Editorial. El fin de la cuarentena y el espejismo de la “nueva normalidad”

César Tovar de León 08:59

Epidemiólogos del mundo entero alertaron que la reanudación de las actividades económicas debe realizarse con extrema cautela, de lo contrario, advirtieron, la virulencia de los rebrotes puede ser muy alta. 
El gobierno de Duque, hostil a la cuarentena desde el inicio, ahora le ha asestado el golpe de gracia declarándola terminada. Con el agravante de que la cifra de la que alardeó, 117 billones de pesos, como gasto efectuado en la pandemia, se constata que finalmente sólo han sido ejecutados 3,6 billones, apenas un insignificante 0,34% del PIB, una miserableza con el pueblo colombiano que revela la dimensión del enorme daño infligido al país por el uribismo retornado al poder. Pero la ofuscación entre las filas populares, por las mentiras propaladas por el gobierno y las vicisitudes acarreadas por la caída de la economía, es transitoria y superable. 
En esa correcta dirección apuntan las consignas Por la soberanía nacional, la democracia y la vida, levantadas por el Comité Nacional de Paro del 21 de noviembre y por Fecode; en esa tendencia están la extraordinaria proliferación e intensidad de las actuales denuncias contra el paramilitarismo, el uribismo y el gobierno de Duque, y la disposición a una amplia unidad democrática sin vetos, aprobada por el Polo, coincidente con la similar posición de De la Calle y de Petro, con vistas a las presidenciales del 2022. El grito de batalla social de millones pronto volverá a resonar, y ahí estaremos todos de nuevo.

 

Registran los medios de comunicación un ruidoso fin de la cuarentena decretado por el gobierno en medio de un ambiente de alivio, casi festivo. Sería de celebrar, por supuesto, en cuanto tan difundidas albricias pudiesen tener fundamento cierto. Mucho ha sufrido el país y en especial las empobrecidas masas urbanas, de las cuales han sido segadas el mayor número de vidas y a cuyas filas golpean los mayores quebrantos. Pero, para infortunio nuestro, hay razones de mucho peso que no resulta sensato ignorar o desestimar, que llevan directo a cuestionar las esparcidas buenas nuevas.

Advertencias en saco roto

Tanto la Organización Mundial de la Salud como epidemiólogos del mundo entero alertaron que la reanudación de las actividades económicas debe realizarse con extrema cautela, muy lentamente y con suma atención a su buen o mal suceso. De lo contrario, advirtieron, la virulencia de los rebrotes puede ser muy alta. En Colombia 14 asociaciones médico-científicas y gremios médicos clamaron, en vano, por la cuarentena total para superar mejor el eventual pico de la pandemia y adentrarse gradualmente en la fase del franco declive del contagio y de las muertes hasta su cese completo.

En lugar de ello, millones de personas fueron autorizadas por decreto a congestionar de nuevo vías, sitios públicos y lugares de trabajo. Pero las desoídas advertencias vienen cumpliéndose. En numerosos países se registran rebrotes, nueva expansión del contagio y más muertes.

En Colombia los registros oficiales muestran en los últimos días una desaceleración del número diario de contagiados y muertes por cuenta del coronavirus a escala nacional, y en Bogotá, una disminución del porcentaje de ocupación de las UCI destinadas a afectados por la pandemia. La angustiosa inminencia de un colapso del sistema de salud, por tanto, aparece, si no conjurada, por lo menos aplazada. El gobierno de Duque, hostil a la cuarentena desde el inicio de la pandemia, ahora cuando le ha asestado el golpe de gracia declarándola terminada, se ha dedicado a promover la idea de que el país ya entró en una “nueva normalidad”. La tesis oficial encuentra terreno abonado en la mayoría de una población ─en especial la de menores recursos─ desesperada por recuperar sus diarios ingresos, perdidos en los rigores de un confinamiento sin la indispensable ayuda del Estado, que se ha limitado a aportes insignificantes y del todo insuficientes para la magnitud de los sectores afectados, y a alivios ficticios o efímeros que ya terminaron su vigencia o esta es meramente nominal. De la cifra de la que alardeó el gobierno ─117 billones de pesos─ como gasto efectuado en la pandemia, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana constató que finalmente sólo han sido ejecutados 3,6 billones (¡!), apenas un insignificante 0,34% del PIB, en el año de la peor calamidad sanitaria y social abatida sobre el país en toda su historia. Miserableza con el pueblo colombiano que revela la dimensión del enorme daño infligido al país por el uribismo retornado al poder.

