A propósito de la alcaldesa Verde

César Tovar de León 08:21


El serio cuestionamiento de la alcaldesa de Bogotá ante la reanudación de la actividad económica decretada por el presidente Duque, por prematura y apresurada, acentuó su deslinde frente al gobierno uribista. El reciente repudio que la alcaldesa de la capital expresó frente al préstamo del gobierno a Avianca, de tiempo atrás empresa de mayoritario capital extranjero, lo corroboró. Por ello resultó inesperado que, luego de reunirse con voceros del gobierno, la alcaldesa Claudia López abandonara la posición sobre la necesidad de la cuarentena total y la reemplazara por la de aplicar el confinamiento parcial en Bogotá, por localidades y por turnos. En la generalizada resistencia civil contra el régimen uribista que pronto ha de resurgir, para impedir que el proyecto fascista oscurezca del todo el territorio colombiano, sigue viva la expectativa porque la alcaldía de la capital de Colombia se mantenga del lado del Estado de derecho y la democracia.

De la Redacción de LA BAGATELA 

Durante estos dos años de gobierno el país se mantuvo lejos de poder superar la absoluta insuficiencia de su capacidad médico-hospitalaria generada por lustros de privatización de la salud. Ante la pandemia ha sido y sigue siendo dramática en lo concerniente al personal de salud ─en especial respecto de la falta de equipos de bioseguridad y de las pésimas condiciones laborales─, en el gran retraso en los resultados de las pruebas, en el reducido número de las UCI, que acercó al país al borde del colapso del sistema hospitalario a comienzos de julio, en la problemática demora de la llegada de los respiradores del extranjero y en la crítica situación del grueso de hospitales públicos. Carencias tan vitales comprobaron en los hechos, con el enorme costo en vidas y sufrimientos de la población, el carácter antisocial e inhumano del modelo económico que rige en Colombia y que el gobierno Duque sigue aplicando a rajatabla.

El confinamiento, cuarentena o aislamiento social, fundamental medida para refrenar el avance del contagio de modo que pudiera evitarse el rápido colapso del sistema de salud, fue finalmente adoptada por el gobierno Duque, que se resistió a tomarla cuanto pudo y sólo la decidió luego de que varios gobiernos distritales, municipales y departamentales tomaran la iniciativa, jalonados por la alcaldesa de Bogotá. Claro que la negativa de la administración central a proveer de recursos para la subsistencia a los casi 10 millones de trabajadores informales e independientes como a los casi 8 millones a que ascendieron los desempleados durante la pandemia, equivalió en los hechos a un monstruoso saboteo oficial al cumplimiento cabal del confinamiento. Si tal desembolso se hubiera efectuado, con toda seguridad habríase evitado un número considerable de contagios y muertes, impedido incontables padecimientos y podrían haberse salvado muchas vidas. Probablemente no habríamos llegado al deplorable 6º lugar mundial en contagios, ni al 9º en muertes, ni tampoco al primero en la tasa de desempleo en América Latina.

Con todo, aun con esa cuarentena bastante parcial porque mucha gente sin ayuda del Estado estuvo obligada a salir de sus hogares en busca del sustento diario, se logró una relativa ralentización del contagio. Pero el tiempo que pudo ganarse durante su operancia, fue contrarrestado de modo abrupto a partir del 27 de abril cuando el presidente Duque resolvió comenzar el acelerado desmonte del confinamiento al decretar la reapertura de la actividad económica que pronto, mediante otro decreto, se convirtió en masiva y general. Desde entonces, al tiempo que ensanchaba la reanudación de la actividad económica, el gobierno siguió decretando la prolongación de la cuarentena, desportillada con excepciones a granel y cada vez más nominal que real. No debió sorprender que a mediados de julio, con la fuerte expansión del contagio, se dispararan las alarmas sobre un eventual colapso del sistema de salud.

