La crisis mundial, su impacto social y la política económica de Duque

César Tovar de León 2:50 p.m.


La dirigencia política tradicional que representa a esta minoría constituida por los grandes propietarios de tierras, intermediarios de las multinacionales y dueños del capital financiero, acuñó distintos nombres para esta política contraria a los intereses de la inmensa mayoría de la nación. Se la llamó “apertura económica” en el gobierno de Gaviria y, más recientemente, “confianza inversionista” en los gobiernos de Uribe, sin cambio alguno en los de Santos. Ante la pandemia, la acción del Estado se quiso limitar a ofrecer créditos bancarios a tasas comerciales, con la condición de mantener el empleo. Dudoso apoyo para empresarios ya muy endeudados y con inciertas posibilidades de recuperación.
Por Arturo Cancino
Economista, profesor universitario

No es exagerada la expresión “desastre caótico” usada por el expresidente Obama para referirse a la gestión de Donald Trump frente a la crisis sanitaria en Estados Unidos. De epicentro mundial de la pandemia, la potencia del norte va camino a convertirse en el escenario del más grande holocausto de vidas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. El predominio del lucro privado sobre el interés público y el aplastante poder de una oligarquía financiera insaciable, personificada por Trump, hará que la nación más rica del mundo –pero con 37 millones de pobres y la mayor desigualdad social entre los países desarrollados– sufra en esta crisis global una catástrofe peor que cualquier otra nación de alto desarrollo; e inclusive, que muchos países de desarrollo medio. Así mismo, con alrededor de una cuarta parte de la población trabajadora desempleada y una contracción de cerca de 6% de su PIB, será una de las economías más golpeadas por la depresión económica global que se ha desencadenado.
Sin embargo, es justo decir que la expresión de Obama sería aplicable, sin muchas excepciones, al estado actual del mundo bajo el orden económico implantado por el neoliberalismo. Estados Unidos es sólo la versión amplificada de la brutal desigualdad y exclusión social resultante de la aplicación del dogma neoliberal y la dictadura del mercado. Este modelo ha llevado a la mayor concentración de la riqueza de todos los tiempos: 26 supermultimillonarios poseen hoy tanta riqueza como los 3.800 millones de seres humanos de menor ingreso, de acuerdo con estudios de Oxfam.
Tal acumulación insólita se ha producido simultáneamente con el deterioro de los salarios reales de los trabajadores, el empeoramiento de la seguridad social y las condiciones de trabajo de la mayoría de la fuerza laboral, el auge de la informalidad, el empleo precario y el desempleo. Así, los supuestos logros alcanzados por la globalización neoliberal en la disminución de los niveles de pobreza se han limitado a la creación de una franja social que, con ínfimos subsidios pero sin estabilidad ni ahorros o seguros suficientes, sobrevive frágilmente en las proximidades del umbral inferior de la clase media, siempre expuesta a caer por debajo de la línea de pobreza y ser víctima de las peores privaciones al más leve empujón del viento de la recesión económica y aumento del desempleo.
Al mismo tiempo, en las cuatro últimas décadas las políticas neoliberales han recortado dramáticamente el gasto social y debilitado los sistemas de salud pública en muchos países, mientras se han esmerado por convertir la atención en salud en un próspero negocio privado de inversionistas, aseguradoras y empresas farmacéuticas. Como se sabe, todos estos se caracterizan por su aversión al riesgo financiero de atender a la población más pobre, su escaso interés en invertir en vacunas y prevención de enfermedades y su capacidad reducida para afrontar, con eficacia social, crisis epidemiológicas como la actual.
Con razón, pensadores notables como Noam Chomsky destacan que en esta pandemia del covid-19, “estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo”.
La economía colombiana y su panorama social
En nuestro país, la élite rentista que domina la vida económica nacional se adhirió muy temprano a la doctrina neoliberal y suscribió sin objeciones el decálogo del Consenso de Washington. La dirigencia política tradicional que representa a esta minoría constituida por los grandes propietarios de tierras, intermediarios de las multinacionales y dueños del capital financiero, acuñó distintos nombres para esta política contraria a los intereses de la inmensa mayoría de la nación. Se la llamó “apertura económica” en el gobierno de Gaviria y, más recientemente, “confianza inversionista” en los gobiernos de Uribe, sin cambio alguno en los de Santos.
