Hoy, en duro manifiesto público, que tiene como título “Rumbo a un genocidio carcelario”, 107 profesores universitarios y criminalistas de varias reconocidas universidades del país afirman que el Gobierno, con el decreto 546 “da la apariencia que se ocupó del conflicto y dio una solución salomónica cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del derecho”, y afirma, “obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”. Concluyen exigiendo “que el decreto sea modificado para que se tumben todas las barreras que impiden el acceso a la detención domiciliaria, garantizando la vida y la salud de los presos y trabajadores del INPEC”.
Por Yezid García Abello
Bogotá D.C. 23 de abril de 2020
La crisis
carcelaria desatada a raíz de los numerosos contagios de coronavirus en las
prisiones era un hecho advertido por muchos sectores y voceros de organizaciones
sociales, partidos políticos, asociaciones de abogados penalistas, periodistas,
sindicatos, académicos y los familiares de los más de 120.000 presos que,
hacinados con la escandalosa cifra de 55% según el INPEC, superviven allí en
condiciones infrahumanas y sin ningún respeto ni garantía de sus más
elementales derechos por parte del Estado.
El 23 de
marzo, frente el peligro cierto que amenazaba que la pandemia llegara a las
prisiones sin preparación ni recursos ni condiciones mínimas para enfrentarla,
se desataron desordenes, motines y actos de desobediencia civil en varias
cárceles del país. Lamentablemente esos hechos dejaron en el caso de La Modelo
en Bogotá, 23 fallecidos violentamente. Hasta ahora, como siempre, el Gobierno
y la Fiscalía dicen que avanzan las investigaciones, y a la ligera van
señalando culpables que varían de semana a semana y de funcionario a
funcionario entrevistado sobre el tema por los medios.
Ante los
hechos el Gobierno se vio obligado, contra su voluntad, a declarar la
“Emergencia carcelaria”, y anunció un decreto que permitiría la excarcelación
de los reclusos mayores de 60 años, los que estuvieran próximos a cumplir
condena, los enfermos y en condición de discapacidad y los condenados por
delitos menores. Se excluirían aquellos condenados o acusados de delitos
atroces, violencia sexual, narcotráfico y terrorismo. Ese decreto podría, amén
de prevenir el contagio y evitar la tragedia sanitaria, coadyuvar a reducir en
una pequeña proporción el gigantesco hacinamiento.
Pero no
fue así. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el fiscal general
Francisco Barbosa, decidieron jugar irresponsablemente con candela, es decir,
con la vida de los presos, guardianes y personal administrativo, a sabiendas
que las cárceles, por sus condiciones, son peligrosos focos de propagación del
virus. Por 23 días, enfrentados a la opinión democrática del país, se negaron a
expedir rápidamente el necesario decreto. Ninguna redacción del borrador les
satisfacía, Duque guardaba silencio cómplice, y entre tanto, aparecieron en la
cárcel de Villavicencio los primeros enfermos confirmados de COVID 19.
Presionados
por los hechos, que es la característica principal del funcionamiento del
Gobierno Duque-Uribe, sacaron a las volandas el decreto 546, un decreto
recortado, confuso, con más sombras que luces, lleno de exclusiones, que en el
mejor de los casos y luego de un angustioso y largo período dejaría con
detención domiciliaria entre tres mil y cuatro mil reclusos sobre una población
total calculada en más de 120.000. Hoy, después de diez días de expedido el
decreto, no ha salido de las cárceles el primer beneficiado del mismo.
Mientras
ministra y fiscal daban explicaciones al país tardías y superficiales del largo
trámite, en cuatro establecimientos carcelarios estalló el problema. Al momento
de escribir estas líneas están confirmados 109 casos de coronavirus en la
cárcel de Villavicencio, 2 en La Picota en Bogotá, uno en Las Heliconias de
Florencia, Caquetá, y otro en la prisión de Guaduas en Cundinamarca. De ellos,
lamentablemente, hay tres fallecidos y muchos con graves complicaciones.
Y ahora,
señora ministra, ¿Qué va a hacer? Los fondos anunciados desde los disturbios
del 23 de marzo para enfrentar la pandemia en las cárceles no han llegado, los
reclusos que salgan en virtud del decreto a detención domiciliaria o a libertad
condicional de establecimientos con enfermos de coronavirus son potenciales
fuentes de contagio para sus familias y las comunidades, no se han realizado
las pruebas sobre la población hacinada, usted no responde por la salud y la
sobrevivencia de estos colombianos, si el virus se expande en el sistema
penitenciario es muy difícil aislar y atender adecuadamente la población de
reclusos, guardias y personal administrativo contaminada.
Hoy, en
duro manifiesto público, que tiene como título “Rumbo a un genocidio
carcelario”, 107 profesores universitarios y criminalistas de varias
reconocidas universidades del país afirman que el Gobierno, con el decreto 546
“da la apariencia que se ocupó del conflicto y dio una solución salomónica
cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce
como el uso simbólico del derecho”, y afirma, “obligar a cualquier persona a
encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales
significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”. Concluyen
exigiendo “que el decreto sea modificado para que se tumben todas las barreras
que impiden el acceso a la detención domiciliaria, garantizando la vida y la
salud de los presos y trabajadores del INPEC”.
Estas son
las consecuencias de las acciones de funcionarios incapaces, indolentes,
alejados de los problemas reales de la población, que siguen pensando y
creyendo que con una intervención inane en el programa televisivo presidencial
de las seis de la tarde, Colombia les perdonará sus oscuras actuaciones.
EmoticonEmoticon