Con la expedición del Decreto 1174, del 26 de agosto de 2020, que establece una reforma laboral inconsulta e inconstitucional en materia de contratación laboral, el gobierno de Iván Duque acelera su curso de aprendizaje de fascismo, al legalizar, de manera autoritaria, la precarización y subordinación total de la mano de obra en favor del gran empresariado. Este decreto es producto del tácito acuerdo entre gobierno y empresarios.Por Miguel Ángel Delgado R.
Comité de redacción de La Bagatela
No se trata de tejer similitudes fortuitas o acusaciones infundadas, se trata de llegar al fondo de las consecuencias reales que para las relaciones entre capital y trabajo y para la vida de millones de personas, traerá el trabajo por horas y sus conexos los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para atención durante la vejez, protección en salud mediante el régimen subsidiado y riesgos laborales mediante el seguro inclusivo, en reemplazo paulatino de lo que hoy opera: salario mínimo, sistema pensional de prima media, régimen contributivo en salud y prevención y pago de riesgos y enfermedades laborales.
Como es evidente y como se señalará, esta imposición del sistema de contratación laboral por horas traerá aparejado la reducción de los costos laborales, vieja aspiración y planteamiento de los gremios económicos empresariales, pedido a toda voz durante la crisis sanitaria por Andi, Fenalco, Anif, Sac, Fedepalma, etcétera, y recogido consecuentemente por el presidente Iván Duque, tal como lo expresó el pasado 3 de septiembre en Tibú, Norte de Santander, ante el Congreso Nacional de Fedepalma: “Dijimos hace dos años, también, que para enfrentar la necesidad de formalizar el empleo en el campo pondríamos en marcha el piso mínimo de protección social... Y hace pocos días firmamos el Decreto 1174 que le da cabida al piso mínimo de protección”. Alianza estrecha entre el gran empresariado y el gobernante del Centro Democrático, asimilando una característica esencial del gobierno del Tercer Reich que recién instaurado en el poder expidió la ley de organización del trabajo nacional de junio de 1934 (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit –AOG), elaborada en conjunción con los representantes del gran capital.
Se puede argüir que en el país existía la posibilidad del trabajo por horas, pero legalmente no existía, y por eso el Decreto 1174 constituye una reforma laboral a escondidas, es la vinculación, para los que no alcancen a percibir un salario mínimo legal mensual vigente, al llamado piso mínimo de protección social, muy por debajo del nivel de seguridad social que hoy se tiene (así este sea deficiente). Por ejemplo, antes del 1174 si alguien contrataba una persona por horas tenía que pagar, proporcionalmente al tiempo contratado, salud, pensión y riesgos laborales (en una cuantía promedia del 24,2%), ahora ya lo puede contratar sin pagar este costo, ya que el empleado, por percibir menos de un salario mínimo legal mensual vigente, lo vincularán a este nuevo piso mínimo de protección social, en el cual el empleador pagará el 15% sobre lo devengado en el mes por el trabajador (14% para una cuenta de ahorro individual y 1% para un seguro inclusivo), como consuelo el gobierno aportará un 20% sobre lo “ahorrado” por el trabajador, suma que estará muy limitada, para que no logre acercarse al aporte al régimen de seguridad social vigente.
El tránsito paulatino pero inexorable hacia el nuevo régimen laboral de contratación por horas significará la precarización drástica y dramática del trabajo: Generalización de ingresos por debajo del mínimo, en especial para jóvenes y mujeres. Desaparición paulatina del sistema pensional. Escamoteo hasta su extinción de las prestaciones como primas, cesantías y vacaciones. Desprotección absoluta frente a accidentes laborales y enfermedades comunes o profesionales. Degradación de la atención en salud. Subordinación total y humillación permanente. Aumento del acoso laboral y sexual. Pérdida de tiempo de descanso y estudio. En suma, una aproximación al trabajo esclavo que el fascismo de Hitler y Mussolini lograron con la población judía, los prisioneros de guerra, los nativos de Somalia y Etiopía, los migrantes y los disidentes políticos.
Esta superexplotación de la mano de obra que se acrecentará con el trabajo por horas del Decreto 1174, ocurre ya o está en camino de ocurrir. Amplios sectores de trabajadores agrícolas lo padecen en las plantaciones azucareras, de café, de flores o de palma africana. Es el caso de los llamados rapitenderos o empleados de las plataformas de domicilios y logísticas en las ciudades. Sectores como la construcción, la vigilancia, servicios generales, gastronomía, bares, hotelería y el comercio (inclusive de grandes superficies) lo utilizarán. Las maquilas de ropa y calzado lo generalizarán. Todo en detrimento de la fuerza laboral. La pandemia y el autoritarismo lo facilitaron. Es más, el 1174 crea al trabajador una obligatoriedad de informarlo cundo perciba, por tener uno o varios vínculos laborales, “mensualmente una suma igual o superior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”. Es decir, una alerta roja para no ser contratado, so pena de que el empresario cotice “de acuerdo con los porcentajes señalados en la normatividad vigente”.