La esencia de la misma ha sido colmar de privilegios fiscales y normativos a los grandes capitales, al tiempo que se les transfiere, en todo o en parte, la propiedad de las empresas del Estado y se convierte la prestación de los servicios públicos esenciales –como la salud y la seguridad social– en lucrativo negocio privado (privatización). Recíprocamente, mediante sucesivas reformas tributarias, saturan de impuestos a las clases medias y al pueblo para recargarles el sostenimiento de un Estado orientado cada vez más a subsidiar a los grandes negocios con los recursos públicos y a favorecer el enriquecimiento, lícito e ilícito, de unos pocos (fiscalidad regresiva y corrupción).
Así mismo, mediante reformas laborales que en teoría se proponen disminuir el desempleo, se ha buscado despojar a los trabajadores de sus beneficios legales en la contratación laboral, socavar sus derechos a la organización y negociación colectiva y depreciar los salarios en aras de maximizar las ganancias de las empresas (flexibilización laboral). Y también se ha propuesto liquidar su derecho a la pensión con el pretexto de asegurar su sostenibilidad (reforma pensional).
Además, al haber proscrito todo fomento efectivo de la industrialización y el desarrollo rural por parte del Estado (desregulación y liberalización), han logrado destruir o desnacionalizar varias ramas de la actividad industrial en beneficio de las importaciones y el capital extranjero, debilitando así la mayor fuente interna de creación de empleo de calidad. Hay que agregar que también se ha arruinado a muchos productores de alimentos e incrementado la dependencia alimentaria del país con el favorecimiento de las importaciones agrícolas subsidiadas y los funestos Tratados de Libre Comercio suscritos por los gobiernos de Uribe y Santos con Estados Unidos y otros países industrializados.
El resultado neto ha sido la interrupción y retroceso del proceso de industrialización (de 24% de participación en el PIB a mediados de los años 80 a menos de 12% hoy), el crecimiento desbordado de las importaciones y su pago parcial con las exportaciones de hidrocarburos, minería y otros bienes primarios; el faltante, lo financia el incremento de la deuda externa pública y privada cada vez más alta y onerosa. Es decir, lo logrado por medio de esta estrategia es una regresión a la economía del siglo XIX, que se ha llamado apropiadamente reprimarización o modelo de dependencia primario exportadora. Los efectos de este tipo de economía son mínimos en la creación de empleo y desarrollo, pero mayúsculos en la destrucción del medio ambiente, los suelos y la biodiversidad. Todo lo anterior, en medio de un funesto clima de violencia rural que, luego de una notable disminución con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se ha recrudecido durante este Gobierno.
La correlativa pérdida de importancia del sector productivo ajeno a las exportaciones minero energéticas y primarias, se ha traducido en el hipercrecimiento de un sector de servicios muy heterogéneo que incluye desde las ventas callejeras, los restaurantes y otros servicios personales de baja complejidad, hasta los servicios financieros, las comunicaciones y servicio públicos más intensivos en tecnología. Pero estos últimos representan apenas el 10% del empleo del sector terciario, lo que hace que en éste predominen ampliamente los bajos salarios, el empleo temporal y el trabajo informal. Por tanto, su contribución a mejorar el nivel de vida de la población es muy modesto, además de estar sus empleos excesivamente sujetos a las oscilaciones del ciclo económico y los desequilibrios del sector externo.
Esta estructura económica es la base sobre la cual en Colombia se levanta hoy una pirámide social con uno de los niveles mundiales más altos de desigualdad en la distribución del ingreso, inequidad en el acceso a los servicios básicos y altos niveles de desempleo, subempleo y trabajo informal. El Índice de Desarrollo Humano del país sigue siendo muy bajo comparado con otros países en desarrollo menos ricos. La pobreza por ingresos se estima que se logró reducir al 27% por medio de los precarios subsidios de la política social asistencialista (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor), pero la movilidad social ascendente de los colombianos, o sea, la posibilidad intergeneracional de mejorar su nivel de vida, es casi inexistente. Mientras tanto, la población vulnerable por encima de la línea de pobreza sí representa una ancha franja de colombianos al borde todo el tiempo de caer debajo de la misma.
