Se puede concluir que el resultado del aislamiento obligatorio y declaración de la emergencia social durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, como tiempo de preparación para “fortalecer el sistema de salud”, ha tenido como resultado la profundización del modelo de mercado de la enfermedad, fortalecimiento de la intermediación financiera de las EPS, la desfinanciación de clínicas y hospitales, así como la definición de una ruta para la quiebra de la red pública hospitalaria, bajo el pretexto del covid-19 y la declaratoria de emergencia social.
Por Edilma Suárez
Enfermera, magíster en Administración en Salud, magister en Estudios Políticos, Especialista en Bioética, PhD EN Ciencias Sociales. Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Seccional Cundinamarca.
Fuente: Instituto Nacional de Salud.
De
los 50 millones de habitantes que tiene el país, a 50.939 personas les ha
diagnosticado covid-19 y en 101 días se han realizado 495.024 pruebas que
equivalen a cerca del 1% de la población, cifra que sigue siendo muy baja. Este
limitado número de pruebas se explica en la debilidad del accionar de los
programas salud pública y de atención primaria en salud. Además, pese a que el
gobierno nacional giró $782.515 millones a las
Empresas Promotoras de Salud, el costo de las pruebas no es cubierto por las
estas y si alguien quiere realizarse la prueba tiene que pagar $300.000 de su
bolsillo.
En relación con los trabajadores del sector salud, el
estudio sobre Monitoreo crítico de bioseguridad y condiciones laborales,
encontró un recrudecimiento de la precarización laboral y afectaciones a las
condiciones de trabajo. Se encontró que el 42% del personal de salud no dispone
de condiciones laborales dignas, se ha dado un aumento en horarios de trabajo,
disminución de los salarios, excesivo aumento en la carga de trabajo, cambio en
la forma de contratación, acoso laboral y además continúa la discriminación
hacia el personal de salud por parte de la comunidad. En materia de entrega de
elementos de protección personal y bioseguridad los entregados son
insuficientes y no cumplen con las características de calidad exigidas. Se
encontró que los trabajadores de salud que trabajan por Orden de Prestación de
Servicios tienen peores condiciones de bioseguridad en comparación con los
trabajadores de salud que se encuentran con vínculo laboral.
Los trabajadores de la salud que trabajan en hospitales
públicos y privados, así como quienes trabajan en atención domiciliaria no
cuentan con los elementos de protección personal. En el caso de los trabajadores
de salud de hospitales al 51% no les han entregado el respirador N95, al 94% no
le hacen entrega de guantes, al 45% no le han entregado gafas, al 79% no le han
entregado el peto antifluidos y al 65% no le entregan uniformes quirúrgicos. La
situación es más preocupante en los trabajadores que se desempeñan en atención
domiciliaria, al 67% no les han dado reinducción sobre bioseguridad, el 51% no
ha recibido capacitación sobre el covid-19 y el 58% no tiene información sobre
protocolos de manejo. Como se observa en la gráfica a continuación, al 76% de
los trabajadores que se desempeñan en atención domiciliaria, los empleadores no
les han proporcionado los elementos de protección personal.
Entrega
de elementos de protección individual al personal sanitario que se desempeña en
atención domiciliaria
Fuente: Monitoreo crítico de
bioseguridad y condiciones laborales, junio de 2020.
Por otra parte, el rápido incremento de casos covid-19 ha
llevado a una ocupación mayor del 50% de las camas en las Unidades de Cuidados
Incentivos en Bogotá, mayor exposición del personal de salud que, junto con la
no entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de la
salud, han llevado a un alto número de trabajadores infectados. En el caso del
personal de enfermería el reporte de contagios ha tenido el siguiente
comportamiento: 19 de abril 57 casos, el 19 de mayo 357 y al 14 de junio 537.
Fuente, elaboración propia a partir de
los boletines del INS abril a junio de 2020.
Las medidas de flexibilización del aislamiento han llevado
a tener un incremento acelerado de contagios por covid-19 para los meses de
mayo y junio, al punto que según del director de la Asociación Nacional de
Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, el 61% de las camas en las Unidades
de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas. Además, Giraldo ha señalado que
“pese a los anuncios del gobierno nacional sobre el giro de recursos para la
salud, a muchos hospitales aún no les llegan estos recursos”, y que las EPS
están “adeudando a los hospitales y clínicas por prestación de servicios de
salud, $11,2 billones de pesos, con una morosidad del 61,3%”. Las 10 EPS
morosas con el pago de la cartera a las clínicas y hospitales son Nueva EPS,
Medimás EPS SAS, Cafesalud EPS, Coomeva EPS, Savia EPS
Desde antes de la declaratoria de la pandemia, pero
especialmente a partir del mes de marzo la Asociación Nacional de Clínicas y
Hospitales, así como la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y
Hospitales Públicos le han pedido al gobierno nacional ordenarle a las EPS “que
se levanten y paguen de manera inmediata las glosas y objeciones vigentes como
herramienta para que las clínicas y hospitales cuenten con liquidez inmediata.
Sin embargo, el gobierno nacional no ha tomado medidas al respecto y el 12 de
junio la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud -ADRES- giró $399.307 millones a las EPS para financiar los tratamientos
de pacientes de alto costo y las pruebas covid-19.
Por su parte la Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) ha denunciado que los decretos de
emergencia de covid-19 abren la puerta a la desfinanciación de la red pública
hospitalaria del país. Es el caso del Decreto 538 del 12 de abril de 2020 en
los artículos 2 y 3. Para Olga Lucía Zuluaga, presidenta de ACESI este decreto
“le da a las EPS del régimen subsidiado la potestad de contratar servicios con
Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- privadas o propias, eliminando la
obligatoriedad de contratar con hospitales públicos”, llevando a la
desfinanciación de la red pública hospitalaria en todo el país. Situaciones que
ponen en evidencia el interés por quebrar la red pública hospitalaria y que la
prioridad del gobierno nacional es seguir girando recursos a las EPS que hacen
parte de grandes entidades financieras.
Finalmente se puede concluir que el resultado del
aislamiento obligatorio y declaración de la emergencia social durante los meses
de marzo, abril, mayo y junio, como tiempo de preparación para “fortalecer el
sistema de salud”, ha tenido como resultado la profundización del modelo de
mercado de la enfermedad, fortalecimiento de la intermediación financiera de
las EPS, la desfinanciación de clínicas y hospitales, así como la definición de
una ruta para la quiebra de la red pública hospitalaria, bajo el pretexto del covid-19
y la declaratoria de emergencia social.
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