Al haber bloqueado, (el gobierno nacional) la opción civilizada para lidiar con el problema de los cultivos ilícitos, al país le queda sólo la alternativa trumpista (con Biden el tratamiento a las drogas ilícitas no cambiará) de fumigación y coerción. Esa alternativa no eliminará a las economías ilícitas, de modo que el tema de la captura de rentas seguirá presente. En cambio, le abre enormes ventanas de oportunidad a los grupos armados para adoptar el papel de representantes de justos agravios y demandas sociales irresueltos, pero también para ejercer un papel regulador al que el Estado ha renunciado. El Cauca es una verdadera bomba de tiempo social con una tendencia creciente a recrudecer los conflictos. Los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes, la lucha por la tierra entre indígenas, negros y campesinos y el incremento de la pobreza a causa de la pandemia, son combustible para el fuego mientras el país no adopte una política distinta a la guerra contra las drogas en que lleva empeñado inútilmente cuatro décadas, mientras la paz se hace añicos y se atizan las llamas de una guerra que parece no tener fin.Por Fernando Guerra Rincón
Economista / Publicado en la revista Sur / https://www.sur.org.co/
El país amaneció la mañana del domingo 22 de noviembre con la trágica noticia de dos nuevas masacres. Una, en la vereda La Julia del municipio de Betania, en Antioquia, y la otra, en la vereda El Mango del municipio caucano de Argelia, con un saldo de 13 personas muertas. Antioquia, con 18 masacres y Cauca con 12, encabezan ese fatídico listado de masacres asociados a las economías ilícitas que se mueven en las regiones marginales y otras que no están ligadas a esta marginalidad, en otras zonas del territorio nacional. Asociadas a la impronta de la ilegalidad de las drogas, fundamentalmente por seguir las orientaciones de Washington en esta materia que sacrifica cualquier posibilidad de paz.
Con estos dos hechos de barbarie ya son 76 las masacres en lo que llevamos del 2020, con un saldo de 303 colombianos muertos, coincidiendo con el aniversario número cuatro de la firma de los Acuerdos de Paz, cada vez más lejos de sus propósitos y de su cumplimiento. Lo que nos está llevando, como ya se constata, a un tercer ciclo de violencia y de guerra.[1]
Al haber bloqueado, (el gobierno nacional) la opción civilizada para lidiar con el problema de los cultivos ilícitos, al país le queda sólo la alternativa trumpista (con Biden el tratamiento a las drogas ilícitas no cambiará) de fumigación y coerción. Esa alternativa no eliminará a las economías ilícitas, de modo que el tema de la captura de rentas seguirá presente. En cambio, le abre enormes ventanas de oportunidad a los grupos armados para adoptar el papel de representantes de justos agravios y demandas sociales irresueltos, pero también para ejercer un papel regulador al que el Estado ha renunciado. Vale la pena insistir: en esta nueva fase de irregularidad, este fenómeno no es ni podrá ser solamente rural. Vincula y vinculará cada vez más en un solo haz ciudades fracturadas, economías rurales y rutas transnacionales de bienes ilícitos.[2]
Argelia es un municipio enclavado en el estrujado Macizo colombiano con un área de 674 km2, donde el 99,77% de sus 26.880 habitantes viven en zonas rurales dispersas y el 0,23% lo hace en su área urbana, acosados por la pobreza, el abandono estatal y la presencia de diversos grupos armados que se disputan el territorio. Una circunstancia común en los lugares donde ocurren las masacres, un pasadizo estratégico en las estribaciones de la Cordillera Occidental por la cuenca del rio Micay y sus afluentes: río Puente Tierra, quebrada Las Pailas, río Guaitara, río Plateado, las quebradas Puente Tierra, Las Pailas y la confluencia del río Plateado. Una geografía enmarañada que le abre paso al tránsito de la droga hacia el corredor pacífico y de allí a los mercados internacionales donde se convierte en oro, y donde la persecución a los adictos es inane, y hacia los centros urbanos más grandes del país donde termina en fuente de enriquecimiento de nuevos señores de la droga y es fuente de inseguridad y crimen, en un país que también se volvió consumidor. El fracaso de la guerra contra las drogas es total.
El municipio de Argelia es uno de los municipios más afectados por el conflicto armado que ha padecido Colombia, en donde prácticamente toda la población ha sido víctima. Como se lee en el siguiente cuadro:
Con una tasa de 289 homicidios por cada 100.000 habitantes en una población de 26.880 personas, lo que la hace la tercera más alta del país. Los argelinos no conocen tregua ni en la sangre ni en la violencia, pues durante los últimos años han vivido en medio del fuego cruzado entre las distintas facciones que se disputan el territorio y las rutas del negocio.