Los impactos sociales de la pandemia y las respuestas del gobierno de Duque
Las medidas de aislamiento social que, como los demás gobiernos, se vio obligado a tomar el de Colombia para frenar la velocidad del contagio del coronavirus, forzaron la parálisis de cerca de un 70% de la actividad económica. Salvo los trabajadores de los servicios públicos esenciales, los servicios de salud y financieros y los de abastecimiento de alimentos y medicamento, todos los demás se vieron obligados a confinarse en sus casas. Como resultado, los empleados formales y sus familias quedaron dependiendo del pago de sus salarios por sus empleadores que tuvieron que afrontar el cierre temporal de sus negocios; y los trabajadores por cuenta propia, así como los desempleados, sub empleados, empleados informales y sus dependientes, quedaron al azar de sus recursos personales y de eventuales redes de solidaridad familiar o comunitaria.
Debido a la estructura económica y social creada por las políticas neoliberales, este último grupo alcanza alrededor de 10 o 12 millones de colombianos activos laboralmente, cuyas condiciones económicas son generalmente muy frágiles. Por ende, el cumplimiento de las disposiciones de la cuarentena suponía, más allá de la disciplina ciudadana, el suministro por el Gobierno de ayuda económica a esta población desprotegida y privada de la posibilidad de trabajar. Además, 4.5 millones de familias no tienen vivienda propia y esa carencia no se puede subsanar de inmediato.
Sin embargo, toda esta multitud vulnerable no ha entrado sino parcialmente en la lista de los limitados esquemas de subsidios para reducir la pobreza. Entonces, la ayuda de emergencia para las necesidades básicas se ajustó a los estrechos marcos de esos programas, sólo ligeramente ampliados en valor y número de destinatarios. Y en lugar de ofrecer un seguro pagado por el Estado para respaldar el pago de los alquileres, el Gobierno optó, mediante la prohibición por decreto del cobro coactivo, por trasladarle a otros 3.2 millones de arrendadores –que en su mayoría viven de esos ingresos– la carga de subsidiar a los arrendatarios.
Por otra parte, las empresas y en especial las Mipymes que generan el 80% del empleo, quedaron a la expectativa de un apoyo estatal efectivo para continuar pagando la nómina de sus trabajadores en receso y cumplir la prohibición del ministerio de Trabajo sobre despedir personal durante la cuarentena. No obstante, las primeras concesiones para ellos no fueron más allá de un aplazamiento de sus obligaciones tributarias y parafiscales y la promesa de devolución por la Dian de cualquier saldo a su favor en impuestos anteriores.
El decreto 417 de 2020, mediante el cual el gobierno de Duque invocó la emergencia económica y social, argumentó la existencia de condiciones extraordinarias e imprevisibles originadas por la emergencia sanitaria y la necesidad de contener sus graves efectos sociales. Sin embargo, en el decreto 444 de 2020 que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, instrumento de canalización de los recursos que se apropiaron para la emergencia –encabezado por el ministro de Hacienda– curiosamente no incluye la atención en salud ni la protección de la población vulnerable como objeto posible del uso de dichos recursos. En cambio sí contempla explícitamente “operaciones de apoyo de liquidez transitoria al Sistema Financiero”, conformado fundamentalmente por los bancos privados. Esta incongruencia la señaló la Alcaldía de Bogotá en el concepto de la Secretaría de Hacienda Distrital a la Corte Constitucional durante el proceso de la revisión del decreto.
Que no se trataba de un simple olvido o error de redacción del ministro Carrasquilla, lo comprueba el hecho de que ante el Congreso éste declaró disponer de casi $29 billones para la emergencia, pero los recursos para la atención de la población vulnerable suman escasos $4 billones para atender a las 7 millones 500 mil familias contempladas. Y los gastos en el sistema de salud, que estima en $7 billones, no le llegan sino a cuentagotas a las clínicas y hospitales en crisis que prestan los servicios. Mientras tanto, el ministerio de Salud permite que un 85% de los profesionales de la salud sigan sin recibir los elementos de bioseguridad indispensables y deban prestar sus vitales servicios de alto riesgo bajo precarios sistemas de contratación, soportando muchas veces atrasos en el pago de sueldos y despidos en respuesta a sus reclamos.
