Por la redacción
de LA BAGATELA
Hasta la
llegada del virus a Colombia, sobresalía como hecho predominante el anuncio y
la activa preparación de un nuevo paro nacional. Era y es la clara voluntad del
país democrático de persistir en enfrentar tanto el modelo neoliberal como el
proyecto fascista en marcha del gobierno Uribe-Duque. Sin embargo, no hay hoy
quien deje de percatarse que la pandemia desatada por el virus acudió en ayuda
del impopular gobierno colombiano en uno de sus peores momentos, como si un
extraño azar reforzara en Colombia las desgracias propias con las del mundo.
La
comprensible decisión del Comité Nacional de Paro de mantener el 25 de marzo
como fecha de paro nacional y de suspender las movilizaciones proyectadas, sin
asistencia a los sitios de trabajo y adelantando un cacerolazo desde los
lugares de vivienda, está en línea con ese reconocimiento. Aunque los ingentes
problemas económico-sociales y políticos que constituyen motivos más que
suficientes para el paro se mantienen e incrementan, como el malestar y la
protesta social a que han dado lugar, es lo cierto que hoy se impone como
prioritaria la urgencia de contribuir a contrarrestar la difusión del contagio
del virus en el país y al propósito de lograr mantenerla bajo control.
La
propagación del coronavirus pasa a primerísimo plano de la situación nacional.
La llegada del virus a Colombia, además de constituir un verdadero shock para
la vida del país vino a suministrar un motivo de suficiente peso e importancia
como para desviar de tajo la atención pública sobre las gravísimas denuncias
reveladas sobre el gobierno Uribe-Duque y las enormes dificultades que debía
enfrentar una vez que trascendieron al público.
El
impacto de la pandemia amortiguó o interrumpió el notable efecto que de otra
manera habría cobrado la reciente seguidilla de escándalos que, en buena lógica
debían acentuar el desprestigio y repudio del grueso de los colombianos hacia
el actual gobierno y su marcado sello uribista. Las escandalosas revelaciones
de la Ñeñepolítica emplazaron al gobierno Uribe-Duque a responder por sus
cercanísimas relaciones con un personaje acusado de narcotráfico, al igual que
por los dineros ingresados “por debajo de la mesa” a la campaña presidencial
del actual gobernante. Sale a flote la estrecha vinculación que sectores del
Ejército mantenían con el Ñeñe, como la injustificable morosidad la Fiscalía
para darle curso investigativo en lugar de engavetar las miles de
interceptaciones telefónicas que recibió de la Dijín sobre el mismo personaje,
como prueba la documentación presentada por Gonzalo Guillén y el abogado que
destapó el podrido estofado.
El
informe del relator de la ONU sobre los derechos humanos provocó contrariedad y
enojo del gobierno Duque porque la atención de esa organización mundial a la
matanza de líderes sociales en Colombia difunde su monstruosa dimensión ante el
mundo. La carta de la fiscal Cerón constituye otra escandalosa denuncia: su retiro
del caso Odebrecht por el nuevo Fiscal General Barbosa. El hecho revela la
irritación oficial porque la fiscal llamara a declarar a los expresidentes
Uribe y Pastrana, y pone en tela de juicio que exista interés alguno del nuevo
jefe del bunker y de parte del gobierno Uribe-Duque, en que la investigación
llegue al fondo del escándalo de la mega corrupción.
En suma,
que el coronavirus, como fortuita y ominosa ayuda, acudió en favor un gobierno
desprestigiado, detestado por sus ejecutorias en favor de la aristocracia
financiera, puesto contra las cuerdas por la protesta popular y desenmascarado
por las revelaciones de sus propias andanzas. Pero nada de ello ha suprimido la
conciencia ni la repulsa masiva, ni tampoco la disposición de millones de
colombianos a realizar protestas que se adapten a las difíciles condiciones de
los días que corren, contra el gobierno más impopular de los últimos tiempos.
Lo constatan los cacerolazos en varias de las principales ciudades de la noche
del 18 de marzo, como el abierto rechazo de numerosos alcaldes y gobernadores a
la inacción del gobierno central ante la emergencia y el manejo despótico del
incompetente de la Casa de Nariño.
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