Los registros oficiales y la realidad

La cuestión reside en la bajísima confiabilidad de los registros oficiales sobre el alcance del contagio como acerca del número real de víctimas mortales del mismo.

Colombia no sólo adolece en alto grado de la falta de capacidad de diagnóstico anotada sino que, dada esa realidad, más el rezago entre el registro de fallecimientos y contagios y su ocurrencia real, es muy dudoso que las cifras totales de contagiados y muertes como de su suceso diario sean reales o completas. Ni siquiera con el considerable volumen de pruebas alcanzado (más de 2,5 millones) se ha elaborado una base informativa bien conformada, ni existe capacidad de reflejar en tiempo real la expansión del covid-19, para lo cual se requiere no sólo el tipo adecuado de pruebas y el número suficiente de muestras diarias, sino que los resultados de las mismas se reporten lo más rápido posible. Sólo sobre la base de una información tal, puede derivarse una proyección objetiva sobre el alcance real del contagio, con capacidad de calcular el tamaño de la amenaza del virus, que resulte objetiva y confiable, y estimar por consiguiente la magnitud de los medios para enfrentarla y movilizarlos con eficacia. No es ese precisamente el caso de Colombia.

En Corea del Sur las pruebas se iniciaron en enero, y los centros ambulantes hacían las pruebas en 10 minutos y de forma gratuita. La comparación con Colombia en materia de eficacia de las pruebas resulta pertinente dado que el tamaño de la población de Corea del Sur, 51 millones, es similar al de Colombia y que ─habida cuenta de la exitosa experiencia coreana─ el número de pruebas diarias por millón de habitantes, entre 20.000 y 30.000, resulta referente válido para nuestro país. Mientras en el país asiático las pruebas se iniciaron 4 días después de conocido el primer caso de infectado con el virus, en Colombia se comenzaron con retraso y el número suficiente de pruebas diarias se consiguió bastante tarde.

En Colombia llevamos ya más de 7 meses desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país, y la escasa consistencia de los modelos oficiales de proyección del contagio se ha revelado con los repetidos anuncios del supuesto pico y luego con su corrida o “pronóstico” sucesivo, primero para junio, luego en agosto y después, hace poco, para octubre, hasta que finalmente se dijo a los colombianos que ya pasamos el mencionado pico.

No ha sido mejor la situación respecto del tipo de pruebas. Aunque las pruebas PCR, más efectivas, que extraen material genético para la verificación molecular, son las más confiables y se cuentan entre las utilizadas en nuestro país, seguidas de las de antígeno, lo cierto es que también se ha empleado una cantidad apreciable de las llamadas pruebas rápidas o anticuerpos, cuya confiablidad es menor al no ser eficaces en los pacientes asintomáticos. Esto significa que por el distinto grado de eficacia de las diferentes pruebas empleadas los datos derivados no tienen el mismo valor de certidumbre, que la alteración de los datos de la realidad que se pretende registrar tiene que ser considerable, y que la expansión real del contagio debe corresponder a una cantidad mucho mayor de la que oficialmente se difunde.

Una gran falla: extrema demora en resultados de pruebas

Sucede que a las mencionadas falencias, se le añadió otro grave inconveniente. No obstante que la magnitud del total acumulado de las pruebas sumaba más de 2,5 millones, y que las pruebas diarias procesadas, entre 30 y 35 mil alcanzadas desde fines de julio, presentaron el grave inconveniente de una enorme demora para arrojar resultados. Con razón, luego de constatar a primeros de agosto que los resultados de 70 mil pruebas estaban en extremo retrasados, el procurador Fernando Carrillo exclamó: “Es una burla”. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), confirmó a su vez que los retrasos de los resultados demoran hasta 14 días o incluso más, registrándose casos en que llegan después de fallecidos los pacientes. El 3 de septiembre, la delegada de la Contraloría para la vigilancia de las 28 EPS privadas que realizan pruebas, declaraba que en la entrega de resultados por las mismas se contaban entre 30 y 72 días de retrasos. En Corea del Sur, los resultados podían conocerse antes de 24 horas en el teléfono de los ciudadanos.

