Estas breves líneas tratan de llamar la atención, con cuatro ejemplos recientes, que la corrupción anida en altos cargos del Estado. Los implicados son ministros, gobernadores, alcaldes, generales, coroneles y funcionarios públicos de rango superior. Y que esa corrupción en el Estado necesita la complicidad de sectores privados que se benefician, a veces mayoritariamente, de ella.
Por Yezid
García Abello
Secretario general (e) del PTC / Bogotá
D.C., 29 de abril de 2020
En
publicitada rueda de prensa los entes de control revelaron que de los contratos
para aliviar las necesidades de los colombianos más vulnerables en la pandemia
hay, hasta ahora, 53 procesos contractuales con graves irregularidades por “más
de 135.000 millones de pesos”. Con estas irregularidades están comprometidos
gobernadores, alcaldes y funcionarios de alto rango, 41 funcionarios públicos
investigados por la apropiación de recursos de la emergencia. Se han encontrado
contratos para suministrar canastas alimenticias hasta con el 100% de
sobrecostos. De tal magnitud son las irregularidades que, asustados, varios
funcionarios cambiaron a última hora los contratos, lo que arroja una
disminución de 6.584 millones de pesos, según la Contraloría. Claro está que la
modificación de estos contratos no exonera de culpa a los defraudadores del
erario que deben seguir siendo investigados hasta que les caiga todo el peso de
la ley.
Un
caso aberrante en el cual debió haber mucho dinero bajo la mesa es el de los
créditos de fomento agropecuario que debió administrar el Fondo Financiero Agropecuario
(Finagro) por 226.000 millones de pesos en un programa denominado “Agro
Colombia Produce”. Créditos para pequeños productores del campo con bajos
intereses (subsidiados por el Estado). A las dos horas, óigase bien, a las dos
horas de expedido el decreto que establecía la línea de crédito, ya habían
otorgado préstamos por más de 50% del total disponible. Esos préstamos
finalmente se distribuyeron, de manera abiertamente ilegal, así: 213.000
millones para grandes productores, 8.500 millones para medianos y sólo 4.500
millones para los pequeños. Cómo sería de protuberante la irregularidad que
hasta al ministro de Agricultura le formularon cargos y algunas grandes
empresas devolvieron a las volandas buena parte de los recursos recibidos, lo
que no las salva de la investigación y la condena ciudadana. Una gran empresa
avícola, por ejemplo, recibió dos préstamos por valor de 20.000 millones de
pesos, casi 9% del total de recursos disponibles.
En las
Fuerzas Armadas la corrupción en el alto mando hace mucho tiempo campea
impunemente. A los escándalos denunciados por los medios el año anterior ahora
se suman una serie de contratos con evidentes sobrecostos, que pasarían al
bolsillo de los oficiales que participaban en la adjudicación y las compras.
Hasta ahora, por las investigaciones de los entes de control van tres altos
oficiales separados de sus cargos y se anuncian nuevas separaciones de otros
que aún permanecen en la sombra. De lo más aberrante fue la compra de tapabocas
para la tropa a $45.000 cada uno y la respuesta dada por el Ejército a la
Procuraduría ante la indagación: ¡que ese era un tema reservado por seguridad
nacional!
Y un
caso más, el del director general de la Policía Nacional, general Óscar Aterhortúa.
El Fondo Rotatorio de la Policía contrató en 2012 con la empresa Socar
Ingeniería Ltda. la construcción de 51 casas fiscales para adjudicarlas a las
familias de los comandos “Jungla”, encargados de operaciones especializadas de
ese cuerpo armado. Esas casas, que han debido ser entregadas por los constructores
en 2014, nunca fueron terminadas ni entregadas en condiciones de ser habitadas.
Ese “elefante blanco” causó un detrimento patrimonial, según la Contraloría, de
5.364 millones de pesos. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al
general Aterhortúa en marzo pasado porque siendo director del Fondo Rotatorio
declaró que recibió las casas a entera satisfacción y, además, “presuntamente
habría intentado usar sus influencias para obtener información privada del
proceso que se sigue por esos hechos internamente en la Inspección General de
la Policía”, según el diario El Tiempo. La Contraloría también adelanta una
investigación fiscal sobre este grave asunto.
Estas breves
líneas tratan de llamar la atención, con cuatro ejemplos recientes, que la
corrupción anida en altos cargos del Estado. Los implicados son ministros,
gobernadores, alcaldes, generales, coroneles y funcionarios públicos de rango
superior. Y que esa corrupción en el Estado necesita la complicidad de sectores
privados que se benefician, a veces mayoritariamente, de ella. No se trata,
como dijo el presidente Duque ayer en la asamblea anual de la Cámara de
Comercio Colomboamericana, “de atizar resentimientos sociales, ni estimular la
lucha de clases”; se trata de que definitivamente es un exabrupto colocar en el
mismo plano a los pobres, desempleados, informales y vulnerables que se
manifiestan radicalmente ante las angustias que les ha traído la pandemia y
protestan en las calles pidiendo pan y techo, y los burócratas corruptos de
altos cargos del aparato estatal, que se enriquecen con el dinero y el
sufrimiento de los colombianos.
EmoticonEmoticon