La paz con legalidad del Gobierno Nacional se ha traducido en represión, fumigación arbitraria y muy poca inversión relevante. Lo único que ha logrado es incrementar la violencia. El gobierno, en la práctica, llega a recoger los muertos y prometer recompensas hasta la nueva masacre anunciada. Las alertas tempranas solo han servidos para confirmar las muertes: “La narrativa que maneja el gobierno fomenta el crecimiento de esos grupos, toda vez que no se llama a que termine el conflicto, a buscar soluciones pacíficas, sino a continuar la guerra”, dice su alcalde, Jonathan Patiño Cerón, quien además agrega que el gobierno nacional ha incumplido el acuerdo de paz y que ante ello los excombatientes han engrosado las filas de las disidencias.[3]
Argelia, que es fundamentalmente sus zonas aisladas dispersas, conoce la presencia de los cultivos ilícitos y su evolución desde hace más de tres décadas. En su territorio han confluido colombianos carenciados del Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Antioquia, afincados en encontrar en las diversas actividades de la cadena de la coca el sustento que no le brinda y no les brindará la economía legal. En El Plateado, uno de sus corregimientos más importantes, la vida de su población está asociada profundamente a la presencia de la hoja de coca, sus derivados y actividades conexas, lo que ha configurado un espacio conflictivo en donde las ideas, valores y prácticas dominantes de las gentes se encuentran mediadas por esta actividad.
Según el Plan de Desarrollo Territorial de Argelia, Argelia territorio de vida 2020-2023, el 95% de la población se dedica al cultivo de hoja de coca[4], la vida es incierta y no se conoce la paz. De la coca derivan su supervivencia. Es tan profunda su dependencia de las actividades del narcotráfico que el principal renglón de sus ingresos está relacionado con el impuesto a la gasolina. En una región donde hay pocos autos y camiones, alimentan la actividad 16 estaciones de combustibles. La gasolina, como se sabe, es un insumo para la elaboración de la pasta de coca.
Argelia limita al Norte con el municipio de El Tambo, al sur con Balboa (Cauca) y con Iscuandé y Leiva (Nariño), al oriente con El Patía (Cauca), al occidente con Guapi y Timbiquí (Cauca), una región que por su configuración geográfica, su acceso fácil al andarivel pacífico y su aislamiento, se ha transformado en un verdadero clúster de la cocaína. A pesar del empeño del gobierno nacional en resolver el problema de la droga a punta de fumigación y represión.
Las mínimas posibilidades de actividades agropecuarias por las condiciones del suelo son afectadas por la ausencia de asistencia técnica por parte de los organismos oficiales, los altos costos de producción, la deficiente infraestructura, la informalidad en el acceso a la tierra. Esfuerzos titánicos que se ven asfixiados por la enorme presencia de los llamados cultivos ilícitos que en Argelia presenta una de las mayores densidades del país: 10 ha/km2, según el Unodc.
La red terciaria comprende 87 vías y un número no determinado de caminos interveredales se encuentran en avanzado estado de deterioro y sin intervención de ninguna naturaleza en un 84%. Años después de la firma del Acuerdo de Paz, en el municipio, la población reincorporada no hace parte de proyectos productivos apoyados por el Estado o la institucionalidad.[5]
El aumento en la siembra de coca obedece principalmente al abandono estatal y la ausencia de una política agraria estructurada que responda a las necesidades de la población rural.[6] En Argelia el control de la fuerza pública tiene restricciones y es el área con mayor concentración de área sembrada de coca y de mayor productividad en el Pacífico colombiano.[7]
Área sembrada de coca en las siete regiones productores 2010-2019. Unodc 2020
Argelia, junto a El Tambo, un municipio vecino, forman un tapete de hoja de coca a lo largo del cañón del río Micay. Se estima que solo en ese sector se cultiva el 71 por ciento de las hectáreas sembradas con coca en todo el departamento del Cauca. En ese clúster de cocaína se producen 3 toneladas de base de coca al mes. Eso por sí solo explica tanta sangre vista.
El Cauca es una verdadera bomba de tiempo social con una tendencia creciente a recrudecer los conflictos. Los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes, la lucha por la tierra entre indígenas, negros y campesinos y el incremento de la pobreza a causa de la pandemia, son combustible para el fuego mientras el país no adopte una política distinta a la guerra contra las drogas en que lleva empeñado inútilmente cuatro décadas, mientras la paz se hace añicos y se atizan las llamas de una guerra que parece no tener fin.
Notas
[1] Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, Un nuevo ciclo de violencia organizada en Colombia, con motivo del cuarto aniversario de la firma de los acuerdos de paz, muestra como la violencia viene en ascenso desde su firma: En 2016 hubo 192 acciones armadas. En el cuarto año de su ejecución las acciones armadas escalaron a 318, un incremento del 65%. Los asesinatos en los 170 municipios priorizados y considerados en los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, por su pobreza, presencia de cultivos ilícitos y debilidad institucional se han incrementado de 2.117 en 2016 a 2953 en 2020. Los homicidios de líderes y lideresas sociales fueron 82 antes del Acuerdo, en 2020 van 128. Hasta la fecha han sido asesinados 233 excombatientes, según Naciones Unidas. Una preocupante tendencia calcada del exterminio de la Unión Patriótica. Un golpe a la yugular del Acuerdo.
[2] Francisco Gutiérrez Sanín, ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Debate, Bogotá, Pág. 204. Los entre paréntesis son míos.
[3] Diez municipios concentran la tasa de violencia más alta del país, El Tiempo, 22 de noviembre de 2020, sección Colombia, Pág. 1.1.
[4] Argelia, territorio de vida. Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023, Pág.13.
[5] Plan de Desarrollo, Pag.58.
[6] Ibíd. Pag.37.
[7] Informe de UNODC 2020, Pág. 20.
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