El serio cuestionamiento de la alcaldesa de Bogotá ante la reanudación de la actividad económica decretada por el presidente Duque, por prematura y apresurada, acentuó su deslinde frente al gobierno uribista. El reciente repudio que la alcaldesa de la capital expresó frente al préstamo del gobierno a Avianca, de tiempo atrás empresa de mayoritario capital extranjero, lo corroboró. En la misma línea, anteriormente, se produjo su anuncio sobre la necesidad de implantar una cuarentena total y estricta en la capital si la ocupación de las UCI llegaba a un punto crítico y si el gobierno nacional seguía incumpliendo la entrega de los respiradores a que se había comprometido. El presidente Duque respondió con una negativa rotunda y la ocupación de las UCI sobrepasó el 90 por ciento. Por ello resultó inesperado que, luego de reunirse con voceros del gobierno, la alcaldesa Claudia López abandonara la posición sobre la necesidad de la cuarentena total y la reemplazara por la de aplicar el confinamiento parcial en Bogotá, por localidades y por turnos. Tanto más extraño e inexplicable cuanto que 14 asociaciones médico─científicas y organizaciones médicas gremiales acababan de pronunciarse, en comunicación dirigida tanto al presidente como a la alcaldesa, demandando de modo urgente la cuarentena total.

No menos notable es el desconcierto entre los trabajadores y sectores democráticos por la insatisfactoria y persistente posición de la alcaldía de la capital de no atender los legítimos reclamos relativos a los equipos de seguridad del personal de salud y de mejoramiento de sus condiciones laborales, tan deplorables como similares a las del resto del país. Algo comparable sucede con la actitud de oídos sordos de la administración distrital ─en un terreno de tan vital importancia y tan sensible como la educación─ ante los criterios y demandas de uno de los sectores con tan progresivo desempeño en la lucha democrática como el magisterio. No es mejor el trato dado a las necesidades de la Universidad Distrital pues pese a aprobarse al fin la matrícula cero, ese gasto correrá por cuenta de las mermadas finanzas del claustro público profundizando su preocupante déficit. Tampoco se compagina con las grandes expectativas de avance que suscitó la llegada al segundo cargo en importancia de la nación, la alcaldía de Bogotá, de quien ha sido una de las voces descollantes en la denuncia del paramilitarismo, con el hecho frustrante de que frente a las reivindicaciones de los trabajadores de la Empresa del Acueducto y Alcantarillado esgrima el mismo y viejo esperpento de los gobiernos reaccionarios: el contrapliego patronal. Actitud tanto más preocupante cuanto que forma parte del arsenal de instrumentos con que el gobierno uribista, siempre velando por los intereses de los grandes patronos, ha desatado una ofensiva contra los trabajadores del país incursionando en regresiva reforma por decreto para desterrar el derecho laboral de Colombia. También es verdad que las fuerzas democráticas que respaldaron entusiastas a la actual alcaldesa esperaban frente a las consabidas sanguijuelas de la intermediación privada de la salud, las EPS, una actitud más resuelta y enérgica, de mayor vigilancia y control, más exigente del vital servicio a la población en esta hora crítica de pandemia. Inquietudes y preocupaciones las aquí planteadas, sobre las cuales se espera que no pasen de castaño a oscuro.

La anterior reflexión en nada confunde u oscurece la conclusión central del balance de los dos años de la administración uribista: la responsabilidad por el errático y desastroso manejo de la pandemia recae exclusivamente sobre el gobierno Duque. Este, como adocenado y dócil instrumento de la corriente más regresiva que haya ejercido el poder en nuestro tiempo, ha aplicado sin contemplaciones y con rigor, el despiadado recetario neoliberal enfilado contra las necesidades sociales, la salud y la vida misma de la población colombiana. Ni siquiera la circunstancia más alarmante y trágica de la época, la irrupción de una pandemia universal, pudo mover el ánimo de la plutocracia uribista gobernante para alterar, así fuese de modo excepcional, la rapaz ley de hierro de la distribución de la riqueza nacional ─y particularmente la manejada por el Estado─ para atender de manera relativamente aceptable la emergencia sanitaria del coronavirus. Por el contrario, la peste global que flageló a los colombianos fue convertida en un gran negocio de los superpoderosos y su gobierno.

En la generalizada resistencia civil contra el régimen uribista que pronto ha de resurgir, para impedir que el proyecto fascista oscurezca del todo el territorio colombiano, sigue viva la expectativa porque la alcaldía de la capital de Colombia se mantenga del lado del Estado de derecho y la democracia.

Bogotá, 6 de septiembre de 2020.

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