones propias del socialismo al
pretender dejar todo en manos del Estado y reducir el papel del sector privado”.
La médula derechista aflora aquí sin ambages. Y pretende impresionar al lector
poco informado con falacias que no resisten el menor análisis. El capitalismo
de Estado y las nacionalizaciones de sectores estratégicos de la economía son
medidas progresivas pero no constituyen socialismo alguno. Surgieron en los
Estados industrializados a fines del siglo XIX, recibieron fuerte impulso con
la economía de guerra de la primera conflagración bélica global, emergieron con
gran fuerza durante la Gran Depresión en Estados Unidos y se generalizaron en
todos los países capitalistas, como en los países sometidos a ellos, después de
la Segunda Guerra Mundial. Precisamente el llamado Estado del bienestar tuvo su
vigencia en ellos en dicha segunda postguerra, y su auge entre 1960 y fines de
los años setenta. Fue el neoliberalismo el que arrasó después con todo eso. De
ahí la rebelión social que se levanta por doquier.
Con todo,
Santos Rubino nos enumera algunos de los puntos “absurdos” del pliego del paro:
“modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa del país;
cambiar el modelo de salud y volverlo público; dialogar con el ELN; liberar a
los ‘presos políticos’…” y añade, “estatizar a Ecopetrol; realizar
investigaciones periódicas sobre el sida; retirar a Colombia de la Ocde;
realizar de nuevo el censo para incluir a las comunidades afro; reversar los
TLC; actualizar el código nacional de tránsito”. De manera olímpica desestima
estas demandas de millones de ciudadanos basado en el simple hecho de
enumerarlas, sin detenerse en su consideración, salvo en una o dos de ellas, y
sólo para acudir a la autoridad de los “expertos”, quienes precisamente elaboraron
o tradujeron al español las medidas y decisiones de gobierno vigentes o
anunciadas que la gente repudia.
Nacionalización
completa de Ecopetrol: plenamente “viable”
De un
plumazo, al igual que el gobierno Duque, el articulista declara las
reivindicaciones planteadas por el paro como “inviables”. Por ejemplo, nos
dice, “estatizar la totalidad de Ecopetrol implica que la Nación desembolse
unos 15 billones de pesos para comprar las acciones de los privados. A la luz
de la situación fiscal, esa exigencia resulta imposible”. Sin embargo, si se
consideran las cifras reales de la petrolera estatal, el tremendismo de la
afirmación de Santos Rubino carece de todo fundamento.
El actual
presidente de la organización nacional de los trabajadores petroleros, la Unión
Sindical Obrera, Edwin Palma, explica la completa viabilidad de la propuesta de
comprar las acciones privadas de Ecopetrol, en manos de titulares individuales
y fondos de pensiones, que ascienden al 11,5% del valor de la empresa. Esta
operación, denominada de recompra de dichas acciones privadas, es vista como
una práctica habitual en los medios bursátiles y de negocios, pero cuando el
comprador es el Estado, el interés privado de los poderosos pone el grito en
cielo: ¡alerta, atentado contra la sacrosanta economía de mercado! “La
inversión que se necesita para hacer la recompra –afirma el presidente de la
USO– es fácilmente financiable con recursos de la propia empresa y el Estado,
sin endeudarnos, Ecopetrol tiene suficiente liquidez y las inversiones son
recuperables vía dividendos que pagará la empresa”[2].
Y agrega: “Este año, con el 88,5% de propiedad [de Ecopetrol], la Nación ha
recibido $11,4 billones, pero si tuviera el 100 % de las acciones habría
recibido $ 12,8 billones, lo que equivale a 1,8 veces la reforma tributaria”.
Es claro que los ingresos anuales de Ecopetrol permitirían programar y realizar
la recompra gradual aludida. Explica que el verdadero obstáculo para efectuar
esa recompra de las acciones privadas no es otro –refiriéndose al apego oficial
a los cánones neoliberales– que “la voluntad política de un Gobierno muy
ortodoxo”. Aclara que de las bonanzas petroleras “Colombia no ha ahorrado nada,
ese dinero ha tapado el enorme hueco de las exenciones al 0,01% más rico y la
corrupción generalizada”. El líder sindical remata su argumentación reafirmando
la necesidad de que el país, a la par de impulsar su propio desarrollo,
contribuya a la reducción del calentamiento global. Y señala el papel clave que
jugaría la estatal petrolera mediante una política económica encaminada a
disminuir la extracción de combustibles fósiles como base de la economía
nacional y que busque su paulatino remplazo con la generación de energías
limpias. “Colombia –enfatiza con acierto– necesita crear un fondo para la
transición energética justa y contar con una empresa pública nacional que ayude
con innovación, recursos y capacidad a que esa transición beneficie al pueblo
colombiano y siga generando riqueza…”.
