La clave del desembotellamiento del país para conjurar el proyecto fascista en marcha, es la concentración de todas las fuerzas democráticas en un solo haz o en un gran puño en alto. Todo depende de que tan fundamental cometido se logre antes de que el proyecto del uribismo haya conseguido desplegar por completo su sombra siniestra sobre Colombia. Porque de llegar a consumarse la funesta pretensión, todo sería extraordinariamente más difícil y muchísimo más alto el costo en vidas y padecimientos. Se requiere una gran consulta en la que participen los candidatos de todos los sectores democráticos, sin vetos ni exclusiones, y en la cual se escoja un único candidato presidencial del conjunto de las fuerzas democráticas. Esa es la forma posible, y la más democrática, de concentrar mediante un acuerdo la fuerza indispensable para vencer. Los pareceres que propugnan la fragmentación de dicha fuerza, objetivamente les hacen el juego a los enemigos de la paz y del progreso.
Por un frente único contra el fascismo uribista
El resonante fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia ha hecho las veces de verdadero termómetro de la temperatura política del país. Hizo palpable cuán aguda y creciente es la contradicción del gobierno uribista de Duque con la independencia de los jueces y cuánta la furia que le provocan sus fallos contrarios a los propósitos e intereses oficiales. La actitud de claro desacato al fallo de la Corte Suprema del presidente y su ministro de Defensa, secundada por el destemplado vocerío del Centro Democrático, la extraña solicitud de que la Corte Constitucional revise el fallo del alto tribunal, como la vaga y nada creíble disculpa que finalmente hizo el antedicho ministro por los desafueros de la Policía contra los ciudadanos, fueron todas claras expresiones de la despótica soberbia oficial.
No sólo denotan airado rechazo por la defensa del derecho a la protesta social pacífica y por el freno a la brutalidad policial consignado en el fallo de la Corte; muestran a las claras la verdadera posición del gobierno, resumida en la especie de orden lanzada por el “presidente eterno” desde su casa: toque de queda, tanquetas y uniformados en la calle contra los manifestantes indignados por el asesinato policial en Bogotá de un ciudadano inerme. Materializada en los 13 muertos a bala en las turbulentas jornadas y en los casi doscientos heridos que siguieron al 8 de septiembre durante las cuales efectivos de la Policía dispararon a diestra y siniestra contra la población civil. Y luego en la negativa total a realizar la reforma de la Policía, exigida unánimemente por la opinión democrática.
Las memorables jornadas de septiembre superaron en magnitud e intensidad a todo lo acontecido durante el año de la pandemia. La cadena de asesinatos de líderes sociales, ex guerrilleros acogidos a los acuerdos de paz, voceros de comunidades indígenas y afros, masacres de jóvenes y niños, que golpea sin parar áreas rurales y zonas apartadas, ahora aparece como la terrible extensión de un ramalazo represivo oficial a los centros urbanos. La conmoción nacional causada por la oleada de indignación popular, en la capital y las principales ciudades, desató varios cientos de denuncias simultáneas sobre lesivos hechos habituales e impunes, de efectivos de la Policía contra la población. Produjo la condena de las acciones represivas por las fuerzas democráticas del país y sus voceros, de la alcaldesa de Bogotá, de la Procuraduría y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Notificó al mundo entero de los abusos policiales en el país aupados por un gobierno que desconoce los derechos y libertades civiles. Obligó al gobierno a reconocer el carácter criminal de la actuación de los efectivos de la Policía en el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez. Originó el fallo de segunda instancia de la Corte tutelando la protesta social y, sobre todo, volcó de nuevo su atronadora presencia en las calles.