Pero si las escasas ayudas para la población vulnerable le llegan si acaso a 60% de la gente que las necesita y si las malas condiciones de trabajo y seguridad del personal de la salud continúan, tampoco se ve mejor el panorama en cuanto al apoyo a las empresas medianas y pequeñas. En este campo, la acción del Estado se quiso limitar a ofrecer créditos bancarios a tasas comerciales, con la condición de mantener el empleo. Dudoso apoyo para empresarios ya muy endeudados y con inciertas posibilidades de recuperación. Varias semanas antes, incluso economistas ortodoxos como Lora y Botero habían propuesto subsidiar con el salario mínimo durante 6 meses la nómina de las empresas para conservar 3,6 millones de puestos de trabajo. No obstante, el gobierno nacional, tras mucha pensarlo, terminó anunciando un subsidio por el 40% del salario mínimo durante tres meses, además de tardío, insuficiente y de incierto desembolso a través de los bancos privados.
Se calcula que el gobierno de Duque ha comprometido por ahora recursos equivalentes a 3% del PIB para atender la emergencia, mientras la mayoría de los países han anunciado que se proponen gastar el 10% o más, incluyendo economías latinoamericanas más pequeñas que la nuestra como Perú, que gastará 12% del PIB con el fin de mitigar los efecto económicos y sociales de la pandemia, o 10% en el caso de Chile. Muchos de sus colegas exministros le vienen diciendo a Carrasquilla y al Gobierno que “no es hora para ortodoxias” de austeridad fiscal: todo punto del PIB gastado hoy en afrontar la crisis contribuye a evitar que la economía se desplome este año más allá del 6-7% que prevé Fedesarrollo. Se sabe que las empresas y empleos que se pierdan ahora no se van a recuperar en mucho tiempo. Incluso el FMI, su padrino intelectual, ha recomendado a los gobiernos (¡quién lo creyera!) gastar ampliamente en apoyar a los sistemas sanitarios, las familias y las empresas para atenuar el impacto económico de la pandemia.
Entonces, ¿cómo se explica la renuencia del Gobierno en inyectarle recursos suficientes a estos sectores y más bien desviarlos para aumentar la liquidez del sistema financiero? La respuesta puede llevarnos más allá de la tara mental que agobia a gobernantes neoliberales como Duque y su ministro, con su respeto reverente por las desfasadas calificadoras de riesgos y los mercados de capital o su favoritismo con los bancos privados. Una posible razón de tanta cicatería con la que se arriesga la destrucción de muchos puestos de trabajo (que acarreará el desplome en las condiciones de vida de la gente), es la confianza en que la repentina reactivación de la actividad económica que viene forzando le ahorrará al Estado gran parte del esfuerzo fiscal destinado a reparar los daños de la crisis, sin importar si eso implica que se aceleren los contagios y la mortalidad o que muchas empresas cierren para siempre por falta de apoyo.
El llamado “levantamiento gradual” de la cuarentena, sin tener preparado aún el sistema de salud para una ola de contagios, no es sino un eufemismo más de Duque, como el “diálogo nacional” o la “cero tolerancia” con las mafias que violan los derechos civiles, compran las elecciones y persiguen a periodistas y opositores. El Gobierno sabe que con esta estratagema para minimizar el gasto público pone en riesgo muchas vidas, así como la estabilidad del empleo y el bienestar material del pueblo; y también, que el aumento de las víctimas podría obligar a un nuevo confinamiento. Pero calcula, con una lógica mezquina, que ordenando la rápida apertura de la economía, los ahorros que puede lograr en el gasto público compensatorio disminuyen la necesidad de un mayor endeudamiento y, lo más importante: el riesgo de verse obligado a respaldarlo con la reversión de los privilegios fiscales regresivos que ha concedido a los grandes capitales… o quizás (¡vade retro!) un indeseable impuesto al patrimonio que incomode a los superricos, sus protegidos.
Los posibles propósitos de la segunda declaratoria de emergencia económica
El pasado 6 de mayo, bajo la figura de prolongar la cuarentena hasta el 25 de este mes, el gobierno de Duque abrió la actividad económica a casi todas las ramas de la economía (decreto 636 de 2020), excluyendo por ahora a una parte del comercio, el sector hotelero, el transporte aéreo e intermunicipal y el entretenimiento. Al estilo de Trump, de quien Duque ha presumido un supuesto apoyo apreciado por muy pocos en estos tiempos.