Curiosamente,
el articulista de Semana pone de manifiesto un repentino interés por delimitar
cuáles son las genuinas reivindicaciones juveniles y a cuáles debe apartarse de
esa categoría. En tono de quien avisa sobre un gran peligro, interroga: “¿los
líderes del paro representan a los jóvenes que vienen expresando su descontento
y que han puesto la educación, el empleo y el ambiente como sus banderas, y que
nunca habían reclamado estatizar a Ecopetrol?”. La mala imitación de la manera
socrática deja ver el temor cierto de que estudiantes y trabajadores junten sus
reivindicaciones con las del conjunto del pueblo. Lo cierto es que desespera
por meter una definitiva cuña divisionista entre la dirección del paro y la
gran masa de los jóvenes movilizados. Un poco tarde, porque quizá uno de los
logros mayores del paro consiste precisamente en haber entrelazado las justas y
distintas demandas particulares, que expresan la heterogeneidad de la
composición social de Colombia, para plantear frente al gobierno de Duque un
pleito, el gran pleito general de la abrumadora mayoría contra la minoría que
gobierna.
A manera
de puntualización, el autor del artículo de Semana aduce que los cambios no
pueden hacerse con “reclamos utópicos, soluciones inmediatas y rabia en las redes
sociales”, “sobre todo, cuando hace menos de dos meses el pueblo colombiano
expresó su descontento en las elecciones de alcaldes y gobernadores, las más
altas en la historia con 22 millones de votos, y que cambiaron el mapa político
y demostraron el vigor de la democracia colombiana”. El problema es que el
argumento –que el pueblo colombiano expresó su descontento en las elecciones
pasadas, que estas votaciones fueron las más altas en la historia– no
fundamenta el pretendido realismo. Por el contrario, lo refuta: el descontento
electoral manifiesto en las más altas votaciones muestra precisamente que hay
lugar a 104 puntos y más del reclamo del pueblo.
104
puntos de la “lista de mercado”
A esta
altura, el artículo de Semana ha dejado muy atrás su elogioso inicio respecto a
los jóvenes y cedido el paso al perentorio llamado a desechar los pedidos
ilusorios. No obstante anotar que a Macron lo hacen reflexionar las revueltas
de los jóvenes en Francia, no hay ni pío en el sentido de la misma observación
que también merece Duque. Por el contrario, pronto pasa a una abierta defensa
del gobierno: “La mayoría de los problemas por los cuales la gente salió a las
calles no solo vienen de atrás sino que son casi imposibles de solucionar en el
corto plazo. El presidente ha manejado acertadamente esta situación al tratar
de arreglar lo que se pueda, pero dejando claro que el Estado no se negocia”.
Que los problemas vengan de atrás es el reconocimiento de que no son
ocurrencias de la víspera –ni siquiera la justa respuesta que ameritaron los
anuncios oficiales para profundizarlos–, sino que el padecimiento del pueblo ha
sido real y prolongado y es en ello que se funda su exigencia de soluciones. Y
la vaguedad de “arreglar lo que se pueda” pero “dejando claro que el Estado no
se negocia”, como la afirmación de que “el Gobierno no tenía otra salida”,
expresa el apoyo a la rotunda negativa oficial a reconocer siquiera la realidad
de dichos males y menos a considerar en serio que se aborde su solución.