La subordinación creciente al Ejecutivo de los órganos de control y de la Fiscalía, de las mayorías oficialistas en el Congreso, la agresiva campaña para reemplazar en las altas Cortes las vacantes con fichas del uribismo, las ráfagas sucesivas de decretos dictados bajo la declaratoria de las emergencias económica y sanitaria, la promoción de una constituyente dirigida a desbancar las Cortes Constitucional y Suprema, como la alerta lanzada por voceros democráticos sobre la intención del gobierno de decretar el estado de conmoción interior, son todas manifestaciones de la irregular concentración del poder en el presidente y el círculo uribista al cual responde, y de que en el país se opera un desmantelamiento del Estado de derecho para instaurar una desembozada dictadura de corte fascista.
Incontables han sido los padecimientos del pueblo y elevada la cifra de muertes acaecidas en este 2020 de la peste global. Pero la ruindad de la minoría gobernante, de cuerpo entero, se negó a desembolsar los gastos del erario exigidos para afrontar la emergencia y proteger la salud pública, como los necesarios recursos públicos para los millones de desempleados, trabajadores informales y demás masas urbanas y rurales empobrecidas, al igual que para auxiliar al aparato productivo en crisis mediante subsidios y créditos a las Mipymes.
Descartando toda modificación del modelo causante de la pobreza y la debacle actuales, el presidente persiste ante la desatada crisis económica y social en las sórdidas recetas neoliberales: ahonda las medidas contra los derechos laborales y en pro del trabajo esclavo, regala el presupuesto público a la bancocracia y las multinacionales, endeuda más y más al país con sus acreedores internacionales, anuncia nuevas ventas de empresas del Estado y planea más pesados impuestos contra la población. Escándalo tras escándalo en el plano nacional, a lo que se suman en el frente externo la cadena de fiascos, cinismo, bufonadas y un servilismo sin límites ante el gobierno gringo. No es extraño que de día en día se eleve un clamor popular por ponerle fin a tanta injusticia, iniquidad y bajezas, y en pro de un cambio, definitivo y profundo.
La clave del desembotellamiento del país, para conjurar el proyecto fascista en marcha, es la concentración de todas las fuerzas democráticas en un solo haz o en un gran puño en alto. Todo depende de que tan fundamental cometido se logre antes de que el proyecto del uribismo haya conseguido desplegar por completo su sombra siniestra sobre Colombia. Porque de llegar a consumarse la funesta pretensión, todo sería extraordinariamente más difícil y muchísimo más alto el costo en vidas y padecimientos.
En el entretanto, toca emplearse a fondo para superar los escollos erigidos ante la unidad en el seno mismo de la democracia y lograr la gravitación capaz de forjar la alianza entre la izquierda, el centro y la derecha civilista, de un frente único contra el fascismo, incluidos Fajardo y Robledo. Un paso previo corresponde, como está sucediendo, a la natural escogencia de candidatos a la presidencia en cada sector democrático, y a la paulatina conformación de un núcleo de las corrientes políticas más avanzadas que inicie la marcha por la más amplia unidad posible.
El gran caudal de la unidad habrá de cimentarse en la discusión, animada y masiva, para acordar un programa de gobierno que formule y oriente las fundamentales transformaciones que el país requiere. Una gran consulta en la que participen los candidatos de todos los sectores democráticos, sin vetos ni exclusiones, y en la cual se escoja un único candidato presidencial del conjunto de las fuerzas democráticas, es la forma posible, y la más democrática, de concentrar mediante un acuerdo la fuerza indispensable para vencer. Los pareceres que propugnan la fragmentación de dicha fuerza, objetivamente le hacen el juego a los enemigos de la paz y del progreso.
De modo inevitable, en la crucial cuestión de la unidad, se desenvuelve una intensa lucha ideológica y política, positiva para la defensa de la democracia. Y en la batalla política general, que retoma la calle contra el represivo despotismo oficial, sin duda se avecinan impetuosas movilizaciones, como la del gran paro nacional que preparan las centrales obreras para el 21 de octubre con el indispensable concurso de todas las fuerzas democráticas. Ambas tareas reclaman nuestro decidido concurso, que asumiremos sin vacilaciones.
Bogotá, 1º de octubre de 2020.
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