En este sentido, el Decreto 1174 es un adefesio o mejor un monstruo. Pretende la formalización y la protección, pero será el instrumento preferido para lo contrario, la elusión contractual y la desventaja laboral. Es la incapacidad de un gobierno de carácter plutocrático y autoritario, como el que inspira el Centro Democrático en el poder, para dotar a su población de trabajo digno y decente y al país de progreso y bienestar social. En aras de favorecer al gran empresariado y la confianza inversionista, desencadenarán mayor pobreza y desigualdad, que, junto a la concentración de la autoridad, el estímulo de la violencia y la represión, nos ponen a las puertas de un régimen fascista.
El despotismo uribista, exacerbado por la crisis sanitaria, que desconoce de forma asidua los fallos y órdenes de la justicia y mangonea a su antojo el Congreso, como lo hace el presidente Duque, cual Führer cachaco, con la expedición del Decreto 1174, al apropiase de la competencia del Legislativo y esquivar el control de la Corte Constitucional. La modificación de derechos laborales, por ser derechos fundamentales, deben resultar de leyes y por tanto tienen control de constitucionalidad.
Adolfo Hitler para lograr su alianza con el gran empresariado representado por Gustav Krupp, banquero y magnate del acero, destruyó a sangre y fuego a las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores alemanes (remplazándolas por aparatos controlados por el dictador), condición previa para imponer el modo de producción en línea, eliminar el sistema de seguridad social y restablecer la autoridad patronal.
En el país, guardadas las proporciones, pero no las intenciones, sucede lo mismo. El Decreto 1174 es producto del tácito acuerdo entre gobierno y empresarios. El sindicalismo ha padecido la persecución, el asesinato y la estigmatización por cuenta de la violencia indiscriminada y el modelo neoliberal. Esto ha mermado su membresía y su poder de resistencia ante los embates por recortar las conquistas económicas y de bienestar para los trabajadores. La inestabilidad laboral que producirá el trabajo por horas, los constantes ataques y amenazas a sus más combativas organizaciones y el deseo no oculto de reemplazarlas por agrupaciones abyectas y conciliadoras, inspiradas por el uribismo, van en la dirección que marcó el fascismo.
Jorge Dimitrov escribió en 1935:
“El fascismo prometió a los obreros un «salario justo», en realidad les colocó a un nivel de vida aún más bajo, más miserable. Prometió trabajo a los parados; en realidad les proporcionó mayores torturas de hambre y trabajo forzado de esclavos. En realidad, el fascismo convierte a los obreros y a los parados en parias de la sociedad capitalista, desprovistos de todo derecho, destruye sus sindicatos, les arrebata el derecho a la huelga… El fascismo prometió a la juventud trabajadora abrirle un camino ancho hacia un porvenir esplendoroso. En realidad, trajo a la juventud despidos en masa de las empresas… Y si el fascismo despoja en la mayor medida a la juventud, a la mujer la esclaviza de un modo especialmente implacable y cínico, jugando con los sentimientos profundamente arraigados de la madre, de la mujer de su casa, de la obrera sin apoyo, inseguras del mañana”.
Consecuente con esto llamó a la conformación de un frente único contra el fascismo.
Por supuesto, las circunstancias en las que se desarrolló el fascismo de Europa en las décadas del 20 y 30 del siglo XX y que provocaron la Segunda Guerra Mundial, con sus atrocidades y alrededor de 60 millones de muertes, son diferentes a las de cien años después. Hoy hay condiciones diferentes, sobre todo por un pensamiento democrático, una adhesión a la paz, un humanismo acendrado, una enorme y creciente conciencia ambiental, la defensa de los derechos de minorías étnicas y poblacionales y la existencia de gobiernos progresistas. Sin embargo, persisten rasgos de fascismo por doquier y una lucha frontal por la hegemonía mundial, en medio de un caldo de cultivo de estallido social provocado por la pobreza y la desigualdad de miles de millones de seres en el planeta.
Colombia no escapa ni a estas condiciones ni a la peligrosa amenaza del accionar fascista, traducido en el autoritarismo y la promoción de la violencia en boga. Esperamos que el llamado de Dimitrov de hace un siglo, cuyo eco hacen resonar importantes dirigentes de la democracia nacional tenga buen suceso. El sindicalismo tendrá que desplegar una inusitada audacia para defender a los trabajadores de la debacle del 1174 y contribuir, en primera línea, a la construcción del frente único contra el fascismo uribista.
Bogotá, 3 de septiembre de 2020
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