Ensayando
una justificación a la actitud del gobierno, se plantea: “El hecho es que los
13 puntos iniciales del Comité del Paro constituían una agenda concreta y
aterrizada sobre la cual negociar. Cuando el comité los amplió a 104 pasaron de
tener un pliego de peticiones a una lista de mercado”. Pese a la despectiva
intención con que se compara el pliego de peticiones del paro con “una lista de
mercado”, ésta, entre otras principales preocupaciones, es precisamente una de
sus reivindicaciones y exigencias centrales. Puede que para dómines y
encopetados la “lista de mercado” no merezca más que la displicencia frente a
lo anodino o de quinto orden, mas para muy amplios sectores de colombianos el
drama permanente es cómo llegar a fin de mes. Pero el articulista se enreda en
sus propias espuelas. Si los 13 puntos iniciales “constituían una agenda
concreta y aterrizada sobre la cual negociar” –¡cierto!–, ¿por qué entonces el
gobierno rechazó de plano que las “conversaciones” con el Comité de Paro
constituyeran una negociación en regla?, Sí pero no, ¡vaya incoherencia!, ¿y
esta es la política del “realismo” que se nos quiere vender a los colombianos?
Queriendo
invertir los hechos, el autor del artículo de marras hace el panegírico de la
intransigencia oficial, y adjudica esta al Comité Nacional de Paro: “Su
posición frente a Duque es ‘o usted negocia solo con nosotros o no le
jalamos’”. Que el gobierno negocie en serio con el Comité Nacional de Paro
implica que lo haga sin pretender inmiscuir terceros de carácter privado en una
negociación en la que nada tienen que hacer, excepto, claro está, oponerse. Que
se sepa, ni el grupo de Sarmiento Angulo, ni los demás grupos financieros o
gremios económicos tienen arte ni parte en la promoción del paro, ni tiene
lógica alguna que concurrieran a una mesa de negociaciones de sus reclamos.
El fondo
del asunto es más sencillo. En lugar de atender seriamente los reclamos que
millones de colombianos expresan en el paro, el presidente Duque arrancó con la
operación llamada “conversación nacional” –frente a la cual se deshizo en
alabanzas el articulista–, con interminables e indefinidas reuniones para
mostrar al país que el gobierno “dialoga”, en charlas tan animadas como
inocuas, mientras la plataforma web habilitada para el efecto recibe miles de
propuestas que, según solemne promesa oficial, luego se traducirán en proyectos
de ley. El propósito diversionista de la maratón es tan evidente que sólo
resulta creíble para el círculo gobiernista y los medios más ligados al
establecimiento. Se conoció la réplica del Comité Nacional de Paro, negándose a
contribuir a la pantomima, planteando con claridad las demandas de la
ciudadanía, y subrayando la elemental premisa de que si las reuniones no son
para entablar una negociación concreta carecen de sentido alguno. Ante la falta
de credibilidad generalizada de un gobierno cuya imagen se aproxima al piso,
cuyo mandatario nunca cumple los acuerdos pactados con los sectores sociales,
ni siquiera respecto al grueso de las exigencias planteadas contra la
corrupción por más de 11 millones de votantes, el país democrático entiende que
al frente de la gran batalla social se encuentra una dirección con claridad y
experiencia que no se deja engatusar. Porque la “conversación nacional” del
gobierno, con la pretensión de extender sus charlas hasta marzo, no perseguía
objetivo distinto a darle largas a las demandas del paro, de modo que todo
terminara en humo de pajas.
El
rataplán neoliberal
Sin
vacilar, el artículo de Semana se coloca del lado de las medidas más
impopulares, contra las que se dirigió el paro y las movilizaciones, como la
reforma tributaria, que recibió el pomposo nombre oficial de Ley de Crecimiento
Económico. Celebra su aprobación, llevada a cabo con “tanta holgura” en el
Congreso que la califica como “el mejor éxito” del gobierno en la legislatura
finalizada. No escatima alabanzas para con el más detestado ministro, el de
Hacienda, Carrasquilla, aunque reconoce que el apoyo de Cambio Radical, la
colectividad dirigida por Vargas Lleras, fue “determinante”. Tampoco deja de
mencionar los paliativos añadidos para adobar la regresiva expoliación contra
las mayorías: “otorgar tres días sin IVA al año y devolverle una parte de este
impuesto al 20 por ciento de la población más pobre del país”. Nimios paños de
agua tibia frente a la vital necesidad de mejorar la deteriorada capacidad
adquisitiva del grueso de los colombianos.
Similares
al proyecto legislativo del expresidente Uribe de la prima dizque para
completar, al decir del presidente Duque, el millón de pesos demandado por las
centrales obreras para el salario mínimo del 2020 que, como afirma un destacado
miembro del Comité de Paro, el fiscal de la CUT, Fabio Arias, no busca más que
“lavarle la cara, con un engaño a la gente, a su mentor, Álvaro Uribe Vélez”[3].