En comunicado del último día de agosto, el ministro de Salud anunció la reducción de las pruebas adelantadas cada día. Justificó la decisión señalando que tanto la hospitalización como la ocupación de las UCI están disminuyendo, que el gobierno decidió no tomar la segunda muestra sino dar de alta por ausencia de síntomas, y así mismo, realizar prueba sólo a un miembro del grupo familiar sospechoso de covid-19, aislando al resto de la familia. Añadió como otro argumento, que se ha mejorado la capacidad de procesamiento de las pruebas, acortando el tiempo para dar resultados.

La curiosa fundamentación del gobierno para reducir el número diario de pruebas ─amén de que varios de los argumentos justificativos requieren a su vez explicación─ plantea que como supuestamente ahora subió la capacidad de procesar muestras entonces lo más conveniente es disminuir las pruebas. En realidad, detrás de la decisión oficial se adivina la mano del más detestado de los ministros del régimen, el de Hacienda, cuyo criterio de austeridad fiscal ─sumiso a pie juntillas a la cartilla del FMI─ lo aplica con gran rigor cuando de la salud pública o de medidas preventivas en pro del bienestar del pueblo se trata. Pero cuya manga ancha, muy ancha, se torna superpródiga cuando la cuestión consiste en servir la bancocracia reinante. Lo que no gastó el gobierno Duque en salud y bienestar del pueblo, se lo regaló a los bancos y a las EPS mediante el billonario flujo de recursos públicos que les otorgó a propósito de la pandemia, tragedia nacional convertida por el gobierno uribista en el gran negocio de la cúpula financiera del país.

En suma, con la decisión del gobierno Duque de ponerle fin a la pandemia y reabrir la abrumadora mayoría de las actividades económicas, con la gigantesca falacia de “la nueva normalidad”, el país fue arrojado a una situación de alto riesgo y es muy factible que se presenten rebrotes de la pandemia del coronavirus de distinto alcance y gravedad. Es imperioso denunciar que se está exponiendo al pueblo a un trágico y doloroso trance, de modo deliberado, que opera sobre la base de un frío cálculo de muertes de colombianos en aras de restablecer la continuidad de una economía que garantice las superganancias de la encumbrada minoría de magnates financieros.

Un contexto complejo con perspectiva de grandes luchas

No son de poca monta las desgracias abatidas sobre Colombia: coronavirus, crisis económica fuera de serie y el uribismo retornado al poder.

Se debate el país bajo el saboteo de la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno Duque y del resurgimiento de un clima creciente de violencia. Furibunda campaña oficial desatada en regla contra la Corte Suprema y la independencia de la justicia, a raíz de la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. Negativa del gobierno Duque a adoptar la llamada renta básica de emergencia cuya ausencia ahondó la crisis económica y la empeorará al máximo. Ofensiva de los grandes patronos y del gobierno para imponer por decreto más reformas laborales neoliberales que generalicen el trabajo esclavo en el país. La tendencia del gobierno uribista a la supresión completa del Estado de derecho, al fascismo, se acentúa y acelera. Profundización del dominio directo norteamericano sobre el país y planes estadounidenses de involucrar a Colombia en la guerra de agresión contra Venezuela. Y el pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence, en defensa de Uribe como “héroe” gringo, auspicia la salida golpista.

Pero la ofuscación entre las filas populares, por las mentiras propaladas por el gobierno y las vicisitudes acarreadas por la caída de la economía, es transitoria y superable. En esa correcta dirección apuntan las consignas Por la soberanía nacional, la democracia y la vida, levantados por el Comité Nacional de Paro del 21 de noviembre y por Fecode; en esa tendencia están la extraordinaria proliferación e intensidad de las actuales denuncias contra el paramilitarismo, el uribismo y el gobierno de Duque, y la disposición a una amplia unidad democrática sin vetos, aprobada por el Polo, coincidente con la similar posición de De la Calle y de Petro, con vistas a las presidenciales del 2022. El grito de batalla social de millones pronto volverá a resonar, y ahí estaremos todos de nuevo.

Bogotá, 6 de septiembre de 2020

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