Entre las 46 excepciones que reciben el permiso de abandonar la cuarentena incluye a las notarías y las comisarías de familia, pero –igual que en los anteriores decretos que ordenan el aislamiento social– guarda silencio sobre los miembros del Congreso, los jueces y las altas Cortes. Algunos analistas no han dejado de notar que esta omisión, aun en el caso de que la autorización a éstos para reunirse no fuera estrictamente necesaria, deja la impresión de que el presidente Duque prefiere gobernar sin los contrapesos constitucionales ni el control político por el Congreso a los múltiples decretos-ley que ha venido firmando en uso de la emergencia económica.
Ciertos políticos del partido de gobierno confirman esta impresión con su hostigamiento a los congresistas que procuran trabajar presencialmente en el Capitolio y con propuestas sobre el cierre del Congreso o su recorte, alegando supuestas preocupaciones de austeridad económica. No objetan, sin embargo, los gastos suntuarios en carros blindados y en la autopromoción de su imagen por más de $9.000 millones, aprobados por Duque en plena emergencia sanitaria. Un ejemplo nítido de las verdaderas preocupaciones del presidente y de su insensibilidad ante las graves privaciones del pueblo (que la vicepresidenta llamó “atenidos”).
El mismo 6 de mayo expidió el decreto 637 de 2020 con el que declara por segunda vez la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Su justificación es el supuesto carácter imprevisible de la prolongación del aislamiento social y el empeoramiento incalculable de los perjuicios económicos y sociales de la crisis, de lo cual se deriva la necesidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias para conjurarla y mitigar sus efectos. Haciendo abstracción de la obvia falsedad del argumento sobre la imposibilidad de anticipar la extensión de la crisis y sus consecuencias (teníamos ya los ejemplos de los países de Europa), vale la pena destacar cuatro puntos en el apartado de la justificación de la declaratoria referente a las “Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos”.
El primero es la atribución de “modificar el uso y destino de las contribuciones y transferencias derivadas de los contratos” del sector financiero, asegurador y bursátil, lo que sugiere la intención subvencionar a estos sectores de la élite de los conglomerados económicos.
El segundo, “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal”, es decir, vender las empresas del Estado. Con ello se pretendería utilizar la crisis sanitaria para seguir avanzando en uno de los puntos clave de la agenda neoliberal: la privatización de empresas públicas y el debilitamiento del Estado.
El tercero es “adoptar medidas y reglas especiales en relación con el Sistema General de Regalías” que forma parte vital de los ingresos de las entidades territoriales. Eso hace temer por un nuevo zarpazo a los recursos de los municipios y departamentos, adicional al que ya le dio el gobierno al Fonpet y el FED en el decreto 444 de 2020, con el cual se apropió inconsultamente de $14.5 billones para financiar, a su criterio, las medidas de emergencia.
Y el cuarto, “la adopción de medidas en aras de proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo”. Nótese que la mención “entre otras” no es taxativa, lo que deja abierta la puerta para meter de contrabando cualquier cambio regresivo en el régimen laboral como los propuestos por Vargas Lleras; o los sacrificios “temporales” de los trabajadores para ayudar a las empresas y el salario por horas promovido por gremios como Fenalco, Anif y la Andi.
Entre todas, ésta amenaza es la más grave, no sólo porque contribuiría a cercenar los modestos ingresos de los trabajadores y contribuir a su pauperización, sino porque haría mucho más remota una recuperación económica cuya clave está en el repunte de la demanda, no en el impulso a la oferta, como sostienen los neoliberales. Por eso, cuando entrevistaron en estos días a un conocido empresario sobre la reapertura de su fábrica, respondió que su verdadera preocupación no era volver a producir sino si tendría compradores.
Como manifiesta Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, “No podemos transitar por los mismos caminos que nos han traído a estas grandes brechas. Estamos ante un cambio de época, de paradigma”. Pero hacer que esto sea una realidad pasa por frenar los intentos de los gobiernos neoliberales de aprovechar las condiciones de excepción para proseguir y afianzar su agenda regresiva.

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