Patraña esta última de alcance insignificante, pues amén de que no constituiría
factor salarial, implicaría sólo 5, 10 o 15 días de salario mínimo de
conformidad con el tamaño de la empresa, se aplicaría a quienes ganen hasta un
salario mínimo y medio pero de modo diferido, pagadera en dos mitades: en
2020-2021 y a partir de 2022. Con lo cual, como asevera el líder sindical
citado, “…en ningún caso para el 2020 completarán el millón”. Además, agrega,
la restrictiva condición de que quienes la reciban deban estar estudiando,
aleja aún más la posibilidad real de recibirla, habida cuenta de la dificultad
que ello implica para los trabajadores que devenguen salario y medio mínimo.
Presentados
de manera oblicua, para inducir la opinión de que las medidas que tomó o anuncia
el gobierno son inevitables, el artículo formula una seguidilla de
interrogantes: “¿Cómo incentivar la inversión, la empresa privada y el
crecimiento de la economía sin que se abra un hueco fiscal y no sea visto como
un privilegio a los más ricos? ¿Cómo hacer una reforma pensional que cobije a
más personas y le dé una mesada digna al adulto mayor en una sociedad que está
envejeciendo sin aumentar la edad de pensión? ¿Cómo generar más empleo sin
incentivos tributarios y flexibilización laboral? ¿Cómo defender a los líderes
sociales e indígenas en un Estado casi inexistente en zonas montañosas donde
impera el gatillo del narcotráfico? ¿Cómo reducir los subsidios a la clase
media para dárselos a los más vulnerables cuando es la clase media la que está
en las calles? ¿Cómo menguar las pensiones más altas que son una gran fuente de
inequidad social si cobijan a las Fuerzas Militares, el Magisterio, las Cortes
y los jueces?” Con excepción de los asesinatos de líderes sociales e indígenas,
que ya cobran carácter de exterminio –el cual obedece a que los perpetradores
del mismo se sienten aupados por el ambiente oficial propiciado contra la paz–,
si al resto del rosario de preguntas se les quitan los signos de interrogación,
al instante se reducen a su verdadera dimensión: una sumatoria del repertorio
neoliberal, cuya raíz común reside en una de las características clave de ese modelo:
canalizar el flujo del presupuesto público en favor de la minoría plutocrática
gobernante y en menoscabo de la gran mayoría de la sociedad.
Ello se
refleja en la manera que el articulista adopta para plantear que simplemente no
hay recursos presupuestales para satisfacer las demandas planteadas desde la
calle. “Y aún más difícil de resolver en momentos en que el país –y el mundo– está
en tiempos de vacas flacas. La larga fiesta de los buenos precios de los
commodities ya pasó, y la protesta social llega con la resaca fiscal, Trump, el
brexit y la guerra comercial. Nadie quiere hacer sacrificios, y todos quieren
defender y extender sus derechos. Esa ecuación para las finanzas del Estado no
aguanta”. Aquí aterriza su planteamiento el autor del artículo. Nada contra el
dogma neoliberal del presupuesto equilibrado, más recientemente denominado
“regla fiscal”, porque eso “no aguanta”. La “resaca
fiscal” es la manera, curiosa y elusiva, de referirse al lógico resultado del
ruinoso modelo que impuso Washington a casi toda América Latina desde hace más
de tres décadas. Porque las afugias actuales no tienen origen distinto
al endeudamiento externo y sus condicionamientos, la apertura del mercado
interno a las inversiones y mercancías de las multinacionales, la renuncia a la
industrialización y a la autosuficiencia alimentaria, así como al mantenimiento
de la exportación de hidrocarburos y otros recursos del subsuelo como base de
la economía.
El
subcontinente, y Colombia en particular, están peor que antes de la llamada
década pérdida –la de 1980– para América Latina. Por lo menos en el período que
unos llaman cepalino y otros del desarrollismo proteccionista –desde la segunda
posguerra hasta finalizar los años setenta–, nuestra industria nacional llegó a
alcanzar una proporción significativa del PIB (24,7% en 1975[4]) muy
por encima del triste fragmento que representa hoy (12,05% en 2018[5]), y
el Estado aún no había entregado al capital financiero privado los servicios
sociales ni sus obligaciones productivas. El atraso económico, la tragedia
social y el aumento de la desigualdad se dispararon con la llamada apertura
económica –que atornilló el país a la globalización imperialista–, y junto al
repliegue del Estado de sus funciones sociales, regulatorias y económicas. El
pretendido remedio a las consecuencias que todo ello trajo es peor que la
enfermedad. Al repulsivo menjurje que los clérigos del neoliberalismo del FMI
obligan a ingerir a nuestros países, con la anuencia de élites criollas
serviles, dieron en llamarlo “ajuste” fiscal. No es nada más que una reducción
brutal del consumo de la población, la política de “austeridad” que con tanta
persistencia prescriben al pueblo los economistas al servicio del engranaje de
la oligarquía financiera y sus centros de estudio. Austeridad que por el lado
del gasto público implica severos recortes presupuestales para salud,
educación, bienestar social, salarios, subsidios dirigidos al pueblo y a las
actividades productivas, y ante todo, estricto cumplimiento del pago de
intereses y amortizaciones de la deuda externa. En tanto que del de los
ingresos del Estado, significa aumento de la carga impositiva sobre la masa de
la población mediante impuestos regresivos como el IVA, mientras que cuantiosas
exenciones se conceden al capital financiero del país y a los inversionistas
foráneos[6].
La
reforma tributaria recién aprobada, como tantas disposiciones decretadas o
convertidas en leyes antes, al igual que las anunciadas, todas aplicaciones del
modelo neoliberal, constituyen verdaderos atentados contra el país y sus
gentes. A la retórica apologética de Santos Rubino sobre el recetario
neoliberal, como a su afirmación de que las demandas sociales del paro no
pueden satisfacerse por “la resaca fiscal”, hay que replicar, por tanto, que
esta resaca la generó el funesto recetario y que su corolario antisocial –el
ajuste fiscal–, empeora la situación al exigir más sacrificios al pueblo.
Salta a
la vista lo que el artículo omite: la rienda suelta dada a la represión
oficial. Es cierto que Semana –aunque publicó con retraso las importantes
revelaciones del New York Times– ha realizado muy valiosas denuncias incluyendo
la del escándalo del día, relativa a las gravísimas acusaciones judiciales a
miembros de la jerarquía castrense. No obstante los jóvenes muertos y heridos
en el paro, entre los cuales se cuentan los que perdieron alguno de sus ojos a
causa de la brutalidad desplegada por el Esmad contra los pacíficos
manifestantes, y a pesar de tantas denuncias y reparos, nacionales e
internacionales, el articulista los ignora y prefiere no referirse en absoluto
al trascendente asunto. Termina quejumbrosamente su apreciación sobre el paro:
“Con estas realidades –un pliego muy difícil de satisfacer y una conversación
nacional que acaba en tres meses– es incierto en qué va a terminar lo visto en
las calles desde noviembre. En todo caso, es claro que los jóvenes, con sus
cacerolas, han dicho que no se quedarán quietos”. De toda la apurada
disquisición, esto último es lo más cierto.
Notas
[1] En este artículo sólo
se tratará lo concerniente al paro nacional.
[2] Palma Egea, Edwin, “Sí
es un buen negocio que Ecopetrol sea 100 % estatal”, 7 de enero de 2020, https://www.las2orillas.co/
Todas las demás referencias relativas a este asunto provienen del mismo
artículo.
[3] Arias, Fabio, “La
prima de Uribe que apoya Duque: una migaja populista de quienes nos
empobrecen”, https://www.las2orillas.co,
30 de diciembre de 2019.
[4] Echavarría, Juan José,
Villamizar, Mauricio y González, Juanita. “El proceso colombiano de desindustrialización”,
Banco de la República, 1999, p. 6, cálculo de los autores con base en DANE y
Banco Mundial.
[5] Fuente: DANE.
[6] Un experto no
neoliberal sintetizaba así, para 2010, la estructura básica de la regresiva
tributación en Colombia: “Tenemos un sistema muy regresivo e insuficiente que
reposa sobre los impuestos indirectos (8 puntos del PIB), mientras que los
impuestos a la renta se han disminuido con las nuevas exenciones y deducciones
al 5 % del PIB”, pero este estado de cosas persiste hasta la fecha inalterado”.
Kalmanovitz, Salomón, “La prosperidad: ¿qué tan democrática?”, www.elespectador.com , 15 de agosto de
2010.
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